La abogada Marcela García Cifuentes ha radicado una acción de tutela y anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta medida judicial surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario relacionadas con el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia, y los señalamientos públicos dirigidos contra su madre.Indignación y empatía desde la experiencia del paciente La motivación de García Cifuentes para interponer esta acción legal se fundamenta en una profunda indignación ante el trato que el Gobierno Nacional ha dado a la familia afectada. La abogada, quien se identificó como sobreviviente de cáncer, manifestó que comprende el dolor de enfrentar una enfermedad y poner la esperanza en tratamientos médicos. Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.Vulneración de la intimidad y datos sensibles Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos de la madre de Kevin. García Cifuentes calificó como "terrible" que se expusiera la información privada de la paciente de la manera en que se hizo. Por ello, la tutela exige tres puntos claros: el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación por parte del presidente Petro. La abogada enfatizó que esta rectificación debe darse en "condiciones de equidad", es decir, con el mismo nivel de difusión que tuvieron las declaraciones originales del mandatario.Defensa del buen nombre y la presunción de inocencia El recurso judicial busca proteger derechos fundamentales que, según la jurista, han sido vulnerados de manera flagrante: la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia. García Cifuentes señaló que el presidente ha culpado públicamente a la madre del menor, haciendo mención a detalles como traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Aunque la abogada aclaró que no ha hablado directamente con la madre de Kevin, decidió actuar de oficio tras ver el sufrimiento de la mujer en entrevistas recientes donde se defendía de los ataques presidenciales.Escuche aquí la entrevista:
La contienda interna del progresismo colombiano sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, de respaldar la campaña presidencial de Roy Barreras. La decisión se produce en medio de la fractura política entre el sector del Pacto Histórico, que impulsa a Iván Cepeda, y la apuesta de Barreras por medirse en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.En entrevista con Blu Radio, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que la determinación fue adoptada en el marco de un plenario sindical con representación de más de 28 subdirectivas. “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”, sostuvo.El respaldo de la USO cobra especial relevancia en el escenario político, dado que hace cuatro años el sindicato apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, incluso con una financiación de 500 millones de pesos que posteriormente generó sanciones del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en el reporte.Seguridad energética y defensa de Ecopetrol, ejes del respaldoLa USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público. Ravelo fue enfático al señalar que las propuestas de Iván Cepeda no se alinean con esa visión.“Básicamente porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”, afirmó el dirigente sindical.Según Ravelo, Colombia continuará dependiendo durante años de los combustibles fósiles, por lo que considera contraproducente acelerar la transición energética. “Ese desestímulo que se le ha venido propinando a la industria de los hidrocarburos nos tiene sumidos en situaciones concretas como la importación de más del 20 % del gas que consumimos los colombianos”, advirtió.En ese contexto, la USO respalda la propuesta de Roy Barreras de impulsar la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo el desarrollo técnico y científico de pilotos de fracking en el Magdalena Medio. “El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, subrayó Ravelo.Tensión en el Pacto Histórico por la consulta presidencialEl anuncio del sindicato ocurre mientras el Pacto Histórico atraviesa una disputa interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida. En respuesta, la Dirección Nacional del Pacto emitió una circular ordenando a su militancia no participar en la consulta del 8 de marzo y concentrar esfuerzos en las listas al Congreso.Gabriel Becerra, vocero del Pacto Histórico, defendió la decisión como una postura coherente frente a lo que calificó como una política de exclusión. “No vamos a participar en la consulta y por lo tanto no vamos a pedir el tarjetón. Es una orientación legítima”, afirmó.Sin embargo, Roy Barreras insiste en la necesidad de ampliar la base electoral del progresismo. Recordó que para la victoria de Petro en 2022 fueron necesarios 11 millones de votos, cifra superior a los 2,7 millones obtenidos en la consulta interna de octubre. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, expresó Barreras, defendiendo su tesis de unidad tras medición democrática.Debate sobre transición energética y frackingUno de los puntos neurálgicos del debate es el futuro de la política mineroenergética. Mientras Iván Cepeda ha defendido una agenda ambientalista más estricta, Barreras propone una transición energética “justa y paulatina”, sin abandonar la producción nacional de hidrocarburos.Ravelo marcó distancia frente a lo que considera una transición acelerada: “Estamos alineados con la necesidad de transitar hacia energías renovables, pero debe ser de manera justa y no acelerada, que es lo que hemos venido observando”.La discusión también revive el debate sobre el fracking en Colombia, una técnica cuestionada por sectores ambientalistas, pero defendida por parte de la industria como alternativa para reducir la dependencia de importaciones de gas y crudo.Un movimiento con impacto políticoEl respaldo de la USO a Roy Barreras tiene un peso simbólico y estratégico. Se trata de uno de los sindicatos más influyentes del país, históricamente vinculado a las luchas por la defensa de Ecopetrol y los derechos laborales en el sector petrolero.Ante cuestionamientos sobre posibles influencias políticas, Ravelo negó presiones externas y rechazó versiones sobre la intervención del ministro Edwin Palma, exdirigente sindical. “Esta decisión es una decisión democrática que toman las huestes de este sindicato, que siempre se ha mantenido independiente de las fuerzas políticas”, afirmó.
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene las medidas cautelares sobre la adopción de las directrices ambientales de la Sabana de Bogotá. La entidad también anunció que solicitará una nueva revisión del caso ante el Consejo de Estado.De acuerdo con la cartera ambiental, la decisión se produce luego de cumplir con las instrucciones impartidas por el Consejo de Estado, que incluyeron ocho jornadas de trabajo con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH). Este proceso culminó con una audiencia pública realizada en noviembre de 2025 y con la solicitud del CECH de levantar las medidas cautelares.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, informó que los recursos buscan permitir la publicación de las directrices, tras considerar que se cumplieron las órdenes judiciales. Según explicó, el proceso incluyó espacios de concertación institucional y participación ciudadana.El Ministerio señaló que, en el marco de este proceso, se realizaron 165 jornadas de diálogo con participación de habitantes de la Sabana, autoridades locales, colectivos ciudadanos y representantes del sector privado. Además, se recibieron miles de aportes virtuales y se registraron más de 10.000 visitas al proyecto de resolución.Las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá hacen parte de compromisos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la normativa ambiental vigente. El documento busca orientar el ordenamiento de más de 420.000 hectáreas en 31 municipios, con medidas para la protección de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.Según el Ministerio, las directrices están enfocadas en la planificación del territorio alrededor del agua, la restauración ecológica y la adaptación a escenarios de variabilidad climática, con impacto en la seguridad hídrica de la región.
La actual representante a la Cámara Marelen Castillo presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, lo anterior, debido a la decisión de la autoridad electoral que revocó su candidatura al Senado por el Centro Democrático, argumentando que Castillo estaba incurriendo en doble militancia.En las últimas horas, la defensa de Castillo presentó una tutela contra el CNE; uno de los argumentos principales es que la actual representante no incurrió en doble militancia, pues ella obtuvo su curul ya que fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022.El argumento de la defensa de Castillo es que esta curul que obtuvo fue personal y no partidista, pues fue otorgada por haber ocupado el segundo lugar en las presidenciales.“En efecto, la controversia no se agota en una discrepancia interpretativa sobre el régimen de doble militancia, sino que plantea una afectación directa y sustancial de derechos fundamentales, en la medida en que la autoridad electoral impuso una afiliación política inexistente y, a partir de ella, adoptó medidas que restringen de forma grave el derecho a la participación política, la libertad de afiliación política y las garantías del debido proceso administrativo”, se lee en la tutela.Castillo además advierte sobre una vulneración a sus derechos políticos y por eso pide la revocatoria de la decisión que la dejó por fuera de la lista.“La acción de tutela se configura como el único mecanismo constitucional eficaz para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, al encontrarse comprometido el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, en su dimensión de derecho a ser elegida. Por ello, la intervención inmediata del juez constitucional resulta necesaria, urgente y proporcionada para restablecer de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados, mientras se surten, si a ello hubiere lugar, los mecanismos judiciales ordinarios correspondientes”, se lee en la tutela.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Mientras China domina el mercado mundial en volumen y Estados Unidos sigue siendo uno de los principales actores de la industria, el país que más ha avanzado en la transición hacia la movilidad eléctrica no es ninguno de los dos. Según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía, el liderazgo en participación de ventas lo tiene Noruega, donde los carros eléctricos ya representan el 97 % de los autos nuevos vendidos.La cifra corresponde a 2025 y refleja un escenario casi total: prácticamente todos los carros nuevos comercializados en el país nórdico funcionan con baterías. Este resultado no es producto de un crecimiento repentino. Hace apenas seis años, la participación de los eléctricos rondaba el 56 %. Desde entonces, la adopción se aceleró hasta rozar la totalidad del mercado. ¿Cómo logró Noruega vender casi solo carros eléctricos?El informe atribuye este avance a una combinación de factores estructurales. Entre ellos, destacan los incentivos gubernamentales, los beneficios fiscales y el desarrollo de infraestructura de carga a nivel nacional.Las exenciones tributarias y las políticas públicas favorables redujeron la brecha de precio frente a los modelos de combustión, mientras que la expansión de estaciones de carga facilitó el uso cotidiano del vehículo eléctrico. En conjunto, estas condiciones generaron un entorno propicio para que los consumidores migraran masivamente hacia esta tecnología.¿Qué países lideran la adopción de autos eléctricos?En el segundo lugar aparece Nepal, con una participación del 73 % en ventas de vehículos eléctricos frente al total de automóviles nuevos. El avance es notable si se compara con 2019, cuando apenas alcanzaba el 8 %.Noruega (97 %)Nepal (73 %)Dinamarca (69 %)Suecia (61 %)Islandia (57 %)Finlandia (56 %)¿Por qué China no lidera el ranking si vende más eléctricos?Aunque China aparece con una cuota del 53 %, inferior a la de varios países europeos, lidera ampliamente en términos absolutos.En 2025, China vendió 34 millones de carros eléctricos, lo que lo convierte en el mayor mercado mundial por volumen y en uno de los que más rápidamente incrementa su participación.El informe destaca que, pese a no encabezar el ranking porcentual, el peso de China en la industria global es determinante por la magnitud de sus ventas.¿Qué otros países muestran alta adopción de eléctricos?El listado también incluye los siguientes mercados con niveles relevantes de penetración:Bélgica (43 %)Portugal (37 %)Irlanda (34 %)Luxemburgo (34 %)Suiza (33 %)Reino Unido (33 %)Austria (31%)Israel (31 %)Alemania (29 %)Francia (25 %)Tailandia (21 %)España (19 %)Letonia (19 %)
El concierto 'Festival de Música Pa'Gozar y cantar', programado para el 28 de febrero en el estadio El Campín, fue aplazado para el sábado 28 de marzo. Según la firma Sencia, esta decisión se toma con el fin de continuar la recuperación y protección de la gramilla del estadio después del proceso de hibridación. De acuerdo con lo comunicado, los artistas y las boletas se mantendrán hasta la fecha del nuevo concierto.“Como parte de su compromiso con la hinchada de los equipos de fútbol, y atendiendo los criterios técnicos, orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, Sencia ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros", concluye en el comunicado.Sin embargo, para las personas que ya tengan boletería comprada para la fecha del 28 de febrero, Sencia afirma que esta boletería tendrá plena validez para la nueva fecha, que ahora es el sábado 28 de marzo. Asimismo, bajo el acuerdo que se llegó con la productora Eventos y Producciones SILRA S.A.S., se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.Por otro lado, la empresa aclara que quienes no puedan asistir a la fecha del 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Aclaran que, de no hacer esto, entenderán que fue aceptada la fecha de reprogramación.
Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
Luego de varias horas de intensa búsqueda por parte de la comunidad y los organismos de socorro, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se lanzó a las aguas de la hidroeléctrica de El Quimbo tras escapar de un posible atraco por parte de hombres armados, en un paraje rural del municipio de El Agrado, en el centro del Huila.De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Jesús Antonio Canizales Rivera, de 48 años de edad, quien acompañaba a sus familiares Ovier Martínez Vargas y Yineth Soto Sánchez, procedentes de Cartagena del Chairá, Caquetá, quienes, según las autoridades, habrían sido interceptados por desconocidos y posteriormente asesinados.Felipe Benedetti, funcionario operativo de la Defensa Civil Seccional Huila, dijo a Blu Radio que, tan pronto fueron informados del caso, activaron de inmediato los protocolos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de El Agrado y se iniciaron las labores de rescate.“Se estableció el apoyo en la búsqueda del señor Jesús Antonio Canizales, quien al parecer huyó y saltó desde el viaducto del embalse de El Quimbo, a una altura aproximada de 30 metros, información que fue suministrada por su hijo de 14 años. El día de hoy, ocho de enero, en horas de la mañana, se logra encontrar el cuerpo del señor, se recupera y se hace entrega a la Sijín para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente”, explicó el funcionario de la Defensa Civil Seccional Huila.Según información oficial, en este mismo hecho, un menor de 14 años, también familiar de las víctimas, logró escapar del lugar y fue quien dio aviso a las autoridades. El caso continúa en proceso de investigación con el fin de esclarecer los móviles e identificar a los autores materiales.
El excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, calificó como “una muy buena noticia para Colombia” el restablecimiento de la interlocución directa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, tras semanas de tensión diplomática. En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Murillo aseguró que este acercamiento “es el triunfo de la sensatez y de la diplomacia responsable” y pidió que se valore como un logro de país, más allá de las disputas políticas internas.Según explicó, la reapertura del diálogo al más alto nivel —entre presidentes, cancilleres y embajadores— evita costos elevados para Colombia. “La relación con los Estados Unidos es tan importante que hay que mantener esa interlocución. Hay diferencias, pero esa interlocución no se puede perder porque el costo para Colombia era altísimo”, afirmó.¿Cómo se logró la conversación entre Trump y Petro?Murillo destacó el papel del equipo diplomático colombiano en Washington, al que atribuyó buena parte del resultado. Mencionó al embajador Daniel García-Peña y a funcionarios de carrera y de libre nombramiento que, según dijo, “trabajan como hormiguitas todos los días para mantener esa relación en buen nivel”. En ese sentido, señaló que el embajador “la ha tenido muy difícil”, al pasar de una relación sólida a un escenario que describió como cercano a quedar “en la lista de los países paria”, y aun así lograr recomponer los canales de comunicación.El excanciller cuestionó que, por razones de coyuntura política y electoral, algunos sectores minimicen lo alcanzado. “Yo creo que es un logro de país, independientemente que sea el presidente quien sea”, insistió, y agregó que no se puede desconocer el esfuerzo diplomático detrás de este restablecimiento.¿Petro cedió ante Trump?Frente a las críticas que señalan una supuesta “debilidad” del presidente Petro ante Trump, Murillo pidió entender el contexto. A su juicio, lo fundamental es que ambas partes hayan comenzado a “escucharse, reconocerse y tratarse con respeto”. Para ello, recomendó apartarse de provocaciones, especialmente en redes sociales, y darle espacio a la diplomacia profesional. “Hay que confiar en el equipo que tienen en Washington y en Bogotá”, dijo.Murillo anticipó que, tras este primer acercamiento, vendrán discusiones complejas en varios frentes. Entre ellos, mencionó la seguridad y la política antidrogas. Según relató, existe un punto de partida común: tanto Petro como Trump han manifestado que la política de drogas no ha funcionado. “Ahí hay una coincidencia, aunque pareciera que no”, explicó, y señaló que será clave definir en qué están de acuerdo y en qué no.También previó debates sobre la política de paz en Colombia, al reconocer que “no funcionó la política de paz total” y que se requieren “medidas muy serias”. A esto se sumarán temas como el ELN, las redes criminales, la migración y la situación en Venezuela, que, según Murillo, exige una coordinación entre ambos países para buscar una salida estable.Otros asuntos que, a su juicio, estarán sobre la mesa son la estabilidad democrática en Colombia, las elecciones, así como la inversión, el comercio y las diferencias de enfoque frente al cambio climático y la transición energética.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El presidente Gustavo Petro se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una visita oficial que ella hará a la Casa de Nariño con el fin de “avanzar en la construcción de paz y reconciliación en el vecino país”, según informó el Dapre.Está reunión es anunciada por el Gobierno luego de que el presidente Gustavo Petro informara que habló con Rodríguez y que buscarán un diálogo tripartito para mediar y buscar una solución a la situación política del vecino país.Esto se conoce luego de la llamada del presidente Petro con su homólogo Donald Trump en donde Venezuela fue uno de los temas clave. La conversación, que duró aproximadamente 55 minutos, permitió según el gobierno abordar temas de alto interés bilateral, entre ellos la lucha contra el narcotráfico en medio de tensiones recientes entre Bogotá y Washington.Fue la primera llamada de ambos desde que Trump está en la Casa Blanca y se espera que sea el inicio de un restablecimiento de las relaciones. La canciller Rosa Villavicencio aseguró que como resultado de estos acercamientos deberían regresarse decisiones del gobierno Trump como la descertificación de colombia en la lucha antidrogas y la inclusión del presidente Petro en la lista clinton.Además, la canciller Villavicencio confirmó este jueves una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país, y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro."Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá.Pese a que durante la rueda de prensa no se había confirmado la visita de la mandataria venezolana al país, el Departamento Administrativo de la Presidencia aseguró que la visita de dará en la Casa de Nariño; sin embargo, la fecha dee esta reunión aún no es confirmada.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.