En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Desde el próximo 1 de abril comenzará a implementarse en Colombia el nuevo modelo de pasaportes. El anuncio se hizo en la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, y otros funcionarios presentaron las nuevas libretas que empezarán a ser expedidas.El proceso de producción tendrá cuatro fases. El documento es elaborado inicialmente por la Casa de la Moneda de Portugal. Luego es trasladado a Colombia y, en virtud de un contrato por 13.000 millones de pesos firmado por la Imprenta Nacional, las libretas son transportadas desde el Aeropuerto El Dorado hasta la sede de la entidad. Allí cada pasaporte es cosido y personalizado con los datos biográficos y biométricos de los ciudadanos, además del respectivo grabado de seguridad. Posteriormente, en el marco del contrato de transporte, son distribuidos a los distintos puntos de entrega en el país.El secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín, se refirió al estado legal del convenio para la elaboración de los documentos y aseguró que el proceso avanza sin inconvenientes. “En este momento se adelanta el proceso sin ningún contratiempo y jurídicamente ya están en ejecución los contratos, son válidos y están en perfecta ejecución”, afirmó.Según lo pactado en el acuerdo con Portugal, en un plazo de diez años la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, incorporando la tecnología y el conocimiento transferido por ese país europeo.Con este nuevo esquema, después de más de una década, la empresa Thomas Greg & Sons dejará de producir estos documentos. La compañía ha estado en el centro de una controversia con el Gobierno, en medio de cuestionamientos del presidente Petro, quien ha señalado a la firma en el marco de presuntas irregularidades electorales.La canciller Rosa Villavicencio aclaró que los pasaportes actualmente vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los ciudadanos no deberán cambiar el documento de manera inmediata, salvo que esté próximo a expirar.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de la congresista Isabel Cristina Zuleta por considerar que la demanda en su contra no cumplió la exigencia para decretar la muerte política.Cabe recordar que ella fue demandada por haber adelantado el trámite como coordinadora de Mesas de Paz Urbanas para que salieran varios privados de la libertad de organizaciones de alto impacto a una manifestación pública en La Alpujarra, centro de Medellín.Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.Mientras tanto, la congresista Isabel Zuleta, en audiencia pública, defendió que ella hizo esta labor buscando gestiones de paz, como siempre lo ha hecho, y señala que no tenía ningún tipo de interés.“Esos traslados que se dan por parte del INPEC, que es la entidad competente hacia el Congreso de la República para hacer todo el control sobre el estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en las que se padece hoy en las cárceles de nuestro país, también es recurrente, yo misma he participado de varios de estos espacios sin haberlos yo gestionado. No es cierto que la única manera de que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es sola y únicamente porque su juez lo autorice, porque si no, nosotros no habríamos podido realizar tantas audiencias con privados de la libertad”, recordó.En esa línea, Zuleta contó que han sido varios los congresistas, como Iván Cepeda, Roy Barreras o David Racero, quienes han hecho solicitudes y trámites en el marco de otros procesos y que, en este caso de Medellín, obedeció a la petición del presidente Gustavo Petro de mostrar los avances en la conversación con las bandas que allí delinquen.“Para mí es muy importante que ustedes sepan que hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó la congresista.De esta manera, el Consejo de Estado estudiará si le decreta o no la muerte política a Isabel Cristina Zuleta por supuesto tráfico de influencias.
Luego de que fuera reportada como desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, la reconocida discoteca ubicada en Chapinero, Bogotá, el pasado domingo 22 de febrero en horas de la mañana, finalmente Diana Ospina fue encontrada con vida este lunes 23 a altas horas de la noche.La mujer fue hallada en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.Según la versión oficial, la mujer habría sido abordada por delincuentes que le hicieron el paseo millonario e ingresaron a sus cuentas bancarias, de donde le sustrajeron hasta 150 millones de pesos.Galán confirmó la aparición de la mujerEn su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio detalles tras la aparición de la mujer y reveló que ya se encuentra en compañía de sus seres queridos.“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.Ahora las autoridades investigan para dar con el paradero de los delincuentes que secuestraron y robaron las pertenencias de Diana Ospina.¿Qué pasó con Diana Ospina el día de su desaparición?Diana Ospina se encontraba en una fiesta en Theatron, ubicado en Chapinero, Bogotá, cuando en horas de la madrugada se disponía a regresar hacia su casa y, en compañía de una amiga, se dirigió a tomar un vehículo pedido por plataforma. De hecho, Diana acompañó a su amiga, quien fue la primera en abordar un vehículo particular.Posteriormente, Diana se subió a lo que parecía ser un taxi; desde ese momento no se volvió a saber nada de la mujer. Solo algunos videos captaron la escena y el momento en el que otra persona abordó el carro en el que viajaba Diana.Ante esto, los familiares señalaron que llegaron a la casa de Diana y no la encontraron; el inmueble estaba con las luces encendidas y las mascotas adentro, lo que despertó preocupación. De hecho, reportaron a Blu Radio que habían recibido llamadas extrañas solicitando entre 5 y 10 millones de pesos para liberarla.
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 23 de febrero de 2026:La fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor se cierra hoy con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima desde las 4:00 p. m.Revelan los audios del VAR por la polémica mano en el partido entre Llaneros Fútbol Club y Independiente Medellín.Suma un nuevo capítulo el caso de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien sigue con restricción para salir del país por una investigación financiera.Horas decisivas para Marcelo Gallardo: el técnico definirá si continúa o da un paso al costado en el banquillo.Escuche el programa completo aquí:
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cierra el año sumida en una delicada situación de orden público debido a intensos combates entre las disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá', y el ELN. Este nuevo ciclo de violencia tiene como epicentro el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, una zona que históricamente ha padecido el rigor de la guerra y que hoy vuelve a ser escenario de un fuego cruzado que mantiene en vilo a la población civil.Crisis humanitaria y desplazamientos masivosLa escalada violenta ha provocado el desplazamiento de más de 250 personas, quienes han buscado refugio en el casco urbano de Tibú, concentrándose principalmente en un colegio y en las instalaciones de la alcaldía municipal. El drama se extiende hasta la ciudad de Cúcuta, donde ya se registra la llegada de al menos 40 personas, cifra que las autoridades locales temen podría duplicarse en las próximas horas ante la persistencia de los combates. El impacto emocional en la comunidad es profundo; se han conocido registros donde las familias, en medio del pánico, gritan a los combatientes que se detengan debido a la presencia de niños en las viviendas, muchas de las cuales han resultado impactadas por proyectiles.Un conflicto sin tregua entre grupos armadosA pesar de que el ELN y las disidencias de las Farc han manifestado en días recientes un cese de hostilidades hacia la Fuerza Pública, la realidad en el territorio muestra que entre ellos no existe ningún tipo de acuerdo o tregua. La disputa territorial se ha concentrado en puntos estratégicos como el kilómetro 16 y el sector de Pacheli, áreas históricamente controladas por el ELN donde ahora se reportan patrullajes de las disidencias. Esta falta de entendimiento entre los grupos ilegales ha dejado a la población civil en medio de una guerra que no da tregua, incluso cuando se anunciaban vientos de paz con el Estado.La respuesta institucional parece no ser suficiente ante la magnitud de la crisis. El alcalde de Cúcuta ha señalado que, durante este año de violencia persistente, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos para atender la situación, pero los recursos se han agotado y las capacidades locales están al límite. Además, la situación de seguridad es tan crítica que se reportó una misión médica atrapada en medio del fuego cruzado, mientras que los habitantes que no han logrado salir enfrentan el confinamiento y el desabastecimiento de alimentos.Escuche aquí el informe:
Las autoridades colombianas pidieron este jueves el fin de los enfrentamientos en la región del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que han forzado el desplazamiento de centenares de campesinos de esa región fronteriza con Venezuela.Al menos 250 personas del Catatumbo —región perteneciente al departamento de Norte de Santander— abandonaron sus viviendas en las últimas horas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre guerrillas en una zona rural de Tibú, según alertó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés).Según Marín, "durante el día se han recrudecido los enfrentamientos" y debido a esa situación un grupo de pobladores, incluidos menores de edad tuvo que buscar refugio "en una escuela de la zona"."Adicionalmente, hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente", agregó la defensora.Por su parte, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió "respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo".Márquez pidió a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional brindar apoyo "humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas" y adoptar medidas "reales y efectivas" para prevenir los desplazamientos de campesinos.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.La región vive desde mediados de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas.Esta disputa ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.Los nuevos enfrentamientos en el Catatumbo ocurren a pesar de que tanto el ELN como las disidencias anunciaron la semana pasada treguas navideñas, pero solo con las fuerzas de seguridad del Estado.
El escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, provocó el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares para proteger sus vidas en plena temporada de fin de año.Según información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y de autoridades locales, las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados.Ante este panorama, el NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia, a pesar de contar con recursos limitados, y pidió al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los grupos armados.“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.De acuerdo con datos de OCHA, durante 2025 al menos 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en varios municipios del Catatumbo, lo que representa el 53 % de la población de esta subregión.Las organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para acompañar a las familias que hoy enfrentan el desplazamiento forzado y la violencia, justo en una de las épocas más sensibles del año.
El balance de seguridad entregado por la Policía sobre las festividades de Navidad deja cifras que muestran alertas en lo que respecta al comportamiento ciudadano. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, según informó el general Herbert Benavidez, se registraron 48 homicidios en todo el país, lo que representa una disminución del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.No obstante, la Policía advirtió que el 54% de estos homicidios estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al exceso en el consumo de alcohol, una constante que vuelve a aparecer en las celebraciones de fin de año y que sigue siendo uno de los principales detonantes de la violencia.Durante todo diciembre, los homicidios han registrado una reducción del 8%, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados en todo el territorio nacional, según destacó el general. En este contexto, las ciudades que reportaron las mayores disminuciones en homicidios fueron Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.Durante las festividades, la Policía atendió más de 30.300 llamadas a la línea de emergencias 123, de las cuales más de 16.700 correspondieron a motivos directamente relacionados con la actividad policial, principalmente riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos entre ciudadanos.Bogotá: homicidios por intolerancia y más de mil riñasEn la capital del país, el panorama durante la noche de Navidad estuvo marcado por la intolerancia. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron ocho homicidios en Bogotá, 7 de ellos relacionados con hechos de intolerancia, según el general Giovany Cristancho, comandante de la la Policía Metropolitana.En ese mismo periodo, las autoridades reportaron 1.314 riñas, 719 personas lesionadas y la captura de tres personas por el delito de homicidio, cifras que evidencian el alto nivel de conflictividad durante la celebración.A esto se suman los casos de quemados por pólvora. En Bogotá, 23 personas resultaron lesionadas, entre ellas 10 niños y 13 adultos, pese a las campañas de prevención adelantadas por las autoridades.A nivel nacional, el uso de pólvora continuó generando afectaciones, especialmente en menores de edad. Durante la noche de Navidad, se reportaron 22 niños y niñas quemados, un caso menos frente al año anterior. En el acumulado de todo diciembre, la cifra asciende a 243 menores lesionados, lo que representa una reducción del 2 %, una disminución leve frente a la magnitud del problema.Delitos sexuales y movilidad en temporada decembrinaEn cuanto a los delitos sexuales, la Policía informó que durante la temporada decembrina se registraron 403 casos, una cifra inferior a los 570 reportados en 2024, lo que evidencia una disminución, aunque las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos.Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (Ditra) reportó un aumento del 18 % en la movilidad de viajeros. En total, 9,4 millones de personas se desplazaron por las carreteras del país, con mayor flujo hacia los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Un informe de inteligencia advierte que, en lo corrido de 2026, ya se registran 25 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia, confirmando que esta modalidad sigue en expansión en zonas con presencia de grupos armados ilegales. El último ataque por parte del ELN, que dejó dos militares heridos, se registró en Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño.Otro ataque, apenas un día antes, se registró el en zona rural entre Jamundí y Guachené, en el Valle del Cauca, y fue atribuido a las disidencias de las Farc. La cifra se suma al crecimiento sostenido de este tipo de acciones desde 2024, que a la fecha tiene una cifra alarmante.En el consolidado 2024–2026, el informe contabiliza 419 ataques con drones explosivos, con una frecuencia aproximada de un ataque cada día y cuatro horas. El impacto acumulado deja 330 afectaciones entre civiles y uniformados, incluidos muertos y heridos. Solo en 2026, en lo que va del año, un militar y un policía han sido asesinados y 26 militares resultaron heridos.La tendencia evidencia la rápida adaptación tecnológica de los grupos ilegales, que emplean drones para lanzar granadas o artefactos improvisados contra tropas y zonas pobladas, especialmente en el suroccidente del país. Contra estos ataques, la Fuerza Pública poco ha podido hacer, teniendo en cuenta que sus dispositivos antidrones quedan rezagados ante los que usan los criminales, por eso, el Ministerio de Defensa anunció el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones.Las cifras reflejan que, pese a los operativos militares, el 2026 comenzó con esta amenaza vigente, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a un tipo de ataque cada vez más frecuente y difícil de neutralizar.
Varios candidatos a la Presidencia se han referido a la posición del presidente Gustavo Petro en los últimos días, quien ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría e incluso ha dicho que podría estar abriéndose la puerta al fraude. Petro ha cuestionado el hecho de que el registrador, Hernán Penagos, ordenara dejar en blanco los espacios de los formularios E-14 en las mesas donde no haya votos por algún candidato o partido; esto se hace para que el procesamiento de la información sea más fácil.Además, el mandatario cuestiona el software de preconteo y escrutinio de mesa, el cual contará con auditoría independiente y cuya información podrá ser consultada por los partidos políticos. Es por eso que varios candidatos a la Presidencia han cuestionado a Petro."Como candidata a la Presidencia tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador, Hernán Penagos, y la Registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer el derecho al voto", dijo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.Por su parte, el candidato Juan Manuel Galán dice que el sistema electoral colombiano sí es confiable, pero que el Gobierno no ha dado garantías para un proceso libre y justo, teniendo en cuenta la contratación que se dio antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías."La institucionalidad y la Registraduría son garantía de elecciones libres. Lo que no está bien es que el gobierno se gaste más de $14 billones de pesos en contratos antes de las elecciones", dijo Galán.De otro lado, el candidato Roy Barreras dijo que al presidente Gustavo Petro le llevan muchas historias falsas y lo hacen equivocar en algunos casos."Siendo presidente Santos perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición; siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral, ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron gobernaciones y alcaldías gobernadores de partidos de oposición o distintos al Pacto; es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno", señaló Barreras.El excontralor Felipe Córdoba también se refirió al caso, exigiéndole al Gobierno garantías para las elecciones."Este Gobierno no puede exigir respeto a las reglas mientras es el primero en desafiar la institucionalidad o intentar acomodar las normas a su conveniencia. La democracia se defiende garantizando que cada colombiano pueda votar en libertad y que las reglas se cumplan para todos por igual, sin excepciones", dijo Córdoba.Y, por su parte, el candidato Leonardo Huerta aseguró que "en una democracia el presidente no solo gobierna, también es el principal garante de la estabilidad institucional. Las autoridades son los agentes garantes de los derechos de las personas; si existen preocupaciones sobre el sistema electoral, es precisamente él quien tiene la responsabilidad de activar mecanismos legales y administrativos para fortalecer las garantías electorales. Lo que no ayuda es tratar de generar incertidumbre en la opinión pública sin anunciar medidas concretas".
Un intento de atraco ocurrido en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó herido al alcalde del municipio de Ospina, Nixon López. El hecho se registró cerca del sector de Corferias, según confirmaron las autoridades.De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al mandatario, quien se encontraba en la capital por compromisos relacionados con su gestión. Según versiones iniciales, López se hospedaba en un hotel de la zona y habría sido perfilado por los delincuentes.Durante el atraco, los agresores lo amenazaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. El alcalde se habría resistido al robo y, en medio del forcejeo, recibió un disparo.Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Colombia, donde recibe atención médica. La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta operativos para ubicar a los responsables y recolecta material probatorio en la zona. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer los detalles del caso.La Policía Nacional adelanta adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho."Invitamos a la ciudadanía que tenga cualquier tipo de información suministrarla a través de los diferentes canales de comunicación o CAI más cercano", agregaron las autoridades.