Un hombre en Montenegro, Quindío, en medio de una discusión con una mujer, agredió a un perro de raza pequeña. El hecho quedó grabado en video y se evidencia en las imágenes que le propinó una fuerte patada que generó el lamento del animal. Sobre este hecho de agresión, el alcalde de Montenegro, Quindío, Gustavo Pava, confirmó la muerte del perro y la búsqueda del agresor."Un hombre agrede a un perro, el cual posteriormente muere. Por lo sucedido, le dimos instrucciones a nuestro comandante de estación y a nuestro secretario de Gobierno para que tomen las medidas y hagan un llamado a la Fiscalía para que esta persona pague lo que hizo. En Montenegro se deben de espetar los animales, se deben proteger".Fuentes del municipio de Montenegro, Quindío, indicaron que el presunto agresor ya está ubicado y se espera la orden de captura emitida por un juzgado para iniciar su proceso.
Grave accidente de tránsito se registró en la vía Itaibe–Paicol, que comunica a los departamentos de Cauca y Huila. Al parecer, un camión en el que se movilizaba personal del Ejército rodó por un abismo, dejando como saldo un subteniente muerto y al menos 17 militares resultaron heridos, adscritos a la Novena Brigada.Blu Radio conoció que, al parecer, los uniformados estaban realizando un procedimiento de captura a un explosivista de las disidencias, cuando la comunidad de aglomeró y tuvieron que evacuar rápidamente. En ese momento se presenta el desprendimiento de la vía y el camión cayó al abismo.En desarrollo.
Hoy en la Registraduría se inscribió el empresario Santiago Botero como candidato presidencial para la primera vuelta de las elecciones. Su fórmula a la vicepresidencia será Carlos Fernando Cuevas.“Hoy no solo nos inscribimos, hoy iniciamos la batalla formal contra la impunidad que tiene secuestrado este país. Nuestra lucha es por justicia social real: balín para los bandidos, oportunidades para los trabajadores y dignidad para los 27 millones de colombianos que el sistema olvidó”, afirmó Botero.Por su parte, Carlos Fernando Cuevas hizo campaña por el “No” al plebiscito en su universidad y ha sido asesor de diferentes políticos. Anteriormente integró la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, donde fue coordinador nacional electoral.Es importante recordar que ya otros candidatos se han inscrito a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, es el caso de la senadora Clara López y del exministro TIC Mauricio Lizcano. El próximo 8 de marzo se harán las consultas interpartidistas y ahí también se definirán otros candidatos a la presidencia.Otros candidatos que irán a la primera vuelta son Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Maurice Armitage, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella.
El Gobierno nacional está construyendo el decreto de orden público con las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, día en el cual los colombianos elegirán a sus congresistas para el periodo 2026-2030, además, ese día se harán las consultas interpartidistas.Entre las medidas que tomará el Gobierno está la ley seca desde el 7 de marzo y el cierre de fronteras."La ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierran las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m. pero hay que estudiar porque si se hace desde las 6 p.m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio hasta el lunes 9 de marzo 6 a.m", dijo el ministro del interior, Armando Benedetti.Por otro lado, el Gobierno convocó para el 4 de marzo en Bogotá a última comisión de seguimiento electoral."Al mismo tiempo el PMU de las elecciones internacionales o en el exterior empiezan desde el lunes desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor Procurador y el señor Registrador o sus delegados para juntar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o el viernes vamos a juntarlos también", explicó Benedetti.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
El registrador, Hernán Penagos, estuvo en un evento con el procurador, Gregorio Eljach, sobre paz electoral. Desde allí se refirió al proceso electoral que se dará el próximo 8 de marzo. Penagos respondió a algunas de las polémicas y narrativas que se han creado según las cuales podría haber fraude en elecciones.En un primer momento, Penagos hizo referencia a las consecuencias de la desinformación, recordando el ataque que sufrieron algunos funcionarios de la entidad en Gamarra por una información falsa.“¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que golpearse la economía? ¿Cuánto más tienen que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política ¿Será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde unos ganan y otros pierden?”, señaló el registrador Penagos.En el mismo sentido el registrador reiteró que se le han otorgado todas las garantías a todos los partidos y candidatos e incluso hizo un llamado frente a la inscripción de testigos electorales, un proceso que hacen las organizaciones políticas.“Puede haber cuatro millones de testigos en las elecciones del 8 de marzo. En cada mesa de votación pueden, y si los partidos quieren y hoy los llamo, designen todos los testigos que estimen pertinente que pueden ser 30 por cada mesa. Millones de personas están al frente del proceso electoral ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza”, dijo Penagos.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".
La defensa de la congresista Karen Manrique, implicada en la investigación disciplinaria relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se remueva al procurador delegado que actualmente lleva el caso, al considerar que su actuación podría comprometer el debido proceso.En el documento, los abogados señalan que en el escrito de alegatos precalificatorios presentado por la Procuraduría el pasado 5 de febrero se incluyeron “seis testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación”, hechos que, según la defensa, no constan oficialmente en el expediente ni fueron aportados como pruebas durante el trámite disciplinario.Los defensores también aseguran que se “tergiversa el dicho de un testigo dentro de la actuación, referenciando en su valoración probatoria aseveraciones diametralmente distintas a lo dicho en diligencia de declaración”, lo que, a su juicio, afectaría la objetividad de la valoración probatoria al momento de sustentar la acusación en contra de su representada.Además, el documento de los abogados advierte que algunos de los testimonios que se citan en el escrito no tienen registro en el expediente, teniendo en cuenta que no hay diligencias de declaración, citaciones ni entrevistas archivadas que respalden esas afirmaciones dentro del proceso disciplinario.Más allá de los cuestionamientos sobre testimonios, la defensa llama la atención sobre la redacción y estructuración del material probatorio, señalando que parte del análisis y construcción de evidencias presenta, según ellos, una “simetría tan artificial y predecible” que sugiere un posible uso de modelos de inteligencia artificial para elaborar contenidos probatorios, en detrimento de las actuaciones humanas típicas en este tipo de procesos.Con base en estos argumentos, los abogados consideran que la permanencia del actual procurador delegado podría generar vicios en el proceso y abrir la puerta a futuras nulidades. Por ello, solicitan que la Procuraduría revise integralmente la actuación del funcionario y, de ser procedente, designe un nuevo delegado para garantizar imparcialidad, transparencia y respeto por las garantías del debido proceso.La solicitud ya fue radicada ante la Procuraduría, que ahora deberá evaluar los argumentos presentados y decidir si procede o no el cambio del procurador delegado en este caso disciplinario de alto perfil. La decisión que adopte el ente de control podría influir de manera determinante en el desarrollo y credibilidad del proceso en curso.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Chicago el próximo 7 de marzo para asistir al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, fallecido hace diez días a los 84 años."Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó el mandatario en X sobre este viaje, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.El mandatario no explicó cómo viajará a Chicago, ya que el Gobierno estadounidense le retiró el visado en septiembre pasado y este mes le expidió un permiso de cinco días para que pudiera asistir a la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca.Petro destacó su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y a quien conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.En su mensaje, el presidente también felicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, por su trabajo en la reconstrucción de apoyos a comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con aliados en el Congreso estadounidense.Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).Las honras fúnebres comenzaron esta semana en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuarán en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto en esa ciudad del estado de Illinois.
La decisión fue adoptada debido a una deuda que, según la gerencia del hospital, supera los 7.500 millones de pesos. El gerente, Willintong Arriaga, explicó que, pese a los acercamientos y acuerdos con el nuevo interventor de la EPS, hasta el momento no han recibido una solución concreta.“A los usuarios les pedimos disculpas, pero también que se pongan en nuestros zapatos. Debemos pagar salarios, comprar medicamentos, combustible y cubrir remisiones. Un traslado de Solano a Florencia puede costar alrededor de cinco millones de pesos. Si no contamos con gasolina, no podemos movilizar las ambulancias”, manifestó el directivo.De acuerdo con Arriaga, hace aproximadamente diez días Asmetsalud habría realizado pagos a otras entidades de salud del departamento, pero no a la ESE Fabio Jaramillo, lo que obligó a suspender la atención regular y mantener únicamente el servicio de urgencias.La situación ha encendido las alertas en el ámbito departamental. El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la deuda de las EPS intervenidas con la red pública y privada del departamento continúa en aumento.“Se suponía que con la intervención la deuda iba a disminuir, pero ocurre lo contrario. Hoy estamos hablando de casi medio billón de pesos que estas EPS le adeudan a la red de salud del Caquetá”, indicó el mandatario.Aunque la crisis del sistema de salud se presenta a nivel nacional, las autoridades locales esperan que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y evitar afectaciones mayores a los usuarios.
Ana Livia Guetio, líder indígena y candidata a la Cámara por las circunscripciones especiales de paz (Curules de Paz), rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de haber sido secuestrada durante 17 horas en el municipio de El Tambo, Cauca. En un relato estremecedor, la lideresa detalló las razones detrás de su retención y denunció la crítica situación de seguridad que enfrentan las mujeres que aspiran a cargos de elección popular en territorios de conflicto.“Principalmente me manifiestan que en la zona donde yo estaba, al parecer, no se permite la participación de políticos, porque han entrado muchos solamente por el voto de las comunidades y no vuelven más”, explicó la candidata.Los captores le expresaron un profundo descontento hacia los políticos tradicionales, a quienes acusan de buscar votos cada cuatro años para luego dejar a las comunidades en el olvido, sin carreteras ni servicios básicos. Le puede interesar: UNP confirma que candidata Ana Guetio ya apareció y que su vehículo fue robadoGuetio intentó explicarles que las Curules de Paz no representan a partidos tradicionales, sino a organizaciones de víctimas, pero notó un gran desconocimiento de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y de la naturaleza de estas circunscripciones especiales."Se está vulnerando los derechos a la misma ley de víctimas y están vulnerando el conocimiento al derecho de la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado", dijo la líder indígena. Por otro lado, Guetio señaló que existe una fuerte resistencia y "celos políticos" cuando una mujer encabeza listas de votación, como es su caso en el Cauca. “Cuando ven una mujer que quiere participar en la política, en su mayoría de veces hemos sido más afectadas con estas persecuciones”, afirmó, tras mencionar que ha recibido constantes amenazas en el pasadoRescatada por la Guardia IndígenaLa liberación de Ana Guetio no fue producto de operativos estatales, sino de la presión y acción directa de su comunidad. “Esta liberación más que todo lo hizo la Guardia Indígena. Dicen que fue la Policía, que fue el Ejército, pero no; con la única persona que yo me encontré fue con la guardia”, sentenció la candidata.Escuche la entrevista:
La liberación del candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez, tras permanecer 36 horas retenido en el municipio de Pelaya, Cesar, ha generado una fuerte controversia nacional. En entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante aseguró que sus captores le exigieron frenar las denuncias públicas que viene realizando contra la organización Sayco Acinpro, entidad encargada del recaudo de derechos de autor en Colombia.Las declaraciones del candidato desataron una inmediata reacción de la Organización Sayco - Acinpro (OSA), que a través de un comunicado oficial rechazó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos y anunció que pedirá una investigación exhaustiva.El relato de la retención en PelayaSegún narró Vásquez, el hecho ocurrió a las 5:10 de la mañana cuando salía de su vivienda con destino a una emisora local. “Prendí el carro y se me acercó una persona, me colocó un arma y me dijo: ‘no te voy a asesinar, súbete en la moto que vamos a hablar algo contigo y te traemos’”, relató en la entrevista radial.El candidato aseguró que fue trasladado a una vivienda dentro del mismo municipio, donde permaneció con los ojos vendados y sentado en una silla durante toda la retención. “Fueron 36 horas que me mantuvieron ahí retenido. Pasé toda la noche en una silla”, afirmó.De acuerdo con su testimonio, los captores le indicaron que el acto tenía un carácter “preventivo” y que el objetivo era enviarle un mensaje directo: “Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”.Vásquez fue enfático al reiterar que esa fue la motivación expresada por quienes lo retuvieron: “Los secuestradores me dijeron que me tenían retenido por un tema preventivo y que no querían que yo siguiera las denuncias contra Sayco y Acinpro en Colombia. Es correcto y lo ratifico”.Denuncias contra Sayco Acinpro y proyecto de leyEl aspirante al Senado ha sido un crítico recurrente del modelo de recaudo de derechos de autor en Colombia. En la entrevista explicó que desde hace una década asesora a comerciantes frente al pago de tarifas, las cuales considera “arbitrarias”.“Esta empresa privada ha venido atropellando a los comerciantes de Colombia, imponiéndoles tarifas totalmente arbitrarias”, sostuvo, agregando que la Superintendencia de Industria y Comercio habría impuesto sanciones recientes a la organización.Además, vinculó el episodio con el debate legislativo del Proyecto de Ley 258, que según indicó busca convertir en obligación legal el pago a estas entidades recaudadoras. “El principal objetivo de ellos es que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que sea una obligación pagarles por ley. A eso le tienen miedo, que yo llegue al Senado y exponga los argumentos jurídicos”, manifestó.Cuando fue cuestionado sobre la responsabilidad de señalar indirectamente a una organización como Sayco Acinpro en un hecho criminal, Vásquez aclaró: “Yo no lo estoy vinculando. Usted me pregunta qué me dijeron los captores. Ellos manifestaron que me retenían para que dejara las acusaciones contra la empresa privada”.Sin embargo, también anunció que interpondrá una denuncia pública contra Rafael Manjarres, compositor y presidente de Sayco, por declaraciones que, según él, lo señalarían de actuar ilegalmente en el negocio de asesoría sobre derechos de autor.Sayco Acinpro rechaza insinuacionesEn respuesta a las declaraciones del candidato, la Organización Sayco - Acinpro emitió un boletín fechado el 27 de febrero de 2026 en el que “registra como hecho positivo el regreso del señor Andrés Vásquez” y recalca que la libertad es un valor superior en el Estado Social de Derecho.No obstante, la entidad fue contundente en rechazar cualquier insinuación que la vincule con la retención. En el comunicado, la organización “recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano”.Conunicado de Sayco AcinproSAYCO - ACINPRO REGISTRA POSITIVA LIBERACIÓN DE ANDRÉS VÁSQUEZ Y RECRIMINA SUS INSINUACIONES QUE RELACIONAN A LA ENTIDADBogotá, Febrero 27 de 2026La Organización Sayco - Acinpro, OSA, registra como hecho positivo el regreso del Señor Andrés Vásquez, presuntamente retenido en el municipio de Pelaya (Cesar), por cuanto la libertad, como valor superior de cualquier colombiano es un bien para proteger y un derecho de orden mayor en un Estado Social de Derecho, que tutela la constitución colombiana.La Organización Sayco - Acinpro, OSA, recrimina la insinuación capciosa que hace el mencionado señor, referenciando a nuestra institución, lo cual rechazamos de plano porque como ciudadanos de bien, es en los estrados judiciales en donde hemos venido enfrentando la labor delictuosa que adelanta el Señor Vásquez, trabajando para empresas de dudosa reputación, apropiándose de los derechos de los autores con maniobras amañadas y sin amparo legal alguno, acción que continuaremos enfrentando encumplimiento de nuestros lineamientos estatutarios y en defensa del conglomerado cultural que representamos.Reiteramos que nada tiene que ver nuestra organización con este hecho que no deja de presentar características muy particulares, y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que descarte un posible montaje, simulacro u autosecuestro.
La precandidata presidencial Paloma Valencia calificó como “preocupante” el nivel de hostigamiento contra su colectividad, luego de que una mujer fuera capturada con un arma de fuego en medio de un acto político realizado en el municipio de Honda, Tolima. El hecho ocurrió durante una actividad de campaña en la que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En entrevista con Mañanas Blu, la también senadora explicó que el episodio fue detectado por el equipo de seguridad mientras ella intervenía ante la ciudadanía. “Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación, que como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando”, relató.Mujer armada a pocos metros de la tarimaSegún la versión entregada por Valencia, la actitud de la mujer despertó sospechas entre los uniformados. Aunque simulaba grabar el evento, su mirada estaba dirigida hacia otros puntos del lugar. “La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba como poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación”, afirmó.El esquema de seguridad decidió realizar una requisa preventiva. Fue entonces cuando se encontró en su morral una pistola y, según indicó la precandidata, un paquete con una sustancia que sería Tusi. La mujer fue conducida por las autoridades y posteriormente se conoció que se trataría de una dragoneante del INPEC, quien, de acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, asistió al evento “en una actuación estrictamente personal e individual”.Valencia señaló que la mujer se encontraba a una distancia aproximada de cuatro a cinco metros de la tarima. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó.Investigación en curso y posibles delitosDe acuerdo con la senadora, el país se encuentra bajo un decreto que restringe el porte de armas, por lo que la mujer podría estar incursa en el delito de porte ilegal. “No sé si su pistola tenía o no tenía salvoconducto. De todas maneras, hay que recordar que está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas”, indicó.Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades analicen el contenido del celular incautado. “Me imagino que lo lógico que debiera pasar es que su celular y toda la información que ella tenía esté siendo evaluada para determinar cuál era la razón por la que lleva un arma a un evento político”, sostuvo.El caso ha generado inquietud en el contexto electoral, a pocos días de las votaciones previstas para el 8 de marzo, en medio de una intensa agenda de campaña en distintas regiones del país.“El nivel de hostigamiento es preocupante”Más allá del hecho puntual en Honda, Paloma Valencia denunció una serie de situaciones que, según dijo, evidencian un clima adverso para el Centro Democrático en varias zonas del país.“La verdad, el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante”, afirmó. Recordó que en el Cauca uno de sus candidatos fue declarado “objetivo militar”, que en municipios como Santander de Quilichao han aparecido vallas atribuidas a grupos ilegales advirtiendo que su partido no puede ingresar, y que en Neiva fue vandalizada una sede política.También mencionó episodios en Soacha y Duitama donde, según su versión, simpatizantes fueron agredidos. “La gente llorando después de que la apedrearan y la gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar”, narró.En ese sentido, exigió garantías al Gobierno Nacional. “Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte de la ciudad.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La Sección Quinta del Consejo de Estado puso fin a la elección de Jorge Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), compañía a la que llegó en agosto de 2024.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la Junta Directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional.Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por ese comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que Jorge Carrillo sí cumplía con los 15 años de experiencia exigidos para el cargo, que era uno de los argumentos de los demandantes.La Sala dispuso modular los efectos de la nulidad y ordenó retomar el proceso desde el momento previo a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, no empezará desde cero sino desde el listado aprobado por el Comité de Talento Organizacional en las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024. Quedan por fuera de este proceso quienes se retiraron.
En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
En Honda, Tolima, mientras la precandidata presidencial Paloma Valencia adelantaba un acto de campaña al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Policía Nacional capturó una mujer en el punto que se encontraba armada. Según lo conocido, se encontraba de vacaciones y su presencia en el acto obedecía de acuerdo con la institución a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.El evento comenzó casi sobre las 11:00 de la mañana. En la tarima estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes de la colectividad. La seguridad, según le contó a Blu radio, Holman Guevara, director del partido en el Tolima, superaba los 60 hombres entre Policía, GOES, esquema privado y uniformados de cuadrante."Había una seguridad muy importante, yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla", contó, pero lo que llamó la atención es que no estaba grabando y esto alertó al esquema de seguridad de la precandidata.Una vez capturada, la Policía encontró que estaba mujer cargaba con una pistola pequeña sin permiso para portarla, que, según Guevera, podría ser una calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y, además, tenía en su posesión Tusi."Era una pistola muy fácil de esconder", relató. La captura fue inmediata y silenciosa. Ni el expresidente ni los demás dirigentes en tarima se percataron de lo ocurrido. La caravana continuó sin novedad y solo más tarde, ya en Mariquita (Tolima), se les informó del episodio.La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. También deberá responder por la droga incautada. Actualmente está a la espera de la audiencia de legalización de captura, donde se definirá su situación jurídica."Nos preguntamos qué hacía una señora dragoneante del INPEC, de vacaciones, con un arma de fuego, con cinco cartuchos y con Tusi en sus pertenencias, aproximándose al presidente Álvaro Uribe y a la candidata Paloma (..) El esquema fue muy rápido, muy eficiente, muy eficaz y logró controlar la situación", aseveró.Sin embargo, el episodio causó preocupación sobre las intenciones que podía tener esta mujer y reforzó el debate sobre la seguridad en actos políticos en plena campaña electoral.
El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre el sistema salud colombiano en entrevista en Recap Blu, donde indicó que la crisis no es reciente y que la actual administración agravó una situación estructural que viene de años atrás.“La salud no está funcionando para nadie. La salud es el sistema quizás más corrupto de este país”, afirmó. Y añadió que: “La salud venía mal y este gobierno terminó de empujarlo, y el otro lo va a rematar”.Según Quintero, el problema no se resuelve con un cambio de presidente, sino con una transformación de fondo. “Lo que necesita el sistema de salud no es un nuevo presidente, lo que necesita el sistema de salud es una reingeniería profunda”, sostuvo.Crisis estructural y falta de liderazgoEl precandidato ubicó la crisis en un problema de liderazgo y diseño institucional. “Ni Santos ni Duque ni Petro, nadie puede con el sistema de salud porque no estamos pensando el sistema como un sistema”, señaló, al insistir en que el modelo actual carece de una visión integral.También advirtió sobre fallas en la prevención y en los determinantes sociales. “Tenemos 2 millones y medio de colombianos que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso”, afirmó, al relacionar la mala alimentación con la presión sobre hospitales y servicios médicos.Tecnología y datos: la apuesta por la prevenciónQuintero cuestionó que en Colombia no se haya implementado la historia clínica electrónica. “Yo traté hace unos años de que se aprobara en Colombia la historia clínica electrónica, no pasó. Las mafias no dejaron que pasara, porque si hay historia clínica electrónica, entonces podemos saber realmente qué tratamientos hicieron y qué tratamientos no se hicieron”, declaró. Para el precandidato, la tecnología en salud y el acceso a la información médica deben ser un derecho. Relató su experiencia con pruebas genéticas: “Gracias a esa prueba de ADN que yo tengo, yo sé de qué 3 cosas me puedo morir”. Y agregó: “Eso salvaría muchas vidas, evitaría muchos problemas y reduciría el costo del sistema de salud”.En su diagnóstico, la reforma a la salud debe centrarse en prevención, información y rediseño institucional, más que en ajustes superficiales.Vea la entrevista completa acá:
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, analizó en Recap Blu los recientes resultados de la encuesta Invamer, que lo sitúan con una ventaja abrumadora de cara a la consulta del "Frente por la Vida" que se llevará a cabo el 8 de marzo.Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante.La lucha contra las “estructuras invencibles” Quintero fue tajante al describir la figura de Roy Barreras dentro del panorama electoral. Aseguró que, hasta hace pocos días, la percepción general era que él no tendría opción frente a Barreras, a quien calificó como el representante de una “política de estructuras"."Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, indicó el exalcalde Quintero.Para el exalcalde, su liderazgo en las encuestas es una sorpresa para quienes creían que las estructuras tradicionales dominarían la contienda.“Si esta entrevista me la hubieran hecho antes de ayer, me hubieran dicho, usted no tiene ninguna opción contra Roy Barreras'”, afirmó, subrayando que su campaña, a diferencia de la de su rival, es “pura de opinión” y carece de los apoyos tradicionales del gobierno o de grandes maquinarias.Le puede interesar: Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campañaDurante la entrevista, Quintero se identificó como “El Renacido” o “Lázaro”, argumentando que su presencia en el tarjetón es casi un milagro tras los intentos de la Registraduría y otros sectores por inhabilitarlo. El candidato también reveló las precariedades de su actual campaña. Dijo que no posee cuenta bancaria debido a trabas legales, lo que le impide financiar viajes o publicidad tradicional.“No hay publicidad, pero a quienes me la piden yo les mando el tarjetón por el WhatsApp”, comentó Quintero, destacando que su crecimiento en los sondeos ha provocado que sectores progresistas, liberales e independientes se sumen a su causa al ver que es posible derrotar a las estructuras de Barreras.Finalmente, pese al optimismo por los resultados de Invamer, Quintero advirtió que no se puede confiar."Todos sabemos que ahora empiezan las maquinarias a moverse”, afirmó Quintero, refiriéndose a la aparición de prácticas cómo la compra de votos o el fraude. Ante la falta de testigos electorales propios, hizo un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del Pacto Histórico para que ayuden a proteger sus votos el próximo domingo.La entrevista aquí: