La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de los jugadores en todo el país con la realización de su sorteo número 4790, efectuado en la noche del lunes 16 de febrero de 2026. En esta edición, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, una de las bolsas más atractivas del panorama lotero nacional.Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca – Sorteo 4790El número ganador del premio mayor fue: 1790 de la serie 282. El afortunado poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas cada semana.Resultados de los premios secosAdemás del premio mayor, el sorteo 4790 entregó múltiples premios en diferentes categorías:Tunjo de Oro – $300 millones3977 – Serie 266Guaca Secreta – $100 millones3250 – 22432 TESOROS DE $6 MILLONES5925 – Serie 2479596 – Serie 2289157 – Serie 0270607 – Serie 1460698 – Serie 2387650 – Serie 2519237 – Serie 1573650 – Serie 2301750 – Serie 2196810 – Serie 0169171 – Serie 0801551 – Serie 1375023 – Serie 0280883 – Serie 2693967 – Serie 0314828 – Serie 1168735 – Serie 1355578 – Serie 0745223 – Serie 0301189 – Serie 2717945 – Serie 1550878 – Serie 0781531 – Serie 0266459 – Serie 1417616 – Serie 1244173 – Serie 0867257 – Serie 1652199 – Serie 0281405 – Serie 2340758 – Serie 0235814 – Serie 1103887 – Serie 15915 TESOROS DE $10 MILLONES8779 – Serie 0828319 – Serie 1835917 – Serie 2358308 – Serie 1515956 – Serie 0110137 – Serie 2498671 – Serie 1164805 – Serie 1088331 – Serie 1041722 – Serie 0481905 – Serie 1069270 – Serie 0219074 – Serie 2947608 – Serie 1336235 – Serie 1745 TESOROS DE $20 MILLONES9338 – Serie 1550164 – Serie 1869701 – Serie 0817289 – Serie 2039123 – Serie 071Se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo 4790 publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la lotería, donde también se publican los resultados una vez finaliza el sorteo.¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?Los billetes pueden adquirirse:De forma virtual en la página oficial.A través de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo.De manera física en puntos oficiales de Paga Todo.¿Cómo reclamar los premios?Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.Para el cobro es obligatorio presentar:El billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad.Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.Plan de premios de la Lotería de CundinamarcaEl plan de premios está encabezado por:Premio Mayor: $6.000 millones.Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).Una lotería con más de dos siglos de historiaLa historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.Con cada sorteo, esta tradicional lotería reafirma su lugar en el calendario de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que, semana tras semana, sueñan con acertar el número ganador.
El más reciente sorteo de MiLoto marcó un hecho histórico en Colombia: por primera vez el premio mayor cayó en Duitama, Boyacá, dejando a un nuevo millonario con un premio de $400 millones. El afortunado acertó los cinco números ganadores —04, 13, 15, 25 y 37— durante el sorteo No. 0486, realizado el lunes 16 de febrero de 2026.El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad de apuesta manual a un vendedor ambulante, lo que significa que el jugador eligió personalmente la combinación que lo convirtió en el primer gran ganador de MiLoto en ese departamento. Más de 9.800 ganadores en un solo sorteoAdemás del premio mayor, el sorteo dejó más de 9.800 ganadores en diferentes categorías de aciertos. De acuerdo con el balance oficial, el total de premiación superó los $483 millones, distribuidos entre quienes acertaron dos, tres y cuatro números.La dinámica del juego permite múltiples oportunidades de ganar, lo que ha impulsado su popularidad desde su lanzamiento. El nuevo acumulado quedó fijado en $120 millones, cifra que vuelve a generar expectativa entre los apostadores para el próximo sorteo.Un juego que aporta a la salud y al desarrollo socialDesde su creación en octubre de 2023, MiLoto ha entregado más de $43.951 millones en premios, con más de 2,5 millones de premios pagados en todo el territorio nacional. A la par, ha destinado más de $18.800 millones al sistema de salud colombiano, reforzando su impacto social.El crecimiento sostenido del juego refleja una participación cada vez mayor de los colombianos, quienes encuentran en este formato una alternativa accesible y de bajo costo para apostar.Cómo reclamar el premio y dónde jugarEl nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación. También puede consultar requisitos y pasos oficiales en el portal de Baloto.MiLoto está disponible tanto en línea como en miles de puntos físicos del país, incluyendo redes autorizadas y grandes superficies. Su facilidad de compra y reglas simples lo han posicionado como uno de los juegos de azar con mayor crecimiento en Colombia.Con este histórico resultado, el interés por el próximo sorteo aumenta, especialmente ahora que el acumulado vuelve a empezar en $120 millones, manteniendo viva la expectativa de nuevos ganadores en todo el país.
En el sorteo número 486 de Miloto, la modalidad de mecánica fácil de Baloto, se confirmó que un solo ciudadano logró acertar la combinación ganadora, adjudicándose el premio mayor de $400.000.000.El evento, que se transmite habitualmente bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia, reveló las balotas que hoy cambian la realidad financiera de una familia colombiana. La combinación ganadora fue: 04, 13, 15, 25 y 37.Premios y ganadores de MiLoto hoyMás allá del gran acumulado, la dinámica de Miloto permite que miles de personas obtengan dividendos en escalas menores según el número de aciertos. En esta ocasión, el total de ganadores ascendió a 9.841 personas, distribuyendo una premiación total de $483.290.450.El reporte oficial entregado por la organización detalla la distribución de los premios de la siguiente manera:5 Aciertos: 1 ganador con un premio de $400.000.000.4 Aciertos: 15 personas lograron esta cifra, recibiendo cada una un premio individual de $1.194.350.3 Aciertos: En esta categoría se registraron 758 ganadores, quienes obtuvieron un retorno de $38.400 cada uno.2 Aciertos: La categoría más concurrida contó con 9.067 ganadores, con un premio de $4.000 por persona.Contexto y mecánica de MilotoMiloto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y económica. A diferencia de otros juegos tradicionales, su selección se basa en escoger cinco números del 1 al 39. Esta estructura técnica ofrece probabilidades competitivas, lo que explica la frecuencia con la que los acumulados son entregados en distintas regiones del territorio nacional.Desde su lanzamiento, esta modalidad ha buscado captar a un público que prefiere apuestas menores con premios significativos, inyectando además recursos importantes al sistema de salud de Colombia a través de las transferencias legales por concepto de explotación de juegos de suerte y azar.Nuevo acumulado y próximos sorteosTras la caída del premio mayor este lunes, el sistema se reinicia para el próximo sorteo. La organización ha anunciado que el nuevo acumulado arranca en $120 millones de pesos, cifra que continuará incrementándose si no se reportan ganadores del premio mayor en las jornadas venideras.Los interesados en participar pueden adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la red de servicios en todo el país, así como en las plataformas digitales oficiales. La recomendación de los expertos siempre se enfoca en verificar los resultados a través de los canales institucionales para evitar fraudes y asegurar el cobro oportuno de los incentivos.
La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su esposa, informó este martes la televisión pública SVT.El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave."Considero que hablamos de proxenetismo a gran escala y que implicó una explotación desconsiderada de la demandante", declaró a la emisora pública Radio de Suecia la fiscal Ida Annerstedt.Siga a Blu Radio en Google DiscoverEl individuo, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), obtuvo una compensación económica a cambio de los servicios. Según SVT, se trata tanto de encuentros físicos como a través de internet, que se produjeron durante unos tres años y medio, y en los que puede haber hasta 120 hombres implicados.La Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo y que el juicio se celebre semanas después. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.El sexagenario se declara inocente del caso, que está bajo secreto de sumario, según SVT. El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros "Ángeles del Infierno", ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.
La Unión Europea abrió este martes una investigación contra el sitio web de Shein, sospechoso de varias infracciones, después de que se descubriera en octubre que su catálogo de ventas incluía armas y muñecas sexuales con aspecto infantil.Según la Comisión Europea, la investigación se abrió, además de por la venta de productos ilegales, por los aspectos adictivos de esa plataforma fundada en China y con sede en Singapur, y por la opacidad del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.Si la investigación confirmara esas infracciones, Shein habría violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea, lo que podría costarle sanciones que podrían alcanzar hasta el 6 % de su facturación anual.¿De qué acusan a Shein?La DSA obliga a las plataformas en línea a emprender medidas para proteger a sus usuarios de contenidos y productos ilegales y/o peligrosos. Además, las plataformas de mayor tamaño - y Shein se cuenta entre ellas - están sometidas a unas reglas más estrictas y a controles más rigurosos."En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda o en línea", subrayó la vicepresidenta de la comisión encargada de asuntos digitales, Henna Virkkunen.La DSA "protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan", sostuvo Virkkunen.Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones esa legislación europea, a la que acusa de socavar la libertad de expresión y de apuntar especialmente contra las empresas extranjeras."Compartimos el objetivo de la Comisión de conseguir un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos contribuyendo de forma constructiva a este procedimiento", declaró a la AFP un portavoz del grupo Shein."Tras los problemas identificados el año pasado, además de una mejora de nuestras herramientas de detección [de productos ilegales], hemos acelerado la puesta en marcha de medidas de protección adicionales sobre los productos prohibidos para menores de edad", agregó el vocero.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.
La ofensiva contra la banda ‘Satanás’ en lo corrido de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha dejado por ahora 43 integrantes de esta organización criminal tras las rejas, debilitando su presencia en varias localidades de la capital del país.Las autoridades han atacado desde los jefes de mando hasta los sicarios, pasando por quienes movían las finanzas y la logística. La organización, señalada de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y uso de explosivos, perdió figuras clave desde 2024, cuando fue capturado alias ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, considerado el segundo al mando. A esa caída se sumaron ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, uno de los ejecutores más temidos.En 2025 los operativos apuntaron al dinero. Cayeron alias ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, su pareja, quien manejaba las finanzas, y ‘La Pure’, vinculada a secuestros extorsivos. Cada detención fue un golpe directo a las rentas ilegales que sostenían a la banda.Este año también se registró la captura de siete miembros más, entre ellos alias ‘Bill’, señalado de coordinar amenazas, ataques armados y cobros extorsivos contra comerciantes, especialmente en Bosa y Kennedy. A esta célula se le atribuyen hechos violentos con muertos y heridos, además de un fuerte impacto en el comercio local.En los allanamientos se incautaron armas, granadas, explosivos, drogas, celulares, panfletos y motocicletas usadas en atentados. Según cálculos oficiales, estos golpes habrían afectado ingresos criminales cercanos a 200 millones de pesos mensuales.Desde la Secretaría de Seguridad insisten en que la presión seguirá. “Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, afirmó el secretario César Restrepo.
El reconocido y polémico estratega político JJ Rendón ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre la realidad electoral en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, el consultor venezolano analizó el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2026, enviando un mensaje de cautela a quienes hoy celebran los resultados de los sondeos de opinión, asegurando que el liderazgo actual en las encuestas no garantiza el triunfo final.El espejismo de los punteros y el precedente históricoRendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.Según el estratega, esta situación se repitió en los procesos de 2014 y en la elección más reciente de Gustavo Petro. Rendón advierte que aparecer ganando entre octubre y marzo no es garantía de nada, citando también el histórico enfrentamiento entre Serpa y Uribe como prueba de que las encuestas de opinión pública no siempre reflejan la voluntad del "votante duro".La brecha entre la opinión pública y el voto realUno de los puntos más técnicos de su advertencia radica en la metodología de las mediciones actuales. Para Rendón, la mayoría de las encuestas públicas miden la opinión de la ciudadanía en general y no necesariamente la intención de quienes efectivamente acudirán a las urnas."Podrías tener un candidato que está muy arriba cuando en realidad, cuando le preguntas a los votantes duros, tiene 10 puntos menos", explicó el estratega. Este fenómeno se ve agravado por una tasa de abstención que oscila entre el 25% y el 30%, lo que significa que la opinión de personas que no van a votar termina distorsionando la percepción de apoyo real de los candidatos. Además, destacó que el voto de opinión en Colombia es significativamente más alto que el voto partidizado, lo que genera un gran volumen de indecisos que pueden cambiar el rumbo de la elección en cuestión de días.El factor de la "maquinaria" estatalMás allá de la opinión ciudadana, Rendón advirtió sobre la existencia de estructuras de poder que juegan un papel crucial en el resultado final. Mencionó que, a diferencia de lo que muchos prefieren ignorar, la "maquinaria" política existe y el gobierno de Gustavo Petro cuenta con una muy robusta que incluye alcaldías, gobernaciones y representación en el Congreso. Según el consultor, estos apoyos territoriales son factores que "a la hora del té" funcionan y ayudan a inclinar la balanza, un elemento que las encuestas actuales no logran capturar en su totalidad.
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
En las últimas horas fue capturado el coronel del Ejército Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32, por orden de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la ejecución del contrato No. 012 de 2024 del Ministerio de Defensa.De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, el oficial capturado tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el manejo de la flota de helicópteros MI-17 desde el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca. El contrato investigado estaría vinculado a la adquisición de bienes para el mantenimiento de estas aeronaves, consideradas estratégicas para operaciones militares y logísticas en distintas regiones del país.Sobre la captura, el Ejército Nacional confirmó que la diligencia se realizó en coordinación con la Fiscalía y la orden judicial fue ejecutada en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde la unidad militar brindó acompañamiento a las autoridades judiciales durante el procedimiento.“La autoridad militar competente dará inicio inmediatamente a la correspondiente investigación disciplinaria de manera paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso”, señaló la institución, al tiempo que reiteró su respaldo total a las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.El Ejército también enfatizó que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que contravengan el marco jurídico y los principios institucionales, y ratificó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad en todas sus actuaciones, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la contratación asociada al mantenimiento de equipos estratégicos de las Fuerzas Militares.La investigación penal continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las actuaciones disciplinarias internas para determinar responsabilidades dentro de la institución castrense.
Conmoción y rechazo causó entre familiares y habitantes de la zona, el asesinato de una mujer identificada como Noralba Lamilla, al parecer por hombres armados cuando regresaba en motocicleta a su finca ubicada en la vereda Las Brisas del municipio de Algeciras en el Huila.Según versiones de campesinos de la región, la víctima regresaba de Neiva de realizar diligencias personales y fue atacada con arma de fuego a pocos metros de su vivienda quien falleció en el lugar de los hechos.Ante este nuevo hecho de violencia ocurrido en Algeciras, el mayor Cristian David Arciniegas, comandante operativo de Policía Huila, relató que, de acuerdo a información suministrada por familiares, la mujer fue interceptada por hombres armados a escasos 300 metros de su residencia.“Los hechos se presentaron en la vereda Las Brisas a una hora del perímetro urbano, según la información suministrada por familiares la víctima se encontraba a unos 300 metros de su residencia cuando escucharon varias detonaciones, posteriormente encontraron el cuerpo de la mujer el cual presenta heridas con arma de fuego”, dijo el oficial de Policía Huila.Entre tanto, unidades de Policía Judicial asumieron las investigaciones para la recolección de testimonios y evidencias que les permita esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de homicidio en el Huila.
La Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).La organización criminal también es conocida como Banda Criminal de Urabá, Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Urabeños, según recuerda la publicación oficial. Con esta decisión, el grupo fue incorporado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), con una actualización que amplía su clasificación y el alcance de las sanciones en su contra.De acuerdo con la OFAC, el Clan del Golfo fue designado como una organización criminal transnacional y grupo terrorista, lo que implica riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.La inclusión en la Lista Clinton conlleva el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de ese país de realizar transacciones con la organización o con personas y entidades vinculadas a ella.La decisión del Gobierno estadounidense se conoce en un momento en el que el Gobierno Nacional adelanta conversaciones de paz fuera de Colombia con el Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.El mandatario, en agosto pasado, explicó que el proceso se apoyaría en un proyecto de ley presentado por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante el Congreso de la República, el cual buscaba conceder beneficios penales a jefes de bandas criminales bajo un enfoque de justicia restaurativa.“Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico”, señaló el presidente Petro durante un evento en Tierralta, Córdoba.Otras organizaciones criminales incluidas en la Lista ClintonEn enero pasado, en cumplimiento de una de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos anunció la designación de varios carteles del narcotráfico y estructuras criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía el alcance de las sanciones financieras y judiciales en su contra.De acuerdo con un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la lista figuran organizaciones de alto poder criminal en México, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como estructuras históricas del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. También fue incluido el Cártel del Noroeste (CDN), surgido como una escisión de Los Zetas, y Cárteles Unidos, una red de células criminales con operación principalmente en el sur del país.A estas organizaciones se sumaron grupos criminales de alcance transnacional que, según Estados Unidos, representan una amenaza comparable. Entre ellos están el Tren de Aragua, banda originada en una prisión de Venezuela y con presencia en varios países de América Latina, y la Mara Salvatrucha (MS-13), pandilla que surgió en Los Ángeles en la década de 1980 y que durante años ha tenido un fuerte impacto en Centroamérica, especialmente en El Salvador.“Designo a las organizaciones antes mencionadas y a sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras”, señaló, en su momento, el jefe de la diplomacia estadounidense en el documento oficial.
Un total de 82 eventos violentos fueron reportados por los organismos de seguridad en el marco del paro armado ELN. Las acciones terroristas se concentraron en nueve departamentos del país y dejan hasta el momento un saldo de dos policías asesinados, varios heridos, vías cerradas, vehículos incinerados y múltiples artefactos explosivos instalados.De acuerdo con un reporte de las autoridades, durante la jornada se registraron 37 acciones terroristas, con afectaciones directas en Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Cesar, Santander, La Guajira, Arauca, Valle del Cauca y Tolima. Se reporta además la instalación de 21 artefactos explosivos, de los cuales 11 fueron detonados, así como la quema de dos vehículos, la afectación a un peaje, dos combates armados y 36 actos de proselitismo, principalmente mediante banderas, grafitis y cilindros alusivos al ELN ubicados en vías nacionales y zonas urbanas.Uno de los hechos más graves ocurrió en Cali, donde un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de la Policía, en el sector de la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar. En este ataque fueron asesinados los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Rober Steven Melo Londoño, lo que elevó la alerta máxima de seguridad en el Valle del Cauca.En Norte de Santander, el paro armado se manifestó con cierres viales por la presencia de cilindros y paquetes sospechosos en municipios como Pamplona, Pamplonita, Tibú y Villa del Rosario. En la vía Cúcuta–Tibú fue derribado un árbol y se instaló un aviso advirtiendo la presencia de explosivos, mientras que en Puerto Santander se reportó un ataque con ráfagas de fusil contra la estación de Policía.En Antioquia, fue incinerado un bus de la empresa Coonorte en la vía Medellín–Costa Atlántico, sector La Paulina, municipio de Valdivia. Además, se reportaron daños a la malla vial por explosivos en Salgar y un combate armado entre tropas del Ejército y estructuras del ELN en zona rural de Valdivia, sin afectación a militares.El Cauca ha sido uno de los departamentos más impactados. Allí se han registrado retenes ilegales sobre la vía Panamericana, instalación de cilindros explosivos, ataques con drones contra instalaciones policiales, que dejaron un patrullero herido, y múltiples actos de proselitismo armado en municipios como Santander de Quilichao, Cajibío, Piendamó, Patía y Caldono. En algunos corredores viales, unidades del Ejército lograron destruir de manera controlada artefactos explosivos y restablecer la movilidad.En el Cesar, las acciones incluyeron ataques con artefactos explosivos improvisados contra estaciones de Policía en Chiriguaná y Pelaya, la afectación al oleoducto Caño Limón–Coveñas en el municipio de La Gloria, y la instalación de explosivos y banderas en la Ruta del Sol. Varias de estas amenazas fueron neutralizadas por unidades militares en desarrollo del Plan Ayacucho.También se reportaron hechos de alto impacto en Santander, como la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el peaje La Lizama, el abandono de artefactos en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y una posible afectación a infraestructura de gas en jurisdicción de Barrancabermeja. En La Guajira, se registraron combates en Maicao y bloqueos con cilindros explosivos en Barrancas, mientras que en Arauca y Tolima se reportó la instalación de artefactos y banderas del ELN en vías de alto tránsito, algunos de los cuales fueron retirados de forma preventiva.Las autoridades mantienen operativos militares y policiales reforzados en las zonas afectadas, con equipos antiexplosivos desplegados y controles permanentes en corredores estratégicos. El balance, aún preliminar, da cuenta del alcance nacional del paro armado y del impacto directo sobre la movilidad, la seguridad ciudadana y la Fuerza Pública.
La Cancillería de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo presentaron la publicación del libro La Hoja que Une, una obra editorial que plantea un acercamiento académico y cultural a la hoja de coca desde perspectivas científicas, históricas y ancestrales.Durante el lanzamiento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la publicación busca abrir un diálogo pedagógico en torno a esta planta, abordándola desde el la investigación, más allá de los debates tradicionales que la rodean.El proyecto editorial está compuesto por tres tomos, un florario, un afiche y un set de postales, todos en edición bilingüe. Cada volumen desarrolla un eje temático distinto: la hoja de coca en la política exterior, su presencia en los saberes y culturas del país, y su análisis desde la ciencia y la creación artística. La obra incluye ilustraciones de artistas como Jorge Pqchinaha, Steeplen Derry y Nadège Mazars.En la elaboración del libro participaron investigadores y académicos como Wade Davis y Catalina Ceballos, quienes aportaron desde disciplinas como la antropología, la historia y los estudios culturales.La publicación llega en un momento en el que la lucha antidrogas en Colombia ha sido duramente cuestionada, especialmente por Estados Unidos. De hecho, las 253.000 hectáreas de cultivos de coca registradas en el país hicieron parte de los argumentos del gobierno de Donald Trump para incluir al presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, ante los escasos resultados evidenciados y en medio de los señalamientos sobre el fracaso de la política de Paz Total.
La Secretaría de Educación del Huila puso en evidencia una denuncia recibida por la Asociación de Maestros del departamento, en la que, al parecer, inescrupulosos estarían suplantando a funcionarios de esa dependencia del Gobierno departamental y exigiendo sumas de dinero a docentes a cambio de asegurarles nombramientos para la vigencia 2026.El tesorero de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, Jairo Losada, dijo que el presunto estafador fue descubierto en redes sociales, donde informaba sobre supuestas vinculaciones de maestros en provisionalidad.“Logramos descubrir que un sujeto, desde el sur del Huila, está creando falsas expectativas en los maestros provisionales y, ante esta situación, esta persona, a través de las redes sociales, les está diciendo a los docentes que ya tienen listos sus nombramientos y que, para seguir con el proceso, deben consignar un dinero. Según tenemos conocimiento, algunos cayeron en esta red de estafadores”, expresó Jairo Losada, directivo de la ADIH Huila.Entre tanto, el secretario de Educación, Edgar Martín Lara, hizo un llamado a los docentes para abstenerse de enviar información y dinero a estafadores, y pidió a quienes hayan sido víctimas de esta red delictiva instaurar las denuncias ante las autoridades competentes.“La Secretaría de Educación del Huila les recuerda a los docentes, directivos docentes y a la comunidad en general que nunca solicita consignaciones de dinero para procesos de selección de personal ni de contratistas, por lo cual se les pide a los afectados hacer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, en este caso ante la Fiscalía”, añade el comunicado de la Secretaría de Educación Departamental.