El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
A pocas horas de confirmarse la muerte del menor de 16 años en Gachancipá, estudiante de primer semestre de la Universidad El Bosque, identificado como Cristian Sneyder Marín, continúan conociéndose nuevos detalles del caso.Según confirmó la madre del joven a Noticias Caracol, Cristian había obtenido una beca tras lograr el mejor puntaje Icfes de su colegio, lo que le permitió ingresar a estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque.En medio del dolor, la madre aseguró que se trataría de una muerte en la que podrían estar involucradas más personas. Por su parte, la hermana del menor afirmó que su madre recibió mensajes en los que aseguraban tener a Cristian y solicitaban cerca de dos millones de pesos para devolverlo.La desaparición se registró en horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, luego de que el joven saliera de su vivienda con destino a la universidad para cumplir con su jornada habitual. Sin embargo, nunca volvió a responder los mensajes enviados por su familia.La madre relató cuál fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Mami, nos vemos”. A lo que ella respondió: “Bueno, que la Virgen te proteja”.Tras varias llamadas sin obtener respuesta, hacia las 6:00 de la tarde la madre acudió a la Policía para reportar la desaparición. Posteriormente, el equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia en la búsqueda.Una de las pistas clave fue el teléfono celular del menor, cuya ubicación permanecía activa, lo que permitió rastrear su último punto de localización. Familiares, amigos y su pareja se desplazaron hasta Gachancipá, donde figuraba el último registro del dispositivo, y allí encontraron el cuerpo sin vida del joven. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras conocerse diversas hipótesis sobre lo ocurrido, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y entregó nuevos detalles. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, indicó.Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor Cristian Sneyder Marín.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
Avanza la investigación por la muerte de Cristian Martín, el joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá tras haber salido en la madrugada rumbo a su jornada académica en Bogotá.El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, como lo hacía habitualmente, pero horas después dejó de responder su celular, aunque permanecía encendido. La geolocalización del dispositivo condujo a su familia hasta ese municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue encontrado sin vida hacia la 1:15 de la madrugada en zona montañosa.¿Cómo murió Cristian Martín?Después del hallazgo, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y reveló una hipótesis preliminar basada en los primeros reportes conocidos por la administración local.López aseguró que el reporte preliminar indica que en el cuerpo no se evidenciaron signos de violencia.“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.¿Qué pasó?Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a su jornada académica. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría en la noche, aunque no sabía si alcanzaría a ir a almorzar.Durante la mañana y la tarde no volvió a responder llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, no contestaba. Ante la preocupación, su familia revisó información en el correo del portátil del joven y logró ubicar la geolocalización del dispositivo, que marcaba el municipio de Gachancipá, a cerca de 50 minutos de Bogotá.La familia se trasladó hasta la estación de Policía del municipio y, junto con uniformados, inició la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba el celular. Hacia la 1:15 de la madrugada fue hallado sin signos vitales en área boscosa.El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según relataron sus familiares, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.Personas cercanas indicaron que era un joven tranquilo y que no tenía conflictos conocidos.Aunque el alcalde habló de un posible suicidio con base en información preliminar, el caso continúa bajo investigación para determinar oficialmente la causa de la muerte.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
La presencia pública de Carlos Ramón González en Nicaragua, pese a tener una circular roja de Interpol vigente, volvió a encender las alertas de las autoridades colombianas. El coronel Elver Alfonso, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), confirmó que González continúa siendo requerido por la justicia y que su captura depende, en este momento, de la cooperación de las autoridades del país donde se encuentra.“Es importante señalar que tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN Interpol”, explicó el oficial. Según Alfonso, mientras no exista una cooperación efectiva, no es posible materializar la orden de captura, aunque las autoridades sí han tenido conocimiento de las actividades públicas que ha desarrollado el hoy prófugo de la justicia.Las declaraciones se producen luego de que González, señalado de encabezar el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fuera visto bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua. El evento, de entrada libre y ampliamente difundido en redes sociales, contó con la participación del acordeonista Albeiro González y el grupo Camerata Bach, y llamó la atención por incluir logos de la Cancillería de Colombia en su difusión.En el mismo escenario fue visto Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, quien habría gestionado la renovación de la residencia de González. Muñoz es objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Cancillería, aunque continúa ejerciendo sus funciones diplomáticas.El coronel Alfonso reiteró que, aunque existe una orden de captura y una circular roja activa, la ejecución de esta medida requiere cooperación internacional. “Mientras no haya la cooperación en esa parte, necesitaríamos materializar esa orden de captura, pero sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia”, puntualizó.
La ola de violencia en Cali no da tregua y la situación de orden público parece agravarse en medio del paro armado ordenado por el ELN. En la madrugada de este lunes se registraron dos explosiones en el suroccidente de la ciudad que dejaron como saldo la muerte de dos integrantes de la Policía Nacional.De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron sobre las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos. El atentado se registró puntualmente en la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, una de las vías más transitadas del sur de la capital vallecaucana.Según las primeras versiones, un artefacto explosivo fue activado justo cuando una patrulla de la Policía pasaba por el lugar. La explosión impactó directamente al vehículo oficial, dejando gravemente heridos a los dos uniformados que se movilizaban en él. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.El ataque elevó la alerta entre las autoridades y la ciudadanía, en un contexto marcado por el temor y la incertidumbre que ha generado el paro armado en varias regiones del país.Identidades de los policías muertos en el atentado en CaliTras las dos detonaciones, una de ellas alcanzó de lleno la patrulla policial. Los uniformados que iban a bordo fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego remitidos a un hospital, donde se confirmó su deceso.Las víctimas fueron identificadas como:Subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, quien llevaba 15 años de servicio en la Policía Nacional.Subintendente Róber Stiven Melo Londoño, de 33 años, con una trayectoria de 12 años en la institución.Ambos uniformados cumplían labores de patrullaje al momento del ataque.Asimismo, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano emitió un sentido mensaje tras el fallecimiento de los dos subtenientes: "Con profundo dolor, indignación y total rechazo, lamentamos el vil asesinato de dos de nuestros policías, quienes fueron atacados cobardemente con un artefacto explosivo mientras cumplían su deber al servicio de la ciudadanía en el suroriente de Cali", escribió en su cuenta de X.El oficial agregó que acompañan a los familiares y seres queridos de los uniformados con respeto, solidaridad y un sincero sentimiento de condolencia.Autoridades señalan al ELN como responsable del atentadoDe manera preliminar, las autoridades atribuyen el atentado a la guerrilla del ELN, organización que anunció un paro armado y que ha sido señalada de ejecutar acciones violentas en distintos puntos del país durante las últimas horas.Aunque la investigación sigue en curso, este ataque incrementa la preocupación por la seguridad en Cali y refuerza las alertas ante posibles nuevos hechos violentos. Las autoridades anunciaron el refuerzo de operativos y presencia policial en la ciudad, mientras avanzan las labores de inteligencia para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el paro armado de tres días ordenado por la guerrilla del ELN, al tiempo que expresó su "firme apoyo" al Gobierno y a la Fuerza Pública."Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano", dijo la Embajada en su cuenta de X.El paro armado del ELN, que comenzó el domingo supuestamente en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, sumó más de 50 acciones de intimidación en varias regiones del país, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez."Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico", aseveró la embajada estadounidense en Colombia.Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población, imponer el cierre de comercios y lanzar amenazas contra quienes incumplan sus órdenes.En ese contexto, la Embajada aseguró: "Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos".Entre los hechos más graves de este paro armado del ELN figura un atentado con una motocicleta bomba ocurrido en la madrugada de este lunes contra un peaje de La Lizama, en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), que dejó herida a una trabajadora del lugar, así como el asesinato de un conductor de ambulancia en el municipio de Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.El ELN anunció el viernes pasado su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, en rechazo a lo que calificó como "la nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.
El Ministerio de Transporte informó este lunes, 15 de diciembre, que una publicación del Invias en su cuenta en X fue retirada porque empleó de manera indebida un comunicado de la guerrilla del ELN.El mensaje eliminado recomendaba a los viajeros abstenerse de viajar a zonas afectadas por el paro armado usando para eso el comunicado que fue divulgado por ese grupo ilegal el pasado 12 de diciembre.“Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento, y por seguridad, evitar viajes innecesarios, durante los próximos días. Manténgase informado sólo en los canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, indicaba el mensaje de Invias en X.El Gobierno nacional descalificó ese mensaje y aclaró que en ninguna cuenta oficial del Estado se puede hacer apología a grupos al margen de la ley. Precisó que el Invias es una institución que debe divulgar información técnica y de servicio para los usuarios según el marco legal y conforme a la Constitución.“Una vez detectada la publicación, el contenido fue retirado de manera inmediata, y de forma paralela se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información”, garantizando que toda información provenga de fuentes oficiales.En adelante, se fortalecerán los controles a la información que se divulga a través de canales de alcance nacional para evitar que se presenten errores.El ELN decretó un paro armado de 72 horas en todo el país y de momento afecta seis departamentos del país dejando un saldo de una persona muerta, otra herida y cuantiosos daños materiales producto de incendio de camión, un bus intermunicipal, destrucción de un peaje ya la instalación de artefactos explosivos en diferentes vías nacionales.
El exprecandidato Miguel Uribe Londoño reiteró en la necesidad de adelantar una auditoría de la encuesta interna que adelantó el Centro Democrático y a través de la cual se eligió a Paloma Valencia como candidata oficial del partido para la contienda de 2026.Según Uribe Londoño, “es urgente pedir auditoría y publicación de resultados”, alegando que el problema nunca fue “la encuesta, fue la verdad”.Y es que si bien él fue parte del grupo de precandidatos de esa colectividad, en reemplazo de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá, salió de la contienda en medio de discusiones con los demás participantes.El pasado 2 de diciembre renunció incluso a su militancia el Centro Democrático luego de que el partido lo retirara porque supuestamente habría ofrecido su apoyo a Abelardo de La Espriella, también precandidato. En ese momento, también había diferencias internas por el método para escoger el candidato final.“Eso también tiene que quedar claro, pues vuelvo y repito, si he ganado todas las encuestas desde que empecé, desde antes de entrar en la primera encuesta ya estaba yo adelante, pues no pensaba yo hacer esto en el partido por el cual Miguel murió. Miguel Murió haciendo política por el Centro Democrático y por Álvaro Uribe Vélez”, dijo en ese momento.Por otra parte, es lunes también la senadora María Fernanda Cabal, en medio de la felicitación a Paloma Valencia, pidió la publicación de los datos.“Entonces, cómo fue esta mañana el anuncio, la idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender y como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres, en pos de este país”, dijo Cabal.El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la elección de Valencia como candidata del Centro Democrático y aseguró que ese partido ganará las elecciones.“Vamos a ganar, la victoria es el fruto de la entrega. Y aquí tenemos con quién ganar, con una mujer intachable. Vamos a luchar todos para proteger a Paloma, para acompañarla, para que Paloma nos conduzca a la victoria, para que Paloma lidere una gran coalición del pueblo colombiano, para que la democracia gane y Colombia no siga el camino del castrochavismo”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, el cual se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre.En el documento, el gremio empresarial calificó como inaceptables las afectaciones a la actividad productiva del país, la movilidad de la población y las amenazas contra la vida de los colombianos realizadas por el grupo armado.Asimismo, la Andi hizo un llamado al Gobierno nacional para restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio.“El Gobierno no puede renunciar a la obligación que le otorga la Constitución y tiene el deber de garantizar a la población que ejerce la autoridad con plena cabalidad”, señaló el gremio.El comunicado advierte que, durante el desarrollo del paro armado, el transporte en el país se ha visto afectado en casi un 100 %, generando graves consecuencias tanto para el transporte de pasajeros como de carga, así como para la movilidad laboral de miles de ciudadanos.La Andi afirmó que este tipo de actos vandálicos son intolerables y no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia, al tiempo que recordó que estas agresiones vulneran los derechos de millones de colombianos y representan una seria amenaza para el bienestar general.“Estamos en un momento crítico en el que es necesario atender las demandas sociales sin que ello implique la interrupción de actividades ni la imposición de restricciones mediante la violencia”, concluyó el gremio.