Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda y una de las organizaciones que se ha "puesto las botas" para ayudar a los daminificados por lluvias en Córdoba, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta emergencia y la gravedad de la situación.“Cuando ya tú te pones las botas y empiezas a caminar los municipios, los corregimientos, te das cuenta de la magnitud de los damnificados y de la magnitud de las inundaciones. La gente está todavía con el agua, ya no al cuello, ya la tienen a la rodilla, pero siguen teniendo el problema de la inundación”, indicó Barguil, quien hizo un llamado a la constancia en la ayuda. porque ya es cuando viene el mosquito, las enfermedades, los parásitos. Lo que yo no quiero es que nos echen al olvido. Por eso pedí ayuda a todos”, aseveró Barguil. Sobre su compromiso con la región, Barguil dijo que seguirán firmes ayudando al departamento, no solo a ciudadanos en Montería, sino incluso a los sitios donde ha sido difícil el acceso. "Seguiremos aquí con la camiseta y ahora con las botas puestas para poder seguir llegando a los más necesitados”, enfatizó.La Fundación A la Rueda Rueda se encuentra desplegando brigadas en corregimientos como Murindó, Palo de Agua y Pelayo, este último en compañía de la Cruz Roja para brindar actividades lúdicas a los niños afectados. Las ayudas recolectadas se están entregando directamente en albergues y puntos críticos censados por la organizaciónPara quienes deseen colaborar desde otras ciudades, se ha dispuesto un centro de acopio en Bogotá de la Fundación A la Rueda Rueda ubicado en la carrera 11a # 96-51, donde se reciben donaciones que son transportadas en camiones hacia la región Caribe. Escuche la entrevista:
De cara a las elecciones del 8 de marzo, la izquierda sigue dividida tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera al candidato Iván Cepeda. El precandidato Roy Barreras siguió adelante con su consulta del Frente por la Vida en la que participa con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.Esto generó molestia al interior del sector que apoya a Cepeda e incluso en el mismo candidato. Este miércoles se conoció una circular interna en la que el Pacto Histórico le pide a sus militantes no votar las consultas y advierte también sanciones a quienes decidan hacerlo; frente a esto respondió en un video Barreras, asegurando que es una petición que responde al miedo.“Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos”, dijo.También se refirió a las amenazas sobre sanciones: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos. Estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego de unir a Colombia”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro pidió una reunión entre el Gobierno y el sector bancario para buscar acuerdos alrededor de la inversión forzosa, una de las medidas que su administración ha defendido en medio de la emergencia por las inundaciones que ha dejado el frente frío en varias regiones del país. El mandatario insiste en que los bancos deben destinar un porcentaje de los recursos que captan (como depósitos y ahorros) a instrumentos específicos definidos por el Ejecutivo para atender, entre otros temas, la emergencia climática.A través de su cuenta de X, el jefe de Estado defendió esta figura y aseguró que las inversiones forzosas existen en Colombia desde 1960 y continúan vigentes. “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”, escribió.Las declaraciones del presidente se dieron en medio de las protestas de más de 200 líderes sindicales del sector cañero y de palma africana, quienes se tomaron la entrada del Ministerio de Minas y Energía para exigir garantías para la producción nacional de etanol y biodiésel. Frente a la situación, Petro responsabilizó al sector bancario. “Si hay una sobreproducción de etanol, es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada al grupo azucarero y un uso ineficiente de la tierra”, afirmó.Por ahora, Asobancaria asegura que no ha sido citada formalmente a dicho encuentro. Sin embargo, el gremio ha reiterado su postura frente a la inversión forzosa, advirtiendo que este tipo de medidas podría poner en vilo los ahorros de los colombianos.
El candidato a la presidencia David Luna interpuso ante la Fiscalía una solicitud formal para que se abra indagación preliminar y se investigue el caso de Kevin Acosta, el menor de siete años que murió esperando una medicina para la hemofilia.Luna asegura en el documento que se debe determinar si en este caso sí pudo haber cometido algún delito y, de ser así, pide que se identifique a los responsables.“Nuestra intención no es la de realizar señalamientos directos o concluyentes, sino la de poner en conocimiento de la autoridad competente una serie de hechos de público conocimiento que, por su gravedad, amerita. Una investigación exhaustiva y diligente”, dice Luna en el documento.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha generado una polémica al referirse al tema, pues ha dicho que la familia debió haber tomado medidas de prevención y una de ellas era no permitirle montar en la bicicleta.El mandatario también ha ordenado una investigación para poder esclarecer los hechos.El candidato Luna, al referirse a su solicitud a la Fiscalía, dijo: “He pedido que se determinen posibles responsabilidades penales por la cadena de errores y omisiones que terminó en su muerte, y que se evalúe la actuación del Ministerio de Salud y de la Nueva EPS en el marco de sus funciones.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Seis exministros de Hacienda rechazaron este miércoles el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar la emergencia económica para enfrentar la intensa temporada de lluvias que afecta a varias regiones del país.A través de una carta abierta a la opinión pública, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry, y Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestaron que esas inversiones forzosas: ”No son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia y advierten que van a encarecer las tasas de interés, que reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.Aclaran que su pronunciamiento se basa en su experiencia, alejados de posturas partidistas. Los exministros le recuerdan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, “y no la premura de una emergencia”.Citan además la experiencia internacional y concluyen que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas de inversiones forzosas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.“Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”. Menciona la carta los casos de Bolivia y Venezuela que han creado nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. “Referentes que difícilmente debería seguir Colombia”.“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento”, señalan en la comunicación los exministros.“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluyen.
La definición de fondo sobre la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional vuelve a aplazarse. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Mañanas Blu con Néstor Morales, durante la emisión de este martes, al explicar que el magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el análisis del expediente.Según se conoció, el impedimento —que será estudiado por los demás integrantes de la Sala Plena— tendría altas probabilidades de ser aceptado. De confirmarse esa decisión, la Corte deberá designar un nuevo magistrado ponente, lo que implica reiniciar parte del estudio jurídico de la reforma pensional y, en consecuencia, prolongar los tiempos de una decisión que el Gobierno espera desde hace meses.Impedimento del ponente retrasa el trámiteDurante la conversación, se recordó que el magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días presidía la Corte, había radicado formalmente su solicitud de impedimento luego de una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública, el magistrado se refirió al trámite de la ley pensional y habló de un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos por un eventual prejuzgamiento.De acuerdo con Ospina, si la Sala Plena acepta el impedimento, el expediente cambiará de manos. Conforme a las reglas internas del alto tribunal, la nueva presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia. Ese paso obligaría a presentar nuevamente el proyecto de decisión ante los demás magistrados.Posible impacto en los tiempos de decisiónLos panelistas advirtieron que este cambio podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio. La razón es que la nueva ponencia deberá construirse desde cero en términos formales, revisando el expediente completo, que gira en torno a la legalidad del trámite legislativo de la reforma y a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes.También se mencionó que la situación podría tener efectos en la figura del conjuez designado previamente, pues la recomposición de mayorías y quórum en la Sala dependerá de cómo se configure la votación tras la aceptación del impedimento.Reforma pensional: incertidumbre jurídicaEl análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para la agenda social del Gobierno.Tal como se explicó en el Mañanas Blu, el aplazamiento no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, sino una reconfiguración del proceso interno del tribunal. Sin embargo, en la práctica, significa más tiempo de incertidumbre jurídica mientras la Corte retoma el estudio bajo una nueva ponencia.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que “de acuerdo con la información suministrada por la cúpula, no hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el curso de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.Estas declaraciones se dan luego de una reunión entre la cúpula militar y policial y la senadora, convocada tras las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad por parte de la congresista del Pacto Histórico. Allí se revisó la información disponible y se contrastó con los reportes de los mandos activos.Según dicha revelación, al menos ocho uniformados —cinco activos y el resto retirados— dieron fe de presuntas injerencias de Zuleta para evitar operativos de las Fuerzas Militares que involucraban principalmente a mineros. Asesores de la congresista se habrían comunicado con uniformados para cuestionar su accionar, justificándose en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de Calarcá y bandas locales.Sin embargo, las declaraciones del ministro se contradicen con lo dicho este lunes por el general Juan Carlos Correa, quien aseguró que estaban revisando en qué operaciones habría intervenido la senadora.
El mundo laboral está cerca de enfrentar cambios relevantes en materia de derechos de los trabajadores. En España, una reciente decisión del Tribunal Supremo abrió la puerta a reconocer pausas y afectaciones cotidianas que podrían incidir directamente en la jornada laboral de millones de personas.El alto tribunal resolvió varios puntos que modificarían el panorama laboral en ese país y que hoy generan debate en otras regiones del mundo. En concreto, el fallo establece lo siguiente:Si un empleado llega hasta 15 minutos tarde por causas razonables, como un trancón o una demora en el transporte, no podrá ser sancionado ni sufrir descuentos.Si el trabajador se toma un breve descanso de hasta 10 minutos para tomarse un café antes de iniciar la jornada laboral, ese tiempo no podrá ser descontado.Se permitirían hasta 20 minutos diarios para desayunar, sin que esto genere afectaciones salariales.Esta decisión ha abierto interrogantes sobre si medidas similares podrían aplicarse en otros países, especialmente en Colombia, donde la normativa laboral tiene un enfoque distinto.Llegadas tarde al trabajo en Colombia: qué permite la leyPara entender cómo se manejan estas situaciones en el país, Blu Radio habló con Camilo Cuervo, socio del bufete de abogados Holland & Knight, quien explicó cómo se aplican estas conductas en Colombia frente a lo que hoy discute España.De acuerdo con el abogado, en Colombia la llegada tarde no se considera automáticamente una falta disciplinaria siempre que esté debidamente justificada. Sin embargo, sí existe una diferencia clave frente al modelo europeo: el empleador puede descontar el tiempo no laborado. "El empleador no tiene la obligación de pagar ese tiempo, ya que la tardanza no es culpa suya", comentó Cuervo.En cuanto a pausas voluntarias durante la jornada, como tomarse un café, el escenario cambia. Si el trabajador decide hacerlo de manera deliberada, podría incurrir en una falta por incumplimiento del horario laboral. "Sin embargo, esto depende de muchos factores y circunstancias, especialmente del tipo de jornada que tenga el trabajador", afirmó el experto.Eso sí, justificar una llegada tarde no impide que existan sanciones. Las empresas pueden aplicar medidas disciplinarias cuando los retrasos se vuelven frecuentes.En la práctica, las consecuencias suelen escalar de la siguiente manera:Retrasos ocasionales de 10 o 15 minutos: llamado de atención.Conductas reiteradas: posibles sanciones disciplinarias.Persistencia en la conducta: eventual terminación del contrato.En todos los casos, el trabajador tiene derecho al debido proceso, tal como lo establece la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral.¿Qué pasa con el llamado ‘break’ en las empresas?En Colombia, las empresas no están obligadas a otorgar el llamado ‘break’ para café o desayuno. No obstante, sí deben cumplir con la implementación de pausas activas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.Estas pausas incluyen acciones como:Estiramientos.Caminatas cortas.Ejercicios de movilidad.
Ha señalado la Iglesia Católica, en cabeza de monseñor Héctor Fabio Henao, representante de las relaciones entre el Estado e Iglesia, que es de vital importancia que se acoja ese mensaje de Navidad, del respeto a los demás, pero también de la vida de los colombianos y de sus libertades; ha señalado y le ha pedido a los grupos armados que se sinceren con este anhelo que en algún momento han señalado con respecto a la paz.“El mensaje de la Navidad es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, así lo anunciaron los ángeles, y así debe resonar en nuestro país, invitando a todos los grupos a avanzar de manera sincera en la búsqueda de la paz, a fortalecer los mecanismos para que se cumplan todas las normas humanitarias, se respete la vida, la movilidad, se respete la existencia plena de cada ser humano”, dijo Henao.El representante de la Iglesia mencionó que se están adelantando algunos esfuerzos internos, aprovechando las experiencias previas, para evitar más hechos violentos.“La Navidad es una época especial para que encuentren libertad quienes están retenidos, y para que quienes sufren por las consecuencias del miedo puedan sentir alivio y sentir que se transforman las realidades que antes les amenazaban. Navidad, pues, es un tiempo para vivir los principios humanitarios, para hacer posible la realización comunitaria, y para que se puedan realizar las profundas aspiraciones de paz del pueblo colombiano”, reiteró Henao.
La Agencia Nacional de Tierras ha logrado una renegociación sustancial de los contratos de arrendamiento de territorios catalogados como baldíos en las Islas del Rosario, revelando que empresas hoteleras pagaban precios "irrisorios" por la explotación comercial de estos bienes de la Nación. Se trata de una realidad concreta de cánones de $500.000 a $1 millón que se mantuvieron durante más de 15 o 20 años.Por ello, el director de la ANT, Felipe Harman, habló sobre la renegociación de los contratos y aseguró que eso ha logrado ingresos significativos para el Estado, ocasionando un aumento drástico en el recaudo, con muchos empresarios accediendo a pagar los nuevos precios."Antes se cobraba el arriendo casi que por avalúo catastral y eso significaba que los precios eran sumamente bajos. La nueva valoración se basa en la capacidad de explotación económica del bien", indicó Harman.Desalojos y vigilancia ambientalEl proceso de renegociación se enfocó en quienes tenían la tenencia y habían pagado cumplidamente, asegurándoles la permanencia por el nuevo periodo contractual si formalizaban las nuevas condiciones. Sin embargo, la ANT está llevando a cabo diligencias de desalojo (aprehensión) contra islas que son explotadas comercialmente, cobran pasadías de hasta $800.000 y no han pagado arriendo desde 2008 o 2010 ni han formalizado su situación jurídica. "El año pasado tuvimos que desalojar una isla, pero es una isla que aparecía el nombre de uno de los proxenetas israelitas, capturado en Medellín por tráfico de menores", relató. En cuanto a la vigilancia y las restricciones, los arrendatarios están obligados a cumplir con un manual de conservación ambiental, debido a que las islas son áreas protegidas con ecosistemas de manglar y coral. "A los arrendatarios se les exige ese manual de de conservación ambiental que hemos construido, una guía derivada de ella.Hay un equipo de la ANT, compuesto por un par de biólogos marinos, que hacen también esa tarea de informes regulares y permanentes sobre la ocupación de las islas", manifestó. Escuche la entrevista aquí:
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
El Ministerio de la Salud envió al Huila el primer lote de 4.800 vacunas contra el dengue y serán aplicadas de manera gratuita inicialmente a menores de edad y estudiantes de cuarto de primaria de las instituciones educativas de Neiva y de los municipios de Palermo y Rivera.El secretario de Salud del departamento, el médico César Germán Roa Trujillo, dijo que la vacuna denominada Qdenga, fue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, aprobada para combatir el dengue, siendo altamente efectiva en el control y erradicación de la enfermedad.“Por primera vez vamos a vacunar en el Huila contra el dengue. Este biológico ha sido adquirido por el Gobierno nacional para reducir la mortalidad y la ocurrencia de casos entre la población. Aquí en el Huila vamos a iniciar con tres municipios que hacen parte del plan piloto, Neiva, Palermo y Rivera y serán los menores de edad, población de cuarto año de primaria con quienes se empezará el proceso de vacunación en enero”, explicó el funcionarioAgregó el médico César Roa que la aprobación de la vacuna contra el dengue, tan pronto llegó a Colombia, contó con el apoyo de la Universidad de Antioquia.“Qdenga es la única vacuna para el dengue y ya la tenemos en nuestra región, nos llegaron en este primer lote 4.800 biológicos y lo que buscamos es controlar brotes y reducir el impacto de la enfermedad en la salud de las personas”.Para poner en contexto, en el año 2024 se registraron 20.700 casos con 19 personas fallecidas en el Huila, mientras que para la vigencia del 2025 van 3.500 casos con cinco decesos confirmados por dengue.