La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, encendió las alertas frente a lo que calificó como una “narrativa” que podría poner en entredicho la legitimidad de los resultados electorales en Colombia. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la vocera del organismo independiente aseguró que, a dos semanas de los comicios, no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos, aunque sí persisten amenazas tradicionales como la compra de votos y dificultades logísticas derivadas de emergencias climáticas.La preocupación surge tras los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido públicamente sobre posibles vulnerabilidades en el software de transmisión de resultados y ha insistido en que no deben quedar espacios en blanco en los formularios E14.No hay riesgo de fraude en la transmisión de datosBarrios fue enfática al descartar un fraude estructural en el proceso electoral.“No, Néstor, ese riesgo de fraude no existe. Pueden haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, afirmó.La directora explicó que la Registraduría Nacional ha venido realizando simulacros técnicos y reuniones preparatorias que ofrecen “muchísima tranquilidad” sobre la entrega de resultados. En ese sentido, subrayó que la Presidencia de la República no tiene injerencia en la organización electoral.“La Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”, puntualizó.Las palabras clave —fraude electoral, resultados electorales, Registraduría, MOE y elecciones en Colombia— han cobrado relevancia en el debate público, especialmente tras los mensajes difundidos en redes sociales por distintos sectores políticos.El antecedente de 2022 y los formularios E14Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al diligenciamiento de los formularios E14, donde los jurados consignan los votos obtenidos por cada candidato. Petro ha sugerido que no deben dejarse espacios en blanco, una postura que, según la MOE, podría generar más problemas que soluciones.Barrios recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando en redes sociales circuló la idea de marcar con rayas, asteriscos o tachones los espacios sin votación, bajo la premisa de evitar manipulaciones posteriores.“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió.La razón es técnica. Los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos. La presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó.Según Barrios, la llamada “creatividad” promovida en redes sociales provocó retrasos en los escrutinios y complicó la verificación que realizan tanto partidos políticos como la propia MOE.“No nos pongamos de creativos, porque a veces por hacer más terminamos en un estropicio”, subrayó.Garantías del sistema electoral colombianoLa directora insistió en que el sistema tiene mecanismos de control cruzado. Si en el E14 aparecen más votos de los que físicamente hay en la urna, se activa un reconteo. Además, los partidos toman fotografías de las actas y la MOE realiza comparaciones estadísticas con base en muestras representativas.“Aquí no hay una confianza ciega hacia nadie. Debe haber confianza en las garantías de cada punto del proceso”, sostuvo.Barrios también señaló que la narrativa de fraude, que hace cuatro años provenía de distintos sectores políticos, hoy adquiere una dimensión distinta al ser planteada desde la Presidencia.“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó.En Colombia, históricamente las alertas electorales han estado relacionadas con compra de votos, financiación irregular de campañas o corrupción regional, pero no con fallas estructurales en la transmisión de resultados.Pruebas técnicas y combate a la desinformaciónLa MOE acompañará nuevas pruebas técnicas, incluso de los lapiceros que se usarán en las mesas de votación, como respuesta a cadenas virales que sugieren la posibilidad de borrar marcas en los tarjetones.“Nos vamos a ir con un secador, con un encendedor y con algodón mojado para hacer pruebas. Ese tipo de narrativas hay que enfrentarlas desde la evidencia”, explicó.La organización busca así desmontar versiones que circulan por WhatsApp y redes sociales, las cuales —según Barrios— pueden generar desconfianza injustificada en el proceso.El llamado a la responsabilidad institucionalDe cara a las elecciones legislativas y presidenciales, la MOE reiteró la importancia de que los jurados de votación asistan a las capacitaciones y sigan estrictamente las instrucciones oficiales.“El papel de los jurados es absolutamente clave. La garantía para un trabajo limpio, seguro y transparente es seguir estrictamente las instrucciones de la Registraduría”, enfatizó.Finalmente, Barrios expresó su expectativa de que, mediante pedagogía y claridad institucional, se preserve la legitimidad democrática.“Esperamos que explicando muy bien cómo funciona el proceso electoral tengamos el reconocimiento y la legitimidad de los resultados”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro trasladó su pulso político a la organización de las elecciones, al convertir el sistema electoral y los formularios E-14 en el eje de una nueva confrontación pública con la Registraduría Nacional, a menos de dos semanas de los comicios del 8 de marzo.El jefe de Estado llegó a esta nueva disputa después de una jornada de manifestaciones que no logró la masividad esperada por el Gobierno en varias ciudades del país y que, en el caso de Bogotá, dejó una Plaza de Bolívar lejos del “llenazo” que el oficialismo había proyectado. Ese aumento, del 23,7%, dejó fijado el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, según el decreto ya expedido por el Gobierno, lo que restó tensión a la protesta, pues la principal reivindicación –mantener el ajuste– ya estaba asegurada para los trabajadores que dependen de esa remuneración y para los sectores atentos al impacto en bienes y servicios. En esa tribuna, el presidente aprovechó para cambiar el eje del discurso: del salario mínimo pasó a una diatriba contra el resultado de las elecciones, la organización electoral y lo que describió como riesgo de fraude, abriendo un nuevo frente de choque institucional con el registrador nacional, Hernán Penagos.Desde la Plaza de Bolívar y luego en una intensa cadena de mensajes en la red X, con cerca de 30 publicaciones tras bajarse de la tarima, Petro empezó a “permear la idea de un presunto fraude” en las elecciones del 8 de marzo, apuntando sus críticas a la forma de diligenciar los formularios E-14, al software de preconteo y escrutinio y a las empresas privadas contratadas para esos procesos. “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen”, escribió el mandatario, al insistir en que la combinación entre el manejo de bases de datos de colombianos y el cómputo electoral configura, en sus palabras, un “100% de riesgo de fraude”.En su discurso en la plaza, el presidente aseguró ante los asistentes: “Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes de frente”. Petro recordó además el caso del movimiento Mira, al afirmar que “ya la firma Thomas Gregg hizo un fraude contra un movimiento político que se llama Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude”, y sostuvo que en las pasadas elecciones legislativas su sector perdió 700.000 votos que solo se habrían salvado por la presencia de testigos electorales.Los cuestionamientos del mandatario se concentraron en el diligenciamiento del formulario E-14, el acta general de escrutinio que tiene tres copias: una para los claveros, otra para los delegados de la Registraduría que la publican en la página web y una tercera para el área de transmisión que alimenta el preconteo. Petro rechazó la instrucción del registrador, que pidió a los jurados dejar en blanco las casillas donde no se registren votos, y defendió que esos espacios se marquen para, según él, cerrar la puerta a manipulaciones posteriores. “Ya vivimos fraude poniendo formularios con guion, ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”, afirmó el presidente, quien pidió convocar la Comisión de Garantías y llamó a los partidos a formar al menos 123.000 testigos “bien preparados” para impugnar en mesa y fotografiar los formularios.La respuesta institucional llegó desde la cumbre de gobernadores, donde Hernán Penagos defendió la autonomía de la Registraduría frente a las presiones del Ejecutivo. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, dijo el registrador, quien advirtió sobre “actitudes de asedio” y subrayó que “nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.Penagos explicó, además, que la instrucción de no llenar con equis o tachones las casillas sin votos obedece a dificultades técnicas detectadas en procesos anteriores, cuando la sobrecarga de marcas en los E-14 generó problemas de digitalización, transmisión y escrutinio. El funcionario recordó la presencia de misiones de observación internacional, en particular de la Unión Europea, y reiteró que el órgano electoral está implementando el calendario, definiendo instrucciones y adelantando simulacros para garantizar la integridad del proceso.Mientras tanto, Petro insistió en que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, al tiempo que mantuvo sus críticas al uso de software privado en el cómputo de votos y al papel de compañías como Thomas Greg & Sons en el manejo de datos sensibles y procesos electorales. Con el salario mínimo ya definido en decreto y una movilización menos multitudinaria de lo esperado, el centro de la confrontación política del Gobierno se desplazó así al corazón del sistema electoral, que ahora se configura como su nuevo frente de batalla.
Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
La posibilidad de que la inteligencia artificial alcance un nivel de razonamiento comparable al humano ya no se plantea como una hipótesis lejana. El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, aseguró que ese punto podría alcanzarse en un plazo estimado de entre cinco y ocho años.La declaración fue realizada durante su intervención en la Cumbre de Impacto de IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, un evento que reunió a líderes políticos y representantes de la industria tecnológica para debatir el futuro de esta tecnología.¿Cuándo podría la IA razonar como un ser humano?Según Hassabis, el desarrollo de la llamada inteligencia artificial general —un sistema capaz de comprender, aprender y aplicar conocimientos en distintos contextos como lo hace una persona— podría concretarse dentro de un rango de cinco a ocho años.El directivo explicó que el ritmo de evolución de los sistemas actuales ha sido acelerado y que los avances recientes permiten proyectar una etapa en la que las máquinas no solo procesen información, sino que también puedan razonar de manera similar a la mente humana.Actualmente, indicó, los modelos más avanzados funcionan como grandes repositorios de conocimiento capaces de responder con rapidez, pero todavía no alcanzan un nivel de creatividad científica comparable al humano.¿Qué es el “Test de Einstein” propuesto por Google DeepMind?Para medir ese salto cualitativo, Hassabis propuso un nuevo estándar de evaluación denominado “Test de Einstein”. La idea consiste en entrenar un sistema de inteligencia artificial con toda la información disponible de la humanidad, pero limitando los datos hasta el año 1911.A partir de esa base, el reto sería comprobar si el algoritmo puede, por sí mismo, formular la teoría de la relatividad general, desarrollada por Albert Einstein en 1915.El planteamiento busca ir más allá de la simple reproducción de conocimientos existentes. El objetivo es determinar si una máquina puede generar hipótesis originales de gran impacto científico sin haber sido entrenada directamente con esa información específica.¿Qué limitaciones tienen los modelos de IA actuales?De acuerdo con el responsable de Google DeepMind, las herramientas de lenguaje masivo actuales operan como expertos enciclopédicos altamente eficientes. Sin embargo, todavía dependen de patrones ya contenidos en los datos con los que fueron entrenados.En ese sentido, no estarían diseñadas para producir descubrimientos completamente novedosos, sino para reorganizar y sintetizar información previamente existente.La transición hacia sistemas con mayor autonomía intelectual requeriría integrar capacidades de planificación avanzada —como las vistas en desarrollos estratégicos tipo AlphaGo— con el poder de procesamiento de los modelos fundacionales contemporáneos.Hassabis señaló que plataformas como Gemini formarían parte esencial de esa evolución, que funcionarían como una representación estructurada del mundo, sobre la cual podrían ejecutarse procesos de aprendizaje más sofisticados.El objetivo final sería que la inteligencia artificial deje de limitarse a responder consultas y pueda convertirse en una herramienta capaz de impulsar descubrimientos científicos.
Diez años después, Shakira volvió a grabar en Barranquilla un video musical, luego de hacerlo en 2016 con Carlos Vives para la canción La bicicleta. La sorpresa la dio a sus seguidores en la noche de este miércoles en el sector del barrio Abajo, donde un área a la redonda de al menos seis calles fue clausurado al paso por un dispositivo de seguridad que buscaba permitir la ubicación de las cámaras, las luces y el personal para la grabación del videoclip que está bajo la dirección de Jaime de la Iguana y la producción de Keityn.En realidad, se trataba de la segunda jornada de grabación, pues la noche anterior, Shakira logró un despliegue de su equipo de producción, en el sector del Malecón, empleando locaciones como el Pabellón de Cristal y el Puerta de Oro, sin ser notada por sus seguidores.Pero esto fue inevitable este miércoles al ubicarse en el conocido museo a cielo abierto, en pleno corazón del barrio Abajo, donde hay varios murales alusivos a la cultura barranquillera. Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Char a saludarla y agradecerle por su visita."Me encanta saludarte, ¿cómo has visto a tu Barranquilla?", le preguntó el mandatario. A lo que la artista respondió "Divina... lo que has hecho es uff". Para el rodaje del video llamó la atención que fue empleado un bus que tenía un letrero que decía Barranquilla en la zona frontal. Este era arrastrado por una grúa, mientras Shakira estaba al volante, junto a Beéle, recorriendo la zona del museo a cielo abierto. Además, fueron invitados los miembros de conocidos grupos folclóricos de la ciudad, así como miembros de las marimondas del Barrio Abajo, del Rumbón Normalista, el Congo Grande, entre otros, quienes tenían a cargo un momento de baile. Esto motivó a muchos a especular que juntos podrían estar haciendo una nueva versión del tema Te Olvidé, pero en realidad se trataría de un tema musical inédito. Ahora, sus seguidores cuestionan si el video que Beéle publicó con Shakira en el que la llamó “Coletica” sería una pista del contenido de la nueva letra. "Estoy aquí con mi coletica. Se está poniendo brilli mi coletica. Va a salir a bembear conmigo, mira allá va, allá viene", dice Beéle, mientras Shakira ríe. Coletica, una palabra que se relaciona con un asunto de identidad cultural para hacer referencia al estilo de vida en los barrios populares, es una expresión que el artista ha popularizado en los últimos meses, para lo que incluso utiliza en sus gorras letreros como "La coletera los hará libres". La grabación se extendió hasta las 5 de la mañana, luego de que la artista aterrizara en el sitio hacia las 10:50 de la mañana. Esta sería la última jornada, para lo que Shakira se prepara para descansar, junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes están junto con ella y sus padres.
La muerte del actor James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la serie 'Dawson’s Creek', a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa avanzada, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de conocer los síntomas de esta enfermedad y detectarla a tiempo. Este tipo de cáncer, que afecta el intestino grueso, es uno de los más comunes y también uno de los más mortales en el mundo.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal representa cerca del 10 % de todos los diagnósticos de cáncer a nivel global, lo que lo convierte en el tercer tipo más frecuente. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer, una cifra que preocupa a los expertos en salud pública.Qué es el cáncer de colon y por qué es peligrosoEl cáncer de colon se origina cuando células anormales comienzan a crecer sin control en el colon o el recto, partes fundamentales del sistema digestivo. Esta enfermedad puede desarrollarse lentamente durante años, y en muchos casos no presenta señales evidentes en sus primeras etapas, lo que dificulta su detección temprana.Aunque históricamente se ha asociado con personas mayores de 50 años, especialistas han alertado sobre un aumento en casos entre adultos jóvenes, incluso entre los 30 y 50 años. Los hombres presentan un riesgo ligeramente mayor que las mujeres, aunque puede afectar a ambos sexos.Cuando no se detecta a tiempo, el cáncer colorrectal puede extenderse a otros órganos, reduciendo significativamente las probabilidades de supervivencia.Síntomas del cáncer de colon que no se deben ignorarUno de los principales retos de esta enfermedad es que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otros problemas digestivos. Sin embargo, hay señales de alerta que requieren atención médica inmediata:Cambios persistentes en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o variación en la forma de las heces.Presencia de sangre en las heces, ya sea roja brillante o de color oscuro.Dolor abdominal frecuente, cólicos o sensación de hinchazón constante.Pérdida de peso sin razón aparente.Fatiga o debilidad prolongada.Anemia causada por sangrado interno crónico.Los especialistas advierten que estos síntomas no siempre significan cáncer, pero sí son motivo suficiente para acudir a un médico y realizar estudios.Factores que aumentan el riesgoEl estilo de vida juega un papel clave en el desarrollo del cáncer de colon. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:Dieta alta en carnes procesadas y baja en fibra.Sobrepeso u obesidad.Falta de actividad física.Consumo de alcohol.Tabaquismo.Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.La combinación de estos factores puede aumentar significativamente la probabilidad de desarrollar la enfermedad.Cómo se diagnostica el cáncer colorrectalEl diagnóstico suele incluir varios procedimientos médicos que permiten confirmar la presencia de tumores y evaluar su avance. Entre los más utilizados están:Colonoscopia, que permite observar el interior del colon.Biopsia, para analizar muestras de tejido.Tomografía computarizada o resonancia magnética.Pruebas moleculares para detectar alteraciones genéticas.Detectar la enfermedad en fases tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un pronóstico más complicado.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Los juristas cuestionan la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando no se han establecido causales de impedimento sobre los magistrados."Como un precedente nefasto para la administración de justicia", calificó el grupo de los 38, integrado por reconocidos juristas y abogados la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de abrir una investigación contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que el 14 de octubre de 2025, absolvieron al expresidente Alvaro Uribe, por el escándalo de los falsos testigos.La medida cobija a los magistrados: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integran la Sala Penal del alto tribunal.La investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra los magistrados del tribunal, inició con la ponencia del magistrados Juan Carlos Granados Becerra, con base en una queja disciplinaria presentada desde Taiwán por el Inder Alonso Ramírez Pérez, quien actúa como delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones - Asia y veedor internacional.Para los integrantes del Grupo de los 38, quien interpone el recurso judicial contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, no hace parte del proceso penal y cuestionan además que justifica su queja disciplinaria “es especulaciones derivadas de información de prensa” sobre el impedimento de uno de los magistrados.Los juristas cuestionan además la teoría del demandante en el sentido de que el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, habría sido distrito si se hubiera declarado impedido, “cuando la realidad es que la Comisión no ha establecido siquiera la existencia de una causal de impedimento concreta y debidamente acreditada”.“La apertura de una investigación disciplinaria contra los magistrados, originada no en una denuncia fundada de corrupción, prevaricato o una falta ética manifiesta, sino en el descontento con el resultado de una providencia judicial, sienta un precedente nefasto para la administración de justicia en Colombia”, argumentan los juristas en un comunicado.Consideran que las acciones judiciales generan un "efecto amedrentador" sobre toda la judicatura, cuando los jueces pueden ser perseguidos disciplinariamente por sus interpretaciones del derecho o por la valoración de las pruebas, se fomenta la autocensura judicial.A través de un comunicado los integrantes del Grupo de los 38 asegura que la “la legitimidad del sistema de justicia depende de que los jueces puedan ejercer su labor sin temor a represalias por el contenido de sus decisiones”.Finalmente, instaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a actuar con prudencia y con apego a los más altos estándares constitucionales e internacionales que protegen la independencia judicial.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró en entrevista con Recap Blu que, pese a las diferencias del pasado con Abelardo De La Espriella, espera que a toda la oposición de vaya bien, incluyendo al abogado, pues recalcó que al único candidato al que considera una amenaza para el país en las próximas elecciones es Iván Cepeda."Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza", afirmó la también periodista.En esa misma línea, expresó que espera que los colombianos voten por el candidato que más les gusta, pero reiteró que Cepeda afectaría al país por seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro."Que elijan lo que quieran, para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda ni por Roy, porque Roy ahí va con nadadito de perro, ahí va. Y le digo sinceramente que Roy también representa cosas muy feas de la política. Hoy la gran amenaza es Iván Cepeda. Ni un voto por Cepeda", agregó.Polémica Ecopetrol, Constituyente y saludEn materia económica y energética, fue contundente frente al manejo de Ecopetrol y cuestionó la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Propuso reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking “técnico y responsable”, y recuperar el gobierno corporativo de la empresa. "El señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol", afirmó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, la precandidata manifestó que no prosperará y sostuvo que el actual gobierno “tiene fecha de vencimiento”. En ese contexto, señaló que la oposición debe mantenerse unida frente a lo que considera una amenaza política representada por Iván Cepeda, a quien calificó como el principal riesgo electoral.Finalmente, sobre la crisis del sistema de salud, Dávila planteó pagar de inmediato las deudas del sistema de salud para normalizar la entrega de medicamentos, mantener las mejores EPS y sacar del sistema a las que no cumplan estándares. "Las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó", concluyó.
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un modelo de los nuevos pasaportes que desde el 1 de abril comenzarán a expedirse en Colombia en el marco de un acuerdo entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta.“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, coco, pescadores, el pueblo de Colombia en sus dibujos, pero fundamentalmente, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes demorados, debe ser llevado con orgullo. Se hará en Colombia”, dijo.Cabe mencionar que recientemente el contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, le envió a la canciller Rosa Villavicencio una carta en la que advertía que su despacho “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.En el documento agregaban que el cronograma establecido no garantizaba la superación de los atrasos ni eliminaba el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, la canciller descartó una prórroga con Thomas Greg, la empresa que llevaba más de una década a cargo de la elaboración de estos documentos.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las principales amenazas que enfrentan hoy en día los puestos de votaciones, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, son la violencia, la compra y venta de votos, el fraude y la desinformación.Según el funcionario, la violencia que enfrenta el país podría estar siendo promovida por grupos ilegales como el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, los cuales se encuentran en las principales zonas del riesgo, por lo que desde el Gobierno nacional tomaron medidas para garantizar la seguridad y la transparencia durante las votaciones en estos lugares.“Frente a ello, las acciones ofensivas nos han permitido configurar las zonas priorizadas y darles la seguridad. Pero hay otros tipos de delitos que nos preocupan enormemente y es producto de la desinformación de la venta y compra de votos, ¿quién compra y vende los votos?, ¿quién genera una desinformación para que gane un candidato y pierda el otro?”, cuestionó el ministro de Defensa.Es por esto que el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a personas responsables por la compra y venta de votos durante esta temporada electoral.Asimismo, hizo un llamado a los colombianos a ejercer un voto libre y responsable, tanto para las elecciones de Congreso de la República y la consulta popular, como para las elecciones presidenciales que se realizan el próximo 31 de mayo.
La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar con detalle los recursos disponibles para atender la emergencia invernal en Córdoba y otras regiones del país, insistiendo en que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) debe cumplir una función preventiva, no sólo reactiva.En ese contexto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dio un ultimátum a la entidad para que este viernes 20 de febrero presenten información detallada sobre los 2,6 billones de pesos del presupuesto para la emergencia, con el fin de determinar qué recursos están comprometidos y cuáles pueden usarse de inmediato.“La Contraloría General de la República tuvo una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con funcionarios de carácter técnico y estamos pendientes de que mañana nos entreguen la información porque en esa reunión que tuvimos no tuvieron claridad para brindarnos toda la información de ello. La entidad ya ha venido llamando la atención sobre la conveniencia frente a lo que debe ser la ejecución del gasto. Ha llamado la atención sobre dónde se debe recortar. que tiene que ver de manera directa con gastos de funcionamiento”, aseguró.El contralor recordó que las inundaciones son fenómenos recurrentes que requieren planificación y gestión anticipada, por lo que viajó a Córdoba para revisar la situación fiscal y la disponibilidad de recursos, enfatizando en la necesidad de analizar cuáles fondos están comprometidos y cuáles pueden usarse de manera inmediata para atender la emergencia.“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se efectúe un barrido juicioso frente a los recursos comprometidos, que es lo único que le permite saber qué porcentaje de recursos tienen disponibles y pueden responder de manera inmediata. Porque los recursos para Córdoba no pueden depender de que se vaya a generar un tributo más adelante que eventualmente se pueda recaudar”, advirtió Rodríguez.Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en CórdobaPor su parte, la Procuraduría General, Gregorio Eljach, informó que la entidad activó un plan humanitario interno con aportes voluntarios de sus funcionarios y el envío de ayudas a las comunidades afectadas. Además, anunció un acompañamiento integral para evaluar la respuesta institucional, la recuperación económica y la infraestructura, así como la garantía de condiciones para las próximas elecciones en las zonas afectadas.“Queremos garantizar que allí las elecciones se hagan de la mejor manera con toda la garantía para los electores, para los aspirantes y que no vaya a haber ningún tipo de falla que ponga en duda la transparencia del proceso allá en esa región”, indicó Eljach.El procurador también alertó sobre los riesgos sanitarios tras las inundaciones, debido a la acumulación de material orgánico y bacterias, e insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.“Otro aspecto importante es la prevención sobre las afectaciones de la salud de las personas y de los seres vivos en general. Después de esta inundación tan grave, queda mucho material orgánico en descomposición, muchos vapores, muchas bacterias, muchos elementos que afectan la salud humana y de los animales. Eso hay que preverlo, porque en algún momento tiene que secarse y van a empezar a salir problemas serios que hoy no los vemos, pero que seguramente van a llegar y ahí se puede prevenir antes de que suceda”, resaltó.Ambas entidades coincidieron en que la emergencia requiere respuestas inmediatas, pero también soluciones estructurales a mediano y largo plazo para evitar que las inundaciones sigan generando impactos humanitarios, económicos y productivos en las regiones más afectadas por la ola invernal.
Diciembre es sin duda el mes más esperado por millones de colombianos, especialmente para el sector trabajador del país. Muchos esperan esta época para recibir la tradicional ancheta, la Prima de Servicios e incluso asistir a la fiesta de fin de año que la mayoría de empresas suele organizar. Esta reunión es una de las más esperadas, quizá porque durante unas horas las jerarquías desaparecen, la alegría toma fuerza y más de uno espera ganarse un bono o una licuadora en las rifas que nunca faltan.Sin embargo, no todo se queda en regalos y música. También es común que algunos empleados se pasen de tragos, que haya confesiones inesperadas entre compañeros y jefes, y que, en situaciones más delicadas, se presenten discusiones o peleas cuando el ambiente se sale de control.Despido en fiesta empresarial: qué dice la normativa laboralA pesar del ambiente relajado, estas celebraciones siguen siendo eventos corporativos. Así lo recuerda Asuntos Legales, al señalar que estas prácticas son delicadas porque cualquier conducta indebida o indecente puede terminar en una sanción o incluso un despido.El tema volvió a ser tendencia tras el video viral en Ecuador donde dos mujeres terminaron enfrentadas a golpes en plena fiesta navideña de su empresa. En Colombia, la respuesta depende del marco legal.Según Sebastián Mejía, líder de Derecho Laboral en Scola Abogados, cometer una conducta indebida que represente una falta laboral, ya sea leve o grave, habilita a la empresa para sancionar o despedir al empleado. Esto porque estos espacios son considerados una extensión del ambiente laboral. Sin embargo, aclara que la ley exige que primero se garantice el derecho a la defensa del trabajador.Las conductas que pueden generar sanciones en una fiesta empresarial incluyen:Agresiones físicas o verbales, riñas y amenazas.Acoso sexual, tocamientos o comentarios de connotación sexual, besos no consentidos.Humillaciones, discriminación o maltrato.Daños a bienes del empleador o del establecimiento donde se realiza el evento.Actos que afecten la reputación institucional o la convivencia laboral.Consumo de sustancias prohibidas.Peleas en fiesta de empresa: si ocurren afuera, ¿también sancionan?La abogada Gina García, gerente de GLR Abogados, explica que el análisis no depende del lugar exacto donde ocurren los hechos. Lo fundamental es el nexo con el trabajo. Si la conducta está relacionada con la actividad oficial de integración, puede considerarse falta laboral y generar sanciones.Agrega que una conducta puede ser reprochable cuando afecta la convivencia, la imagen corporativa o los derechos de otros trabajadores.Blu Radio consultó al abogado Óscar Sierra sobre este mismo tema. El experto señala que las peleas o insultos dentro de una fiesta empresarial pueden justificar la terminación del contrato de trabajo. Pero aclara que, cuando estas situaciones ocurren por fuera del evento oficial y en un espacio privado, no existe fundamento laboral para sancionar o despedir al empleado. “De cara a peleas que se generan por fuera de la fiesta de la empresa… no tienen por qué ser reprochables en el sentido eminentemente laboral… eso escapa a la posibilidad de despedir al trabajador”.
Con estos recursos, la banca de desarrollo triplicó el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018–2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133 %.Así mismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163 %.En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales 369, es decir, el 87 %, son de las categorías con mayores brechas, a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.Entre los municipios impactados con los recursos de Findeter están Aguachica (Cesar), Albania (La Guajira), Chiquinquirá (Boyacá), El Cerrito (Valle del Cauca), Miranda (Cauca), Altos del Rosario (Bolívar), Andes (Antioquia), Arbeláez (Cundinamarca), Astrea (Cesar), Campoalegre (Huila), Dibulla (La Guajira), Fómeque (Cundinamarca), Frontino (Antioquia), Garagoa (Boyacá), Guamal (Meta), Guamo (Tolima), Luruaco (Atlántico), La Virginia (Risaralda), Palestina (Caldas), Purísima (Córdoba), Timaná (Huila), Cumbal (Nariño), entre otros.Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar; el mejoramiento de la malla vial en Mompox (Bolívar); la construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).También la entidad ha financiado la optimización del alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque, Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); la construcción de infraestructura educativa en Colosó (Sucre); la construcción de la concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.
La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la gestión del Fondo Todos Somos Pazcífico, que entró en vigencia desde 2019 hasta 2024, tras encontrar hallazgos fiscales que superan los 70.000 millones de pesos. De acuerdo con la delegada para Población Focalizada, las auditorías evidenciaron gastos excesivos y fallas administrativas que comprometen la correcta ejecución de los recursos destinados al desarrollo de esta región.En total, fueron identificados 21 hallazgos fiscales. Una de las situaciones más preocupantes corresponde al gasto excesivo de la administración, que asciende a 20.530 millones de pesos dentro de un proyecto cuyo propósito era mejorar la cobertura y la calidad del servicio de agua y saneamiento básico en municipios como Tumaco y Guapi. Según el informe, se reflejó una deficiencia en la ejecución de la inversión, lo que habría afectado directamente el avance y los resultados esperados en estas comunidades.La Contraloría también reportó fallas significativas en los gastos administrativos relacionados con la conectividad de la región. Estos se derivan de irregularidades en la ejecución de obras como muelles, malecones y señalización, proyectos esenciales para el transporte y el desarrollo económico del Pacífico. La entidad concluyó que estos manejos deficientes generaron un detrimento al patrimonio del Estado por 9.840 millones de pesos para el 31 de diciembre de 2024.Otro de los hallazgos más relevantes se relaciona con un contrato para la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica dirigidos a comunidades en Bojayá, Chocó. En este caso, el ente de control identificó un detrimento adicional por 13.972 millones de pesos, tras evidenciar inconsistencias en la ejecución y cumplimiento del contrato. Este contrato fue suscrito en el año 2021 para aportar a la energización rural; sin embargo, pasados los cuatro años “no se ejecutó a cabalidad”.Estas cifras plantean un panorama preocupante sobre el manejo de los recursos destinados al desarrollo de una de las regiones con mayores necesidades del país y abren la puerta a posibles procesos de responsabilidad fiscal y sanciones para los responsables de la administración del fondo, debido a que la Contraloría identificó fallas en etapas de planeación que llevaron a fallas en la fijación del valor de los contratos, se realizaron pagos sin recibir contraprestación, vencimientos de plazos contractuales sin ejecución al 100 % y gastos desproporcionados.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
Diciembre acaba de comenzar y ya se abrió la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Las declaraciones del ministro Armando Benedetti, quien afirmó que el incremento superaría el 22%, generaron incomodidad en distintos sectores empresariales.A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo se distanció de las afirmaciones de Benedetti y recordó que la cifra final debe ser concertada entre tres frentes: el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. La decisión definitiva seguirá en manos del presidente Gustavo Petro, aunque la intención oficial es que el aumento mejore el poder adquisitivo de los colombianos.Uno de los sectores que más ha mostrado preocupación por la posible tasa de incremento es la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que advierte riesgos para la inversión y el empleo formal si el país continúa por la misma ruta de aumentos acelerados.Salario mínimo: advertencia de Fedetranscarga por impacto en inversiónEn un documento difundido por el gremio, Fedetranscarga presentó cifras que reflejan la inquietud de las empresas de transporte. Según sus análisis, un aumento salarial que supere el comportamiento de la economía golpearía la capacidad de inversión de las compañías formales y afectaría la competitividad del país.Los puntos que, según el gremio, concentran la preocupación son los siguientes:La brecha entre productividad y salarios: Entre 2023 y 2024, el excedente económico de las empresas creció apenas 6,4%, mientras que el salario mínimo aumentó 28,1%, más de cuatro veces. Esa diferencia, aseguran, limita la inversión y fortalece únicamente el consumo de corto plazo.Impacto directo en el sector transporte: Para las empresas de transporte de carga, un aumento cercano al 11% —el que proyecta el Gobierno para 2026— encarecería los costos operativos en 1,92%. Esto se suma a un sector que ya enfrenta sobrecostos derivados de la inseguridad, la logística y la presión fiscal.El gremio también advierte que incrementos por encima de la productividad empujarían aún más a la informalidad, que hoy supera el 90% en el sector empresarial y el 56% en el laboral. De mantenerse ese camino, Fedetranscarga señala que Colombia quedaría atrapada en un modelo de bajo crecimiento y mayor dependencia de las remesas.¿Qué propone Fedetranscarga para el ajuste del salario mínimo?Fedetranscarga propone que el ajuste del salario mínimo para 2026 se ubique entre la inflación y la inflación más productividad. Es decir, un rango que permita proteger el ingreso de los trabajadores sin comprometer la estabilidad financiera de las empresas.Mientras avanzan las conversaciones, queda claro que el debate no será sencillo. El Gobierno busca impulsar el poder de compra y los empresarios piden prudencia para no afectar el empleo formal en un momento clave para la economía del país.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza nuevas inspecciones judiciales en Bogotá, esta vez en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Estas diligencias fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y hacen parte de la investigación abierta por el escándalo que involucra información encontrada en los dispositivos electrónicos incautados al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá.Las inspecciones se suman a las realizadas la semana pasada en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), también en Bogotá. En esas diligencias, los agentes del CTI buscaron documentación y registros relacionados con el general Juan Miguel Huertas, quien aparece mencionado en los audios extraídos de los computadores y memorias decomisados a Calarcá. En esas grabaciones, el oficial sería señalado de haberse reunido con emisarios de las disidencias para ofrecerles información sensible de inteligencia, seguridad y hasta la eventual creación de una empresa que permitiera a los miembros del grupo ilegal acceder a armas de manera legal.El general Huertas fue suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación mientras avanzan las investigaciones disciplinarias que buscan establecer si incurrió en alguna conducta que amerite sanción. Su nombre quedó vinculado a las pesquisas tras el decomiso, el 23 de julio de 2024, de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos que portaban integrantes de las disidencias de las Farc en un retén militar en Antioquia, cuando transitaba la caravana en la que se movilizaba Calarcá.Las autoridades avanzan en varias líneas de investigación que apuntan a posibles actos de cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias; amenazas a la seguridad nacional; eventuales vínculos con financiación de campañas políticas; alianzas entre estructuras ilegales; y la creación de empresas de vigilancia al servicio de grupos criminales. Todos estos elementos han surgido del análisis técnico y forense de los dispositivos incautados, que ahora son pieza central para establecer el alcance de la infiltración de las disidencias y las responsabilidades institucionales que se deriven de este caso, revelados por el informe de Noticias Caracol.