La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La influencia de alias ‘El Mencho’ en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país.Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes de narcotráfico transnacional.El rol de ‘El Mencho’ habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de droga se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos.Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba Sudamérica con Norteamérica.La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remezón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos.En Colombia, el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
A pesar de que cerca del 30 % de los 125 municipios de Antioquia presentan niveles extraordinario y relevante de riesgo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que no contempla el traslado de puestos de votación de cara a las elecciones de 2026.La decisión se conoció durante el desarrollo del Comité Departamental de Seguimiento Electoral con la Gobernación de Antioquia, que avanza en diferentes subregiones con el fin de evaluar las condiciones de seguridad, logística y coordinación institucional.Según el índice de riesgo electoral, 11 municipios del departamento están clasificados en nivel extraordinario y otros 25 en nivel relevante, lo que refleja condiciones que requieren especial atención por parte de las autoridades, señaló Laura María Tobón Mejía, directora de Asuntos Institucionales."La Registraduría, la Fuerza Pública, el Ministerio Público, la Contraloría, la MOE, todos los partidos políticos, nosotros estamos entregando las garantías de participación para que desde allí, desde los territorios, construyamos y entendamos las necesidades para estas elecciones que ya se avecinan el próximo 8 de marzo", declaró.En este contexto, la Gobernación indicó que ha realizado encuentros en municipios como Andes, Yarumal, Puerto Triunfo, Rionegro, Remedios y Caucasia, donde se analizaron las condiciones particulares de cada territorio. El cronograma continuará con sesiones en Cañasgordas, Chigorodó y Medellín antes de la jornada electoral del 8 de marzo.Las autoridades departamentales señalaron que uno de los principales objetivos de estos recorridos es revisar las condiciones de orden público y fortalecer la articulación institucional. En ese sentido, aclararon que coordinan acciones con la Cuarta Brigada y la Séptima Brigada del Ejército Nacional para reforzar los dispositivos de seguridad.
Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en varias zonas del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño tras la aparición en varios puntos públicos, especialmente vías, de vallas y otros elementos de propaganda del Clan del Golfo.Según la Séptima División del Ejército, el material se intentó ubicar en localidades como Santo Domingo, San Carlos y el municipio de Rionegro.En este último municipio, las autoridades intervinieron contra dos hombres que pertenecerían a la subestructura Gener Morales cuando intentaban instalar en la vereda Mampuesto una pancarta alusiva a Oliverio Isaza, cabecilla del grupo criminal abatido hace un año.En el procedimiento incautaron 79 dosis de estupefacientes, dos pancartas, una motocicleta, tres celulares y más de 1.5 millones de pesos en efectivo. "Estos individuos, no solamente se les decomisó publicidad alusiva al grupo armado organizado, sino sustancias psicoactivas y una motocicleta, los cuales están siendo puestos a disposición de nuestra Fiscalía para su debida judicialización", dijo Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.Estas acciones estarían relacionadas con la conmemoración por parte del grupo ilegal del primer año de la muerte de Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, quien fue abatido en un operativo de la fuerza pública en Puerto Triunfo junto a otros cinco hombres de su estructura.
Este domingo 15 de febrero de 2026, México vive una ola de violencia tras confirmarse la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido durante un operativo de las fuerzas federales en el estado de Jalisco, según información compartida por EFE.El operativo, que tuvo lugar al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, derivó en fuertes enfrentamientos en la región, lo que llevó a un incremento de la violencia en México, pues integrantes del cartel se tomaron vías de varios estados del país norteamericano, generando incendios para frenar el avance de las autoridades mexicanas.Pese a ello, varios videos se hicieron virales en redes sociales. En estos se ve a personas al interior del Aeropuerto de Guadalajara corriendo y gritando por presuntos ataques de organizaciones criminales dentro del recinto.En las grabaciones se observa a múltiples personas intentando refugiarse de supuestos ataques del narco. Aunque no se vieron personas armadas, sí se generó un fuerte temor en redes sociales.Aeropuerto de Guadalajara desmiente videosAnte los múltiples videos que se viralizaron en redes sociales, donde se ve a personas huyendo, el Gabinete de Seguridad de México señaló que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad y que los pasajeros toman sus vuelos sin contratiempos.Junto a ello, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara emitió un comunicado en el que confirmó las declaraciones del Gabinete de Seguridad y señaló que la terminal funciona sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones, y que la situación de violencia que azota a México no impacta la operación interna del aeropuerto.Asimismo, indicaron que la terminal aérea se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación.Asimismo, se instó a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario.Colombia jugará el Mundial 2026 en GuadalajaraCabe recordar que Guadalajara será una de las sedes del Mundial 2026. De hecho, la Selección Colombia disputará el segundo compromiso del certamen en el estadio Akron, escenario donde juega Chivas.Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegarán a Guadalajara para enfrentar al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo el próximo 23 de junio.Sin embargo, ante el panorama de seguridad en la región, se espera que las autoridades mexicanas brinden las garantías necesarias para disputar el Mundial de la FIFA.
Una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo es WhatsApp, pues según cifras recientes, actualmente cuenta con más de 3.000 usuarios activos en todo el globo.Constantemente, Meta, la empresa matriz de la app ejecuta actualizaciones para hacer que la interfaz sea cada vez más amigable con el usuario. Por ello, implementa actualizaciones casi que cada semana.Una de las más actuales y llamativas es la incorporación de una nueva función cuando las personas están haciendo una videollamada. Según la compañía hará más sencilla la comunicación.Nueva función de WhatsApp transforma cómo usuarios se comunican en videollamadasLa opción conocida como notas de video permite grabar y compartir al instante notas de video directamente en los chats. Esta herramienta ya había sido anunciada por WhatsApp hace un tiempo, pero ahora la implementa para otra de sus funciones.Al momento de hacer una videollamada, los usuarios deben esperar a que la otra persona conteste para iniciar la conversación. Ahora, la nueva actualización consiste en que, si el destinatario no contesta, el remitente puede dejarle un mensaje por medio de una nota de video.Las notas de video en WhatsApp permiten grabar y compartir al instante pequeños clips de videos de hasta 60 segundos inmediatamente en la misma videollamada. Este es el paso a paso:Una vez dentro de la aplicación se debe hacer una videollamada por medio del icono correspondiente.Tan pronto el timbre de la videollamada deje de sonar, saldrá un mensaje que indica que no hay respuesta.Seleccionar el icono del medio de la parte inferior de la pantalla que dice ‘Grabar nota de video’Al dar clic, el usuario tendrá 60 segundos para dejar su videomensaje, luego se enviará con éxito. Al destinatario le aparecerá la llamada perdida y la nota de video para reproducir.¿Cómo reproducir notas de video en WhatsApp?Al recibir una nota de video en WhatsApp, esta se mostrará como una vista previa silenciada que se reproduce automáticamente tres veces en bucle en Android y en iOS. La persona tendrá que tocar o hacer clic en la nota de video para reproducirla de la siguiente manera:Tocar la nota de video enviada o recibida. Esta se ampliará y empezará a reproducirse desde el principio.Mientras se reproduce la nota de video, es posible hacer lo siguiente:Pausar el video. Para ello, se puede tocar o desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.Reanudar el video. Para ello, se debe volver a tocarlo.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que, tras la culminación de obras en el sector Sinifaná del corredor vial Pacífico 1, se implementará un Plan de Manejo de Tráfico en el sector Las Areneras a partir del miércoles 25 de febrero.El plan contempla restricciones de circulación entre las 8:30 a.m. y 10:30 a.m., y entre las 11:30 a.m. y 1:30 p.m. Durante la franja de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. se habilitará una ventana de paso que permitirá la circulación en un sentido y luego en el contrario. Según la ANI, la medida será evaluada para posibles ajustes de acuerdo con el comportamiento del tránsito.Pese a esto, los alcaldes de la zona expresaron su inconformidad con la medida. El alcalde de Amagá, Wilser Molina, aseguró que este “pare y siga” generaría mayor congestión y propuso que las obras se ejecuten en horario nocturno o durante el día sin cierres. También se manifestaron en contra los mandatarios de Concordia, Alexandra Herrera, y de Titiribí, Alex David Restrepo.El comité departamental conformado por los 23 alcaldes, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia e ingenieros expertos buscará alternativas y llevará propuestas a la mesa de trabajo con la ANI y la Concesión Vial. Los líderes locales señalaron que los cierres podrían afectar a cerca de 400.000 habitantes del suroeste antioqueño y sugirieron que, de ser necesarios, se realicen en horario nocturno para minimizar el impacto en la movilidad y el turismo.La ANI destacó que se conformará un comité de seguimiento con representantes de alcaldías, sector transporte y otros actores para evaluar la ejecución del plan y proponer ajustes que permitan avanzar en la construcción de las obras, garantizando la seguridad de los usuarios y operarios. Según la entidad, la medida busca “equilibrar el avance de las obras del Retorno 2 con las dinámicas de movilidad del territorio”.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
A puertas de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia: existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio.La iniciativa “Cuidar la democracia”, liderada por once universidades junto a organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer.El 62 % de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparecen la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92 % afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que, pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios.La desinformación es uno de los factores que más inquieta. El 60 % la identifica como una amenaza seria para la democracia. A esto se suma la falta de transparencia, señalada por el 56 % de los consultados. Según el informe, estas percepciones influyen en la desconfianza hacia las instituciones y en la evaluación del sistema democrático.En cuanto a las prioridades ciudadanas, el 56 % considera que mejores oportunidades de educación y trabajo aumentarían su satisfacción con la democracia. También se mencionan la mejora en seguridad (54 %) y en transparencia (50 %) como aspectos clave.El estudio muestra además que la mayoría de los encuestados atribuye la responsabilidad principal de cuidar la democracia al Gobierno nacional (70 %), seguido por el Congreso (59 %), los gobiernos locales (58 %) y las Cortes (57 %). No obstante, la iniciativa plantea que la protección del sistema también requiere la participación de universidades, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.La alianza está conformada por la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Minuto de Dios, CESA, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con aliados como SURA, Comfama y VélezReyes+.Los resultados serán presentados en la Universidad de los Andes y posteriormente se realizarán foros regionales para discutir propuestas y compromisos de cara a las elecciones de 2026.El informe propone abrir conversaciones públicas en las regiones, fortalecer la calidad del debate y promover compromisos verificables que permitan hacer seguimiento a lo que se promete en campaña.
En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista:
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En medio de la polémica generada por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, al ambientar la idea de un presunto fraude a 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, aseguraron que está garantizada la transparencia de todas las etapas del proceso electoral, especialmente del software de preconteo y escrutinios.Y es que, a la par de las críticas por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) en donde no se registren votos por algún candidato o partido en la mesa de votación, el primer mandatario sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que ha funcionado en desacato a una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.Según el presidente, la “opacidad” sobre el código fuente permite la ejecución de lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados a través de “iteraciones” o la creación de “mesas fantasmas”, tal como dice que ocurrió en las elecciones de 2022. Para evitar generar suspicacias, pide que se entregue el código fuente completo a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una auditoría profunda.En respuesta a las afirmaciones del oficialismo, la Registraduría informó que los sistemas de información y software utilizados en las elecciones de 2026 están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo internacional con trayectoria en procesos electorales de América Latina. La verificación incluye los software de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados, en el marco de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y eventual segunda vuelta (21 de junio).“En relación con los sistemas de información y de lo cual pueden dar fe los órganos de control, desde inicio de año venimos llevando a cabo procesos de auditoría al software de preconteo, de escrutinio en sus niveles auxiliar municipal y distrital y del software de consolidación y divulgación nacional. El Centro de Altos Estudios de Promoción Electoral, un organismo con más de 40 años de experiencia y que hace la Secretaría de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, está llevando a cabo esta tarea que ha realizado en diferentes naciones. Este proceso garantiza la integridad de todos los sistemas de información que está utilizando la Registraduría Nacional”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.Adicionalmente, el órgano electoral anunció que a partir del próximo miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.“Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de este código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante tres días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar”, agregó Penagos.El jefe de la organización electoral señaló que la participación de CAPEL pretende elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales y que los informes técnicos serán puestos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.
El pulso entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Roy Barreras (La Fuerza), por la convocatoria de las bases de izquierda y centroizquierda a participar o no en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida del próximo 8 de marzo, ha llevado a una división al interior de las centrales obreras y principales sindicatos del país, una de las fuerzas electorales más importantes para este sector del espectro político.Y es que, a pesar de que desde el Pacto Histórico están buscando incansablemente que los simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstengan de votar en la consulta interpartidista y respalden directamente a Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, Roy ha logrado importantes adhesiones en la última semana. Uno de ellos es el de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, quienes consideraron respaldar al exembajador en Londres y expresidente del Congreso por su posición de avanzar en la transición energética sin abandonar la producción de hidrocarburos e incluso avanzar con el fracking.A Barreras también se le sumaron diversos sectores de las tres principales centrales obreras (CUT, CTC y CGT), encabezados por el expresidente de la CUT, Francisco Maltés; así como dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros, lo que prendió las alertas al interior del Pacto Histórico.La respuesta por parte de Cepeda fue intentar mostrar que los respaldos a Barreras no son absolutos y que no representan a las mayorías de los trabajadores colombianos. Para ello, en la mañana de este lunes, Cepeda publicó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales con presencia en 30 departamentos del país.El documento señala que el apoyo se fundamenta en la confianza en un programa de gobierno que garantice la “continuidad y profundización” de los avances logrados en favor de los trabajadores colombianos, y anuncia la creación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas para coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico.En la declaración, los firmantes afirman compartir con Cepeda su crítica al neoliberalismo y respaldan la necesidad de un “segundo gobierno del cambio” encabezado por él, destacando el compromiso del presidente Gustavo Petro con las reformas sociales y laborales que, según el texto, permitieron recuperar y ampliar derechos laborales y salariales. Asimismo, plantean propuestas orientadas a fortalecer las libertades sindicales, la negociación colectiva, la protección social para trabajadores informales y la reparación colectiva del sindicalismo.
El pie de fuerza del Clan del Golfo tuvo un crecimiento entre 2022 y 2025, consolidándose, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, como el grupo armado criminal más grande del país. Este tuvo un aumento del 140 %, alcanzando aproximadamente 9.840 integrantes, teniendo en cuenta que en 2022 contaba con 4.099 integrantes.El documento señala que este fortalecimiento se refleja tanto en su componente armado como en sus redes de apoyo. Del total estimado, cerca de 3.328 miembros están en armas, mientras que unos 6.512 harían parte de estructuras logísticas, informantes y redes criminales que sostienen el control territorial del grupo. Esta composición le permite ejercer dominio en amplias zonas sin necesidad de una presencia militar constante.La expansión territorial del Clan también ha sido acelerada, teniendo en cuenta que, según el informe, en 2022 la organización criminal tenía influencia en 145 municipios distribuidos en 13 departamentos. Para 2025, esa cifra se duplicó hasta llegar a 296 municipios en 17 departamentos, lo que representa un crecimiento total del 104 % en su alcance territorial.En algunas regiones, el Clan del Golfo ha consolidado control estable, mientras que en otras mantiene disputas activas con organizaciones rivales. Actualmente participa en varios focos de confrontación armada, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el norte y nordeste de Antioquia y corredores estratégicos del Pacífico como el San Juan chocoano y el Bajo Calima.“En un nivel más localizado, sostiene disputas urbanas y semiurbanas en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos”, destaca el informe.El informe de Ideas para la Paz menciona conflictos locales en zonas como el oriente antioqueño, Barranquilla, Sincelejo y el centro del Magdalena, donde enfrenta a estructuras criminales regionales para consolidar su dominio sobre economías ilegales.El crecimiento del grupo se explica, en parte —destaca el documento—, por su capacidad de reclutamiento. La organización criminal ha incorporado excombatientes de guerrillas, antiguos miembros de la Fuerza Pública y jóvenes captados mediante incentivos económicos. Su modelo combina salarios mensuales para combatientes, apoyos a familias y una estructura jerárquica flexible que facilita la expansión en nuevos territorios.Otro factor clave ha sido su arquitectura organizativa. El Clan funciona con un mando centralizado y estructuras regionales flexibles que operan como bloques y subestructuras. Este esquema le permite tomar decisiones estratégicas desde la cúpula, pero mantener autonomía operativa en el terreno, lo que facilita adaptarse a dinámicas locales y sostener su crecimiento continuo.“El Clan del Golfo se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. El Estado Mayor cumple funciones de dirección estratégica, define lineamientos políticos y militares, y coordina todas las economías ilícitas y la expansión territorial. Los bloques actúan como estructuras intermedias que se encargan de administrar amplias zonas geográficas y de coordinar a los frentes o subestructuras bajo su jurisdicción. Estos, a su vez, asumen el control territorial, la regulación de las economías ilegales y la confrontación con otros actores armados a nivel local”, agrega el informe de la Fundación Ideas para la Paz.El informe advierte que este aumento del pie de fuerza y su expansión territorial consolidan al Clan del Golfo como el actor armado ilegal con mayor capacidad militar y presencia nacional en Colombia. Su crecimiento, incluso en medio de operaciones militares, refleja una combinación de diversificación criminal, control social y expansión estratégica que lo posiciona como uno de los principales retos para la seguridad del país en los próximos años.
Un ciudadano alemán señalado de tener un esquema de estafa internacional fue capturado en Armenia. El hombre, identificado como Jurgen Lubke, alias ‘El Rey’, era buscado para cumplir tres condenas en Europa por fraudes económicos. La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, con cooperación de autoridades internacionales.Según las investigaciones, Lubke era requerido por estafar a ciudadanos en Alemania y España mediante una modalidad basada en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional que nunca se concretaban.El estafador ingresó a Colombia en 2022 y, ya en territorio nacional, montó una fachada empresarial para continuar su actividad ilegal. A comienzos de 2023 registró una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos, así como a servicios de mudanzas internacionales.Desde esa base operativa, según las autoridades, el alemán amplió su red de fraude y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa. El esquema consistía en crear empresas ficticias de transporte y mudanzas, captar clientes a través de internet y recibir pagos anticipados por servicios que no se prestaban. Alias ‘El Rey’ quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites de extradición.
Un nuevo choque institucional quedó expuesto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación por las versiones encontradas sobre el operativo, la captura y posterior liberación de integrantes de la disidencia de las Farc pertenecientes a la estructura de alias 'Calarcá', detenidos en Antioquia en julio de 2024.El ministro Pedro Sánchez aseguró que, durante el retén de 2024, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron la aprehensión por flagrancia y trasladaron a los detenidos al batallón del Ejército en Bello, Antioquia, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según dijo, la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, incluso si cuenta con orden de captura suspendida. “Si la Fuerza Pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Nosotros debemos actuar contra la ilegalidad y hacerlo con total contundencia y acorde a la Constitución y la ley”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que “las decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.El ministro también se refirió a las investigaciones sobre la presunta infiltración del general Huertas en estructuras de las disidencias. Aseguró que espera resultados rápidos para tomar “decisiones contundentes”, aunque advirtió que deben ser responsables y soportadas en pruebas. “No tendremos ninguna duda en aplicar la Constitución y la ley para combatir la ilegalidad. No la toleramos”, afirmó.La fiscal general, sin embargo, sostuvo una postura contraria y aclaró que la captura en estos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones al Derecho Internacional Humanitario o graves infracciones a los derechos humanos. De lo contrario, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente.“Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión”, explicó. Según la fiscal, esta fue la razón por la cual alias 'Calarcá' no fue aprehendido y ha seguido participando en las conversaciones con el Gobierno. Recordó además que su directiva es posterior a los hechos del retén y que la interpretación aplicada responde a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
El Congreso de la República reconoció este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus 80 años de trabajo, en medio de un panorama que evidencia que 14,4 millones de colombianos, es decir, el 27,6 % de la población, viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.La corporación otorgó a la FAO la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, distinción recibida por el subdirector general y representante regional, René Orellana Halkyer, y por el representante del organismo en Colombia, Agustín Zimmermann. El reconocimiento destaca el acompañamiento técnico que la organización ha brindado al Congreso durante más de una década a través del Frente Parlamentario contra el Hambre y programas como América Latina y el Caribe Sin Hambre.Durante la ceremonia se recordó que, aunque América Latina y el Caribe es la única región donde el hambre disminuye por segundo año consecutivo, todavía 41 millones de personas la padecen. En Colombia, por ejemplo, cada año se pierden o desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra que sigue en ascenso pese a los esfuerzos legislativos para reducirla.Entre los avances recientes se mencionaron la incorporación del derecho humano a la alimentación en la Constitución, el fortalecimiento de las compras públicas a productores campesinos y leyes dirigidas a reducir la pérdida de alimentos y promover la igualdad de las mujeres rurales.La representante Ana Paola García Soto, coordinadora subregional del Frente Parlamentario de Sudamérica, afirmó que el homenaje a la FAO no es un acto protocolario, sino una decisión política para poner la alimentación de las personas en el centro de la agenda pública.“La FAO ha sido un aliado estratégico durante los años en nuestro país, en articulación con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia, se han construido leyes que mitigan el hambre y buscan el restablecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (0:32) número 2, Hambre Cero”, indicó la representante García.También advirtió que la brecha sigue siendo inaceptable, pues en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de comida al año, provocando que miles de niños se acuesten con hambre.
El más reciente Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), reveló que varios países de América Latina han logrado avances significativos en la clasificación mundial, entre ellos Colombia, que actualmente se ubica en el puesto 75.La medición analiza 200 países y sus documentos de viaje a partir de tres criterios: movilidad, calidad de vida e inversión. Aunque Suecia encabeza el ranking global y Europa domina nueve de los diez primeros lugares, la región latinoamericana muestra un desempeño en ascenso.¿En qué posición queda Colombia?Según el índice, el pasaporte colombiano se ubica en el puesto 75, con acceso sin visa a 84 países, incluyendo Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Kosovo, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. En estos destinos, los colombianos pueden ingresar sin necesidad de adelantar trámites previos o con visa a la llegada.Sin embargo, todavía requieren visa para entrar a cerca de 37 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Afganistán y Brunéi.GCS destacó que la región continúa mostrando resiliencia y una mejora sostenida en los últimos años. Chile se mantiene como el país latinoamericano mejor ubicado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021”, señaló Laura Madrid, investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS.Europa lidera y Estados Unidos caeEl listado también evidencia cambios importantes a nivel global. Suecia ocupa el primer lugar en 2025, y Estados Unidos registra una caída histórica: ha descendido del primer al puesto 14 en apenas cuatro años, una baja que GCS atribuye a la polarización política y a políticas migratorias cada vez más restrictivas.
En las últimas horas se conoció que, hasta este momento, el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría, la información solicitada por el ente de control sobre el polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen, con la multinacional sueca Saab.El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal, “secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional”.Adicionalmente, el ministerio de Defensa le solicitó a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información, para “garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma” a la sede del ente de control, además de pedir una “mesa de trabajo” para responder a las inquietudes frente al contrato con Saab.Finalmente, la reunión con el fin de adelantar la mesa de trabajo se realizará el próximo 4 de diciembre en la Sede de la Contraloría y será liderada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Contratación Estatal que adelantaron la compra de los aviones Gripen.La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con el contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana.Llama la atención el contraste de lo que dice el ministerio de Defensa sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido: en una alocución llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, Petro dijo: “he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque ha habido una avalancha de esa información”, mientras que en su cuenta en la red social X, dijo el 23 de noviembre: “no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen”.Escuche aquí la noticia:
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a una declaración de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien afirmó no tener información sobre la presunta infiltración en el Gobierno a través del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.La fiscal también señaló que dicha información tampoco estaba en poder de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, sino únicamente en una fiscal de Medellín.“Yo lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado ni informado para poder actuar más rápidamente, y no por conducto de una filtración, como efectivamente ha sucedido”, dijo Camargo.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca conoció la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. “Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa. Si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa mediante métodos científicos”, escribió.Estas declaraciones evidencian un cambio de postura del mandatario, quien inicialmente aseguró que la información era falsa y defendió al general Huertas y al director de la DNI, Wilmar Mejía. Ahora señala que esperará los resultados de las investigaciones para tomar decisiones.En otro trino, el presidente lanzó además una advertencia a las disidencias de Calarcá, en caso de comprobarse que usaron el proceso y las negociaciones de paz para delinquir.“Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la junta del narcotráfico, están bajo ataque; y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”, afirmó Petro.
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista: