Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados colombianos que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos."Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados", detalló el Ejército en un comunicado.Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados, que "estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos".En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.
Luego de 25 años, se cierra un capítulo de una larga y prolongada espera en la búsqueda de Orfanid Torres Collo por parte de su familia, que nunca perdió la esperanza de encontrar a su ser querido en Huila.Hoy esa incertidumbre terminó para esta familia oriunda del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les hiciera entrega digna del cuerpo de su hija y hermana.“En el marco de la investigación humanitaria extrajudicial que se adelantó en la quinta fase de intervención sobre el Cementerio Central de Neiva, en sitios en tierra, se tenía conocimiento del caso de Orfanid Torres Collo. Este caso fue un reto para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, territorial Huila, por las complejidades de su identificación”, señaló Ángela Patricia Cordon Quintero, investigadora de la UBPD – Huila.Según el testimonio de su familia, Orfanid salió muy joven de su hogar en La Plata y mantuvo comunicación ocasional hasta el año 2000. Desde entonces, no volvieron a tener noticias ciertas sobre su paradero.Durante la cuarta fase de intervención en el Cementerio Central de Neiva, desarrollada entre el 9 y el 21 de diciembre de 2024, con el acompañamiento de personas firmantes del Acuerdo de Paz, se recuperó el cuerpo de Orfanid, quien había sido sepultada como persona no identificada en este camposanto.Para su identificación fue fundamental el trabajo previo de investigación con apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y las familias buscadoras, así como el proceso técnico y forense adelantado por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió confirmar plenamente su identidad.“Este resultado fue posible gracias a la articulación interinstitucional que permitió llevar a cabo la entrega digna, junto con el apoyo de entidades municipales, para que la familia pudiera cerrar este ciclo de zozobra al conocer qué ocurrió con su ser querido”, indicó la profesional de la UBPD.A la fecha, en siete intervenciones realizadas en el Cementerio Central de Neiva, se han recuperado al menos 97 cuerpos de personas desaparecidas entre 2006 y 2012, en medio del conflicto armado.
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
A casi 30 años de su fallecimiento, el nombre de Baba Vanga continúa despertando interés y controversia en distintos rincones del planeta. La vidente búlgara, reconocida por sus seguidores como la ‘Nostradamus de los Balcanes’, dejó una serie de predicciones que, según sus creyentes, siguen relacionándose con acontecimientos actuales. Una de las más comentadas en los últimos días involucra directamente a la familia real británica y, en particular, al monarca vigente.El reciente escándalo que salpica a Andrés, duque de York, hermano del rey del Reino Unido, volvió a poner en el centro del debate público el futuro de la monarquía. El exmiembro activo de la familia real fue detenido y posteriormente dejado en libertad bajo investigación en medio de las pesquisas relacionadas con su presunta cercanía con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y señalado de mantener una red que involucraba a figuras poderosas.Este hecho generó una nueva ola de presión mediática sobre la Casa Real, que en los últimos años ha enfrentado una serie de episodios complejos, desde controversias familiares hasta problemas de salud que han afectado a sus principales representantes.La salud del rey y la inquietante predicciónEn este contexto, la figura de Carlos III cobra especial relevancia. El monarca reveló en febrero de 2024 que padecía cáncer, sin precisar detalles sobre el tipo de enfermedad. Aunque meses después informó avances positivos en su tratamiento, la situación encendió las alarmas tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.La preocupación aumentó cuando también se conoció el diagnóstico de Catalina, princesa de Gales, esposa de Guillermo, príncipe de Gales, heredero al trono. Si bien la princesa anunció posteriormente que su enfermedad entró en remisión, el impacto de estos episodios reforzó la percepción de un periodo difícil para la monarquía.Es precisamente en este escenario donde resurge una de las predicciones atribuidas a Baba Vanga. Según interpretaciones difundidas por seguidores de la vidente, ella habría anticipado que el reinado de Carlos III sería interrumpido abruptamente, como consecuencia de problemas de salud que marcarían el final de su etapa como soberano.Más allá de las interpretaciones místicas, lo cierto es que la familia real atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas. El caso judicial que involucra al duque de York, sumado a los antecedentes de su relación con Epstein que datan desde hace años, ha puesto nuevamente bajo escrutinio a la institución.Analistas coinciden en que estas situaciones, junto con el estado de salud del monarca, podrían influir en la estabilidad de la corona británica. Algunos expertos incluso consideran que, de agravarse las condiciones, el rey podría verse obligado a delegar responsabilidades o modificar el rumbo de su reinado.Mientras tanto, las profecías de Baba Vanga vuelven a ser tema de conversación, alimentando teorías y especulaciones. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus visiones, su legado continúa generando debate, especialmente cuando coincide con eventos que sacuden a figuras de gran relevancia mundial.Por ahora, el futuro del rey Carlos III y de la monarquía permanece en desarrollo, en medio de un escenario donde la realidad y las creencias se entrelazan, manteniendo la atención del mundo sobre Buckingham Palace.
Tras el operativo por parte de las Fuerzas Militares de México que llevaron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron algunos hechos de violencia en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría del territorio nacional se encuentra en completa normalidad, por lo que hizo un llamado a la calma.Asimismo, reconoció el trabajo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad durante este operativo contra una de las estructuras criminales más influyentes en este país.La presidenta Sheinbaum, señaló que cualquier información sobre la situación de seguridad y orden público en el país será comunicada por las redes sociales del Gabinete de Seguridad.“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.... Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, señaló Claudia Sheinbaum en su comunicación.Por otro lado, el Gobierno de Guanajuato informó que la situación en 23 municipios se encuentra bajo control, luego de los hechos registrados tras el operativo federal en el estado vecino de Jalisco, donde murió Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes.Las autoridades aseguraron que se mantienen en alerta y en coordinación permanente en estos puntos, mientras continúan las labores de vigilancia en los estados que registraron hechos de violencia.
En medio de la tensión política y a pocas semanas de las jornadas electorales, la seguridad en Colombia se consolida como el principal tema de preocupación nacional. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, abordó los desafíos actuales, el panorama del conflicto y el papel de la fuerza pública en el proceso electoral.Con 42 años de servicio, el oficial aseguró que asume el mando en un momento “especial del país” que exige “mucho juicio, mucha disciplina y mucho trabajo”. Subrayó que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen altos niveles de favorabilidad y reiteró su compromiso institucional: “Las Fuerzas Militares nunca le han quedado mal al país, nunca, y esta vez no va a ser la opción”.Seguridad y elecciones: prioridad nacionalFrente al reto de garantizar la seguridad durante las elecciones, López Barreto fue enfático: “Estamos desplegados en todo el territorio nacional con una sola intención y es garantizar la seguridad de los colombianos”. Añadió que el objetivo es permitir que “los 42 millones de colombianos que tienen derecho a votar puedan ir a las urnas”.El comandante explicó que el conflicto ha cambiado. “La guerra cambió. Pasamos de lo ideológico (…) a un conflicto económico”, centrado en el control territorial y las rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta transformación, dijo, implica nuevas amenazas y retos operacionales.Detalló que regiones como Cauca, Catatumbo, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño concentran esfuerzos estratégicos. “Hoy estamos fortalecidos en el Cauca (…) 7.800 hombres aproximadamente desplegados”, mientras que en el Catatumbo hay “12.000 hombres (…) dedicados a garantizar la seguridad y a estabilizar”.Fuerzas Militares y debate políticoEn medio de cuestionamientos sobre una eventual desmoralización, el general respondió: “Las Fuerzas Militares no estamos desmoralizadas, no estamos cansados, no estamos derrotados”. Insistió en que la institución debe mantenerse al margen del debate electoral: “No nos metan en debates políticos, déjenos cumplir nuestra misión institucional”.Según indicó, actualmente registran “aproximadamente 5.769 resultados operacionales positivos” frente a 177 acciones criminales. Estos resultados incluyen capturas, desmovilizaciones y operaciones contra estructuras ilegales.Caso General HuertasSobre el proceso que involucra al general Huertas, López Barreto indicó que está en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. “Estamos a la espera de decisiones. Le corresponde a estos entes (…) tomar las decisiones correspondientes”, puntualizó.Finalmente, el comandante envió un mensaje a la ciudadanía: “Confíen en sus fuerzas militares. No estamos derrotados, no estamos cansados, estamos trabajando por el bien de Colombia”.Escuche la entrevista completa acá:
Una reconocida creadora de contenido digital en China atraviesa una fuerte caída en su popularidad luego de que un fallo técnico expusiera su apariencia sin los filtros de belleza que utilizaba habitualmente en sus transmisiones en vivo. El incidente, que quedó registrado en video, se propagó rápidamente en redes sociales y desató una avalancha de reacciones, tanto de críticas como de apoyo.El episodio ocurrió mientras la influencer interactuaba con su audiencia en una de sus habituales transmisiones en directo. Durante algunos segundos, la herramienta digital que suavizaba su piel y modificaba sus rasgos dejó de funcionar, mostrando un rostro con características más naturales. Aunque el filtro volvió a activarse casi de inmediato, el momento fue suficiente para que varios usuarios capturaran el video y lo compartieran ampliamente en internet.Este es el videoEn cuestión de horas, la creadora de contenido perdió más de 130.000 seguidores en la plataforma donde transmitía. Muchos de ellos manifestaron su decepción y aseguraron sentirse engañados, al considerar que la imagen que la influencer proyectaba no correspondía con su apariencia real. Algunos comentarios señalaban que el uso constante de filtros creaba expectativas irreales y cuestionaban la autenticidad de su contenido.No obstante, la reacción del público no fue completamente negativa. Un sector de sus seguidores salió en su defensa, destacando que su apariencia natural no era motivo de crítica. “Se ve hermosa sin filtro” y “No necesita editar su rostro para verse bien”, fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales, evidenciando el contraste de opiniones frente al caso.Asimismo, el caso pone en evidencia la presión constante que enfrentan los creadores de contenido para mantener una apariencia que se ajuste a los ideales estéticos predominantes en redes sociales. En un entorno altamente competitivo, muchos recurren a filtros como una forma de mejorar su imagen y atraer más público, lo que puede convertirse en un arma de doble filo cuando ocurren fallos técnicos.Por ahora, la influencer no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
Mientras caía la lluvia en la capital colombiana este domingo, 22 de febrero, la cita era en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la octava fecha de la Liga BetPlay para el apasionante choque entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.La pelota rodó sobre las 4:03 de la tarde, tres minutos más tarde de lo programado, pero con la misma emoción de siempre. Un estadio rojiblanco, de hinchas cardenales y tiburones, encendió la emociones en el coloso de la 57 de dos equipos que llegaron con la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.Fue Independiente Santa Fe el que decidió controlar el ritmo del partido y desde el primer minuto comenzó a atacar la portería defendida por el uruguayo Mauro Silveira, quien fue fuerte ante el ataque de Hugo Rodallega y Omar Fernández por parte de los dirigidos por Pablo Repetto.El primero cayó de los pies de Víctor Moreno al minuto 22' para Independiente Santa Fe, que ya había avistado antes por los errores que estaban cometiendo Jermein Peña y Edwin Herrera y que dejaron el espacio para que el defensor pusiera el grito de gol en El Campín.Sin embargo, la alegría cardenal duró muy poco en un despiste de Emmanuel Olivera y un rebote de Andrés Mosquera Marmolejo, este último termina impactando a Cristian Barrios y William Roldán (tras revisar el VAR) indicó la pena máxima y al minuto 29 lo empató Luis Fernando Muriel.Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron mucho y el duelo de uruguayos lo siguió liderando Pablo Repetto, que, con diferencia, tuvo mejor lectura de partido y sus cambios le dieron frescura al ataque cardenal, tanto así, que la salida de Moreno por Scarpetta fue ideal para que cayera el segundo del cuadro capitalino (56').Pese a los cambios de Alfredo Arias, el Junior no encontró su fútbol y con el paso de los minutos el desgaste fue mayor en donde la confianza de un empate comenzó a caer en Teófilo Gutiérrez. La altura, una vez más, le jugó en contra a los tiburones que siguen en esa mala racha cuando visita Bogotá, ya sea contra Santa Fe o Millonarios.De ahí el partido no tuvo mayores emociones y fue un constante choque entre los equipos, de algunas amarillas y palabras de un jugador a otro, hasta que al minuto 90 se fue expulsado Helibelton Palacios por doble amarilla. Así se sentenció el partido para darle la victoria a Santa Fe (2-1).Ahora, los cardenales deberán preparar su próximo partido contra Atlético Nacional el próximo miércoles, 25 de febrero, nuevamente en Bogotá, para seguir escalando posiciones y poderse meter entre los ocho primeros y llegar a los cuadrangulares finales.Por su parte, Junior se prepara para visitar Montería para enfrentar a Jaguares el sábado, 28 de febrero, por la novena fecha de la Liga BetPlay.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La influencia de alias ‘El Mencho’ en el narcotráfico colombiano iba más allá de las fronteras de México. Fuentes de inteligencia señalan que el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, mantenía vínculos directos con estructuras criminales en Colombia, especialmente con el Clan del Golfo, considerado el mayor exportador de cocaína del país.Según información de inteligencia, los nexos entre el cartel mexicano y organizaciones colombianas eran amplios, pero el Clan del Golfo fungía como socio estratégico. Esta estructura aportaba rutas, cargamentos y logística para envíos a gran escala, principalmente hacia Estados Unidos, el mercado más rentable para las redes de narcotráfico transnacional.El rol de ‘El Mencho’ habría sido el de articulador. Inteligencia señala que funcionaba como enlace directo entre productores y traficantes en Colombia y la red de distribución internacional del cartel. Bajo ese esquema, el flujo de droga se mantenía estable, teniendo en cuenta que las organizaciones colombianas aseguraban producción y salida, mientras el cartel mexicano garantizaba recepción, distribución y lavado de activos.Aunque en los últimos años se abrieron corredores hacia Europa, la mayor parte de los envíos continuaba orientada al mercado estadounidense. Esa dependencia hacía que la figura de Oseguera Cervantes fuera clave para sostener la arquitectura criminal que conectaba Sudamérica con Norteamérica.La muerte del capo en México, confirmada por las autoridades y que desató reacomodos dentro del crimen organizado, provocó un remezón inmediato en esas dinámicas. Fuentes señalan que su ausencia obliga a los criminales a replantear rutas, intermediarios y alianzas, especialmente en los corredores que conectan a Colombia con carteles mexicanos.En Colombia, el impacto se sentiría principalmente en el Clan del Golfo, que habría perdido a uno de sus principales interlocutores internacionales. Sin esa figura, las organizaciones deben redefinir canales de negociación, lo que abre escenarios de disputas internas, nuevos intermediarios y posibles fracturas en las cadenas de exportación.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a las elecciones legislativas y presidenciales asegurando que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades del registrador, Hernán Penagos.“Con una presencia activa en sus eventos, incluyendo los simulacros, que es el más reciente, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”, dijo Eljach.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que, supuestamente, algunas de ellas podrían abrir la puerta al fraude.El procurador también se refirió a una pregunta que hizo el presidente en las últimas horas, en la que planteaba si era posible que los militares fueran testigos electorales.“Es un tema controversial porque es una cercanía bastante provocativa a las urnas. Yo creo que hay sectores más independientes, como por ejemplo los estudiantes universitarios o los del último año. Pero hasta donde yo entiendo no hacen falta jurados para las votaciones ni hacen falta testigos”, agregó Eljach.
A puertas de un nuevo ciclo electoral, un estudio nacional puso sobre la mesa lo que piensan los colombianos sobre la democracia: existe preocupación por su rumbo, pero no se ha perdido la confianza en el voto como herramienta de cambio.La iniciativa “Cuidar la democracia”, liderada por once universidades junto a organizaciones empresariales y sociales, presentó los resultados de una encuesta aplicada a 1.700 personas en 81 municipios del país, con cobertura urbana y rural, realizada por Invamer.El 62 % de los encuestados considera que la democracia se está debilitando. Entre las principales razones mencionadas aparecen la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, el 92 % afirma que su voto hace la diferencia, lo que evidencia que, pese a la insatisfacción con el desempeño del sistema, se mantiene la convicción de que la participación electoral puede generar cambios.La desinformación es uno de los factores que más inquieta. El 60 % la identifica como una amenaza seria para la democracia. A esto se suma la falta de transparencia, señalada por el 56 % de los consultados. Según el informe, estas percepciones influyen en la desconfianza hacia las instituciones y en la evaluación del sistema democrático.En cuanto a las prioridades ciudadanas, el 56 % considera que mejores oportunidades de educación y trabajo aumentarían su satisfacción con la democracia. También se mencionan la mejora en seguridad (54 %) y en transparencia (50 %) como aspectos clave.El estudio muestra además que la mayoría de los encuestados atribuye la responsabilidad principal de cuidar la democracia al Gobierno nacional (70 %), seguido por el Congreso (59 %), los gobiernos locales (58 %) y las Cortes (57 %). No obstante, la iniciativa plantea que la protección del sistema también requiere la participación de universidades, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía.La alianza está conformada por la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Icesi, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Minuto de Dios, CESA, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con aliados como SURA, Comfama y VélezReyes+.Los resultados serán presentados en la Universidad de los Andes y posteriormente se realizarán foros regionales para discutir propuestas y compromisos de cara a las elecciones de 2026.El informe propone abrir conversaciones públicas en las regiones, fortalecer la calidad del debate y promover compromisos verificables que permitan hacer seguimiento a lo que se promete en campaña.
En diálogo con Mañanas Blu, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea resaltó la solidez y las garantías que ofrece el andamiaje institucional de Colombia. Según los representantes de la misión, el país cuenta con un sistema diseñado para proteger la voluntad popular, lo cual se traduce en una estructura transparente que permite el ejercicio democrático sin sesgos ideológicos.Garantías para la alternancia y el cambio políticoUno de los puntos centrales destacados por la Misión, representada en la voz de Gabriel, es la capacidad del sistema para facilitar transiciones de poder de manera legítima. Se subrayó que el sistema electoral colombiano es tan "garantista" que ha permitido, basándose en datos concretos, la llegada al poder de un gobierno de tendencias políticas distintas a las tradicionales, como es el caso del actual gobierno de izquierda que ocupa la Casa de Nariño.Este hecho es interpretado como una prueba de fuego superada por las instituciones electorales, demostrando que las reglas del juego son claras y se respetan, permitiendo que cambios profundos en la tendencia política de los votantes se vean reflejados en los resultados finales sin interferencias sistémicas. La transparencia, por tanto, no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que ha quedado evidenciada en los procesos de escrutinio más recientes.El impacto de la retórica oficial sobre la institucionalidadA pesar de la robustez del sistema, la Misión también fue consultada sobre los riesgos que enfrenta la democracia cuando las figuras de alto nivel cuestionan la integridad de los procesos. Existe una preocupación legítima sobre qué tanto se puede lesionar un proceso electoral cuando un jefe de Estado pone en duda los resultados o el funcionamiento del sistema electoral mismo.Esta situación plantea un desafío para la confianza ciudadana. Si bien el sistema posee mecanismos técnicos de verificación y vigilancia, la narrativa pública que emana desde el poder central puede generar tensiones innecesarias. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad de una democracia depende no solo de la precisión técnica de sus votos, sino también de la responsabilidad en el discurso de los líderes políticos para no minar la credibilidad de las instituciones que ellos mismos presiden.El valor de la observación internacionalLa presencia de la Unión Europea refuerza la idea de que el sistema colombiano está bajo un escrutinio constante y técnico. La transparencia mencionada se sustenta en la posibilidad de auditar cada fase del proceso, asegurando que, a pesar de las dudas que puedan surgir en el debate político cotidiano, la estructura electoral permanezca como un pilar inamovible de la democracia colombiana. Escuche aquí la entrevista:
En una operación militar en el corregimiento de Tutunendo, zona rural de Quibdó, tropas del Ejército intervinieron 32 unidades de producción minera clandestina. La acción dejó nueve capturas y un fuerte impacto económico sobre estructuras dedicadas a la explotación ilícita de oro en el departamento del Chocó.Durante la intervención, las tropas capturaron a nueve personas señaladas de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los procesos por delitos ambientales y económicos.Uno de los golpes más fuertes fue la destrucción controlada de la maquinaria empleada en los entables ilegales. En el lugar fueron halladas y neutralizadas seis excavadoras, cinco dragas tipo buzo, dos motores tipo Cummins, nueve motores industriales y diez motobombas, equipos clave para sostener la extracción ilegal en la zona selvática.También se inutilizaron 12.000 galones de ACPM que alimentaban la operación minera clandestina, un insumo vital para el funcionamiento continuo de estas estructuras. Solo en maquinaria, las pérdidas superarían los 3.200 millones de pesos.Sin embargo, el mayor impacto estaría en la producción ilegal frenada. De acuerdo con estimaciones oficiales, los entables intervenidos generaban cerca de 31.400 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16.000 millones de pesos. Sumado al resto de afectaciones, el golpe económico total superaría los 19.000 millones.Además del componente financiero, la operación busca frenar el deterioro ambiental en una de las regiones más golpeadas por la minería ilegal. La intervención reduce la contaminación por mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas, así como la sedimentación de ríos y la afectación a la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En medio de la polémica generada por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, al ambientar la idea de un presunto fraude a 13 días de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar los comicios, aseguraron que está garantizada la transparencia de todas las etapas del proceso electoral, especialmente del software de preconteo y escrutinios.Y es que, a la par de las críticas por la instrucción de dejar en blanco los espacios de los E-14 (acta de escrutinio) en donde no se registren votos por algún candidato o partido en la mesa de votación, el primer mandatario sostiene que el software de cómputo electoral, operado por la unión temporal Disproel (de la que hace parte Thomas Greg & Sons), es un sistema “vulnerable y poco confiable” que ha funcionado en desacato a una orden del Consejo de Estado que exigía su reemplazo desde hace diez años.Según el presidente, la “opacidad” sobre el código fuente permite la ejecución de lo que denomina el “fraude de los algoritmos”, mediante el cual se podrían alterar resultados a través de “iteraciones” o la creación de “mesas fantasmas”, tal como dice que ocurrió en las elecciones de 2022. Para evitar generar suspicacias, pide que se entregue el código fuente completo a expertos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) para una auditoría profunda.En respuesta a las afirmaciones del oficialismo, la Registraduría informó que los sistemas de información y software utilizados en las elecciones de 2026 están siendo auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo internacional con trayectoria en procesos electorales de América Latina. La verificación incluye los software de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados, en el marco de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas (8 de marzo), primera vuelta presidencial (31 de mayo) y eventual segunda vuelta (21 de junio).“En relación con los sistemas de información y de lo cual pueden dar fe los órganos de control, desde inicio de año venimos llevando a cabo procesos de auditoría al software de preconteo, de escrutinio en sus niveles auxiliar municipal y distrital y del software de consolidación y divulgación nacional. El Centro de Altos Estudios de Promoción Electoral, un organismo con más de 40 años de experiencia y que hace la Secretaría de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica, está llevando a cabo esta tarea que ha realizado en diferentes naciones. Este proceso garantiza la integridad de todos los sistemas de información que está utilizando la Registraduría Nacional”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.Adicionalmente, el órgano electoral anunció que a partir del próximo miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos.“Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de este código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como lo estimen pertinente. Durante tres días estará expuesto el código fuente para garantizar la integridad y para que haya absoluta tranquilidad de todos los software y los sistemas de información que vamos a utilizar”, agregó Penagos.El jefe de la organización electoral señaló que la participación de CAPEL pretende elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales y que los informes técnicos serán puestos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.
En las últimas horas se conoció que, hasta este momento, el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría, la información solicitada por el ente de control sobre el polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen, con la multinacional sueca Saab.El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal, “secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional”.Adicionalmente, el ministerio de Defensa le solicitó a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información, para “garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma” a la sede del ente de control, además de pedir una “mesa de trabajo” para responder a las inquietudes frente al contrato con Saab.Finalmente, la reunión con el fin de adelantar la mesa de trabajo se realizará el próximo 4 de diciembre en la Sede de la Contraloría y será liderada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Contratación Estatal que adelantaron la compra de los aviones Gripen.La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con el contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana.Llama la atención el contraste de lo que dice el ministerio de Defensa sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido: en una alocución llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, Petro dijo: “he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque ha habido una avalancha de esa información”, mientras que en su cuenta en la red social X, dijo el 23 de noviembre: “no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen”.Escuche aquí la noticia:
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a una declaración de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien afirmó no tener información sobre la presunta infiltración en el Gobierno a través del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.La fiscal también señaló que dicha información tampoco estaba en poder de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, sino únicamente en una fiscal de Medellín.“Yo lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado ni informado para poder actuar más rápidamente, y no por conducto de una filtración, como efectivamente ha sucedido”, dijo Camargo.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca conoció la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. “Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa. Si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa mediante métodos científicos”, escribió.Estas declaraciones evidencian un cambio de postura del mandatario, quien inicialmente aseguró que la información era falsa y defendió al general Huertas y al director de la DNI, Wilmar Mejía. Ahora señala que esperará los resultados de las investigaciones para tomar decisiones.En otro trino, el presidente lanzó además una advertencia a las disidencias de Calarcá, en caso de comprobarse que usaron el proceso y las negociaciones de paz para delinquir.“Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la junta del narcotráfico, están bajo ataque; y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”, afirmó Petro.
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista:
La información abrió un debate inmediato sobre la forma en que se toman decisiones dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el nivel de responsabilidad que recae sobre quienes ocupan posiciones estratégicas en el Estado.En diálogo con Mañanas Blu, este 26 de noviembre, Mejía dejó una frase que resume buena parte de su postura frente al escándalo: “Es muy difícil asumir responsabilidades cuando no hay decisiones que me correspondan a mí”.Con este mensaje, el funcionario buscó explicar cómo llegó a uno de los cargos más delicados del país y por qué, según él, las acusaciones de infiltración en el Gobierno no pueden recaer sobre su nombre.Durante la entrevista insistió varias veces en que no está dispuesto a cargar con responsabilidades que, asegura, no le corresponden. Su defensa, a lo largo de más de una hora, se centró en aclarar su rol, su trayectoria y el camino que lo llevó a ocupar la dirección de la entidad.Wilmar Mejía niega ser un infiltrado: pruebas, credibilidad y su versiónUna de las preguntas clave fue directa: ¿es Mejía un infiltrado de las disidencias en el Gobierno Petro? Él lo negó con firmeza. Recordó que todos los funcionarios de la DNI —incluyéndose— deben pasar pruebas de credibilidad, como el polígrafo, y afirmó haberlas superado sin objeciones.Explicó que llegó a la entidad en 2024 tras entregar una información sensible al Gobierno, pero aclaró que ese hecho no lo convierte en informante. “Tenía una información puntual y la entregué. Eso no me hace informante, como tampoco un periodista que recibe datos es informante de quien se los pasa”, señaló.Aseguró que el señalamiento es injusto y que la idea de una supuesta infiltración no corresponde a los hechos ni al trabajo que ha desempeñado.Ascenso en la DNI: trayectoria, capacidades y responsabilidadesOtro punto que marcó la conversación fue su rápido ascenso dentro de la DNI, pasando de agente de inteligencia a director. Ante las críticas, Mejía respondió que su formación inicial en educación física no es un impedimento, ya que la inteligencia no exige una carrera específica, sino capacidades para generar confianza, recorrer territorio y acceder a información relevante.Indicó que sus resultados fueron valorados por los directores de la entidad, lo que permitió su avance. En medio de la presión pública, reiteró que sus actuaciones están dentro de la ley y que las decisiones institucionales corresponden a la dirección general.Con firmeza, cerró la entrevista con una aclaración que busca dejar su posición definida: “Yo aporto, ejecuto y respondo por lo que me corresponde, pero no asumiré responsabilidades por decisiones que no tomé”.Escuche la entrevista completa aquí:
El polémico decreto con el que el Gobierno adoptó el modelo de salud preventivo y que implementaba varios puntos de la reforma a la salud que aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República, sufre un nuevo revés porque el Consejo de Estado le negó una solicitud de aclaración al Ministerio de Salud sobre los alcances del fallo de suspensión provisional.La cartera de Salud había solicitado que se aclarara cuáles artículos del decreto estaban suspendidos y qué marco normativo debía aplicarse mientras estuviera vigente la medida cautelar.En particular, pidió que se definiera si revivía el Decreto 1599 de 2022, para evitar, según la entidad, un eventual vacío normativo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Sin embargo, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que la figura de la aclaración no puede usarse para ampliar, modificar o complementar una decisión judicial, ni para resolver inquietudes operativas sobre su cumplimiento.La suspensión provisional del decreto se efectuó tras una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la designación de exjefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco, Don Berna y Diego Vecino— como gestores de paz. En entrevista con Mañanas Blu, la defensora explicó las razones jurídicas y humanitarias que sustentan la acción.Según Marín, la figura de “gestores de paz” está reglamentada por la Ley de Justicia y Paz, cuyo marco normativo no coincide con la función que el Gobierno pretende otorgar a estos excombatientes. “Estas personas ya tuvieron su proceso en Justicia y Paz, ya se desmovilizaron y varios de ellos incumplieron sus compromisos”, afirmó.Riesgo para los derechos de las víctimasLa defensora advirtió que permitir nuevamente la interacción de estos exparamilitares con comunidades afectadas es una decisión que vulnera los avances logrados bajo supervisión judicial. “Aquí se desconoce completamente el marco jurídico y se pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes tampoco participan en estos procedimientos”, señaló.Además, enfatizó que la legislación previa establecía límites claros sobre el tipo de actividades que podían realizar los desmovilizados, siempre bajo vigilancia de un juez. La nueva designación, explicó, “abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios en actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial”.Falta de competencia y extralimitación presidencialUno de los puntos más sensibles de la demanda es la supuesta falta de competencia del presidente de la República para emitir la resolución que habilita estas gestorías. “No hay una norma habilitante; es decir, no es claro de dónde sale esta facultad del Presidente”, afirmó Marín, sosteniendo que existe una extralimitación de funciones por ausencia de sustento normativo.Medidas cautelares y urgencia del falloLa Defensoría solicitó al Consejo de Estado un trámite de urgencia y la suspensión provisional de la resolución mientras se toma una decisión de fondo. “Sí, pedimos la suspensión por todas estas razones”, confirmó la defensora.Nombramiento de negociadores de paz vinculados a delitos gravesEl debate no se limita al paramilitarismo. La entrevista también abordó el polémico nombramiento como negociadores de paz de cuatro integrantes del EMC, entre ellos alias Samir —buscado por el asesinato de 13 policías en Amalfi— y alias 'Danilo Alvizú', mencionado en conversaciones filtradas sobre la campaña presidencial de 2022.Frente a estos casos, Marín precisó que la ley sí permite suspensiones de órdenes de captura durante procesos de paz, pero advirtió que el Gobierno tiene la obligación de usar estas facultades con responsabilidad. “No puede usar la facultad de manera que permita una mayor expansión de los grupos que continúan delinquiendo”, dijo.La defensora destacó que, aunque los procesos de paz involucran a personas que siguen en armas, el Estado debe garantizar que las medidas no fortalezcan su capacidad criminal. “Lo que estamos viendo con este grupo y con otros muchos es su expansión territorial”, afirmó, recordando que continúan con prácticas como reclutamiento de menores, economías ilícitas y control ilegal de comunidades.Incoherencia entre la realidad y los compromisos de pazEl periodista Ricardo Ospina planteó la aparente contradicción entre el asesinato de los 13 policías en Amalfi y la posterior designación de alias Samir como negociador. Marín coincidió en que los hechos no son fáciles de explicar: “¿Realmente estamos viendo avances, o lo que vemos son hechos que son más de guerra que de paz?”, cuestionó.La defensora también se refirió al reciente anuncio de una zona de ubicación temporal para los negociadores del EMC, cuyo plazo ya venció sin resultados. Según Marín, esto evidencia nuevamente una distancia entre lo prometido y lo ejecutado: “Tenemos dos fotos: la foto del papel y la foto de la realidad”, afirmó.Sobre el acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y las disidencias, Marín destacó que uno de los puntos más relevantes es la creación de un mecanismo de monitoreo, ausente hasta ahora. “Más vale tarde que nunca, pero es fundamental porque todo esto se queda en discusiones de impresiones si no hay verificación”, subrayó.También valoró el compromiso anunciado de poner fin al reclutamiento infantil, aunque advirtió que la verificación será clave: “La pregunta es si le creemos al papel o a la realidad”, concluyó.