El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
Aunque Bancolombia informó ayer hacia las 7:20 de la noche que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente los servicios, lo cierto es que lo que vino después fue una ola de molestias y reclamos de los usuarios.Desde las 7:30 p.m., tanto los canales digitales como los físicos quedaron temporalmente fuera de servicio: la aplicación móvil, la sucursal virtual, las oficinas y otros puntos de atención. La entidad habló de trabajos técnicos necesarios, pero no precisó a qué hora volvería todo a la normalidad, lo que aumentó la incertidumbre entre los clientes.Más tarde, a las 9:52 de la noche, el banco aseguró que algunos servicios ya estaban habilitados: el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros. Sin embargo, ese fue el último mensaje publicado en su cuenta de X, y para muchos usuarios la situación estaba lejos de resolverse.A esta hora, aunque la plataforma virtual y la aplicación funcionan, las redes sociales siguen llenas de quejas. Varias personas reportan que realizaron transferencias y el dinero no llegó a su destino; otros afirman que recibieron consignaciones que no se reflejan en sus cuentas. También hay casos de movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y que ahora figuran como efectivos, generando confusión y preocupación sobre posibles dobles cobros o inconsistencias.Los reclamos se concentran en la falta de información clara y oportuna, así como en el impacto que estas fallas han tenido en pagos, compras y obligaciones financieras. Desde el sábado ya se venían reportando dificultades para ingresar a la aplicación, hacer transferencias y consultar saldos.Mientras la entidad afirma que continuará monitoreando su plataforma tecnológica, los usuarios piden explicaciones más detalladas y garantías de que este tipo de fallas no volverán a repetirse hoy ni en los próximos días.Nestor¿Qué servicios de Bancolombia no estaban funcionando?De acuerdo con lo reportado, ningún servicio estaba en funcionamiento en ese momento. Esto incluye:🔴 App Bancolombia🔴 Sucursal Virtual Personas y Empresas🔴 Pagos y transferencias electrónicas🔴 Retiros y pagos con tarjetas débito🔴 Recargas de la tarjeta Cívica del Metro🔴 Tarjetas débito Cívica de Bancolombia
Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos.Hoy, vestido con uniforme verde de operario, riega los parques y habla con serenidad de un futuro que, por ahora, no está en su país de origen."Fui habitante de calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme", cuenta a EFE en una entrevista en la que resume su presente en una frase definitiva: "Me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida acá".Como él, millones de venezolanos observan desde Colombia el incierto escenario abierto tras la captura en enero pasado del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense que abrió una compleja transición política.Colombia es el principal destino migratorio venezolano en el mundo, con unos 2,8 millones de personas, según cifras oficiales. En total, más de 7,7 millones de venezolanos abandaonaron su país en la última década, de acuerdo con organismos internacionales.Muchos se han instalado en Bogotá, donde han reconstruido su vida como vigilantes, panaderos, repartidores, periodistas o vendedores ambulantes. En el centro de la capital, en mercados y plazoletas donde decenas de migrantes esperan durante horas a que llegue un pedido en sus teléfonos, el miedo sigue presente.Varios repartidores de comida mediante aplicaciones como Rappi o DiDi rechazaron hablar con EFE y algunos se alejaron apenas vieron la grabadora."Si nos ven, nos echan el gancho y nos llevan para El Helicoide", dijo uno de ellos, en alusión a la cárcel en la que organismos de la ONU han de nunciado la existencia de "salas de tortura" y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.Volver sí, pero no ahoraAntonio Alexander Hernández, vigilante de 54 años, recibió la noticia de la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero y recuerda que dijo: "Gloria a Dios, llegó lo que esperábamos".Hernández, que asegura haber huido tras ser advertido de que estaba "en una lista para ser capturado", quiere regresar, pero solo si existen garantías. "Pienso volver (...) pero con una ley de amnistía, que nos permita regresar en paz", dice.Una cautela similar tiene Isamar Celín, manicurista en el céntrico sector de Chapinero, quien emigró hace seis años y hoy también trabaja como enfermera particular. Aunque la noticia le produjo "mucha alegría", descarta volver por ahora, en parte por el tratamiento contra el cáncer que recibe su madre en Colombia."Tendría que estar Venezuela al mismo nivel de Colombia para poder trasladarla", explica, consciente de que regresar implica empezar de nuevo. Otros, como Diego Alexander Matute, administrador en Venezuela y hoy panadero en Bogotá, tampoco ven el retorno como una decisión inmediata, pese a su deseo de contribuir a la reconstrucción del país.La vida que lograron construirEn la frontera, donde miles de migrantes siguen cruzando a diario en ambos sentidos por razones laborales, comerciales o familiares, Ariadni Benítez vende cafés desde hace siete años, trabajo con el que logró estabilidad, algo impensable cuando emigró tras una crisis de salud de su hija.Con dos termos bajo el brazo y varios vasos de plástico en la mano, recorre las calles ofreciendo "tinto" (café) a conductores y transeúntes para sacar adelante a su familia."Tengo estabilidad, mis hijas estudiando, por eso no tengo muy pensado regresarme", dice, mientras recuerda que decidió salir de Venezuela después de que su hija enfermara y no encontrara medicamentos.Más allá de la caída de Maduro, el regreso depende de factores personales, familiares y económicos. Beatriz Jhoana Ochoa, que vende empanadas y arepas en un puesto callejero en Cúcuta, viajó recientemente a Venezuela después de ocho años sin regresar y lo que encontró fue un país aparentemente ajeno al terremoto político."Llegué a (la isla) Margarita y todo estaba normal. La gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema", cuenta. Para ella, más allá de quién gobierne, la vida sigue marcada por la necesidad de trabajar: "A mí no me importa si está o no está, yo tengo que trabajar igual", dice.Su reflexión resume el sentimiento de muchos migrantes que, tras años fuera, han logrado reconstruir su vida lejos de Venezuela mientras observan desde la distancia el incierto futuro de un país al que aún no saben si volverán.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes a la AFP la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa."Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa", reaccionó el jugador en X."Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", añadió el internacional marroquí de 27 años.¿De qué acusan a Hakimi?A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal."Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave", declaró la abogada del jugador, Fanny Colin.Según una fuente policial, la acusación particular había asegurado que el jugador la había besado, le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.Contactada la abogada de la joven, Rachel-Flore Pardo, ésta no reaccionó por ahora al anuncio del juicio.¿Qué dice la defensa de Hakimi?La defensa del futbolista considera que "los dos peritajes psicológicos" de la víctima "han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar" y subraya en particular "que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban 'desplumar' al señor Hakimi".Tras las requisitorias de la fiscalía, que había solicitado el envío del futbolista a juicio por violación, la abogada de la víctima declaró que "nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión"."No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas", añadió."Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia", concluyó este martes la abogada de Hakimi.Formado en el Real Madrid, con paso por el Borussia Dortmund y el Inter y pilar de la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial 2022 en Catar, el futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, tras el brasileño Marquinhos.Contactado por la AFP, el club parisino no reaccionó de inmediato a la noticia.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El presidente Gustavo Petro amenazó este viernes con retirar su misión diplomática de Perú si ese país agrede la residencia de la embajada de México en Lima, donde está asilada la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, contra quien un juez ordenó prisión preventiva por cinco meses."Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada", expresó Petro en la red social X sobre el caso de Chávez, quien es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra y argumentó que tomó la decisión porque el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable" por su no asistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.La ex primera ministra salió en libertad al reconocer el Tribunal Constitucional que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México.Ante esto, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
Este lunes a las 8:00 p.m. se encontrarán en el norte de Bogotá algunos precandidatos opositores para hablar sobre las elecciones de 2026.La idea es empezar a unificar los temas programáticos, teniendo en cuenta que el objetivo de esta alianza es que, entre quienes se unan, se apoye a un único candidato.A la reunión ya confirmaron su asistencia Vicky Dávila, Martha Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios y Juan Carlos Pinzón.También están invitados Anibal Gaviria y el senador Mauricio Gómez.Enrique Peñalosa también fue invitado; sin embargo, no pudo confirmar su asistencia por otros temas de agenda.Hasta este momento, Abelardo de la Espriella no ha sido invitado a este encuentro.Además, al encuentro tampoco han sido invitados los partidos opositores, desde donde también se han hecho llamados para la unidad. Es decir que, hasta el momento, a la reunión no van los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y el partido Conservador.Por otro lado, al encuentro fue invitado el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien recordemos ya hace parte de una alianza junto a David Luna y Juan Manuel Galán.Mauricio Cárdenas no podrá asistir ya que ese día tiene agenda en Tumaco, sin embargo el exministro de hacienda ha manifestado estar dispuesto a reunirse con este grupo de precandidatos.Es importante recordar que, recientemente el precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le hizo un llamado a los candidatos opositores para que hagan una encuesta en enero en la que se definan los candidatos que van a una consulta en marzo, el ganador de la consulta sería apoyado por todos los otros que hagan parte de la propuesta.Una vez se conoció esta propuesta la candidata Vicky Dávila le respondió a Pinzón que estaba dispuesta a reunirse. El exministro de Defensa le respondió, en su momento, invitándola a reunirse este lunes.“Querida, Vicky Dávila, qué bueno poder avanzar. Programemos una reunión para la próxima semana, ojalá el lunes, y empecemos entre todos a definir el proceso. Ya hay valiosos esfuerzos, es prioridad sumarlos todos”, le expresó Pinzón.Recordemos también que esta semana Mauricio Gómez sí abrió la puerta a una alianza con Abelardo de la Espriella.
Función Pública tiene listo un borrador de decreto que eliminaría varios de los requisitos actualmente exigidos para ser embajador o cónsul, modificando un decreto vigente desde 2015.“En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencian profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco (25) años”, se lee en el documento.Sindicatos de Cancillería rechazan iniciativaLa iniciativa encendió las alertas entre los sindicatos de la Cancillería, que preparan un comunicado para rechazar la propuesta al considerar que crea una desventaja frente a los funcionarios de carrera diplomática.Camilo Vizcaya, presidente de Asodiplo, afirmó que la medida representa “una reducción absoluta de los requisitos para ser embajador o cónsul general”. Recordó que quienes alcanzan estos cargos dentro de la carrera diplomática “debe haber cursado al menos 25 años, realizado exámenes de ascenso y actualización”, por lo que ven una “inequidad” frente a los embajadores actuales."Y entonces al ver este tipo de proyectos normativos nos preocupa porque estamos entonces improvisando y dándole la batuta del más alto nivel de la diplomacia colombiana a personas que posiblemente no van a tener los requisitos, la preparación, la experiencia que se requiere y eso lo que hace entonces es desmejorar naturalmente la diplomacia colombiana y nos pone en desventaja frente a los demás cuerpos diplomáticos del mundo”, agregó.Según Vizcaya, mientras hoy los nombrados por el presidente deben acreditar una carrera profesional, maestría y una segunda lengua, el borrador solo exige ser mayor de 25 años. “Es preocupante, más cuando estamos en una campaña y existe el riesgo de que esto se utilice con fines políticos”, agregó.El presidente de Unidiplo señaló que esperarán el periodo de comentarios del decreto y advirtió que, si es firmado, emprenderán acciones judiciales.
En una ofensiva coordinada, la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía y el Ejército, asestó un golpe contundente a las redes de robo y refinación ilegal de hidrocarburos que financiaban al ELN y al Clan del Golfo, afectando rentas criminales por más de $4.700 millones en un solo mes.Desarrollo de la operaciónLa acción se desplegó de manera simultánea en Arauca, Antioquia, Santander y el sur de Bolívar, bajo las operaciones Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, con intervención en los ejes oleoducto Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y Pozos Colorados–Galán.Resultados operativos: 12 capturados y múltiples diligencias de allanamiento.Bienes incautados: 1.000 galones de gasolina, un vehículo cisterna, un surtidor, equipos de comunicación y efectivo (aprox. $23 millones incautados en dos frentes: $12 millones y $11 millones).Impacto económico por frentes:Estructura en Saravena (Refinadores): ganancias estimadas en ~$900 millones mensuales; incautaciones y 5 capturas.Red de receptación Galán–Sebastopol (Ciénega): pérdidas para la red superiores a $3.000 millones; 7 capturas.Anulación de 28 válvulas ilícitas (Hefesto XII): afectación aproximada de $850 millones a las finanzas criminales.Impacto ambiental y socialLa desarticulación no solo golpea las finanzas del crimen organizado: la manipulación y refinación artesanal del crudo genera contaminación persistente de suelos, ciénagas y fuentes hídricas, con consecuencias a largo plazo para comunidades locales y ecosistemas del Magdalena Medio y Arauca.Mensaje institucional“Estos resultados reflejan la efectividad de la articulación institucional para proteger los recursos estratégicos de la nación y neutralizar las economías ilícitas que financian al crimen organizado. El apoderamiento de hidrocarburos no solo genera pérdidas económicas millonarias, sino graves afectaciones ambientales y riesgos inminentes para las comunidades. Las operaciones continuarán en todo el territorio nacional”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.La operación confirma la capacidad operativa y la estrategia interinstitucional para atacar la cadena criminal desde la extracción hasta la comercialización, reduciendo recursos clave de los grupos armados y mitigando riesgos ambientales y sociales en las zonas afectadas.
La Aeronáutica Civil confirmó la renuncia del director de la entidad el brigadier general (RA) José Henry Pinto, quien argumentó motivaciones personales para dejar su cargo.Pinto estará al frente de Aerocivil hasta que el presidente Gustavo Petro acepte formalmente su renuncia, de acuerdo con la información de la entidad.La de Pinto sería una gestión extremadamente corta, considerando que apenas en mayo de este año asumió la dirección de Aerocivil.El general Pinto es piloto de ala fija y rotatoria, instructor de vuelo y de tierra. Cuenta con estudios en Ingeniería Civil, es administrador }aeronáutico y posee una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, así como un Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) y un seminario en Liderazgo Digital del INALDE Business School, de acuerdo con su hoja de vida oficial.
Por primera vez desde su botadura en 1968, el buque escuela ARC Gloria, embajada flotante de Colombia en los mares del mundo, llegó a Puerto Vallarta, México. La maniobra de atraque, seguida por decenas de visitantes y curiosos en el muelle, marcó un momento histórico para las relaciones entre ambos países. En el puerto lo esperaba el embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, quien fue recibido en el buque por el capitán de navío Luis Fernando Lara, comandante del buque.El arribo del velero insignia no solo abrió sus cubiertas al público mexicano, sino que despertó emociones profundas entre tripulantes, oficiales invitados y ciudadanos de ambos países. Entre ellos estaba el guardia marina mexicano Lenin Canul, quien vive la visita con un doble orgullo: el profesional y el personal.“Se siente un gran compromiso con mi país, tengo una gran responsabilidad de representar el valor, la lealtad, el patriotismo, el honor”, aseguró al recordar que fue seleccionado tras ocupar el primer lugar de su generación. Para él, el atraque en su tierra natal simboliza unión: “Siempre va a haber lazos entre México y Colombia, es un gran compromiso recibirlos y me siento muy orgulloso por ello”.También a bordo, el Alférez de Fragata guatemalteco Héctor Zaldaña Zavala resaltó el aprendizaje acumulado durante los últimos dos meses de navegación, una experiencia que resume como invaluable. “Dios me ha podido dar esta gran oportunidad”, dijo. En el Gloria, asegura, encontró tradición, camaradería y un ambiente multicultural que lo marcó: “El compartir no solo en lo militar sino en lo cultural, me han tratado y recibido de una forma muy buena”.Para el teniente de la Policía Nacional, Santiago Espinosa, la llegada a Puerto Vallarta coincide con uno de los hitos más significativos de su vida profesional: su ascenso a teniente ocurrió precisamente en cubierta. “Es una posibilidad muy reducida para un policía estar en el Gloria… es motivo de orgullo”, dijo. Y añadió que su promoción será inolvidable: “Creo que va a ser uno de los ascensos más especiales que voy a tener en la vida”.El Ejército colombiano también tuvo representación a bordo. El oficial Gonzalo Eduardo López Quiñones, hoy tripulante del ARC Gloria, destacó la oportunidad de convivir con marinos y otras fuerzas. Estar en un velero de la Armada Nacional como oficial del Ejército, dice, es motivo de orgullo familiar e institucional. “Poder representar al Ejército en esta unidad insignia es un gran honor”, afirmó. Y sobre lo aprendido en cubierta agregó: “La calidad humana en este buque es increíble… me va a aportar mucho en mi carrera militar”.El arribo también tocó fibras entre los civiles que se acercaron al muelle. Juan Camilo Charri, colombiano residente en México desde hace siete años, no ocultó su emoción al reencontrarse con símbolos patrios. “Es un sentimiento que da ganas de volver a su país… ver cómo los marinos saludaban y escuchar el himno de Colombia eriza la piel”, contó.Entre los asistentes también estaba Itzel Álvarez, ciudadana mexicana y esposa de Charri, quien celebró la llegada histórica del buque. “Es de admirar todo lo que hacen ellos y poder conocer un poquito más de su país”, comentó, recordando que ha viajado por Bogotá y Cartagena. Casada con un colombiano, lo resume con una sonrisa: “Es el mejor hombre que me pude encontrar en la vida”.La primera visita del ARC Gloria a Puerto Vallarta se convirtió así en un evento lleno de simbolismo, identidad y hermandad. Un encuentro en el que el velero colombiano, con sus 23 velas y su tripulación multicultural, unió dos naciones en una misma cubierta: la del mar, la tradición y los lazos que siguen fortaleciéndose a través de la navegación.