El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 23 de febrero:La actriz, cantante y bailarina Natalia Bedoya fue invitada este lunes a Bla Bla Blu.La investigadora y periodista de misterio Kelly Torres habló en "Historias que merecen ser contadas" sobre la reina del vudú de Nueva Orleans.
La primera 'Megatoma' de la Fuerza Pública en Cali tuvo lugar en el oriente de la ciudad, específicamente en los barrios Los Naranjos, Alirio Mora, Marroquín 1 y 2. En la comuna 14, con un despliegue de policías, soldados y funcionarios de diferentes entidades.Estas intervenciones en territorio tienen dos objetivos, en primer lugar, contrarrestar los índices de criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad, y segundo prevenir ataques terroristas, logrando reaccionar a tiempo econtrando explosivos u otros artefactos sospechosos."Tenemos más de 200 hombres y mujeres de diferentes especialidades acompañados por el Ejército Nacional, para hacer capturas, control del tráfico de estupefacientes y verificación de antecedentes. Obviamente vamos a impactar la mayoría de barrios acá de la Comuna 14 y todo el oriente de la ciudad", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.Esta denominada 'Megatoma' fue liderada por el alcalde Alejandro Eder, quien estuvo en las calles acompañando estos recorridos. Ahí aseguró que esta estrategia se adelantará de manera sorpresiva durante el tiempo que Cali lo requiera."Es una presencia muy fuerte, vamos a asegurar sectores que sabemos que han sido muy golpeados por la violencia, por la criminalidad o por el microtráfico. Estos son esfuerzos sostenidos que se van a mantener durante varias semanas, por lo menos hasta que podamos controlar un poco más, la situación de orden público en Cali.", indicó el mandatario.El alcalde Eder aseguró, además, que espera comunicarse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en los próximos días para definir qué acciones adicionales se pueden implementar para seguir restaurando la seguridad en la ciudad, tras diferentes hechos violentos e intentos de atentados frustrados de las últimas semanas.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Alcaldía de Bogotá confirmó que las capturas contra los responsables del secuestro y robo a Diana Ospina serían inminentes, tras el operativo adelantado por el GAULA de la Policía Metropolitana. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde entregó detalles del caso que mantuvo en vilo a la capital durante más de 40 horas.Según explicó el funcionario, la desaparición de Ospina fue reportada el domingo hacia las 4:00 de la tarde, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda. “Ahí mismo iniciamos la recolección de información y las entrevistas a las personas que tenían datos sobre las últimas horas de ella”, señaló Restrepo.El trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y el GAULA permitió ubicar a la víctima en el borde oriental de Bogotá, en una vía cercana a la salida hacia Choachí, donde fue dejada en libertad tras la presión de las autoridades. “Cerca de las 8:30 o 9 de la noche tuvieron que dejarla en libertad para que se acercara a un CAI donde ella nos pidió que la lleváramos donde su familia porque quería descansar”, detalló el secretario.Investigación avanza y capturas serían próximasUno de los puntos clave abordados en la entrevista fue el avance de la investigación contra la presunta banda que operaría bajo la modalidad de “paseo millonario”, utilizando taxis para interceptar a sus víctimas. Aunque Restrepo evitó confirmar detalles específicos sobre los responsables, fue enfático en que el proceso avanza con celeridad. “Esa información está integrada en la investigación que avanza muy rápidamente y que debemos cuidar con celo para que una vez tengamos las capturas, esas judicializaciones sean efectivas”, afirmó.Ante la pregunta directa sobre si las detenciones serían inminentes, respondió: “Trabajamos en que sea en el menor tiempo posible”.Las autoridades analizan material probatorio, incluidos videos de cámaras de seguridad donde se observan vehículos tipo taxi involucrados en el momento en que Ospina fue abordada frente a su residencia.Secuestro y no hurto: cambio en la tipificación del delitoEl secretario de Seguridad explicó que este tipo de casos ya no son tratados como simples hurtos calificados, sino como secuestro, una decisión adoptada por la administración distrital para endurecer las penas y evitar que los responsables recuperen la libertad fácilmente.De acuerdo con la versión preliminar, la retención de Diana Ospina habría tenido como objetivo despojarla de sus recursos financieros, sin que mediara inicialmente una exigencia de rescate. “La información inicial parece que es el tema de secuestrar a una persona para quitarle los recursos que tiene en sus cuentas”, indicó.Este cambio en la clasificación jurídica ha generado un aumento en las estadísticas de secuestro en Bogotá durante 2025, pero, según el funcionario, no implica necesariamente un incremento real del fenómeno. “Nos hemos sincerado frente a este delito. Antes era tipificado como hurto calificado (…) Por eso hay una variación en la estadística y hay una mayor visibilidad del fenómeno”, explicó.Riesgo en el transporte individual y antecedentesDurante la entrevista también se abordó la posible relación de este caso con otros episodios similares, como el asesinato del profesor Neil Felipe Cuídez, ocurrido bajo circunstancias relacionadas con un presunto paseo millonario.Sin establecer conexiones directas, Restrepo reconoció que existe un patrón delictivo que preocupa a las autoridades. “Existe un riesgo real de que criminales se involucren en la red de transporte individual tipo taxi para aprovechar las vulnerabilidades de ciudadanos en la madrugada y, a partir de eso, secuestrarlos con el fin de quitarles sus pertenencias o sus recursos”, advirtió.El secretario informó que, en lo corrido de la actual administración, cinco estructuras criminales dedicadas a esta modalidad han sido desmanteladas, mientras continúan las investigaciones para identificar a otras bandas.Estado de salud de Diana OspinaEn cuanto a la condición de la víctima, Restrepo señaló que, tras ser liberada, pidió ir directamente a su vivienda para descansar junto a su familia. “Se imaginarán que el tiempo que estuvo en esa situación es estresante. Hoy trabajará con nosotros en brindarnos más información de detalle”, manifestó.La declaración formal ante las autoridades se realizará una vez la afectada se encuentre en condiciones óptimas, con el fin de robustecer el proceso judicial y garantizar que las capturas y posteriores condenas se sostengan en pruebas sólidas.El caso de Diana Ospina vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en Bogotá, particularmente frente al uso de taxis y el fenómeno del paseo millonario. Mientras la ciudadanía exige resultados concretos, la Alcaldía insiste en que el enfoque de judicializar estos hechos como secuestro permitirá “penas robustas que saquen a estos criminales definitivamente de la calle”.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Por primera vez desde su botadura en 1968, el buque escuela ARC Gloria, embajada flotante de Colombia en los mares del mundo, llegó a Puerto Vallarta, México. La maniobra de atraque, seguida por decenas de visitantes y curiosos en el muelle, marcó un momento histórico para las relaciones entre ambos países. En el puerto lo esperaba el embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, quien fue recibido en el buque por el capitán de navío Luis Fernando Lara, comandante del buque.El arribo del velero insignia no solo abrió sus cubiertas al público mexicano, sino que despertó emociones profundas entre tripulantes, oficiales invitados y ciudadanos de ambos países. Entre ellos estaba el guardia marina mexicano Lenin Canul, quien vive la visita con un doble orgullo: el profesional y el personal.“Se siente un gran compromiso con mi país, tengo una gran responsabilidad de representar el valor, la lealtad, el patriotismo, el honor”, aseguró al recordar que fue seleccionado tras ocupar el primer lugar de su generación. Para él, el atraque en su tierra natal simboliza unión: “Siempre va a haber lazos entre México y Colombia, es un gran compromiso recibirlos y me siento muy orgulloso por ello”.También a bordo, el Alférez de Fragata guatemalteco Héctor Zaldaña Zavala resaltó el aprendizaje acumulado durante los últimos dos meses de navegación, una experiencia que resume como invaluable. “Dios me ha podido dar esta gran oportunidad”, dijo. En el Gloria, asegura, encontró tradición, camaradería y un ambiente multicultural que lo marcó: “El compartir no solo en lo militar sino en lo cultural, me han tratado y recibido de una forma muy buena”.Para el teniente de la Policía Nacional, Santiago Espinosa, la llegada a Puerto Vallarta coincide con uno de los hitos más significativos de su vida profesional: su ascenso a teniente ocurrió precisamente en cubierta. “Es una posibilidad muy reducida para un policía estar en el Gloria… es motivo de orgullo”, dijo. Y añadió que su promoción será inolvidable: “Creo que va a ser uno de los ascensos más especiales que voy a tener en la vida”.El Ejército colombiano también tuvo representación a bordo. El oficial Gonzalo Eduardo López Quiñones, hoy tripulante del ARC Gloria, destacó la oportunidad de convivir con marinos y otras fuerzas. Estar en un velero de la Armada Nacional como oficial del Ejército, dice, es motivo de orgullo familiar e institucional. “Poder representar al Ejército en esta unidad insignia es un gran honor”, afirmó. Y sobre lo aprendido en cubierta agregó: “La calidad humana en este buque es increíble… me va a aportar mucho en mi carrera militar”.El arribo también tocó fibras entre los civiles que se acercaron al muelle. Juan Camilo Charri, colombiano residente en México desde hace siete años, no ocultó su emoción al reencontrarse con símbolos patrios. “Es un sentimiento que da ganas de volver a su país… ver cómo los marinos saludaban y escuchar el himno de Colombia eriza la piel”, contó.Entre los asistentes también estaba Itzel Álvarez, ciudadana mexicana y esposa de Charri, quien celebró la llegada histórica del buque. “Es de admirar todo lo que hacen ellos y poder conocer un poquito más de su país”, comentó, recordando que ha viajado por Bogotá y Cartagena. Casada con un colombiano, lo resume con una sonrisa: “Es el mejor hombre que me pude encontrar en la vida”.La primera visita del ARC Gloria a Puerto Vallarta se convirtió así en un evento lleno de simbolismo, identidad y hermandad. Un encuentro en el que el velero colombiano, con sus 23 velas y su tripulación multicultural, unió dos naciones en una misma cubierta: la del mar, la tradición y los lazos que siguen fortaleciéndose a través de la navegación.
La Procuraduría anunció un seguimiento permanente en la Universidad Nacional después de que en las últimas horas el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución. El Ministerio Público dice que la idea de este seguimiento es verificar que se haga una transición institucional."La Entidad realizará un seguimiento permanente y técnico al proceso de transición institucional, a la adopción de medidas correctivas y a la prevención de nuevas irregularidades administrativas o electorales", dijo la Procuraduría.Además, el Ministerio Público señala que el fallo del Consejo de Estado deja claro que el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones y vulneró el debido proceso."El fallo es categórico: el Consejo Superior de la Universidad Nacional desbordó sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del CPACA, vulneró el debido proceso y quebrantó la presunción de legalidad del acto previo de designación. La Procuraduría advierte que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia", agrega la Procuraduría en el comunicado.Es importante recordar que en la mañana de este viernes la senadora Paloma Valencia le había pedido a la Procuraduría que hiciera seguimiento a este tema."Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", dijo la senadora en una carta.
Hay indignación en Neiva, luego de que el conductor de un vehículo atropellara a un perro en el barrio Nueva Granada y huyera del lugar sin prestarle asistencia al animal.El momento exacto del siniestro vial quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en el que se observa cómo el conductor de la camioneta atropella y arrastra varios metros al perro. A pesar de pasar con el vehículo sobre el cuerpo del animal, el responsable continúa su marcha como si nada hubiera ocurrido.“Una vez conocida la noticia por redes sociales, donde se observa que un canino es accidentado por un vehículo, personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental llegó hasta el sitio del accidente, donde se realizaron labores de vecindario. Posteriormente, con los videos se logra establecer la marca y las placas de la camioneta que ocasionó el accidente”, señaló el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha.Le puede interesar: Video revela a pareja en moto eléctrica arrastrando a un perrito en Barranquilla; hay indignaciónAunque los vecinos del sector trataron de auxiliar al perro, este murió minutos después, debido a la gravedad de las heridas. Los propietarios del animal ya presentaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía.“Los uniformados orientaron al dueño del canino para que interponga la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal, dado que el perro falleció en el lugar del accidente sin que el conductor le prestara ningún tipo de asistencia”, informó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva.A la fecha, ya son ocho los casos de maltrato animal denunciados en Neiva, y cinco personas han sido capturadas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la vida y el bienestar de los seres sintientes.
La Procuraduría General de la Nación desplegó una comisión especial en Chocó para hacer seguimiento a los acuerdos derivados de las mesas de trabajo instaladas en cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional.Este fallo tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vida en condiciones dignas y la especial protección de las niñas y niños indígenas del Chocó, y dispuso un mecanismo de concertación institucional con condiciones de tiempo, modo y lugar que permitiera avanzar en medidas verificables de protección efectiva.En su decisión, la Corte confirmó el amparo otorgado por los jueces de instancia y ajustó las órdenes para consolidar ese mecanismo de articulación interinstitucional. Las medidas están dirigidas a garantizar derechos de la niñez indígena de los pueblos Emberá (Katío, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule, en municipios como Lloró, Bajo Baudó, Alto Baudó y su cabecera Pie de Pató, Riosucio, Bagadó, Pizarro y Bojayá, donde persisten graves afectaciones humanitarias.Durante el segundo día de sesiones, enfocado en temas de salud, la Procuraduría Auxiliar Constitucional instó a las entidades del orden nacional y territorial a estructurar un plan de acción con términos precisos de corto, mediano y largo plazo. El Ministerio Público reiteró que no puede haber nuevas dilaciones en el cumplimiento de esta orden judicial dirigida a proteger a miles de niñas y niños indígenas que requieren atención urgente.Asimismo, la Procuraduría hizo un llamado a las comunidades indígenas para que faciliten y contribuyan al avance de los compromisos asumidos en la mesa, destacando que la articulación entre instituciones y autoridades propias es indispensable para alcanzar resultados sostenibles.
La senadora Paloma Valencia le pidió a la Procuraduría una acción preventiva urgente para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional cumpla las decisiones del Consejo de Estado frente a la rectoría de dicha universidad. Es importante recordar que en las últimas horas se declaró la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución."El Alto Tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024. Además, señaló que el proceso de elección había culminado el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña, razón por la cual no se podía aplicar la norma que permite la corrección de actuaciones administrativas"; explicó la senadora.La senadora asegura que la elección de José Ismael Peña como rector fue legal y que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional debe garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado."Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un Rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", agregó Valencia.
La Casa de Nariño analiza dos alternativas para lograr el regreso a Colombia de la primera dama, Verónica Alcocer, cuya movilidad internacional se ha visto afectada tras las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, a su familia y a algunos altos funcionarios. Los detalles fueron revelados por Néstor Morales en Mañanas Blu, donde explicó que el principal obstáculo es que las aerolíneas están cancelando cualquier tiquete asociado al nombre de Alcocer.La primera opción que estudia el Gobierno consiste en un eventual viaje del presidente Petro a Suecia. Según revelaron los periodistas, el mandatario está nominado al premio Right Livelihood, conocido como el “Nobel Alternativo”, otorgado por organizaciones civiles. Si el presidente viajara a Estocolmo para una agenda oficial, podría aprovechar el desplazamiento para traer de regreso a la primera dama en el avión presidencial.Sin embargo, esta opción enfrenta un problema: el reglamento del premio establece que, si un nominado divulga públicamente su postulación, pierde automáticamente el reconocimiento. Aunque Petro está nominado, aún no ha sido declarado ganador, por lo que anunciar un viaje exclusivamente para asistir a la ceremonia podría interpretarse como una confirmación anticipada del galardón. Ante esto, en Mañanas Blu indicaron que el Gobierno evalúa construir una agenda más amplia que incluya reuniones y otros actos diplomáticos, lo que daría sustento al viaje sin comprometer la nominación.La segunda posibilidad, calificada como más compleja, implica la participación de la aerolínea estatal rusa Aeroflot. Debido a que las aerolíneas comerciales han cancelado repetidamente cualquier reserva a nombre de Verónica Alcocer —incluso cuando terceros intentan pagar los tiquetes— el Gobierno colombiano considera la opción de que la primera dama viaje desde Moscú hacia América Latina en un vuelo de Aeroflot, una compañía ya sancionada por Estados Unidos y, por tanto, ajena a las restricciones de la llamada “lista Clinton”.Según la información revelada, Alcocer se encuentra actualmente en Estocolmo. Sin embargo, tampoco ha logrado obtener un vuelo entre la capital sueca y Moscú, por lo que se planteó incluso un desplazamiento terrestre entre ambas ciudades. El trayecto, de aproximadamente 1.443 kilómetros, puede tardar más de 25 horas por carretera en pleno invierno europeo. Una vez en Moscú, podría abordar un vuelo de Aeroflot rumbo a La Habana, ruta que existe desde la época de la Guerra Fría y que continúa operando. En Cuba, la primera dama podría ser recogida por un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para completar su regreso a Bogotá.Estos análisis se producen en medio de un ambiente político tenso entre Bogotá y Washington. Estados Unidos incluyó al presidente Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior en la lista OFAC (Clinton), usualmente aplicada a narcotraficantes, terroristas y dictadores. Las sanciones dificultan la apertura y uso de cuentas bancarias, la posesión de tarjetas de crédito e, incluso, la recepción de salarios en entidades que usen infraestructura financiera estadounidense.“El mantenimiento del helicóptero presidencial fue suspendido” por estas sanciones, denunció Petro, quien aseguró que la situación ha llegado al punto de impedir que la madre de su hija menor, Antonella, pueda regresar al país. Aunque el presidente ha dicho públicamente que se encuentra separado de Alcocer, no existe un divorcio legal.La presencia de la primera dama en Suecia también ha sido objeto de debate público. Medios locales revelaron fotografías suyas asistiendo a reuniones y eventos sociales desde finales de octubre, mientras sectores de la oposición relacionaron su estadía con el anuncio de la compra de 17 aviones suecos Gripen por parte de Colombia, operación valuada en 4.300 millones de dólares. Petro negó cualquier irregularidad y pidió divulgar todos los contratos para desmentir “tropelías” y “avalancha de desinformación”.El mandatario también anunció una demanda contra la empresa Leonardo Helicopters por la suspensión del mantenimiento de la aeronave presidencial. Mientras tanto, la Casa de Nariño estudia cómo sortear las sanciones y garantizar el retorno de la primera dama, en un proceso que combina logística aérea, restricciones financieras y tensiones diplomáticas.