El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2835, realizado en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su posición como una de las loterías más consultadas cada semana.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran ganador de la noche fue el número 5816 de la serie 073, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y consolidando el atractivo de este tradicional juego de azar, que cada jueves genera expectativa en miles de hogares colombianos.Premios secos del sorteo 2835 de la Lotería de BogotáAdemás del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones3016 – Serie 1092 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones6011 – Serie 1386064 – Serie 2813 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0341 – Serie 2664963 – Serie 3609349 – Serie 1536 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2254 – Serie 0945528 – Serie 3629529 – Serie 4035258 – Serie 1219018 – Serie 3569583 – Serie 33010 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0021 – Serie 4011244 – Serie 3585847 – Serie 2466590 – Serie 3926591 – Serie 4206662 – Serie 2558278 – Serie 1718419 – Serie 4468436 – Serie 1858954 – Serie 04430 Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0228 – Serie 2288000 – Serie 0676535 – Serie 0246005 – Serie 1734554 – Serie 0903608 – Serie 3131963 – Serie 3320354 – Serie 0518260 – Serie 0237456 – Serie 2186217 – Serie 0394951 – Serie 0553658 – Serie 1102275 – Serie 1560522 – Serie 0929072 – Serie 4327566 – Serie 1586386 – Serie 4514980 – Serie 4173937 – Serie 3152619 – Serie 1340890 – Serie 2339414 – Serie 4057942 – Serie 3766426 – Serie 2255960 – Serie 4594427 – Serie 2983168 – Serie 3381841 – Serie 1289460 – Serie 087Una tradición que respalda la salud en ColombiaCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2835 del 26 de febrero de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes con los canales oficiales para confirmar cualquier premio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 26 de febrero:El humorita José Ordóñez fue el invidado de este jueves de comedia en Bla Bla Blu.En el jueves de #TBT, el invitado fue el DJ de bodas Diego Chacón que habló de las mejores canciones para este tipo de ceremonias.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
En el municipio de Pelaya, Cesar, sobre las 11:10 p.m., apareció en la carrera 9 con calle 10 el candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez Vargas, del Partido Conservador, quien denunció haber sido retenido contra su voluntad y tras permanecer desaparecido durante varias horas, un hecho que condenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y posteriormente lo trasladó, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana del municipio. Allí habría permanecido retenido por varias horas.Vásquez indicó que la retención estaría relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra la organización Sayco y Acinpro. Sin embargo, precisó que las personas que lo retuvieron no se identificaron como integrantes de ninguna estructura criminal con injerencia en la zona.Tras su aparición, se conoció que será trasladado a Aguachica para rendir entrevista formal ante las autoridades y ampliar su declaración. Posteriormente, manifestó su intención de desplazarse de inmediato hacia la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 50 millones por información de los responsables del ataque con dron a una familia en Segovia y 20 millones por quien operaba este artefacto. Las autoridades aún intentan determinar qué grupo armado está detrás de esta acción criminal.A la indignación que se registra en Antioquia por el asesinato de una madre y sus dos hijos, tras el ataque con dron con explosivos a su vivienda en la vereda Jaguas del municipio de Segovia, se sumó en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Tras cuestionar lo sucedido, el jefe de cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura terrorista que estaría detrás de lo sucedido.Sánchez anunció que estas muertes, que calificó como infames, no quedarán en la impunidad, por lo que las capacidades de la Fuerza Pública han sido desplegadas en esa zona del nordeste del departamento para localizar y neutralizar a los criminales que perpetraron este hecho.El ministro calificó el hecho como un acto de terrorismo y cobardía, cuestionando cómo se puede describir a quienes asesinan de forma cruel a una madre y sus hijos y utilizan explosivos de manera indiscriminada contra personas inocentes. Señaló que estas acciones destruyen familias campesinas y dejan a comunidades enteras marcadas por la violencia, obligándolas a vivir con la ausencia permanente de sus seres queridos, víctimas de estructuras criminales que actúan sin ningún respeto por la vida.Si bien una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia, las autoridades indicaron que es materia de investigación teniendo en cuenta la “alianza criminal” que tiene este grupo guerrillero con el ELN contra el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que el hecho amerita una atención prioritaria por parte del Gobierno nacional.Vale la pena recordar que, por estos hechos, perdieron la vida María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, a la par que quedó herido Carlos Arcaes Silva, de 50 años, quien se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín por la gravedad de sus heridas.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
En la vida marinera existen objetos que, aunque pequeños, condensan siglos de tradición. En el ARC Gloria, pocos tienen tanta carga simbólica como la rabiza, ese cordón tejido que cuelga del uniforme de los tripulantes y sostiene el pito marinero, herramienta esencial para transmitir órdenes en cubierta.Pero la rabiza es mucho más que un soporte: es un sello personal, un amuleto y una marca de identidad que acompaña al marino durante toda su carrera.El guardiamarina Jorge Enrique Forero lo explica con orgullo. Para él y para todos a bordo, la rabiza es una tradición que “identifica al personal de guardia”, pero también un pedazo de historia que cada marinero decide escribir con sus manos. Cada quien la construye desde cero, elige los nudos, los colores, los adornos y, sobre todo, el significado que quiere que lo acompañe en cada puerto y cada guardia.En su caso, la inspiración vino de casa: la camisa blanca y dorada de la Selección Colombia del centenario. Sobre esa base decidió tejer su rabiza con un estilo propio, combinando nudos de arroz, turcos, cola de rata, nudos espina de pescado y macramé, todos aprendidos durante el Crucero de Cadetes 2025. Cada uno tiene una razón de ser: los colores verde y rojo para recordar estribor y babor, el dorado como hilo conductor, y los turcos, nudo emblemático de la tradición marinera, hechos aparte y luego integrados con paciencia milimétrica, todo esto lo llevó a ser el ganador del concurso de rabizas 2025.Pero hay un elemento que va más allá de la estética: el corazón de la rabiza. Forero lo lleva al centro, como una cápsula de memoria. Allí incrustó la moneda que representa a los contingentes navales 171 y 172, los alumnos que hoy navegan en el Gloria. No es solo un símbolo: es la prueba viva de una etapa irrepetible.“La experiencia de embarcarse en el Gloria es única. Yo quería que eso quedara plasmado, algo que conservaré toda la vida”, afirma. Y lo dice convencido de que, cuando algún día llegue a ser capitán de navío o almirante, seguirá guardando esa misma rabiza como un recordatorio de sus primeros pasos en la mar.La estructura del cordón es una obra hecha a pulso. Empieza en un macramé doble con hilos dorados, continúa con los nudos espina de pescado, pasa por una sección inventada por él, dos hilos centrales adelantados como firma personal, y se completa con varios nudos turcos que abrazan la rabiza como anillos protectores. Luego viene el nudo de arroz, uno enjaulado que siempre admiró en los antiguos, y hacia el final, una cola de rata doble que se estrecha en un falcaceo sencillo hasta llegar al pito marinero, donde remata el tejido.Cada tramo es historia, aprendizaje y dedicación. Y no es casualidad: la rabiza ha sido, a lo largo de los siglos, una señal de profesionalismo en la mar. Representa la destreza manual del marino, su disciplina, su respeto por la tradición y su vínculo con el barco y la tripulación. En el Gloria, esa tradición sigue intacta. Así, mientras el velero embajador de Colombia cruza océanos, las rabizas de sus tripulantes ondean discretas, como recordatorio silencioso de que el mar se aprende con las manos, se honra con símbolos y se lleva, para siempre, en el corazón.
El debate sobre el manejo de la transición energética en Colombia escaló de tono con la aparición de nuevas voces que reclaman acciones urgentes de los órganos de control. Entre ellas, la del abogado Carlos Roncancio, representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), quien presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para investigar el destino de los recursos públicos asignados a este proyecto.Su denuncia sostiene que la transición energética nunca se ejecutó de manera real y que pudo haberse convertido en una fachada para el uso irregular de fondos.Roncancio asegura que el país fue engañado con la promesa de un cambio profundo hacia las energías limpias, mientras que en la práctica el proceso “nunca inició”.Sus señalamientos se centran en OCENSA y en su presidente, David Alfredo Riaño Alarcón, a quien acusa de haber dirigido la empresa hacia un deterioro institucional marcado por la improvisación, el nepotismo, la desarticulación técnica y la ausencia total de liderazgo.“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el jurista. Según él, la compañía se convirtió en el símbolo del engaño institucional: lo que el Gobierno impulsó como una estrategia seria, técnica y transformadora terminó reducido a una estructura burocrática sin resultados y plagada de intereses particulares.Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico sino humano y moral. Señaló que no faltaron recursos ni tecnología: lo que faltó fue liderazgo capacitado. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.El abogado también advirtió sobre el deterioro institucional en otras compañías del grupo, como CENIT, que —según dice— mantiene graves incumplimientos en materia laboral, incluyendo la negativa a instalar la mesa de negociación colectiva, en presunta violación de derechos fundamentales de los trabajadores.Por todo ello, Roncancio pidió a la Procuraduría asumir un papel más activo en la investigación de estos hechos y determinar responsabilidades en lo que considera el colapso de un proyecto que debió transformar el futuro energético del país. A su juicio, la transición energética, presentada como una idea innovadora y de impacto nacional, terminó convertida en “una mentira política sin resultados ni visión de país”, producto de la designación de “malos gerentes y peores asesores”.El llamado de Roncancio se suma a una creciente presión social y gremial para que los organismos de control tomen medidas frente al uso de recursos, las fallas administrativas y la pérdida de credibilidad de una política que prometió transformar la matriz energética de Colombia, pero que —según estas nuevas denuncias— se quedó en el discurso.
La propiedad allanada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, sería del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla.La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de establecer si pudo haber cometido delitos relacionados con un aparente “trueque” de bienes en Barranquilla entre el funcionario y el empresario de conciertos Ricardo Leyva. La actuación se suma a un escenario judicial que se ha tornado más complejo para el ministro, en medio de advertencias por posibles irregularidades patrimoniales.Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia sigue con la investigación que adelanta por presunto enriquecimiento ilícito, concentrándose en la revisión de bienes, contratos y transacciones que, según expertos y documentos allegados al proceso, podrían configurar una estructura de ocultamiento patrimonial.Los señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón de bienes de alto valor que no figuran a nombre de Benedetti, pero que estarían bajo su dominio o el de personas cercanas.El caso más llamativo es el inmueble en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, donde reside actualmente la familia del ministro. La propiedad es del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla. Ese intercambio de bienes es lo que ahora indaga la Fiscalía General para saber si hay algún delito detrás de esa transacción, conocer si está o no declarada y bajo qué condiciones se habría dado.Este hecho llama la atención, porque ocurrió en paralelo de que Leyva, al parecer, obtuviera, a través de RTVC, un contrato por más de $7.900 millones para organizar un evento cultural de la Cumbre de la Celac realizada en Santa Marta.La situación escaló aún más tras el allanamiento realizado por la magistrada Cristina Lombana, quien llegó hasta la propiedad en Lagos de Caujaral como parte de las diligencias dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito. A partir de los elementos que recaude, la magistrada deberá determinar si proyecta o no una solicitud para que Benedetti sea capturado, decisión que deberá ser revisada y votada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.A este panorama se sumaron los insultos y descalificaciones que el ministro lanzó contra la magistrada Lombana, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación disciplinaria preliminar.Por su parte, el ministro Benedetti, negó dicho trueque y coincidencia con los supuestos contratos de Ricardo Leyva en entrevista con mañanas Blu. Recientemente, en su cuenta de X, reaccionó a la apertura de la indagación “ Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.El ministro aseguró que la Magistrada Lombana fue al parecer recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en su contra. “Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, habló y defendió la doctrina de las Fuerzas Militares frente a los bombardeos contra disidencias armadas, incluso en contextos donde existe la posibilidad de reclutamiento de menores de edad. Durante una entrevista, Sánchez enfatizó que “la operación es totalmente legítima contra un blanco lícito empleando medios y métodos contemplados por el DIH” (Derecho Internacional Humanitario).El ministro abordó la polémica surgida tras la operación en Guaviare y reiteró que, en situaciones de hostilidad, la distinción fundamental se basa en si un individuo es combatiente o no combatiente, no en su edad. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", afirmó Sánchez, haciendo referencia a que el arma es el factor letal en el conflicto.Ataque de alta precisión en Arauca contra narcotráficoSánchez confirmó que en las últimas horas se llevó a cabo el decimotercer bombardeo bajo la actual administración (ocho este año y cinco el año pasado). Este ataque tuvo lugar en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, y fue dirigido contra un “objetivo de alto valor,” alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico del cartel de 'Mordisco'.Antonio Medina es un disidente de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. El criminal es señalado de haber generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y extorsión en la región. Aunque aún se desconoce el balance exacto de la operación de Arauca, las tropas se encuentran en el sitio. El ministro aseguró que se trató de un ataque de alta precisión que impactó el lugar geográfico previsto. Además, subrayó que no se afectaron personas ni bienes protegidos por el DIH. Sánchez reconoció que en el combate contra el narcotráfico intervienen diferentes organismos de inteligencia, incluyendo la colaboración con Estados Unidos.La doctrina de distinción y el reclutamiento infantilRespecto al controvertido bombardeo en Guaviare, donde se reportaron 20 muertes (algunas por la bomba y otras por el combate posterior), el ministro Sánchez reiteró que el reclutamiento de menores es un "crimen de guerra" que debe ser rechazado absolutamente, siendo los reclutadores quienes cometen el delito.Sánchez explicó que la decisión de bombardear se toma como la “última opción” y no la primera. El ministro reveló que solo el 1.5% de los combates han implicado bombardeos.En el caso de Guaviare, la decisión se tomó frente a una "amenaza inminente," ya que había 20 soldados a menos de 300 metros de un grupo de 150 o más integrantes de estos grupos narcotraficantes que podían "masacrar" a la unidad militar.El ministro destacó el esfuerzo del gobierno por proteger la vida, señalando que 1.039 menores de edad han sido salvados o desvinculados de grupos armados ilegales este año. En la operación específica del Guaviare, lograron rescatar a tres menores con vida.En el caos del combate en la selva, la única distinción que puede hacerse es entre quien tiene un arma y quien no. La priorización de blancos es siempre acorde al contexto, y la Fuerza Pública valora principios como la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad antes de cualquier acción.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República consolidó el balance preliminar de la contratación estatal realizada durante la primera semana de noviembre de 2025 y advirtió un comportamiento inusual y altamente concentrado en las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Según el organismo de control, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, cifra que supera ampliamente los niveles ordinarios de contratación observados durante el año.El análisis revela que el 7 de noviembre, último día antes de que empezaran las restricciones electorales, se registró el mayor volumen: $6,1 billones, equivalentes al 68% de toda la contratación de la semana. Este monto representa 2,9 veces el promedio mensual de contratación entre enero y agosto de 2025,calculado en $2,1 billones, y configura un incremento del 190% frente al comportamiento histórico, lo que encendió las alertas del ente de control por la posible existencia de aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.Esta alerta temprana se genera en el marco del seguimiento preventivo que realiza la Contraloría de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.De acuerdo con los datos procesados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el 8,5% del total contratado en este periodo, con compromisos por $770 mil millones, convirtiéndose en la entidad con mayor volumen dentro de esta dinámica previa a la entrada de la Ley de Garantías. La Contraloría informó que continúa el análisis para determinar, en detalle, cómo se distribuyó esta contratación en los distintos departamentos del país.El organismo de control también explicó que, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a todos los contratos suscritos en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre. Esta revisión incluye valores contratados, modalidades, objetos contractuales y entidades ejecutoras con el fin de identificar operaciones sensibles ,como eventos, actividades logísticas, suministros u otros procesos particularmente susceptibles a incrementarse en épocas electorales y emitir alertas tempranas que permitan prevenir riesgos.La Contraloría insistió en que este tipo de concentraciones contractuales pueden evidenciar fallas de planeación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
El Ministerio de las Culturas postuló este jueves las ruinas de Armero para declararlas Bien de Interés Cultural de la Nación, el mismo día que se conmemoran 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que destruyó la ciudad y dejó más de 23.000 muertos.Durante la conmemoración de la tragedia de Armero, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad de Armero, situada en el departamento de Tolima (centro-oeste), en una lista de candidatos a convertirse en Bienes de Interés Cultural.El próximo 27 de noviembre Kadamani presentará el expediente ante el Consejo Nacional de Patrimonio y se espera que ese día se produzca el "concepto favorable", según informó el ministerio en un comunicado."Las ruinas de Armero constituyen hoy un testimonio material y simbólico de aquel desastre y de la resiliencia de una comunidad que se niega a quedar en el olvido", apuntó el comunicado, que destacó que este reconocimiento "marca un avance en la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas de la tragedia".El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó un deshielo de sus casquetes que dio origen a la avalancha que arrasó al pueblo y provocó la muerte de al menos 23.000 de sus más de 25.000 habitantes, el desplazamiento de los sobrevivientes y la separación de cerca de 500 niños de sus familias.Pese a que semanas antes de aquel día expertos y campesinos de la zona habían advertido del riesgo de una avalancha mortal si el volcán hacía erupción, las alertas fueron ignoradas por las autoridades nacionales de la época.Por eso, los sobrevivientes de Armero siempre han criticado que el entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), y su ministro de Minas, Iván Duque Escobar, ambos ya fallecidos, minimizaran hace 40 años esas alertas y no tomaran medidas como la evacuación del pueblo.El Gobierno actual anunció una inversión de 1.323 millones de pesos (unos 350.000 dólares) destinada a gestionar "estrategias de protección y gestión del patrimonio para preservar la memoria de Armero"."Esto significa construir un plan de protección y sobre todo de no repetición. No queremos repetir nuestra historia de hace 40 años", dijo la ministra en su intervención, en la que también pronunció unas disculpas a la población.