El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La precandidata presidencial Paloma Valencia calificó como “preocupante” el nivel de hostigamiento contra su colectividad, luego de que una mujer fuera capturada con un arma de fuego en medio de un acto político realizado en el municipio de Honda, Tolima. El hecho ocurrió durante una actividad de campaña en la que también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En entrevista con Mañanas Blu, la también senadora explicó que el episodio fue detectado por el equipo de seguridad mientras ella intervenía ante la ciudadanía. “Yo no vi la señora ni vi los episodios. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación, que como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando”, relató.Mujer armada a pocos metros de la tarimaSegún la versión entregada por Valencia, la actitud de la mujer despertó sospechas entre los uniformados. Aunque simulaba grabar el evento, su mirada estaba dirigida hacia otros puntos del lugar. “La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba como poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación”, afirmó.El esquema de seguridad decidió realizar una requisa preventiva. Fue entonces cuando se encontró en su morral una pistola y, según indicó la precandidata, un paquete con una sustancia que sería Tusi. La mujer fue conducida por las autoridades y posteriormente se conoció que se trataría de una dragoneante del INPEC, quien, de acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, asistió al evento “en una actuación estrictamente personal e individual”.Valencia señaló que la mujer se encontraba a una distancia aproximada de cuatro a cinco metros de la tarima. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó.Investigación en curso y posibles delitosDe acuerdo con la senadora, el país se encuentra bajo un decreto que restringe el porte de armas, por lo que la mujer podría estar incursa en el delito de porte ilegal. “No sé si su pistola tenía o no tenía salvoconducto. De todas maneras, hay que recordar que está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas”, indicó.Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que las autoridades analicen el contenido del celular incautado. “Me imagino que lo lógico que debiera pasar es que su celular y toda la información que ella tenía esté siendo evaluada para determinar cuál era la razón por la que lleva un arma a un evento político”, sostuvo.El caso ha generado inquietud en el contexto electoral, a pocos días de las votaciones previstas para el 8 de marzo, en medio de una intensa agenda de campaña en distintas regiones del país.“El nivel de hostigamiento es preocupante”Más allá del hecho puntual en Honda, Paloma Valencia denunció una serie de situaciones que, según dijo, evidencian un clima adverso para el Centro Democrático en varias zonas del país.“La verdad, el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante”, afirmó. Recordó que en el Cauca uno de sus candidatos fue declarado “objetivo militar”, que en municipios como Santander de Quilichao han aparecido vallas atribuidas a grupos ilegales advirtiendo que su partido no puede ingresar, y que en Neiva fue vandalizada una sede política.También mencionó episodios en Soacha y Duitama donde, según su versión, simpatizantes fueron agredidos. “La gente llorando después de que la apedrearan y la gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar”, narró.En ese sentido, exigió garantías al Gobierno Nacional. “Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó.
La Superintendencia de Sociedades reconoció el proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá. El proceso implica que Canacol buscará acuerdos de pago con sus acreedores para evitar el cierre definitivo de sus operaciones.Canacol es la segunda productora de gas natural en importancia en Colombia, detrás de la estatal Ecopetrol."El Despacho concluyó que las órdenes del tribunal canadiense, relacionadas con la implementación del SISP (Sale and Investment Solicitation Process), constituyen medidas apropiadas en los términos del artículo 106 de la Ley 1116 de 2006, siendo necesarias para asegurar la coherencia del proceso internacional y la adecuada protección de los activos situados en Colombia", señaló la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.Sin embargo, si Canacol decide vender activos en Colombia tendrá que tramitar una autorización de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.La entidad ordenó a Canacol la entrega de información adicional sobre la composición de pasivos previos al inicio del proceso extranjero, obligaciones laborales, fiscales y parafiscales a cargo, pasivos litigiosos, así como inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025. Igualmente, se deberán aportar estados financieros completos, individuales y consolidados, con sus respectivas certificaciones y opinión del revisor fiscal, dentro de los plazos fijados en audiencia.“La decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales. El reconocimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial canadiense facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano. Así, la Superintendencia continuará velando por la transparencia del procedimiento, la protección del crédito y la preservación del valor empresarial, asegurando que todas las actuaciones se ajusten al orden público económico y al interés general”, señaló el superintendente Billy Escobar.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves un nuevo bombardeo en el departamento de Arauca, en medio de las operaciones militares contra estructuras armadas que operan en la zona fronteriza con Venezuela.El ataque, según detalló posteriormente el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, fue contra las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.Esta operación se suma a las registradas en los últimos días en Guaviare, también contra las disidencias de 'Iván Mordisco', en donde han sido abatidos al menos 19 guerrilleros.Durante su intervención, Petro también envió un mensaje directo al Gobierno de Estados Unidos, en medio de las recientes tensiones bilaterales sobre cooperación en seguridad e inteligencia.“Espero convencer al Gobierno de EE. UU. de que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia, que es mejor”, agregó el presidente.El presidente también defendió la postura de su Gobierno frente al uso y el intercambio de información de inteligencia, enfatizando que cualquier cooperación debe respetar los acuerdos internacionales y los derechos humanos.“Colombia es respetuoso de los tratados internacionales y eso significa que nosotros somos Estado Social de Derecho. Presidente que rompa eso es tirano. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos y se entrega a Estados Unidos si se compromete a no usarla”, advirtió.Sobre este tema, en la mañana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a una mala interpretación de funcionarios del Gobierno y de algunos medios de comunicación el anuncio del presidente Petro, pues, según él, “nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia”. “Seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, dijo.
Hay movimientos en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, será el próximo ministro de Justicia tras la salida intempestiva de Eduardo Montealegre.Valencia Copete estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2002, y fue presidente de esa corporación entre los años 2007-2008. Fue elegido también presidente de la Sala Civil el 20 de enero de 2010.Han sido tres las personas que han ostentado el cargo como ministro de Justicia durante el Gobierno Petro, Néstor Osuna quien ahora está en la Procuraduría, la abogada Ángela María Buitrago y el exfiscal Eduardo Montealegre.Este último, salió repentinamente del ministerio de Justicia tras una agitada pelea no solo con el Ministro del Interior Armando Benedetti, sino también, con el Procurador General Gregorio Eljach. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia será el cuarto ministro de Justicia del Gobierno, tras la renuncia de su antecesor en el pasado mes de octubre.Trayectoria y perfil del nuevo ministroCésar Julio Valencia Copete cuenta con una extensa y destacada carrera en el ámbito judicial y académico.Formación Académica:Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, ubicada en Bogotá.Posee una especialización en derecho comercial, cursada en la misma Universidad Externado de Colombia.Carrera en la Corte SupremaFue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002.Se desempeñó como presidente de esa misma corporación (la Corte Suprema de Justicia) durante los años 2007 y 2008.Además, fue elegido presidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en enero del año 2010.Escuche aquí el informe:
En el silencio metálico de las cubiertas del buque escuela ARC Gloria, basta el sonido de una alarma para que la rutina se transforme en reacción. No hay espacio para el pánico, ni margen para la duda. Cada tripulante sabe dónde ir, qué cerrar y cómo responder. Es el resultado de un entrenamiento constante que prepara a la tripulación para los dos enemigos más temidos en el mar: el incendio y la inundación.“Lo principal, explica el teniente de navío, Óscar Franco ingeniero jefe del Gloria, es entender el concepto del control de averías, una doctrina que rige en todas las unidades de la Armada Nacional. A partir de ahí formamos a los cadetes para que sepan actuar ante cualquier emergencia real”, aseguró.Franco detalla que el proceso tiene dos etapas: una fase teórica, donde los jóvenes aprenden los sistemas de achique y los equipos de combate de incendios a bordo; y una fase práctica, en la que deben poner a prueba lo aprendido. “Ayer, cuenta, tuvimos una de esas jornadas: los cadetes manipularon el equipamiento real y aprendieron a reaccionar como lo harían en una situación de verdad”, dijo.Cuando se reporta un incendio a bordo, la prioridad es detectar el foco, confinarlo y evitar su propagación. La primera línea de respuesta es el grupo de reparaciones, un equipo entrenado especialmente para atender emergencias. “Nuestros hombres identifican el origen del fuego, aíslan el compartimento y emplean los sistemas fijos y portátiles de extinción. La idea es que el fuego no avance y que podamos mantener el control total del buque”, aseguró.La reacción ante una inundación exige el mismo rigor, pero una estrategia distinta. En ese caso, lo primero es aislar el compartimento afectado y activar los sistemas de achique para desalojar el agua. “Puede ser una fisura en el casco o una ruptura en una tubería. Lo esencial es detener el ingreso de agua y bombearla fuera del buque antes de que comprometa la estabilidad”.Cada movimiento tiene una razón técnica, y cada segundo cuenta. Por eso los cadetes entrenan una y otra vez en escenarios simulados, con alarmas, humo artificial y compuertas cerrándose. Aprenden a actuar sin pensar, a responder con precisión y a mantener la calma incluso cuando todo parece temblar.“Es un entrenamiento que combina disciplina, técnica y reflejos. Lo que buscamos es que los futuros oficiales de la Armada reaccionen con seguridad, sin perder el control, porque en una emergencia real no hay tiempo para dudar”, agregó el teniente.Así, mientras el Gloria sigue su ruta por los mares del mundo, su tripulación no solo representa a Colombia: aprende a dominar los riesgos del océano con conocimiento, temple y trabajo en equipo. En cada maniobra, en cada simulacro, los cadetes se preparan para el día en que el fuego o el agua pongan a prueba su vocación. Porque en el mar, cuando la emergencia golpea, solo la preparación convierte el peligro en supervivencia.
El martes, el presidente Petro a través de un trino ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, asegurando que la medida se mantendría mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.Sin embargo esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó a una mala interpretación de funcionarios del gobierno y de algunos medios de comunicación el anuncio del presidente Gustavo Petro, pues, según él, “nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia” y “seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.En diálogo con Mañanas Blu, Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia, habló sobre cuáles serían los panoramas hipotéticos en caso que Colombia se negara a esta colaboración con inteligencia de Estados Unidos. Dependencia mutua y riesgo recíprocoExiste la tendencia a pensar que cualquier debilitamiento en la colaboración de inteligencia perjudicaría mucho más a Colombia, dado que Estados Unidos es visto como el "monstruo grande" de la geopolítica internacional. Sin embargo, Dickinson enfatiza que la relación es recíproca y que Estados Unidos depende muchísimo de la inteligencia colombiana.Un posible corte en la colaboración sería un acto recíproco. Esto se debe a que Estados Unidos actualmente no está compartiendo inteligencia sobre sus operaciones en el Caribe, ni con Colombia, ni con la mayoría de los países europeos.Al restringir la colaboración, Colombia pondría un "precio en la relación". Para contestar directamente a la pregunta sobre el impacto, si Colombia dejara de colaborar, los Estados Unidos se estarían "pegando un tiro en el pie".Inteligencia colombianaLa contribución de Colombia a la seguridad estadounidense es cuantificable y significativa. De hecho, una cifra proveniente del Senado de EEUU indica que el 85% de las incautaciones que realiza Estados Unidos en el mar Caribe provienen de inteligencia de Colombia. Esto subraya que el intercambio es fluido y sirve a los intereses de ambos países.La riqueza de la inteligencia colombiana radica principalmente en sus fuentes humanas, dada su capacidad para estar en distintos lugares del conflicto interno y en las fronteras. Además de la inteligencia humana y digital, en el espectro naval es crucial la información que Colombia comparte con sus colegas estadounidenses sobre barcos o contenedores contaminados que pasan por la jurisdicción de Estados Unidos.Escuche aquí la entrevista:
El Consejo de Estado seguirá estudiando una demanda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay contra el Ministerio de Hacienda por la famosa reforma tributaria por decreto que aumentó las retenciones en la fuente a las empresas.Una de las peleas del senador Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida, era la pelea contra el Gobierno nacional por tratar en recaudar vía decreto los impuestos que no pudo conseguir a través de la reforma tributaria que se le cayó en el Congreso el año pasado.Concretamente, estamos hablando de su demanda contra el decreto 572 que le permitió al Gobierno subir las retenciones en la fuente para la mayoría de las empresas, atrapando caja del sector privado y trasladándola al gobierno nacional.El Consejo de Estado determinó que esa demanda no va a ser acumulada con ninguna otra de las que existen en contra del mismo decreto.¿Quiénes han demandado este decreto hasta el momento? El Consejo Gremial Nacional, Fedetranscarga, la Fundación para el Estado de Derecho, la Andi entre otros.Ese decreto representa un recaudo este año de 6 billones de pesos, que se suma al recaudo de 2.8 billones de pesos al que aspira el gobierno por los decretos que expidió al amparo de la crisis de orden público en el Catatumbo.
Cuatro décadas después de la tragedia del Nevado del Ruiz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lleva a cabo una entrega pública de un documento crucial conocido como el 'libro rojo'. Este evento, que se realiza 40 años después de la catástrofe que enlutó al país, busca ofrecer respuestas a las familias que han buscado a sus seres queridos, particularmente a los menores de edad que fueron sobrevivientes.La subdirectora de Bienestar Familiar, Adriana Velásquez, quien se encuentra en Armero Guayabal para el acto, enfatizó en Mañanas Blu que este proceso representa una apertura y una superación de un “silencio histórico” por parte del Instituto.El 'libro rojo': recuento de la orfandad masivaEs descrito como una pieza que ostenta incluso un carácter patrimonial para los armeritas. Se trata de un compendio de documentos que incluyen hojas sueltas, algunas escritas a mano y otras a máquina. Su contenido esencial gira en torno a la información de los niños y menores que salieron de Armero tras la tragedia, conteniendo sus nombres y apellidos, así como los datos de quienes los acogieron bajo protección después de haber quedado supuestamente huérfanos.Según la revisión cuidadosa del ICBF, el libro contiene 179 registros, junto con 44 fotografías y más de 240 folios. Dada su antigüedad y las condiciones de humedad, el documento ha sufrido un deterioro natural con el tiempo, por lo cual se requirió la asesoría de un restaurador para recuperarlo químicamente y aplicarle líquidos, en un esfuerzo de reconstrucción de memoria viva.Apertura públicaAclaró que el término apropiado para este proceso no es "desclasificación"—ya que este se refiere a archivos reservados o secretos como los del DAS. Lo que está haciendo el ICBF es una apertura y una entrega pública a las familias buscadoras.El libro consigna los registros administrativos manuales de los niños que llegaron al ICBF debido a la “orfandad masiva”. En aquel momento, la Ley Quinta regía las adopciones en Colombia, y eran los juzgados de menores quienes las otorgaban, no directamente el ICBF. Por ello, el Instituto hoy debe acudir a archivos históricos de otras entidades como notarías o la Registraduría para triangular la información y dar respuestas.Una de las hipótesis históricas, reconocida por organizaciones sociales como Fundación Armando Armero, ha sido la posibilidad de adopciones irregulares, particularmente a parejas extranjeras. Si bien el ICBF no puede confirmar o negar con certeza que funcionarios hayan cometido delitos, sí reconoce la necesidad de superar la desidia histórica, abriendo un escenario de diálogo con las familias.Acciones del ICBF: La entrega del 'libro rojo' como pieza patrimonial viene acompañada de otras acciones importantes:1. La instalación de una galería itinerante que narrará la historia y socializará la pedagogía de lo ocurrido.2. El lanzamiento de la campaña "Restableciendo Lazos Capítulo Armero". El interés primordial del Instituto es contribuir al reencuentro y la reunificación familiar.3. La apertura de un formulario digital y una línea de contacto (info.@icf.gov.com) para que las familias sobrevivientes y cualquier persona con información de valor se una al proyecto de reconstrucción de la memoria histórica.Este esfuerzo de abrir las puertas de la información y reconstruir la memoria es el gran anhelo y esperanza de las familias armeritas tras 40 años.Escuche aquí la entrevista: