Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El Tribunal Administrativo de Antioquia se volvió a pronunciar sobre la acción popular que interpuso la Alcaldía de Medellín para que el Gobierno nacional salde la deuda con la red hospitalaria que, hasta hoy, no ha sido pagada. Ahora se ha iniciado el proceso de incidente de desacato contra varios funcionarios que no han dado respuesta ante el incumplimiento.En la más reciente decisión, se otorgaron dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al superintendente de Salud, Bernardo Camacho; y a los interventores de varias EPS para que explicaran las acciones implementadas con el fin de cumplir las medidas cautelares ordenadas. Dicho plazo ya se cumplió.Debido a que no se conoce respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno nacional, ya se iniciaron los trámites para formalizar el incidente de desacato por el no pago de los recursos destinados a los hospitales públicos y privados de la capital de Antioquia.Hay que recordar que esta decisión judicial llega luego de que se responsabilizara a la Nación y a las EPS intervenidas por la crisis del sistema de salud, bajo el argumento de que la falta de recursos ha puesto en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.Según recoge la demanda, muchos hospitales en Medellín están recibiendo apenas una fracción de los recursos que se les adeudan por los servicios prestados. Esto ha generado una crisis de liquidez extrema, como en el caso del Hospital General de Medellín, al que se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos.
En el cierre de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional recibió al América en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los dirigidos por Diego Arias sumaron tres nuevos puntos tras imponerse 2-1.El partido comenzó con goles tempraneros. El marcador se abrió al minuto 12, cuando Milton Casco aprovechó un error del arquero Jorge Soto y anotó el 1-0 para Nacional. Dos minutos después, al 14, América empató el encuentro: Omar Bertel desbordó por la izquierda, envió el centro y Dylan Borrero definió dentro del área para el 1-1 parcial.El segundo tiempo inició con el marcador igualado. Sin embargo, al minuto 61, la figura del partido, Juan Manuel Rengifo, marcó el gol de la victoria. Tras el tanto, América de Cali buscó la remontada, pero no lo consiguió. Al minuto 70, Nicolás Hernández fue sancionado con tarjeta roja por una falta sobre Juan Manuel Zapata.En el minuto 73, el cuadro escarlata sustituyó a Dylan Borrero y Kevin Angulo por Jan Lucumí y Andrés Mosquera. Más adelante, al 85, también salieron Yeison Guzmán y Tilman Palacios, quienes fueron reemplazados por Yojan Garcés y Joel Romero. Pese a las variantes, América no logró empatar el compromiso.Con este resultado, Nacional consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga, mientras que América obtuvo su primera derrota, que se añade a sus dos primeras victorias y al empate previo frente a Once Caldas.El conjunto verdolaga se ubica en la sexta posición de la tabla con 6 puntos y dos partidos pendientes. Por su parte, América conservó los 7 puntos con los que inició la jornada y se mantiene cuarto en la clasificación. De manera provisional, y con el cierre de la fecha, Pasto, Bucaramanga, Tolima, América, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Llaneros serían los ocho equipos que avanzarían a los play-offs de la Liga BetPlay.La próxima jornada será la quinta y se abrirá el sábado a las 8:30 de la noche con el partido entre Junior y Boyacá Chicó.
Cerca de 400 policías participaron en un operativo de seguridad adelantado en el barrio 7 de Agosto, en el centro-occidente de Bogotá, una zona que ha sido señalada por las autoridades como punto crítico por la presencia de actividades delincuenciales.La intervención estuvo acompañada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y dejó como resultado tres capturas en flagrancia, el cierre temporal de siete establecimientos comerciales y la incautación de armas y municiones, entre otros objetos.El operativo se concentró principalmente en pagadiarios y comercios del sector, espacios que, según las autoridades, han sido utilizados por estructuras criminales para esconder armas, municiones y vehículos robados, así como para ejercer control sobre personas vulnerables.De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la jornada fueron identificadas y registradas 1.800 personas y verificados 476 vehículos que transitaban por la zona. Además, se realizaron tres capturas en flagrancia: una por porte ilegal de armas y municiones, y dos más por el delito de falsedad marcaria.En el procedimiento también se incautó un arma traumática, 13 cartuchos calibre 38 y seis cartuchos calibre 12, y se logró recuperar una motocicleta que había sido hurtada días atrás. Adicionalmente, se impusieron seis comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica de siete establecimientos que no cumplían con los requisitos legales para su funcionamiento.El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de intervenciones buscan recuperar zonas afectadas por la delincuencia y garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan allí. “La apuesta aquí es proteger estas zonas y garantizar que podamos proteger a la comunidad donde, infortunadamente, se cuelan esos delincuentes y buscan desarrollar sus actividades criminales”, afirmó.Galán explicó que estos operativos de gran escala se seguirán realizando en diferentes puntos críticos de la ciudad, de acuerdo con las capacidades de la Policía y las necesidades de seguridad de cada sector. “Es una presencia que requiere la ciudadanía y que nos está pidiendo, y con la Policía estamos logrando impactar estas zonas y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.Durante su intervención, el alcalde también insistió en la necesidad de una reforma de fondo al sistema judicial. Señaló que no es razonable que personas capturadas por delitos graves, especialmente aquellos cometidos con armas de fuego, queden en libertad por no tener antecedentes. “Una persona que pone en riesgo la vida de otra con un arma no debería quedar libre. Tiene que haber garantías también para la sociedad”, enfatizó.Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, explicó que estos resultados son posibles gracias al refuerzo de pie de fuerza que recibió la Policía Metropolitana de Bogotá a finales de 2025, con la asignación de cerca de mil nuevos uniformados. Según Restrepo, esto ha permitido desplegar operativos más flexibles y focalizados en zonas de alto impacto.Restrepo advirtió que en estos sectores los delincuentes buscan esconder municiones, motos robadas y ejercer control ilegal en pagadiarios. “Estas tareas no solo son de registro y control, sino también de protección a la gente que vive en estas zonas, debilitando a las organizaciones criminales”, concluyó.
El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá su primera jornada de Día sin Carro y sin Moto de 2026, una medida que restringe la movilidad de vehículos particulares entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.Esta iniciativa, que surge del mandato de la consulta popular del año 2000, busca incentivar medios sostenibles de transporte. La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que para el 70 % de los bogotanos todos los días son días sin carro al usar transporte público o bicicleta, e invitó al resto de la ciudadanía a 'conectarse con la ciudad desde otra perspectiva'.Excepciones para motocicletas de mensajería y domiciliosUna de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es la operación de los servicios de entrega. Según el decreto distrital, las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que prestan servicios de mensajería y domicilio están exentas de la restricción y podrán circular con normalidad para cumplir sus labores.Además de los domiciliarios, también podrán transitar los vehículos eléctricos, de emergencia, transporte escolar, transporte para personas con discapacidad, vehículos de carga (bajo regulación habitual) y aquellos destinados a servicios públicos domiciliarios.Sanciones y transporte público por Día sin Carro en BogotáQuienes incumplan la medida y transiten en vehículos no autorizados se exponen a una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del automotor. Para los usuarios del Pico y Placa Solidario, el Distrito confirmó que se les repondrá el día al final de su periodo adquirido.Para garantizar el desplazamiento, TransMilenio dispondrá de su flota máxima con más de 10.000 buses y 163 cabinas de TransMiCable. "Tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda", señaló María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad. Adicionalmente, estarán habilitados 683 kilómetros de ciclorrutas y más de 37.000 taxis para cubrir las necesidades de movilidad.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.
Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca. Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, pudo hablar con el senador, quien le manifestó estar muy afectado, incluso, estaba llorando al momento de la llamada.A su vez, Benedetti confirmó que el carro atacado venía en una caravana desde Norte de Santander hacia Yopal para encontrarse con el senador.También reveló el ministro que otro vehículo que hacía parte de la caravana se encuentra perdido."He hablado con el senador Jairo Castellanos tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", escribió en su cuenta de X el ministro Benedetti.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. En el documento, la entidad sostiene que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía en el documento.De acuerdo con el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo. La Fiscalía aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, además de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser considerado, en su momento, la mano derecha del presidente.El documento también señala que los dineros obtenidos de manera irregular habrían sido objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la acusación por lavado de activos. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas recolectadas permite inferir la participación activa del exfuncionario en los hechos investigados. En el escrito de acusación, el ente acusador relató uno a uno los hechos por los que será acusado González y en los que resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.La audiencia de acusación fue fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito de acusación.No obstante, el avance del caso se da en ausencia del acusado. Carlos Ramón González permanece actualmente en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su equipo de defensa, el exdirector del Dapre no tiene intención de regresar a Colombia, incluso en el escenario de una eventual condena.A pesar de esta situación, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia. La Corte Suprema seguirá adelante con el juicio mientras se definen los escenarios jurídicos relacionados con la permanencia del acusado en el exterior.
Los ataques contra la infraestructura eléctrica en Colombia continúan en aumento. El Ministerio de Minas y Energía denunció que, en los últimos días, se registraron dos nuevos atentados en el suroccidente del país, hechos que agravan la situación de seguridad energética y afectan el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.Según el ministerio, estos nuevos ataques coinciden con la suspensión de las exportaciones de energía hacia Ecuador, un panorama que ha generado presiones adicionales sobre la operación del sistema y ha encendido las alertas en el sector. El Ministerio recordó que desde diciembre de 2025 se vienen presentando ataques constantes a la infraestructura eléctrica, especialmente en el departamento del Cauca, una zona donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificando que las consecuencias de estos actos criminales están afectando directamente a la población y, además, ponen en riesgo derechos fundamentales.Ante este escenario, el Gobierno nacional reforzó la seguridad física y operativa del sistema eléctrico, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, especialmente en Cauca y Nariño, donde se concentran los ataques. A la par, avanzan los procesos de judicialización de los responsables, criminales que ponen en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad energética de toda la región.“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, afirmó el ministro de Minas y Energía.Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección del acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura clave para el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.
Dos comerciantes fueron secuestrados en la zona rural del municipio de San José de Albán, en el norte de Nariño, por hombres que los intimidaron con armas de fuego cuando Miguel Ibarra y su hermana Rosalina regresaban de la ciudad de Pasto.Cristina Cabrera, esposa de Miguel Ibarra, dijo a Blu Radio que el rapto de los dos hermanos se produjo pasadas las 9:30 de la noche del sábado 24 de enero, en el sector del puente del Quiña, zona rural del municipio de San José de Albán.La mujer asegura que un hombre de la tercera edad que acompañaba a los hermanos Ibarra fue liberado horas más tarde y fue quien dio aviso a la familia.Según la esposa del comerciante, él y su hermana viajaban en una camioneta y, de acuerdo con el relato del testigo, fueron obligados a bajar del automotor y posteriormente los subieron a otro carro que partió con rumbo desconocido en el norte del departamento.Manifestó la señora Cabrera que los dos hermanos, luego de ser amenazados con armas de fuego, fueron obligados a subir a un vehículo que partió por una carretera destapada que conduce al municipio de El Tablón de Gómez, en el norte de Nariño, pero hasta este momento nada se sabe de su suerte ni mucho menos del paradero de los dos hermanos Ibarra.Los familiares de inmediato dieron aviso al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.“Ellos no tienen enemigos, son trabajadores que siempre han ayudado a la comunidad y no tenemos los recursos para pagar un rescate si eso es lo que van a pedir”, dijo otro de los allegados a Miguel Ibarra, quien prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato por temor a represalias.La angustia y el temor se apoderaron de los familiares de Miguel y Rosalina Ibarra, quienes pidieron a sus captores que les respeten la vida y los liberen inmediatamente sanos y salvos.
Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que, en lo que va corrido del año 2026, se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios del departamento.Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, lo que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.Brote activo en Chaparral y aumento de muertesEl rebrote más reciente se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, indicador clave de circulación del virus, y nuevos contagios en humanos.Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de aparente control.“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.Muertes registradas entre diciembre y eneroDe acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos:Un adulto de 79 años en ChaparralUna persona de 75 años en PradoUn hombre de 63 años en CundayEn enero de 2026, la cifra aumentó a cuatro muertes adicionales, entre ellas:Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en AtacoUna mujer de 32 años en CundayUn hombre de 29 años en CundayUn adulto de 58 años en IcononzoAutoridades insisten en la vacunaciónEl coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:HospitalesColegios y universidadesVeredas y zonas ruralesEmpresas privadasJornadas puerta a puertaPreocupante resistencia a la vacunaEn municipios como Icononzo, las autoridades reportan que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que la resistencia está ligada a:Desinformación en redes socialesMitos surgidos tras la pandemia del COVID-19Creencias religiosas y culturales“El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.Alerta regional y llamado urgenteLos municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y turistas que visitan la región.Pese a la emergencia, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.Antecedente preocupanteCabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con un total de 132 contagios y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Las autoridades investigan el asesinato de una familia dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, norte del Tolima, ocurrido durante la noche del viernes 23 de enero de 2026, un hecho que llamó la atención por las circunstancias en las que dos menores no se encontraban en el lugar.Según información preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron de forma violenta a la casa ubicada en el barrio Resurgir durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes dormían en sus habitaciones. Cuando la Policía llegó al lugar tras el aviso de vecinos que escucharon los múltiples disparos, encontró a tres personas heridas. Aunque se intentó trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de las heridas de bala sufridas. Las autoridades identificaron a los fallecidos como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; su esposa, Marta Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años, todos integrantes de la misma familia. La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió la investigación del caso. Equipos especializados adelantaron labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos y responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas implicadas ni la ruta de escape utilizada por los agresores, aunque se presume que contaron con apoyo externo para planear y ejecutar el ataque sin ser interceptados. Entre las hipótesis que se manejan se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y se mantiene como parte de las líneas de investigación iniciales. Un dato clave que surgió durante las indagaciones es que dos menores de edad que también vivían en la vivienda no estaban presentes al momento del ataque, ya que se encontraban en otro lugar acompañados por compañeros de colegio, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.El caso motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda por parte de las autoridades en distintos sectores del municipio y zonas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.
En entrevista exclusiva con Blu Radio, el alcalde del municipio de Vistahermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que los combates presentados recientemente entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, han dejado un saldo de dos muertos y tres desaparecidos. Estos enfrentamientos se vienen produciendo desde el día de ayer en la vereda Laurel, sector de La Cooperativa en zona rural de Vistahermosa.“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde.Gómez también confirmó que, para protegerse de los ataques del Ejército, las disidencias están utilizando a la población civil como escudo humano. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”.El alcalde le solicitó al Gobierno Nacional ayuda para que estos combates donde se está afectando la población civil cesen, y también confirmó que la comunidad se encuentra encerrada en sus casas. “Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”.