En una reciente entrevista, el concejal de Medellín y exsecretario de seguridad, Andrés Tobón, compartió detalles alarmantes sobre la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a una reunión secreta entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, y disidencias de las Farc en la capital antioqueña. Según Tobón, diversas fuentes de inteligencia y expertos en crimen organizado han confirmado que este encuentro no solo ocurrió, sino que contó con la coordinación y protección de estructuras criminales locales.Logística y protección en la Vía Las PalmasDe acuerdo con las fuentes citadas por el concejal, el encuentro habría tenido lugar en una lujosa vivienda propiedad de un odontólogo, ubicada estratégicamente en la vía Las Palmas, entre los municipios de Medellín y Envigado. Lo más preocupante para la seguridad ciudadana es que la protección de Maduro Guerra habría estado a cargo de "La Terraza", una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Esta organización es comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí, quien actualmente participa en la mesa de paz urbana del gobierno nacional.Vínculos entre el narcotráfico y VenezuelaEl propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia. El concejal explicó que, a principios de 2020, traslados de cabecillas de La Oficina a la cárcel de La Picota permitieron una coordinación criminal más fluida, facilitando vínculos entre estructuras que antes no colaboraban, como las disidencias de las Farc y bandas locales.Controversia por la falta de capturas en plena pandemiaUno de los puntos más debatidos es cómo un personaje tan reconocible pudo ingresar a Medellín durante el confinamiento absoluto de la pandemia de 2020 sin ser detectado. Al respecto, Tobón señaló que, dada la naturaleza del crimen organizado, es creíble que el ingreso se realizara de forma ilegal a través de fronteras porosas y bajo estrictos modelos de seguridad.Por su parte, aunque el entonces comandante de la policía, el general Camacho, admitió haber escuchado rumores sobre la reunión, afirmó en su momento que no se pudo corroborar la información, razón por la cual no se informó al alcalde de la época. No obstante, Tobón sugiere que es muy probable que la inteligencia colombiana haya colaborado con las autoridades norteamericanas para construir el material probatorio que hoy sustenta la acusación en Estados Unidos. Se espera que durante el proceso de juicio se revelen más nombres y detalles sobre este pacto que, según la justicia estadounidense, tendría vigencia hasta el año 2026.Escuche aquí la entrevista:
Savia Salud le respondió al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien, incluso, lloró por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal. Mientras está EPS intervenida defendió que sí le ha pagado, la Nueva EPS tomó una postura diferente y prometió girar urgentemente 1.500 millones de pesos.Savia Salud, la EPS que tiene la mayor cantidad de afiliados del régimen subsidiado en AntioquiasAntioquia, le salió a la polémica generada por el Hospital San Rafael de Itagüí, que se ahoga en deudas de por lo menos 22.000 millones de pesos por parte de las entidades intervenidas por el Gobierno nacional.En respuesta a las declaraciones del gerente Luis Fernando Arroyave, quien se hizo viral en las redes sociales y popular en los medios de comunicación por exponer la miseria que vive su personal tras cuatro meses sin salario, Savia Salud defendió haberles girado más de $18.707 millones en la vigencia 2025, lo que equivale a más del 80% de lo radicado en ese año, que en total fueron más de $1.540 millones.Pero la denuncia de Arroyave fue más allá, pues, como reveló en mañanas Blu, el problema radica en que estas entidades no dan cita para conciliar facturas, es decir, cruzar las cuentas para saber cuánto deben girar las EPS al centro asistencial.“Savia nos viene consignando lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que la norma dice de acuerdo al que los facturamos. 9 PS eh agosto nos hizo un giro y después no nos ha venido pagando. Por ahí en noviembre me facturó 90 millones de bonus más de 8720 millones de bonus que no debe. Eso ha sido muy difícil”, aseguró.En contraste, y en una postura muy diferente, Arroyave destacó que el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Carlos Galves, se comunicó con él para mirar las deudas y se comprometió a girarle a este centro asistencial, por lo menos 1.500 millones de pesos, de manera urgente. Además, le dio cita para conciliar las facturas, teniendo en cuenta que en un 90% los ingresos dependen de Savia Salud y de la Nueva EPS, al ser un hospital público.De momento quien también se pronunció fue el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien le envió una carta al gobernador Andrés Julián Rendón a quien le dijo que también tiene la responsabilidad de inyectar capital, al ser un centro asistencial del departamento. Aseguró que está dispuesto a buscar soluciones colectivas.La crisis en el San Rafael, por deudas de más de 22.000 millones de pesos de las EPS intervenidas por el gobierno, es parte del impacto en el departamento, donde la Secretaría Seccional de Salud advirtió que las entidades le adeudan 2 billones de pesos a los centros asistenciales públicos y seis billones a los privados.Frente al punto de conciliar facturas, Savia Salud también argumentó que del total de las facturas radicadas en el 2025 (más de $24.000 millones), se logró una auditoría del 104% (incluyendo lo radicado de vigencias anteriores), lo que generó luego de glosas y devoluciones un giro corresponde al 102% (vigencia actual y anteriores), lo que representó según la entidad un pago mensual promedio de más de $1.500 millones.
Los contadores son una herramienta clave con la que las compañías logran medir el consumo real de un hogar en cuanto a agua, luz y gas. De haber un imprevisto con estos aparatos el costo del arreglo o reemplazo debe ser asumido por la empresa o por el cliente, dependiendo del daño.El precio de un medidor puede variar; se estima que la inversión puede ir de $90.000 para modelos básicos hechos de un tipo de plástico duradero, hasta más de $370.000 por aparatos certificados y ultrasonicos, es decir, de una tecnología más avanzada.Por lo general, estos contadores están fuera de la vivienda y bajo una tapa de metal o de cobre lo que aumenta el riesgo de que algo les pueda ocurrir. En un sector de Medellín, un sujeto fue captado perpetrando el robo de estos elementos.Momento exacto en que hombre roba medidores de agua en MedellínEn redes sociales fue denunciado el hecho que tiene consternados a los habitantes de Aranjuez, la comuna cuatro de Medellín. Está localizada en la zona nororiental de la ciudad, cuenta con un aproximado de 135.160 habitantes y una extensión de 487.72 hectáreas que corresponden al 30.9 % de la zona nororiental.Allí, un hombre, que parece ser habitante de calle, se las arregla para hurtar los contadores de agua que están debajo de las tapas de Empresas Públicas de Medellín (EPM).En el video de cámaras de seguridad, publicado por la cuenta de Denuncias Antioquia en X, deja ver cómo el sujeto, en horas de la noche, está en el suelo y procede a acercarse a la tapa. Posteriormente, comienza a forcejear para abrirla.Luego de que lo consigue, saca el contador de su interior, lo mete en lo que parece ser una bolsa negra y se va sin mayor problema.El modus operandiDe acuerdo a la denuncia, el hombre actúa en horas de la noche y de la madrugada, cuando las calles están solas en el sector de Aranjuez, detrás del Colegio Gilberto Alzate Avendaño.“Esto sucedió a las 4:00 a. m. y viene afectando gravemente a la comunidad. El sujeto alcanzó a robar dos contadores de agua en la cuadra”, indica la denuncia.
Poco a poco todo va regresando a la cotidianidad en la ciudad de Medellín, y después de la temporada de fin de año y las vacaciones de inicio del 2026, todo va tomando su rumbo habitual. El turno ahora es para la medida del pico y placa que desde este lunes 19 de enero volverá a regir en la ciudad.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del distrito, la medida continua tal como ha venido operando desde el semestre pasado, con restricción para vehículos particulares que involucra camperos, motocarros y cuatrimotos según el último dígito de la placa.Por el lado de las motos, la medida cobija a vehículos como mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, y a diferencia de los carros, en las motos la restricción se basa en el primer dígito de la placa.Los horarios establecidos para que usted deje su vehículo en casa el día que le corresponde pico y placa también seguirá siendo el ya establecido desde el año pasado, y como no se trata de una rotación de los números no habrá semana pedagógica para los infractores. Al respecto el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz."Se reanuda a partir del día lunes, diecinueve de enero, en el horario habitual, desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche, con la misma rotación del segundo semestre del dos mil veinticinco. No habrá período pedagógico, pero eso los invitamos a que consulten la información oficial que compartimos en nuestras redes sociales y en la página web de la alcaldía", indicó. A propósito de este tema, y ante el caos vehicular que se vive en las calles de la capital antioqueña a raíz de las vacaciones que se tomó el pico placa, consultamos la opinión de la ciudadanía y esto nos dijeron."Medida de pico y placa hace mucha falta en la ciudad. La ciudad está con colapso total", indicó un ciudadano. "Esta semanita que no ha estado el pico y placa, ha estado muy complicado, más que todo, la movilidad en horas pico, la mañana, después de las cuatro de la tarde", aseguró otro. "Esta última semanita, sí, estuvo muy congestionado. Ojalá la semana que entra esto pueda mejorar", agregó otra ciudadana.Recuerde que la notación numérica aplicada durante el segundo semestre de 2025 y que seguirá igual hasta el mes de febrero, es la siguiente, los lunes, aplica para los números 6 y 9, los martes números 5 y 7, los días miércoles números 1 y 8, el jueves números 0 y 2 y para los viernes números 3 y 4.Los sectores para los que no aplica esta medida también se mantiene de la misma manera, excluyendo los 5 corregimientos de la ciudad y se exoneran las vías de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, Las Palmas, la avenida 33, la calle 10 y la vía a Occidente. Además, se mantienen también las exenciones para vehículos de carga, transporte de pasajeros y todos los que cumplan con la normativa.
Cinco personas fueron capturadas en Medellín e Itagüí tras una investigación que permitió desmantelar una red dedicada al contrabando de cigarrillos, un negocio ilegal que se movía desde hace meses en el Valle de Aburrá.Los operativos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Itagüí y en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. En estos puntos, las autoridades practicaron allanamientos que terminaron con la detención de los presuntos integrantes de la estructura, quienes deberán responder por concierto para delinquir y por facilitar el ingreso y la venta de mercancía ilegal al país.De acuerdo con la investigación, el grupo se encargaba de comercializar y distribuir cigarrillos de contrabando en distintos sectores de Medellín. La mercancía, al parecer, ingresaba a Colombia desde Panamá y Venezuela y era transportada en vehículos de servicio público, una modalidad que les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.A la par, las autoridades determinaron que el negocio no solo se sostenía en la venta directa al consumidor, sino también en el abastecimiento de pequeños comercios, donde los cigarrillos eran ofrecidos a menor precio frente a los productos legales. Esta práctica, además de representar un riesgo para la salud de los compradores, habría generado un fuerte golpe económico.Las estimaciones indican que la red habría causado un daño superior a los 2.000 millones de pesos, producto de impuestos que dejaron de pagarse y de la circulación de productos sin ningún tipo de control sanitario.Por lo pronto, con estas capturas, la investigación entra en una nueva etapa para establecer si hay más personas involucradas en la red y si el contrabando se extendía a otros municipios del área metropolitana. Mientras tanto, los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
Después de varios meses de investigaciones y de recolectar información, la Personería Distrital de Medellín confirmó en las últimas horas que formuló pliego de cargos contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández y Carlos Fernando Borja Jiménez, exgerentes de Emvarias, y quienes habrían cometido presuntas irregularidades en la gestión del riesgo del relleno sanitario La Pradera.Hay que recordar que la investigación se originó de una auditoría financiera y de gestión de la Contraloría Distrital en el que se evidenció deficiencias graves en la gestión frente a la desestabilización del vaso Altair, una afectación ambiental en un afluente hídrico.Yenny Serna, personera delegada, indicó que el Ministerio Público decidió intervenir en el proceso debido a que se evidenció el presunto incumplimiento de deberes funcionales, omisión y retardo en la ejecución de las obras de mitigación."Deficiencias graves en la gestión del riesgo frente a la desestabilización del paso alta y generando sobrecostos superiores a cuarenta y un mil millones de pesos. En consecuencia, se formularon cargos por presunto incumplimiento de deberes funcionales", indicó.Hay que mencionar que para la Personería de Medellín los presuntos incumplimientos configuran una falta gravísima a título de culpa gravísima, por lo que el proceso continuará con la etapa de decisión disciplinaria, asegurando la defensa de ambos exgerentes de Emvarias.Finalmente, hay que mencionar sobre el relleno sanitario La Pradera que hace seis meses fue habilitado el vaso La Piñuela que ayudó a descongestionar el servicio de recolección y disposición de residuos luego de la emergencia vivida a comienzos del 2024 por el colapso de Altair.
En total, Medellín cuenta con 16 comunas urbanas y cinco corregimientos rurales. Robledo es la comuna número siete, está ubicada en la zona noroccidental de la ciudad y limita con otros barrios.Sus habitantes conocen el territorio por sus miradores y una mezcla de zonas comerciales y residenciales, con fácil acceso al metro y otros medios de transporte.En redes sociales se hizo viral esta comuna, pues allí ocurrió un hecho que dejó consternadas a las personas.Robo a motociclista quedó registrado en cámara de seguridadEn video quedó registrado el hurto de una motocicleta ocurrido frente a una tienda de descuento en Robledo, la víctima fue una mujer.La motociclista pasaba por una vía cerca del almacén, al parecer la venían siguiendo. Una de las cámaras de vigilancia del sector muestra el momento exacto en que dos delincuentes en moto se acercan a la mujer y la hacen caer.Acto seguido, uno de los sujetos se baja de la moto y trata de alejar a la víctima del automotor mientras el otro se estaciona. Luego, le pide las llaves y el casco para emprender la huida del lugar.Tras cumplir su cometido, el otro delincuente amenaza a la mujer y la agrede empujándola al suelo para huir en sentido contrario.No obstante, la mujer logró recuperar su motocicleta gracias a la denuncia oportuna y a que el vehículo contaba con sistema de posicionamiento global (GPS). La Policía Metropolitana de Medellín, reaccionó inmediatamente y con el apoyo de las cámaras LPR se logró su recuperación.¿Qué son y para qué sirven las cámaras LPR?Este tipo de tecnología LPR lo usan varias ciudades del país, en Medellín es una herramienta clave para dar con los delincuentes.Según la Alcaldía, las cámaras LPR son un sistema de reconocimiento de placas que, conectado con el sistema de videovigilancia de la urbe, permite obtener imágenes en alta definición “para la identificación de situaciones que alteren la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.
El caso se presentó el pasado 11 de enero en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55, sin mediar una sola palabra, apuñalaron a un ciudadano en situación de calle de aproximadamente 35 años de edad, quien se encontraba durmiendo en una acera del sector.Con información proporcionada por la ciudadanía a las autoridades se establecieron labores de patrullaje, que acompañadas de la verificación de cámaras de seguridad, permitió identificar a los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos momentos después en el mismo barrio.Durante las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación oficializó la judicialización de los responsables de este hecho, se trata de un hombre mayor de edad identificado como Kevin Alejandro Rojas Londoño y de un menor de 17 años, involucrados en el crimen de este habitante de calle.De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, durante el procedimiento judicial al menor de edad le fue incautada el arma corto punzante con la que se habría cometido el delito aquella noche del 11 de enero del presente año.Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el cargo por el delito de homicidio agravado a Rojas Londoño, quien se declaró no culpable de estos hechos y no aceptó los cargos por los que se le acusa.Por otra parte, al menor de edad, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Para Adolescentes le impuso el mismo cargo por el que se acusa a su cómplice, y el adolecente si aceptó su participación en este hecho ilícito.De acuerdo con la decisión tomada por el fiscal que lleva este caso, al adulto, que tiene 24 años de edad, se le remitió a centro carcelario, mientras que al menor de edad, le fue impuesta medida de internamiento preventiva en un centro especializado de la capital antioqueña.
En medio del panorama nacional en el que gobernadores, alcaldes y sectores económicos se han mostrado en desacuerdo al decreto de emergencia económica del Gobierno nacional y los nuevos impuestos que esto acarrea, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín que busca frenar sus efectos.Tal y como lo sustentó el alcalde Federico Gutiérrez, Asocapitales argumentó en un comunicado que los hechos invocados por el Gobierno Nacional no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, al tratarse de situaciones estructuradas y previsibles que deben atenderse mediante instrumentos ordinarios.El palabras del mandatario paisa se trata de una crisis generada por el propio Gobierno como la grave situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal, temas que a su juicio no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios. Por ello, insistió a diferentes sectores para que se sumen a esta acción judicial."Yo he hablado con algunos alcaldes y dentro de Asocapitales he compartido esto públicamente, que es un documento de 48 hojas que nosotros venimos trabajando desde el día que ellos anunciaron el decreto de emergencia económica, ¿Qué le he dicho yo a alcaldes, a gobernadores, a gremio, a cualquier ciudadano? No tienen que presentar una demanda nueva ni una medida cautelar, se pueden suscribir a esta", aseguró el mandatario.Por lo pronto, a diferencia de Antioquia y los otros 19 departamentos que optaron por no cobrar los nuevos impuestos que acarrean el decreto de emergencia económica, Gutiérrez manifestó que esperará la decisión que tome en las próximas semanas la Corte, teniendo en cuenta que el declararla inconstitucional tardaría más, pero la medida cautelar sería resuelta de manera prioritaria.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló denuncia penal contra el teniente coronel del Inpec Rolando Antonio Ramírez Sanabria, quien se desempeñaba como director de Custodia y Vigilancia de la cárcel La Paz de Itagüí. La decisión quedó consignada en el Oficio 2381.Según el despacho judicial, Ramírez Sanabria habría expedido de manera irregular la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, mediante la cual ordenó el traslado del interno Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, para participar en un acto público realizado en La Alpujarra, donde fue subido a una tarima política encabezada por la senadora Isabel Zuleta.El juzgado advirtió que dicho traslado no contaba con autorización judicial, único mecanismo legal para permitir la salida de una persona privada de la libertad, y recalcó que ninguna autoridad administrativa puede asumir esa competencia.La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla calificó los hechos como de “gravedad mayúscula”, al considerar que se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó de manera consciente la ley y se usurparon funciones judiciales. Señaló además que el caso abre la puerta para que respondan penalmente quienes habrían permitido la salida irregular de “Carlos Pesebre” y de al menos otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá el 21 de junio de 2025."No lo dije yo, lo está diciendo la judicatura. Y por eso nos han dado la razón, porque resulta que bajo ese marco de la paz total, el presidente Gustavo Francisco y la reinita del sur o Isabel Zuleta creen que pueden pasar por encima de la autoridad", apuntó.Así las cosas, el Juzgado 13 compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos delitos de fuga de presos y falsedad en documento público, en hechos que habrían ocurrido durante el denominado “tarimazo”.Vale la pena recordar que actualmente existen investigaciones en curso en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que también abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro. Asimismo, avanza una demanda ante el Consejo de Estado que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta.
Un nuevo golpe al microtráfico de estupefacientes se dio en la ciudad de Medellín, al desmantelar un grupo de delincuencia que operaba principalmente en el noroccidente de la ciudad. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación.La captura de estos hombres se dio mediante una orden judicial en medio de un operativo llevado a cabo en el barrio Doce de Octubre, de la Comuna 6 de Medellín, donde uniformados de la Policía realizaron 10 allanamientos y lograron la identificación e individualización a los nueve hombres.Uno de los integrantes de este grupo criminal operaba, incluso, estando privado de la libertad en centro carcelario, por lo cual autoridades, en este caso puntual, solo procedieron con la notificación e imputación de los cargos, así lo explicó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá."Durante los allanamientos fueron incautados más de quinientas dosis de estupefacientes, específicamente marihuana, base de coca, dos motocicletas, dinero en efectivo, producto de esta actividad ilegal", indicó el uniformado.Es importante destacar que, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, este grupo delincuencial presuntamente se dedicaba al microtráfico de estupefacientes en entornos educativos, principalmente, en los alrededores del SENA Pedregal y en sectores residenciales a través de menores que ejercían como expendedores de drogas.Con estas capturas, las autoridades dieron un golpe certero a la economía de este grupo ilegal, impidiéndoles recibir un aproximado de 240 millones de pesos por el tráfico de estas sustancias en las calles de la capital antioqueña.Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades y ahora tendrán que enfrentar la condena, dictada por un juez, por los delitos de tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.
Una densa columna de humo sorprendió a decenas de conductores y comerciantes en la tarde del viernes 20 de febrero, en un hecho ocurrido en la carrera 30 con calle 71. Las imágenes, grabadas por varios ciudadanos, mostraban una nube gris que salía de uno de los edificios más visibles del sector: el restaurante “Gran Parrilla Boyacense”.La escena generó preocupación en la comunidad, pues se trata de una zona tradicionalmente concurrida y reconocida por ser epicentro de la venta de muebles en la capital. Además, el tráfico se vio afectado mientras los organismos de socorro llegaban al lugar para atender la emergencia.Incendio en la carrera 30 con 71 no dejó lesionadosEl Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió el llamado hacia las 4:50 de la tarde y se desplazó desde la Estación Ferias. Las autoridades informaron que el incendio estructural se presentó en una edificación de ocho niveles.Minutos después, los bomberos confirmaron que el origen del incendio estuvo en los ductos del restaurante, específicamente en el sistema de extracción de la cocina, por lo que fue necesario realizar las siguientes labores:Ataque directo al foco del incendio.Ventilación mecánica para evacuar el humo.Uso de máquina escalera para control desde la parte superior.Apoyo de carrotanque y unidades adicionales.Casi dos horas más tarde, la emergencia fue controlada en su totalidad sin dejar personas heridas.¿Por qué se incendió la Gran Parrilla Boyacense?En un comunicado, el restaurante informó que el incendio se originó por una falla en el sistema de ductos de la cocina. La rápida activación de los protocolos internos y la intervención de los bomberos fueron claves para evitar una tragedia mayor.Las imágenes posteriores evidenciaron utensilios y superficies cubiertos de hollín, aunque la estructura general del edificio no presenta daños de gran magnitud. Pese al reporte preliminar, el grupo de investigación de incendios establecerá con precisión las causas técnicas del incidente.Asimismo, la Gran Parrilla Boyacense anunció que revisará sus instalaciones antes de retomar operaciones, con el fin de garantizar que su funcionamiento continúe bajo estándares de seguridad.
Más de una tonelada de marihuana, que según las autoridades pertenecería al Clan del Golfo, fue incautada en zona rural de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la operación fue desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional de Colombia y la Armada de Colombia.El hallazgo se produjo en el sector de Cupica, en jurisdicción de Bahía Solano, donde las tropas encontraron 46 bultos y una maleta que contenían más de 1,1 toneladas de marihuana. De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo.Según el ministro, cada kilo de droga que se logra sacar de circulación representa menos recursos para las organizaciones criminales, menos violencia para las comunidades y un mayor control institucional del territorio por parte del Estado.Las autoridades destacaron que este resultado es producto de labores de inteligencia y de la coordinación entre fuerzas militares en una región estratégica para las rutas del narcotráfico, especialmente por su salida al océano Pacífico, utilizada históricamente para el envío de estupefacientes hacia el exterior.El Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo las operaciones conjuntas en el Pacífico colombiano, una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, donde hace dos semanas fue capturado alias ‘el Panameño’, integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo, quien sería uno de los dueños del cargamento incautado.
El programa del sábado, 21 de febrero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:En Orgullo País, se anunció el inicio de una alianza de largo plazo con 4Eskuela, enfocada en un proceso comunitario de formación artística con sede en Medellín.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre no juzgar a las personas que nos rodean.En el Tema Central, se habló con Rut Komori, feng shui máster y terapeuta holística, sobre las energías que se encuentran en los diferentes puntos de la casa.En 'La maquina de la verdad', se habló del cuidado de los gatos.Escuche el programa completo aquí:
Cientos de aficionados a la salsa llegaron la noche del sábado al Bulevar del Río, en el corazón de Cali, para despedir al maestro Willie Colón. Con instrumentos como el timbal, el güiro y la campana, disfrutaron cada segundo de los principales éxitos del 'Malo del Bronx', como 'Oh, ¿Qué Será?', 'Tiempo pa Matar', 'Asia' y 'Bohemia'.El legado de Willie Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género."El 'rey del Trombón' es una figura irrepetible y es digna de todos los homenajes por su legado musical y cultural. Vamos a rendir tributo permanente a todos los artistas que han fortalecido la salsa y la han llevado a lo más alto, así como el inmenso Willie Colón, cuya música seguirá sonando en Cali como parte de nuestra memoria e identidad", aseguró Andrés Lozano, socio fundador de Jacaranda, quien lideró este homenaje en el Bulevar.Entre coros y memorias, los caleños también recordaron la última visita de Colón a la ciudad, en diciembre de 2023, en el marco de la Feria de Cali. Allí, sus afecciones de salud apenas se estaban mostrando."Pasó algo curioso ese día. Él estaba cantando y en medio de la canción se descompensó, algunos dicen que por el viaje. Uno de los coristas continuó con la canción. No se notó, pero los que estábamos cerca a la tarima lo vimos; se lo llevaron y, después de unos 10 minutos, volvió al escenario y terminó el concierto", señaló Carlos Molina, director del Museo de la Salsa.
Combates protagonizados desde hace casi una semana entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Tamar Bajo, del municipio de Remedios, ya dejan al menos medio centenar de personas desplazadas que, por cercanía geográfica, han llegado hasta la zona urbana de Yondó.Así lo confirmó en las últimas horas el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que avanzan en la coordinación con autoridades locales para atender a esta población, albergada en la Casa de la Cultura, y que no se descarta que la cifra pueda aumentar con el paso de las horas por la persistencia de las acciones armadas."La secretaria de Gobierno me habla ya de 22 familias con 55 personas que se han desplazado. Yo ya di instrucciones claras y precisas a la directora de Derechos Humanos para que esté en coordinación con el alcalde y la Secretaría de Gobierno de Yondó para todo lo que tiene que ver con el apoyo desde el punto de vista humanitario", resaltó.Sobre las medidas desplegadas por parte de la fuerza pública para retomar el control del territorio, el general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, destacó que avanzan en los protocolos que garanticen seguridad para la movilidad de las tropas en la zona. De igual manera, están verificando la presencia de cuerpos de combatientes que se estarían descomponiendo en el área."La tropa tiene también una seguridad. Para llegar a esos puntos hay una serie de acciones que también se desarrollan bajo maniobra. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un trabajo que se tiene que hacer muy meticuloso", detalló el general.Tras un reciente consejo de seguridad realizado en Medellín, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que con las diferentes unidades del Ejército que convergen en la zona reforzarán el pie de fuerza para llegar lo más pronto posible a las zonas donde se han registrado los desplazamientos y así garantizar cuanto antes el retorno seguro de la población civil.
