La muerte de José Miranda de 19 años en Medellín encendió las alarmas de las autoridades locales que ven con preocupación cómo la situación sucedió por una creciente súbita, por lo que llegaron hasta la quebrada La Castro en donde hallaron residuos sólidos tirados en el afluente.Según el informe entregado por la Alcaldía de Medellín, luego de la emergencia que cobró la primera vida por las lluvias en el departamento de Antioquia, al barrio Caicedo Las Estancias llegaron cuadrillas que lograron extraer de la quebrada 32 metros cúbicos de residuos que representan dos volquetas llenas de diferentes elementos.La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, mencionó que dentro de los elementos que fueron sacados del afluente se pueden destacar algunos inodoros, colchones, muebles de madera y equipos de sonidos que obstruían el paso del agua."El riesgo aquí está generado principalmente por las lluvias que se nos están presentando en este momento, pero sobre todo por la acumulación de escombros y residuos al interior de la quebrada, y este ya es una situación que pone en riesgo a el sector", manifestó Ruiz.Lo que destacan los expertos es que al arrojar este tipo de elementos a las quebradas reduce la capacidad del paso del agua, generando represamientos que con las fuertes lluvias que están cayendo sobre el Valle de Aburrá pueden acabar generando inundaciones y crecientes súbitas que eventualmente pueden generar emergencia como la ocurrida recientemente.Finalmente, mencionan desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial identificó dos construcciones ilegales sobre el cauce de la quebrada La Castro, mismas que fueron demolidas por el riesgo que representan para las personas que habitan en la zona.
Por protestas de comunidades indígenas está incomunicado el departamento del Chocó, se encuentran bloqueadas las vías Medellín - Quibdó y Pereira - Quibdó. Desde la Gobernación temen que posiblemente las comunidades hayan sido instrumentalizadas por grupos ilegales.En medio de los problemas que tiene el departamento del Chocó por la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, este último que atacó tropas del Ejército en la vereda Alto del Oso del municipio de San José del Palmar, dejando 10 militares heridos, ahora afronta protestas sociales.La propia gobernadora Nubia Carolina Córdoba, relató en Mañanas Blu que el bloqueo vial que tiene este jueves esta región del país, obedece a inconformidades administrativas y no por temas de fondo, afectando la economía de Chocó, especialmente el tránsito de víveres."Algunas comunidades indígenas que por otros temas que son, digamos, netamente internos y administrativos, están cerrando las vías de. Hay una comunidad a la altura del doce, que ya hizo el cierre de la vía Quibdó - Medellín, municipio de Carmen de El Atrato, y procederían, entonces, a la altura del el Colonia Santa Cecilia a cerrar la otra vía", aseguró la mandataria.Como ha ocurrido en otras regiones del país, posiblemente cuando hay operaciones del Ejército o la Policía, habría instrumentalización de los grupos armados, es lo que se investiga según la gobernadora."Justo en los momentos más graves de presión y tensión entre el Ejército Nacional y particularmente el ELN, no lo estoy afirmando, porque, de hecho, hemos tenido que pasar, incluso, por temas judiciales en torno a esto. Le da a uno mucho temor que pudiera el ELN estar utilizando a las comunidades, puede ser afroindígenas, en el desarrollo de también sus actividades y sus movimientos", destacó Córdoba.Por ahora, se envió una comisión de la Gobernación del Chocó para atender la situación de las dos vías, aunque las comunidades estarían solicitando la presencia de representantes del Gobierno Nacional.
Como si fuera un temblor, vecinos del sector La Honda de la zona nororiental de Medellín sintieron el crujir de la tierra, un fuerte ruido y cómo el piso de sus viviendas se comenzó a resbalar, muy entrada la noche, cuando incluso ya dormían.Según confirmó el propio alcalde Federico Gutiérrez se trató del colapso de un local comercial (un taller de motos), lo que terminó afectando a cinco viviendas de las que lograron rescatar con vida a tres personas y dos caninos que se encontraban en su interior.Cuatro personas en total resultaron lesionadas tras lo sucedido, las cuales fueron valoradas y atendidas por la Secretaría de Salud en el sitio y una de ellas fue trasladada a un centro asistencial. Rosa Rodríguez narró cómo su hermana fue la que logró socorrerla para salir a tiempo de su casa, antes de que colapsara."Yo estaba acostada, cuando yo sentí que algo se resbalaba hacia para abajo. Por acá, cuando se vienen esos derrumbes, se lleva todo. Entonces yo era, auxilio, auxilio, ayúdenme para que me ayudaran a salir. Y todo eso se me cayó encima a mí, todas las cositas se me dañaron ahí adentro. Mi hermana que vivía arriba se tiró y tumbó la puerta y me sacó", narró la mujer. Mientras tanto, las familias afectadas cuentan numerosas pérdidas en sus viviendas, cuyos enseres quedaron inservibles y viven el drama de quedar sin dónde dormir. Ese es el caso de Luis Fernando Moreno Tobón y su esposa Fanny López, esta última la heroína en el momento de angustia pues logró empujar a su compañero para salir de la vivienda."Cuando menos pensé, un estruendo, cayeron paredes, el techo, ya no íbamos a acostar y de milagro logré cogerlo a él y tirarlo pa'l piso y ya, eso está todo destruido allá. Nosotros salimos así, sin nada, a estas horas, esa sudadera me la prestó la vecina. Ahí estamos esperando a ver, porque yo no tengo pa' dónde irme", lamentó, a propósito de que su casa propia era lo único que tenían.La emergencia registrada en la comuna 3 – Manrique fue atendida por tres tripulaciones de Bomberos Medellín a las 11:22 de la noche y según precisó Gutiérrez los afectados están siendo acompañados por una comisión social de la Alcaldía de Medellín. Las causas del colapso son materia de investigación por parte de las autoridades.
El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el cuerpo de Bomberos de Medellín logró rescatar a tres personas afectadas por el colapso de un local y afectaciones en cinco viviendas.El mandatario agregó que los rescatados fueron atendidos en el lugar por funcionarios de la Secretaría de Salud.No obstante, una de ellas debió ser trasladada a un centro asistencial. Además, fueron rescatados dos perros que se encontraban atrapados en el inmueble.“Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales”, señaló el mandatario, quien agregó que la Alcaldía acompaña a las familias afectadas.El hecho se suma a los impactos de las fuertes lluvias de las últimas horas, que provocaron la muerte de una persona por el desbordamiento de la quebrada La Castro, en la parte alta de la comuna 8 – Caicedo. Según la DAGRD Medellín, en lo que va de enero se han registrado 54 emergencias por lluvias en la ciudad.
Un menor de tan solo 13 años de edad, con quemadura de segundo grado en miembros inferiores y genitales por manipulación de papeletas, es el más reciente caso de las víctimas de la pirotecnia en Medellín, parte de los 65 que acumula el departamento en esta temporada que aunque terminará de medirse el próximo domingo, desde el inicio ha registrado incremento.Para la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, aunque falta camino por recorrer en el tema de la pedagogía, hay que insistir con las campañas desde el inicio del año, solicitando apoyo de parroquias, equipos de fútbol y organizadores de eventos que usan pólvora. En contraste, admitió que las sanciones para los padres de familia no están siendo suficientes."Los padres que descuidan el cuidado y la potestad que tienen ellos, nos hemos enterado que, a pesar de que la policía coloca los comparendos, la gente no los cumple, no los paga. Yo creo que esto debería tener unas medidas distintas. Quizá prisión de no sé cuántas horas, porque probablemente la gente va aprendiendo más de esa manera", aseguró Ramírez.Para la capital antioqueña el panorama tampoco es alentador. De los 28 quemados menores de edad en Medellín, seis tienen entre 0 y 5 años, cuatro son mayores de 6 y 18 más están en el rango de entre 12 y 17 años, motivo por el que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como un desastre el balance de esta temporada."Que eso es un completo desastre, porque estamos hablando de ochenta y dos personas que matan. Hay enfermedades que llegan, pero hay enfermedades y problemas buscados. Uno de ellos es la pólvora. Un mayor de edad que manipula pólvora sabe el riesgo. A mí lo que me duele profundamente es cuando aparecen también niños quemados por la irresponsabilidad de los padres o de los vecinos o quienes están manipulando pólvora", indicó el mandatario.En Antioquia la ocupación en las unidades de quemados de adultos y niños hoy, como estuvo en la mayoría del periodo de vigilancia intensificada, se encuentra al 100 % de su ocupación. El departamento acumula 203 casos, 35,3% más que el año anterior fueron 150 a esta misma fecha.
Después de la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS por la falta de pagos que viene arrastrando la entidad a algunos de sus asociados desde el año pasado, ahora se suma el cambio del dispensador de medicamentos. Los usuarios aseguran que tienen que pasar largas filas para intentar reclamar sus medicamentos.Sin importar las inclemencias del clima que por estos días azotan a la capital de los antioqueños, los Usuarios de la Nueva EPS acuden sin falta a los dispensarios para intentar reclamar sus medicamentos. Pacientes con diagnósticos de diabetes, cáncer e Hipertensión, son los más afectados por esta situación.Blu Radio consultó cómo viven esta cruda realidad los usuarios de la Nueva EPS en Medellín: “Hace 5 o 6 meses no nos entregan ninguna clase de medicamentos, ella necesita Glixamby para la azúcar, para la diabetes. Soy de la Nueva EPS, tengo medicamentos porque estoy operada del corazón. He tenido muchos inconvenientes para que me den los medicamentos porque voy a la EPS y yo tengo medicamentos de anticoagulación, como es la Warfarina y el Metoprolol para el corazón, y también Ácido Valproico, Todo eso no me lo dan y son lo más importante lo que yo tomo también para la cabeza", dijeron los usuarios.Por otra parte, las personas afiliadas a Savia Salud, manifestaron que la situación es similar a la Nueva EPS, también deben hacer largas filas, no les entregan sus medicamentos por completo y no obtienen una respuesta clara a este inconveniente.“Yo soy la madre de un hijo discapacitado, mi hijo tiene 56 años, hace aproximadamente 8 meses no me entregan la medicina completa para él. En Savia Salud frecuentemente nos hacen falta muchos medicamentos, ahora últimamente, más que anteriormente, nos hacen falta esos medicamentos esenciales para nosotros que somos diabéticos, yo utilizo insulina, tengo azúcar en la sangre", afirmaron.Los usuarios manifiestan que continuarán haciendo las reclamaciones pertinentes ante las autoridades y se mantienen a la espera de una respuesta satisfactoria a esta problemática que afecta miles de familias en la ciudad.
Tal como lo había anticipado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juez avaló el principio de oportunidad de un exfuncionario en el proceso de irregularidades en contratación entre el área Metropolitana y Metroparques, que involucra al ex alcalde Daniel Quintero.Aunque el proceso avanza en la etapa de investigación, el Juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, avaló el principio de acuerdo que estaba buscando ante la Fiscalía, uno de los exfuncionarios involucrados en los supuestos desfalcos entre entidades de la alcaldía de Medellín, entre los años 2020 - 2023.En este proceso están involucradas trece personas entre exfuncionarios, exdirectivos y contratistas, que suscribieron contratos interadministrativos con Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con recursos que superan los $17.000 millones.Además, según reveló la Fiscalía, otro contrato por $7.000 millones para la construcción de una bodega, se hizo sin otro motivo, donde se benefició fue al contratista.El propio alcalde de Medellín, Federico Gutíerrez, había señalado, que es importante que se le brinde seguridad a quienes quieren hablar de las irregularidades que se cometieron, según él, en la anterior administración.“Que ya uno de los de la banda sea el que busque un principio y oportunidad ante la fiscalía y se acerque y diga que quiere contar todo como fue. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ya están acorralados. Ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados. Y algo importante, que cuenten todo. El área metropolitana la saquearon y hay gente en la cárcel”, afirmó el alcalde Gutiérrez.Entre los investigados en este proceso también estarían Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Álvaro Villada, exsubdirector AMVA; Misael Cadavid, excontratista; Maria Eugenia Domínguez y Jorge Enrique Liévano exgerentes de Metroparques.Hay que recordar que la audiencia de acusación será el próximo 23 de febrero en horas de la mañana.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como “muy grave” la presunta reunión que habría sostenido en la ciudad Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, para tratar asuntos relacionados con narcotráfico y vínculos con integrantes de las Farc, según un escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos.El mandatario local aseguró que, de haberse producido ese encuentro, ocurrió en 2020, cuando la ciudad estaba bajo otra administración, y afirmó que son esas autoridades las que deben dar explicaciones.Gutiérrez señaló que lo que debe investigarse es si, además de personas vinculadas a las Farc, en ese encuentro también participaron jefes de estructuras criminales con presencia en Medellín y el Área Metropolitana, quienes recordemos participan del proceso de paz urbana con el Gobierno nacional."Y sí nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas, con personas de las Farc", indicó el mandatario.Gutiérrez manifestó que la Administración Distrital está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones que adelanten el FBI, el gobierno de Estados Unidos y la justicia colombiana. Según explicó, la Alcaldía pondrá a disposición toda la información que sea requerida, incluidos registros de cámaras de seguridad y otros sistemas de apoyo, en caso de que así se solicite.Las reacciones se dieron luego de que Medellín fuera mencionada en el documento judicial estadounidense, en el que se indica que hacia 2020 Maduro Guerra habría participado en una reunión en la ciudad para discutir acuerdos destinados a movilizar grandes cantidades de cocaína y armas hacia Estados Unidos hasta aproximadamente 2026. Aunque las autoridades adelantan verificaciones, hasta el momento no se conocen registros oficiales del ingreso del hijo de Maduro a la capital antioqueña, por lo que no se descarta que su desplazamiento se haya realizado por vía terrestre.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Medellín causaron estragos en la comuna 8, Villa Hermosa, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas ,y se activó la búsqueda de José Miranda, de 19 años, quien desapareció luego de ser arrastrado por la creciente de la quebrada La Castro.El director del Dagrd, Carlos Quintero, manfiestó que luego de un recorrido y labores de búsqueda por parte de los organismos de gestión del riesgo, se logró ubicar al hombre."Una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía, se lleva a esta persona ocasionándole la muerte. En este momento nos encontramos en las labores de recuperación del cuerpo y posteriormente entregar a fiscalía para la identificación del mismo", aseguró el director.El caso del joven que se estaba bañando en un balneario lo convierte en la primera víctima de las luvias que se vienen registrando en el inicio del año en Medellín. Según el Dagrd, ya van por lo menos 54 emergencias relacionadas con estas precipitaciones. "Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial. Desde el Dagrd estamos 24-7 atendiendo todos los llamados de la comunidad", agregó Quintero.Persisten afectaciones en UrabáPor su parte, en el Urabá antioqueño el incremento de las lluvias tiene afectadas a 1.270 familias en los municipios de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y Carepa.A estas dificultades se suman las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá. De acuerdo con la concesión vial, hay paso controlado a un carril en el sector Godó, la variante de Fuemia y en jurisdicción de Dabeiba, debido a socavaciones y trabajos de atención en curso.
Hay polémica en Antioquia tras la venta vía subasta de La Manuela, finca que perteneció a Pablo Escobar en el embalse de El Peñol. Mientras que algunos sectores cuestionan el valor inferior de la transacción, víctimas del Cartel de Medellín dudan que con recursos las vayan a reparar. La Manuela es una finca de más de 7.800 metros cuadrados a las orillas de la represa de El Peñol que fue adquirida por un particular por 7.700 millones de pesos.Estos recursos, según la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, serán destinados para la reparación de las víctimas de Escobar y el Cartel de Medellín, acciones que justamente esta población percibe con desconfianza.Así lo aseguró Carlos Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado por el cartel, indicó que, durante más de 30 años, ningún Gobierno nacional ha llevado a cabo alguna acción similar o reparado a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia impartida por Escobar y sus secuaces.“Todos los gobiernos, desde López, Turbay, Belisario, Uribe, Santos, Duque y el actual gobierno en cabeza del presidente Petro, nunca se han acercado a las víctimas ni a la reparación ni a la verdad ni a la justicia. Ojalá esos dineros sirvan para reparar alguna de las víctimas, porque creo que son muchísimas y nunca nadie ha hecho nada”, aseguró.Sin embargo, la polémica no para allí, pues líderes de la región aseguran que el bien se subastó y terminó vendiéndose muy por debajo del precio comercial de la zona.Yeison Valderrama, exdirector de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo y exconcejal de El Peñol, se atrevió a afirmar que el predio de La Manuela cuesta hasta ocho veces más que en lo que se transó.“Los órganos de control deben investigar por qué durante tantos años, después de que los municipios del Peñol, Guatapé, pidieran este bien durante décadas para desarrollos turísticos, ¿por qué hoy se vende a un particular por apenas 7.700 millones de pesos, cuando comercialmente cualquier otra propiedad en la misma zona vale 7 u 8 veces más?”, aseveró.Tras el anuncio de la venta del inmueble, la SAE explicó que se trató de una subasta altamente competitiva por la condiciones de la zona y la misma propiedad. La Manuela había cobrado gran valor turístico por sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.
Tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos ilegales en Medellín, sin tener experiencia y que afectó a más de 50 personas, se le imputaron en las pasadas horas tres nuevos delitos.En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, donde tres mujeres aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad.La Fiscalía General de la Nación ha presentado pruebas que responsabilizan a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, en las presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín, sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían hecho numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea.Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.El material probatorio recopilado estableció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres, a raíz de las intervenciones, sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.Estas mujeres permanecen privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025. Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
El caso de presunto feminicidio del que fue víctima una joven a finales de 2025 en el Suroeste de Antioquia estaría cerca de esclarecerse tras la captura, en las últimas horas, del presunto responsable.Se trata de Emiliana Castrillón Herrera, una mujer de 19 años, de quien se perdió rastro desde la noche del pasado 1 de noviembre, cuando fue vista caminando con un hombre en zona urbana del municipio de Venecia, durante el tradicional Festival de Globos.Una semana después, su cuerpo fue avistado por un campesino de una parcelación en aguas del río Cauca, a la altura de la vereda El Balzán, en el corregimiento de Bolombolo, y tras cotejos forenses en Medellín se logró establecer su plena identidad.En las semanas posteriores y tras diferentes labores investigativas, las autoridades judiciales lograron recaudar los suficientes elementos probatorios para emitir una orden judicial contra el hombre con el que fue identificada la última vez con vida la víctima.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que el hombre fue requerido en zona urbana del municipio de Titiribí, en la misma subregión, en medio de labores de registro y verificación de antecedentes."Eso fue gracias a una labor de verificación y testigos también que llevaron a cabo el trabajo investigativo y, por ende, ya las pruebas determinadoras de este resultado que conllevó a la captura de este sujeto y que, una vez Fiscalía presentara ante el juez todo este material y así mismo el juez diera el aval a la orden de captura procedente", dijo.A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón celebró el procedimiento policial, sobre el cual se espera que en las próximas horas también tome decisiones un juez al valorar los elementos entregados por la Fiscalía General. “En Antioquia tenemos los ojos puestos en los maltratadores y asesinos de mujeres”, dijo el mandatario en su mensaje.
Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto.Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 01H30 locales (06H30 GMT)."Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.El sospechoso, un hombre de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado.Los agentes confrontaron al hombre y dispararon. Ninguno resultó herido.Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato.A principios de este mes, Ryan Routh, de 59 años, quien planeó asesinar al presidente en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones estadounidenses, fue condenado a cadena perpetua.Su tentativa tuvo lugar dos meses después de otro intento de asesinato contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, uno de los cuales rozó la oreja derecha de Trump.Ese ataque, en el que murió un asistente al mitin, marcó un punto de inflexión en el retorno de Trump al poder.Crooks fue inmediatamente abatido a tiros por las fuerzas de seguridad y se desconoce el motivo de su acción.Noticia en desarrollo...
Al menos 45 personas fueron víctimas de un presunto esquema de estafa inmobiliaria en Duitama, Boyacá. Tres integrantes de una misma familia fueron judicializados por apropiarse, según las autoridades, de alrededor de 1.536 millones de pesos mediante proyectos de vivienda inexistentes o sin licencias de construcción.Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, habrían estructurado un esquema para ofrecer inmuebles con facilidades de pago que resultaban atractivas para los compradores.Entre 2018 y 2024, los señalados persuadieron a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de supuestos apartamentos o casas, respaldando las negociaciones con promesas de compraventa que finalmente no se concretaban.La Fiscalía reveló que cada integrante del núcleo familiar cumplía un rol específico para dar apariencia de legalidad al negocio. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando la imagen de legitimidad.Por su parte, su esposa e hijo presuntamente exhibían planos de las unidades habitacionales y aseguraban que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes, lo que generaba confianza en las víctimas.Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados. Un juez impuso medida de aseguramiento en la cárcel contra Nelson Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Divantoque deberá cumplir la medida de casa por cárcel.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La Policía Nacional capturó a un hombre de 46 años en la localidad de Tunjuelito, señalado de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en desarrollo de la estrategia institucional de seguridad. En el operativo se incautaron 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi.El procedimiento se realizó en el barrio Venecia, luego de que la ciudadanía alertara, a través de la línea de emergencias 123, sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa cerca del sector hotelero. Con la información recibida, los uniformados ubicaron al hombre y procedieron a su registro.Durante la inspección, las autoridades le encontraron en una maleta un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para la elaboración de tusi. También fueron incautadas una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, serían utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.El capturado y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir denunciando hechos que afecten la seguridad y la convivencia.
