Luego de que se confirmara que el caso de Amalia Montoya, la niña de dos años de edad que falleció en San Javier el pasado jueves, sí fue un asesinato y que además fue víctima de abuso sexual, las autoridades brindan protección a su hermano, de cinco años de edad, por medio del proceso de restablecimiento de sus derechos, a la par que avanzan las investigaciones para dar con los responsables.
Por lo pronto, se conoció que las autoridades avanzan en emitir dos órdenes de captura para ubicar y judicializar a los responsables de este hecho.
Fue el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el que confirmó estos dos delitos cometidos contra la menor de edad, quien fue llevada por su padrastro a la Unidad Intermedia de ese barrio de la ciudad narrando que había sufrido una supuesta caída en su vivienda, ubicada en la zona rural Las Tres Palmas del corregimiento de Altavista.
"Estos desgraciados tienen que pagar por ese delito, pero además se determina en su cuerpo cómo había moretones, cómo había maltrato, inclusive también se confirma el abuso sexual", expresó el mandatario.
Expertos explicaron a este medio que cuando un menor de edad tiene sus derechos amenazados o vulnerados, la autoridad toma la determinación del retiro del mismo de su medio familiar, después de lo cual puede ser enviado a una institución del ICBF o con su familia extensa.
Blu Radio se comunicó con el ICBF en Antioquia y desde su dirección confirmaron que para este caso, las decisiones justamente para proteger al niño de cinco años son tomadas por parte de la Comisaría de Familia que está al frente del caso. La entidad de protección a la niñez acompaña, de ser necesario, con apoyo psicológico, y en caso de que su núcleo familiar no sea garante y no se resuelva su situación, allí intervienen con “acogimiento residencial”.
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