Ambientalistas rechazan revocatoria de protección sobre 1.499 hectáreas de Santurbán

Organizaciones ambientalistas y defensores del agua en Santander expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revocar la resolución que había establecido una protección ambiental definitiva sobre cerca de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, dentro del ecosistema de Santurbán.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, con la que el Ministerio revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en la zona del páramo de Santurbán.

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La decisión generó fuertes cuestionamientos entre sectores ambientalistas, que consideran que la eliminación de esta figura de protección abre nuevamente la discusión sobre el futuro de la minería a gran escala en una zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.

“Está en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas”, señalaron sectores ambientalistas, quienes anunciaron acciones jurídicas y movilizaciones para defender el páramo de Santurbán y rechazaron cualquier decisión que, según ellos, pueda favorecer proyectos mineros en la región.

La controversia también está relacionada con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining, cuyo desarrollo ha sido objeto de un amplio debate ambiental, social y jurídico en Santander.

Frente a las críticas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la decisión no implica eliminar la obligación de proteger La Baja, sino retrotraer el procedimiento para garantizar la participación efectiva de los diferentes actores involucrados.

Según el funcionario, la decisión adoptada por el anterior Gobierno un día antes de finalizar su mandato presentó problemas jurídicos y procedimentales, entre ellos la existencia de recusaciones contra la entonces ministra Irene Vélez y una tutela que había sido admitida y se encontraba pendiente de resolución por una posible vulneración del derecho a la participación.

Arjona sostuvo que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de ese derecho. Por esta razón, el Ministerio considera necesario realizar nuevamente una evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección de La Baja.

“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja”, explicó el ministro, al señalar que el proceso debe garantizar la participación de las comunidades y demás actores involucrados en el tema de Santurbán.

El funcionario defendió además que las decisiones ambientales deben contar con respaldo científico, seguridad jurídica, transparencia y participación efectiva.

El Comité por la Defensa de Santurbán le respondió al ministro Arjona.

"La resolución que usted tumbó no es la de delimitación progresiva. Es la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Mining, la misma empresa que usted ha puesto en medios como ejemplo de minería para replicar en Santurbán".

Señalan los ambientalistas que "el fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales".

La revocatoria vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate ambiental de Santander. El páramo es considerado un ecosistema estratégico por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.

La discusión enfrenta nuevamente dos posiciones: por un lado, organizaciones ambientales y sectores ciudadanos que reclaman mayores garantías para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas de Santurbán; y por otro, sectores que cuestionan decisiones adoptadas sin suficiente participación o sustento jurídico y que reclaman procesos ambientales con mayor rigor técnico.

Para los ambientalistas, la revocatoria representa una señal de alerta y anunciaron que continuarán con acciones jurídicas y de movilización sociales para defender la protección del páramo.

Desde el Ministerio, entretanto, se insiste en que la decisión no constituye una autorización automática para desarrollar actividades mineras en La Baja, sino el reinicio del procedimiento para definir, bajo nuevas evaluaciones técnicas y jurídicas, cuál debe ser la figura de protección aplicable al área.

La quebrada La Baja se encuentra en el municipio de California, en el área de influencia del Macizo de Santurbán, territorio donde durante años se ha desarrollado una intensa controversia alrededor de la minería y la protección de las fuentes de agua.

La Resolución 0994, expedida el 6 de agosto, había establecido una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas y, entre sus efectos, restringía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones o licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro del área protegida.

Con la Resolución 1037 del 13 de agosto, esa medida fue revocada directamente. El Ministerio sostiene que ahora deberá adelantarse un nuevo proceso que garantice la participación de todos los actores y permita determinar, con criterios científicos y jurídicos, las medidas de protección que deberán aplicarse en La Baja.

La decisión promete mantener abierto uno de los debates ambientales más sensibles de Santander y el país: cómo garantizar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán mientras se definen las condiciones jurídicas para cualquier actividad económica en este territorio.