Condenan a exsubdirectora del IMEBU por caso de corrupción en Bucaramanga
La exfuncionaria deberá pagar 114 meses de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años.
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La justicia condenó a nueve años de prisión a Marisol Adarme Valenzuela, exsubdirectora del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, tras ser hallada responsable de participar en un esquema de corrupción relacionado con la contratación pública en la ciudad.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al año 2012, cuando la entonces funcionaria habría participado en el llamado “carrusel de contratación” que operaba al interior del instituto, entidad adscrita a la administración municipal de Bucaramanga.
La exsubdirectora de IMEBU, Marisol Adarme Valenzuela, fue condenada a 9 años de cárcel por corrupción, según la Fiscalía. Señala la investigación que en 2012 participó en el llamado 'carrusel de contratación' creado en el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/OwC21dvr1x
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 13, 2026
Según el ente acusador, durante ese periodo se habrían manipulado procesos contractuales dentro del IMEBU, permitiendo direccionar contratos y afectar la transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a programas de empleo y apoyo empresarial en la ciudad.
Las autoridades judiciales concluyeron que Adarme Valenzuela tuvo participación en estas irregularidades, motivo por el cual fue condenada a nueve años de prisión, dentro del proceso penal adelantado por los delitos relacionados con actos de corrupción en la contratación estatal.
El caso hace parte de las investigaciones que en su momento destaparon presuntas prácticas irregulares en la gestión de contratos dentro del IMEBU, situación que generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la entidad durante ese periodo.
Varios exfuncionarios del IMEBU han sido condenados por hechos de corrupción desde 2002
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Con esta decisión judicial, las autoridades reiteraron el llamado a fortalecer los controles institucionales y la vigilancia sobre la contratación pública, con el fin de prevenir hechos de corrupción que afecten la correcta ejecución de los recursos del Estado.