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La Secretaría de Salud de Bucaramanga encendió las alarmas frente a la atención de pacientes afiliados a la Nueva EPS en clínicas y hospitales del área metropolitana, ante las dificultades para acceder a camas y tratamientos especializados. Claudia Amaya, secretaria de Salud municipal, advirtió que la vigilancia será constante para detectar posibles barreras de acceso.
“Esto es una alarma para estar pendientes si los pacientes de la Nueva EPS van a empezar a tener problemas para acceder a camas hospitalarias. En Bucaramanga estamos monitoreando la disponibilidad, pero en Floridablanca y Piedecuesta esa responsabilidad recae en las alcaldías”, señaló la funcionaria.
El caso de Alcides Porras Galvis, de 63 años, evidenció la situación. Tras ser remitido desde San Gil a Bucaramanga para un cateterismo, pasó cuatro días sin lograr el traslado a una clínica de alta complejidad. Su hija, Andrea Porras, relató que nueve instituciones lo rechazaron por falta de camas.
“Su presión está controlada con medicamentos, pero no puede ser dado de alta porque tiene obstrucciones en el corazón”. Finalmente, con la intervención de la Secretaría de Salud, el paciente fue trasladado al Hospital Universitario de Bucaramanga Los Comuneros.
La crisis se agudiza con las deudas que afectan a la red hospitalaria. Según Amaya, “la red hospitalaria de Bucaramanga está asfixiada por deudas que superan los 163 mil millones de pesos en diez instituciones, antes de la intervención de la Superintendencia de Salud. Esto impacta directamente la calidad y continuidad del servicio”.
La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), uno de los centros de referencia en el país, suspendió desde febrero la atención a afiliados de la Nueva EPS en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular de Floridablanca. Aunque la medida no aplica para urgencias vitales, sí afecta a miles de usuarios que requieren procedimientos especializados. La deuda de la EPS con la FCV asciende a 106 mil millones de pesos.
La crisis también golpea a los usuarios que dependen de medicamentos. Johana Rincón, madre de un niño de 7 años con epilepsia, denunció que desde marzo no recibe ácido valproico, un medicamento esencial para el control de la enfermedad.
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“Cada frasco cuesta $43.000 y debo comprar cuatro al mes, es decir $172.000 mensuales. Aquí la pregunta es: ¿para qué paga uno entonces seguro?”, cuestionó.
La Contraloría General de la República también advirtió sobre irregularidades financieras en la Nueva EPS, tras revisar información entre 2022 y junio de 2025.
Entre los hallazgos figuran anticipos por $15,27 billones, facturas sin procesar por $22,1 billones, cuentas por pagar que superan los $21 billones y reservas técnicas subestimadas.
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La Secretaría de Salud reiteró que continuará con el seguimiento a la red hospitalaria local para garantizar la atención oportuna de los pacientes y pidió a los usuarios denunciar cualquier irregularidad en la prestación del servicio.
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