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A falta de dos meses para que finalice el año, continúa sin ejecutarse la orden de la Corte Constitucional que exige definir el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el recurso que financia la atención en salud de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social.
Durante el Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de Pacientes, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, afirmó que el Ministerio de Salud concluyó que el presupuesto proyectado para 2025 sería suficiente y no requeriría modificación. La presidenta solicitó que las bases de datos utilizadas en el análisis técnico se hagan públicas: “Si esa es la conclusión del Ministerio, lo que esperamos es que ese sea un ejercicio reproducible, que podamos conocer las bases de datos que lo soportan”, sostuvo.
Organizaciones de pacientes y expertos del sector han reiterado que la insuficiencia de la UPC viene generando afectaciones como cierre de servicios e incremento en las deudas del sistema. Aunque durante las mesas técnicas con el Gobierno y las EPS se discutieron escenarios y cifras, no se lograron conclusiones comunes, mientras el Ministerio mantiene su postura de que los recursos presupuestados para 2025 son adecuados.
En ese mismo evento, el vocero de Pacientes Colombia, Dennis Silva, aseguró que existen tres temas críticos en relación con el análisis de suficiencia de la UPC. En primer lugar, señaló que el Ministerio de Salud habría entregado en agosto a uno de los actores del sistema un documento en el que se indicaba que el valor actual sería suficiente para la operación del aseguramiento, mientras que las mesas técnicas continuaron hasta septiembre. Según él, esto plantea dudas frente a la apertura del proceso y la pertinencia del diálogo con los distintos participantes.
Como segundo punto, Silva afirmó que no se han tenido en cuenta todas las voces involucradas en el sistema de salud y cuestionó que la posición de suficiencia no reflejaría la realidad de múltiples territorios: “Hoy la plata es insuficiente, el Gobierno dice que es suficiente. Si la plata es suficiente, ¿por qué las ocho EPS intervenidas son las que más barreras generan?”, expresó, aludiendo a las dificultades de acceso reportadas en distintas regiones del país.
También argumentó que el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional que ordenan ajustes para garantizar financiación adecuada y condiciones de acceso continúa siendo un reto pendiente. En este sentido, solicitó que el alto tribunal evalúe la posibilidad de aplicar medidas frente al Gobierno nacional: “Cumplir los autos del acuerdo también es el llamado a la Corte Constitucional para una sencilla cosa, que aplique la acción de desacato al gobierno del presidente Gustavo Petro y declare el estado de cosas inconstitucionales”, añadió Silva durante su intervención.
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