Una nueva y rigurosa revisión de la información disponible es concluyente: tomar paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual en los niños.El estudio, dirigido por el City St George’s de la Universidad de Londres (Reino Unido) y publicado en 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health', es un metaanálisis de 43 estudios cuyos resultados proporcionan "pruebas sólidas" de que tomar paracetamol durante el embarazo es seguro.En septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump sugirió que tomar este fármaco durante el embarazo podía interferir en el desarrollo neurológico de los niños y causar autismo. La afirmación sembró la duda en la opinión pública.Pero, según explican los autores del nuevo estudio, el gobierno de Trump se basó en informes anteriores que estaban sesgados, no recogían toda la información necesaria para hacer una evaluación de este tipo y no tenían en cuenta a los hermanos o a los antecedentes familiares, que son cruciales.Para esta nueva revisión, el equipo recopiló 43 estudios de máxima calidad, realizados con métodos de investigación metodológicamente rigurosos y que incluían comparaciones con hermanos.Los autores explican que las asociaciones entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o las discapacidades intelectuales aludidas por la administración estadounidense pueden deberse a otros factores maternos, como el dolor subyacente, las molestias, la fiebre o la predisposición genética, más que a cualquier efecto directo del paracetamol.Comparaciones entre hermanosEn esta revisión, el equipo examinó 43 estudios y comparó los embarazos en los que la madre había tomado paracetamol con los que no.Los resultados de los estudios se agruparon en dos bloques entre hermanos nacidos de la misma madre, uno en el que la gestante había tomado paracetamol en el embarazo y otro en el que no (un método que ayuda a controlar la genética compartida, el entorno familiar y las características parentales a largo plazo que los estudios tradicionales no suelen tener en cuenta).En comparación con los embarazos sin exposición al paracetamol, se confirmó que tomar paracetamol durante el embarazo no estaba relacionado con el autismo infantil, el TDAH o la discapacidad intelectual.En los estudios de comparación entre hermanos, los datos incluyeron 262.852 niños evaluados para el autismo, 335.255 para el TDAH y 406.681 para la discapacidad intelectual."Nuestros hallazgos sugieren que las relaciones descritas anteriormente probablemente se expliquen por la predisposición genética u otros factores maternos, como la fiebre o el dolor subyacente, más que por un efecto directo del paracetamol en sí", subraya Asma Khalil, profesora de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal en City St George's y directora del estudio.Khalil es clara: "el paracetamol sigue siendo una opción segura durante el embarazo cuando se toma según las indicaciones. Esto es importante, ya que el paracetamol es el medicamento de primera línea que recomendamos a las mujeres embarazadas con dolor o fiebre, por lo que deben sentirse tranquilas sabiendo que siguen teniendo una opción segura para aliviar sus síntomas".Los autores esperan que esta revisión ponga fin a las dudas sobre el uso del paracetamol durante el embarazo, porque evitar este fármaco cuando hay dolor o fiebre intensa "puede exponer tanto a la madre como al bebé a riesgos conocidos, en particular la fiebre materna no tratada", advierten.Un debate zanjado para los expertosAlgunos científicos han destacado la solidez de este metaanálisis, que ha excluido a los estudios de menor calidad y que supone una "revisión sistemática oportuna y bien realizada" sobre el tema, afirma el profesor de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Ian Douglas, a la plataforma de recursos científicos SMC Reino Unido.Para Steven Kapp, profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), "como investigador y defensor neurodivergente, creo que una implicación es que la sociedad necesita dejar de meterse en callejones sin salida buscando falsas formas de prevención de las discapacidades del desarrollo. En su lugar, deberíamos centrarnos más en hacer del mundo un lugar mejor para las personas con discapacidad".Y para Grainne McAlonan, catedrática de Neurociencia Traslacional del King’s College London, "aunque el impacto del anuncio del año pasado fue considerable, espero que los hallazgos de este estudio den por zanjado el asunto", concluye en declaraciones al SMC Reino Unido.
La Gerencia Nacional de Tesorería de Nueva EPS informó que la entidad postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) más de $1,5 billones, destinados al pago de más de 2.000 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en todo el país durante el mes de enero.Según explicó la EPS, esta gestión hace parte de los compromisos adquiridos con los entes territoriales y los prestadores públicos y privados. Los recursos ya fueron reportados a la Adres para que los giros se realicen conforme al cronograma definido para enero de 2026.Desde la llegada del agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, Nueva EPS ha girado a sus prestadores más de $3 billones, en el marco de las acciones orientadas a mejorar el flujo de recursos dentro del sistema de salud.Como parte de su estrategia de saneamiento financiero, la entidad ha fortalecido los procesos de conciliación de cartera con prestadores de distintas regiones del país.Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se llevaron a cabo mesas de conciliación con prestadores regionales y nacionales, en las que se avanzó en acuerdos para el giro de recursos y el cumplimiento de obligaciones pendientes, reflejados en la postulación presentada ante la Adres.No obstante, Nueva EPS advirtió que una parte de los recursos comprometidos ha sido objeto de embargos judiciales, lo que ha generado afectaciones temporales en la ejecución de algunos pagos acordados durante el mes de diciembre, impactando tanto a prestadores públicos como privados.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) dispuso la prórroga de la medida cautelar aplicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la prestación de los servicios de salud dirigidos a las maestras, maestros y sus beneficiarios.La medida, inicialmente impartida en septiembre de 2025, fue extendida tras una solicitud presentada por la nueva administración del fondo y luego de un proceso de seguimiento conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se da en el contexto de la reestructuración y actualización del plan de trabajo del Fomag.De acuerdo con la información oficial, el plan actualizado contempla acciones específicas para el fortalecimiento de la entrega de medicamentos, la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como la mejora en la calidad, oportunidad y consistencia de la información entregada a los usuarios.También incluye medidas orientadas a asegurar la correcta administración y el flujo de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.El proceso se desarrolla con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, como parte de un trabajo articulado entre las entidades involucradas en el sistema de salud del magisterio.Según indicó el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, la entidad se acogió a las medidas de seguimiento definidas por la superintendencia con el propósito de atender las dificultades identificadas y avanzar en la implementación de soluciones dentro del marco del plan de trabajo.La prórroga de la medida cautelar y los ajustes al plan fueron socializados en una reunión realizada este 16 de enero, en la que participaron el superintendente nacional de Salud ad hoc, Ricardo Rojas, el Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode.
En un fallo de 89 páginas, el Consejo de Estado aclaró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sí pueden utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación para pagar deudas o pasivos correspondientes a vigencias fiscales anteriores, siempre que dichas obligaciones no estén prescritas y que el uso de los recursos no afecte la prestación del servicio de salud a los afiliados.Así lo estableció el alto tribunal al resolver una consulta formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que buscaba determinar si a los recursos de la UPC les es aplicable el principio de anualidad presupuestal. Este principio limita el uso de los recursos públicos al periodo fiscal en el que son recibidos, lo que había generado dudas sobre la posibilidad de cubrir obligaciones de años anteriores.En su concepto, la Sala fue clara en señalar que el principio de anualidad no aplica a los recursos provenientes de la UPC, debido a que estos dineros no han sido concebidos por el legislador como parte del Presupuesto General de la Nación.El Consejo de Estado precisó que las facturas por servicios de salud no necesariamente deben ser radicadas dentro de la misma vigencia fiscal a la que corresponde la UPC.No obstante, el alto tribunal reconoció la existencia de un vacío jurídico en relación con el uso de los recursos de la UPC para vigencias fiscales anteriores y frente a las reservas técnicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Es claro el alto tribunal en señalar que, esto no debe bajo ninguna circunstancia afectar la atención de los pacientes.
Lo que comenzó como un hecho delictivo en la tarde del jueves 15 de enero, se transformó rápidamente en una de las tragedias viales más impactantes de los últimos meses en Bogotá. Un saldo de tres personas fallecidas y una escena de caos absoluto fue el resultado de un siniestro de gran magnitud en la localidad de Engativá, específicamente sobre la estratégica Avenida carrera 68 con Avenida Chile (calle 72).El origen del siniestro: sel asalto a la velocidadDe acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, la cadena de eventos fatales inició alrededor de las 2:35 de la tarde. Según la información recolectada por los investigadores en el lugar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron e interceptaron al conductor de una camioneta para despojarlo de sus pertenencias.En una reacción desesperada por recuperar lo perdido o detener a los asaltantes, el conductor de la camioneta emprendió una persecución a alta velocidad en sentido norte-sur por la Avenida 68. Esta decisión, tomada en medio de la adrenalina del asalto, desencadenó una colisión múltiple que involucró a un total de tres vehículos particulares, una volqueta y la motocicleta de los presuntos delincuentes.Un impacto devastador para tercerosLa peor parte de la tragedia la llevaron personas ajenas al conflicto inicial. Durante la vertiginosa carrera por la concurrida vía, la camioneta que perseguía a los ladrones impactó violentamente contra un vehículo particular de menor tamaño. En este automotor se desplazaban dos adultos mayores, quienes, debido a la fuerza del choque, perdieron la vida de manera instantánea entre los hierros retorcidos de su vehículo.Tras el primer impacto, la camioneta no se detuvo; colisionó contra una volqueta de carga pesada que transitaba por el sector y, finalmente, terminó volcada lateralmente sobre la calzada. El tercer fallecido, según fuentes preliminares, estaría vinculado a la dinámica del fuerte impacto entre los vehículos involucrados, aunque las identidades exactas se mantienen bajo reserva mientras avanzan los protocolos de Medicina Legal.Respuesta de emergencia y colapso de la movilidadLa escena en la Avenida 68 con calle 72 fue dantesca. Al lugar acudieron rápidamente:Unidades de la Secretaría de Movilidad.Agentes de Tránsito y Transporte.Varias ambulancias del CRUE.Personal especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes realizaron maniobras de rescate para liberar a las víctimas atrapadas.Debido a que uno de los vehículos quedó volcado y los restos de los demás automotores obstruían casi la totalidad de la vía, se requirió el uso de grúas de gran capacidad para las labores de remoción. Estas diligencias, sumadas a los actos urgentes de levantamiento de los cuerpos por parte de criminalística, mantuvieron el tránsito paralizado durante varias horas, afectando la conexión entre el norte y el occidente de la capital.
El cantante británico Robbie Williams ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop', el decimotercero de su carrera, anunció el artista en su perfil de Instagram.Según la revista Billboard, el camino hacia el lanzamiento de este nuevo trabajo musical del ex componente de Take That ha estado lleno de altibajos.Anunciado inicialmente en mayo pasado, el disco tenía previsto su lanzamiento para el 10 de octubre, aunque posteriormente se retrasó hasta el 6 de febrero debido a problemas de calendario.Las once canciones editadas por Williams, que pretenden ser un homenaje a la música de su país, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas de "streaming"."Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música" de su país, indicó el cantante en un mensaje publicado en su perfil de Instagram el pasado mes de mayo al anunciar su lanzamiento."He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más alegre y con un toque más de himno de lo habitual", subrayó el cantante de "Feel".El álbum marca el primer conjunto de canciones originales de Williams desde "The Heavy Entertainment Show" de 2016 y su estreno se apoyará en una serie de conciertos en el Reino Unido el próximo mes de febrero.
Los gobernadores de los 32 departamentos estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto de emergencia del Gobierno, publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".En ese sentido, el Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se refirió a la reunión y el inconformismo por cuenta de las medidas económicas del Gobierno y sobre las cuales, aseguran que se verían gravemente afectadas las finanzas de las regiones. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que el próximo lunes 8 de enero a las 8:00 a. m. se llevará a cabo una reunión clave entre los mandatarios departamentales y el Ministerio de Hacienda. El encuentro busca mitigar el descontento generalizado provocado por un decreto de emergencia económica que, según los gobernadores, afecta gravemente las finanzas territoriales al modificar el recaudo de impuestos sobre licores y cigarrillos."Inconformismo" regionalA pesar de que sectores de opinión y algunos mandatarios locales han calificado la postura de las regiones como una "rebelión" o "insubordinación", el gobernador Amaya prefirió definir la situación como un profundo inconformismo. Según Amaya, fue él quien solicitó directamente la reunión al ministro de Hacienda tras la asamblea de gobernadores, argumentando que el Gobierno nacional no puede tomar decisiones de este calibre sin concertar previamente el impacto fiscal en los departamentos.El punto de discordia radica en que los departamentos dependen casi exclusivamente de las rentas provenientes del impuesto a los licores, la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar. El nuevo decreto nacional pondría en riesgo estos ingresos, fundamentales para cumplir con los planes de desarrollo locales.Impacto financiero en las regionesLas cifras en juego son considerables. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia ha señalado que su departamento tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional bajo las nuevas directrices. En el caso de Boyacá, el impacto se estima en unos 32.000 millones de pesos.Amaya subrayó que, aunque el aguardiente es un producto cultural y económico vital —mencionando marcas como el Líder y el Ónix 100 de Boyacá o el Amarillo de Manzanares en Caldas—, el debate de fondo es si las regiones deben seguir financiándose con este tipo de impuestos "viciosos" o si es hora de una reforma que fortalezca los impuestos territoriales de manera estructural.Escuche aquí la entrevista:
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud del programa de “Desmonte Progresivo” presentada por la EPS Sura el pasado 28 de mayo.Dijo la Superintendencia de Salud que luego de revisar y tramitar esta solicitud y, basados en un estudio técnico fundamentado en el riesgo que corre el sistema y la EPS dentro del sistema de salud, se decide negar el retiro.En su lugar, se ha acordado que la EPS Sura continúe trabajando en diferentes mesas técnicas que garanticen la continuidad en la prestación de servicios y el derecho fundamental a la salud de más 5.4 millones de afiliados, así como la definición de un cronograma que va a establecer diferentes compromisos que estén orientados a fortalecer la atención de todos los pacientes.>> Lea también: Gerente de EPS Sura: "Es la decisión más responsable frente a la situación que tenemos"La Superintendencia dice que va a mantener una vigilancia estricta y permanente para que se cumplan cada uno de los acuerdos con el objetivo principal de velar por un acceso oportuno a los servicios de salud y que la EPS cumpla con su responsabilidad a través de toda la red de atención médica y especializada en clínicas y hospitales.Así las cosas, la orden es que la EPS deberá continuar prestando los servicios de calidad a la ciudadanía e ir fortaleciendo todas las estrategias para garantizar su sostenibilidad y eficacia dentro del sistema de salud.En mayo pasado, la EPS planteó este desmonte como una herramienta que permitía el retiro ordenado, con una transición coordinada y planificada de sus afiliados, así como de su información clínica.En ese momento, la entidad privada argumentó que los problemas financieros de todo el sistema colombiano agravaron su situación, contabilizando, entre 2022 y 2023, pérdidas por más de $360.000 millones y para el cierre de 2024 la proyección es que esa cifra ascienda a los $500.000 millones.Ahora la empresa deberá responder qué otro camino jurídico toma, pues otra de las posibilidades es un proceso de reorganización, declararse en insolvencia o, por el contrario, una intervención por parte del ente de control.
El importador Merz Colombia S.A.S. ha alertado sobre la comercialización fraudulenta de los productos Radiesse (+) Lidocaine y Radiesse /Implante Inyectable, que están siendo distribuidos ilegalmente a través de redes sociales. Estos productos, provenientes del contrabando, se están comercializando sin la debida autorización sanitaria, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.Según el informe del Invima, los implantes inyectables en cuestión no cumplen con las características aprobadas para su venta en el país. Estos productos presentan un empaque con simbología distinta a la autorizada por las autoridades sanitarias, y contienen información en un idioma diferente al aprobado, lo que indica que no corresponden a las presentaciones comerciales debidamente registradas por Merz Colombia S.A.S., el importador autorizado. Además, los productos carecen de las especificaciones aprobadas en los registros sanitarios.El Invima ha reiterado que estos productos no deben ser utilizados ni comercializados bajo ninguna circunstancia, ya que pueden causar eventos adversos e incidentes de salud que comprometan la seguridad de los usuarios. En su comunicado, la directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, Doris Yolima Gómez Parada, hizo un llamado enfático a la ciudadanía: "Desde el Invima reiteramos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y hacemos un llamado contundente a los ciudadanos para que eviten el uso y comercialización de productos fraudulentos como los reportados en este caso. Estos implantes inyectables, distribuidos sin autorización y provenientes del contrabando, representan un grave riesgo para la salud de los usuarios", advirtió.Para las personas que puedan estar utilizando estos productos fraudulentos, el Invima ha emitido una serie de medidas preventivas. Se les insta a suspender su uso de inmediato y a ponerse en contacto con la Secretaría de Salud de su territorio. Si no logran obtener asistencia a través de esta vía, se les recomienda contactar directamente al Invima para tomar las medidas pertinentes.La alerta emitida por el Invima busca proteger a los pacientes y usuarios, al mismo tiempo que envía un mensaje claro sobre los peligros que conlleva el consumo de productos no autorizados, especialmente aquellos que provienen del contrabando. La institución también ha instado a la comunidad a estar alerta y a denunciar cualquier irregularidad en la comercialización de estos productos para evitar que más personas se vean afectadas.
En medio de las críticas y cuestionamientos por parte del presidente Gustavo Petro hacia Coosalud y su junta directiva, César Negret, miembro de la junta, aclaró en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que los recursos de $221,000 millones señalados no se han perdido ni se utilizaron indebidamente. "La plata ni se ha perdido ni se ha refundido, ni era plata de la salud", afirmó Negrete en respuesta a las declaraciones del mandatario.El origen del crédito y su manejoNegret, hermano del exdefensor del Pueblo Carlos Negret, explicó que Coosalud es una cooperativa con 30 años de trayectoria que agrupa a más de 7,000 cooperados y que, como cualquier empresa del sector, debe cumplir márgenes de solvencia y liquidez regulados. Para ello, en 2021, Coosalud fungió como garante de un crédito otorgado por el Banco Sudameris a una de sus filiales, Inversa, por un monto de $221,000 millones. Este crédito fue respaldado mediante una fiducia y recursos propios de la EPS, es decir, el 8 % del régimen subsidiado y el 10 % del contributivo, conforme lo permite la ley.“La junta directiva aprobó una garantía legítima, y el banco aceptó la fianza tras evaluar que los recursos eran propios de la EPS y no estaban destinados a la atención de la salud”, detalló Negret, subrayando que esta operación fue transparente y supervisada.Reacciones tras las denuncias presidencialesEl presidente Petro acusó a la junta de Coosalud de haber desviado recursos públicos del sector salud para atender la deuda del crédito, calificando el hecho como un ejemplo de corrupción en el sistema. Sin embargo, Negret rechazó contundentemente estas afirmaciones, calificándolas de "imputaciones injuriosas".“El banco prepagó el crédito dos días antes de la intervención de la EPS, no porque hubiera incumplimiento, sino debido a las alertas generadas por los anuncios del Gobierno”, señaló Negret. Añadió que el Banco Sudameris fue quien desembolsó y recuperó los recursos, garantizando que "jamás se puso en riesgo la plata de la salud”.El rol de la junta y los recursos de CoosaludNegret aclaró que el aval aprobado por la junta no implicaba el uso de recursos destinados a la atención de los afiliados, sino recursos propios permitidos por la ley. “La plata utilizada corresponde al 8 % que las EPS pueden destinar para operación administrativa, no al 92 % reservado exclusivamente para la salud”, reiteró.Asimismo, el abogado explicó que la operación financiera respondía a las exigencias regulatorias tras la crisis económica que enfrentaron las EPS durante la pandemia, agravada por retrasos en los pagos gubernamentales. “No se puede estigmatizar el crédito como un mecanismo empresarial legítimo. Este fue un recurso para garantizar márgenes de solvencia y mantener la operatividad”, apuntó.La respuesta de Coosalud ante las investigacionesFrente a las investigaciones en curso, Negret aseguró que la EPS está colaborando para despejar cualquier duda sobre la operación y enfatizó que el banco y la fiducia respaldaron la legalidad de la transacción. Además, desmintió los supuestos vínculos con Mario Andrés Urán, señalado de direccionar recursos hacia terceros.“La junta directiva no tiene relación con Urán ni con decisiones administrativas que lo involucren”, afirmó Negret, quien defendió la reputación de los integrantes de la junta y criticó que se les asocie con intereses políticos o económicos, como lo sugirió el presidente Petro.Un llamado a la rectificaciónCésar Negret concluyó la entrevista pidiendo al mandatario una rectificación pública de las acusaciones. “No se puede permitir que se desprestigie una operación legítima ni se ponga en duda la labor de una junta que ha actuado con transparencia”, señaló.
Comer tarde en la noche es un hábito que muchas personas han adoptado debido a diversos factores, como el ritmo acelerado de vida, las largas jornadas laborales o el trabajo nocturno. A menudo, la falta de tiempo durante el día obliga a las personas a recurrir a una comida tardía o incluso a comer antes de irse a dormir. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer una solución rápida o conveniente, este comportamiento puede tener consecuencias negativas para la salud a largo plazo, especialmente cuando se trata de la digestión y el metabolismo.¿Por qué es malo comer tarde?El doctor William Guerrero menciona que la última hora recomendada para hacer ingesta de alimentos es, en promedio, entre las 7:00 p.m. y las 7:30 p.m. Comer en la noche puede afectar notablemente la calidad de tu sueño, provocando dificultades para conciliarlo, despertares durante la noche o, en general, un descanso no reparador. Esto se debe a que la comida tiene un efecto termogénico en el cuerpo, es decir, aumenta la temperatura corporal. Sin embargo, para poder iniciar el sueño, es necesario reducir al menos un grado la temperatura corporal.Además, comer tarde puede alterar el equilibrio de dos hormonas clave en el proceso del sueño: la leptina y la grelina. Esto puede generar resistencia a sus efectos, lo que puede resultar en despertares con hambre o, en el peor de los casos, en la necesidad de levantarse durante la noche para comer. Otro problema asociado con comer tarde es que la desintoxicación del hígado ocurre principalmente durante la noche. Al comer tarde, se elevan los niveles de insulina y azúcar en sangre, lo que interrumpe el ritmo natural del cuerpo, que está diseñado para trabajar durante el día y descansar por la noche.Efectos sobre el metabolismo y el pesoComer tarde puede alterar los ritmos circadianos, que son los ciclos biológicos que regulan el sueño y la vigilia. Estos ritmos también influyen en cómo el cuerpo quema calorías y procesa los alimentos. Cuando se come en horas tardías, el cuerpo tiende a almacenar más calorías en lugar de quemarlas, lo que puede contribuir al aumento de peso con el tiempo.¿Qué puede hacer para no comer tarde?Cena temprano: idealmente, cene al menos 2-3 horas antes de acostarte.Comidas ligeras: evite comidas pesadas y grasas por la noche. Opte por alimentos fáciles de digerir como verduras, frutas y proteínas magras.Evite los azúcares: los alimentos ricos en azúcar pueden causar picos de insulina y dificultar el sueño.Cree una rutina: establezca una rutina regular para sus comidas y trate de cenar siempre a la misma hora.
La pobreza menstrual continúa siendo un problema crítico en Colombia, afectando la dignidad, salud y bienestar de miles de niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Según un informe de la consultora Caja, el 94 % de las mujeres de bajos ingresos en el país no tiene acceso a productos básicos como toallas higiénicas.Una problemática silenciosa, pero profundaEntre mayo de 2021 y mayo de 2022, 566.000 mujeres colombianas no pudieron adquirir productos esenciales para su periodo, de acuerdo con datos del Dane. La falta de recursos ha llevado a 45.000 de ellas a recurrir a alternativas peligrosas e insalubres, como trapos, telas, servilletas y ropa vieja, exponiéndolas a graves riesgos de infecciones y enfermedades.La pobreza menstrual no solo implica carencias materiales, sino también afecta el acceso a la educación, el empleo y el bienestar emocional de las mujeres. Muchas enfrentan discriminación y estigmas relacionados con la menstruación, agravando su situación de desigualdad.En medio de esta crisis, el uso de copas menstruales ha emergido como una alternativa viable y sostenible para combatir la pobreza menstrual.La inversión en una copa menstrual, que cuesta aproximadamente $89.000 y tiene una vida útil de hasta 10 años, representa un ahorro significativo frente al gasto anual promedio de $200.000 en toallas higiénicas.Además del ahorro económico, la copa menstrual, fabricada con silicona médica hipoalergénica, ofrece beneficios como la reducción de infecciones y la eliminación de compuestos nocivos presentes en algunos productos desechables.Impacto ambiental y socialLas toallas higiénicas desechables generan un impacto ambiental considerable, con desechos que tardan más de 500 años en degradarse. En contraste, una mujer que utiliza copas menstruales a lo largo de su vida generaría solo una fracción de esos residuos, además de reducir significativamente los costos asociados.La popularidad de este producto ha crecido especialmente entre las mujeres jóvenes, quienes valoran su comodidad, practicidad y contribución al cuidado del medio ambiente, según María Laura Guirald, de la Copa Uva.“En promedio, el gasto anual en toallas higiénicas puede llegar a los $200.000, mientras que una copa menstrual, que cuesta cerca de 89.000 pesos, tiene una vida útil de hasta 10 años. Esto representa un ahorro sustancial a largo plazo. Además, al estar hecha de silicona médica hipoalergénica, es segura para el cuerpo, reduce el riesgo de infecciones y no contiene metales pesados como se han encontrado en el algodón de toallas y tampones”, aseguró Guirald.Un llamado a la acciónA pesar del impacto positivo de iniciativas privadas, los expertos subrayan la necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso universal a productos de gestión menstrual. Además, es crucial educar a la población sobre el uso de alternativas sostenibles y derribar los mitos que perpetúan la desinformación.La lucha contra la pobreza menstrual no es solo una cuestión de higiene, sino un paso hacia la equidad y el respeto por los derechos básicos de las mujeres en Colombia.
La crisis de la salud en Colombia sigue bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, tras un nuevo llamado a la Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención oportuna a sus afiliados en todo el país.Y es que según cifras del ente de control, solo en 2025 se radicaron 131.000 tutelas en contra de la Nueva EPS.Este nuevo requerimiento de la Procuraduría se centra en la implementación efectiva del plan denominado “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, diseñado por la EPS para enfrentar las dificultades en la entrega de medicamentos. Tras una revisión exhaustiva de esta estrategia, el Ministerio advirtió la necesidad de realizar ajustes urgentes y estructurales.Las falencias que logró identificar la Procuraduría se centran en la falta de claridad en los objetivos del plan, la ausencia de un detalle preciso de las acciones a ejecutar en cada departamento, la identificación de la población afectada, la definición del modelo de atención y la construcción de una matriz de riesgos que permita anticipar y mitigar nuevas fallas en el servicio.En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió formalmente a los funcionarios de la Nueva EPS para que informen los avances concretos y aporten los soportes de las acciones que se están llevando a cabo, con el propósito de evitar que se repitan episodios de intermitencia o interrupción en la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.
La reciente actualización de la pirámide nutricional en Estados Unidos ha despertado un intenso debate entre expertos en salud y nutrición. Para entender mejor sus implicaciones, el endocrinólogo y nutricionista Antelm Pujol, con formación de posgrado en endocrinología clínica en Harvard, explicó en entrevista en Mañanas Blub 10:30 los aspectos positivos y las inconsistencias del nuevo modelo alimentario, que busca orientar los hábitos de millones de ciudadanos.Según Pujol, el cambio no es menor. “El cambio implica cambiar los hábitos de la población, porque al final si nosotros tenemos un modelo a seguir, la gente va a seguir esas recomendaciones que da el Gobierno y las instituciones oficiales”, afirmó, subrayando la responsabilidad que tienen estas guías en la salud pública. Por eso, insistió en que deben estar alineadas con la evidencia científica.Uno de los puntos que el especialista destacó como más relevantes es el énfasis en consumir “comida real”. Por primera vez, las guías oficiales desaconsejan de forma explícita los ultraprocesados. “Son las primeras guías de la historia que desaconsejan el consumo de estos alimentos, que sabemos están vinculados a riesgo cardiovascular, cáncer y obesidad”, señaló Pujol, quien considera este avance como un paso fundamental para combatir enfermedades crónicas.Sin embargo, el médico también advirtió inconsistencias entre la imagen de la pirámide y el contenido de las recomendaciones escritas. Mientras el gráfico ubica carnes rojas, huevos y productos altos en grasa en lugares destacados, el texto sugiere limitar la grasa saturada a menos del 10 % de la ingesta diaria. “Lo que dice dentro del texto no se corresponde con la imagen de la pirámide, y eso genera confusión”, explicó.Sobre las grasas, Pujol fue claro: no todas son iguales. “La evidencia científica dice que las grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aguacate o el pescado, tienen efectos protectores a nivel cardiovascular”, indicó, diferenciándolas de las grasas saturadas provenientes de carnes procesadas.En cuanto a los lácteos, un tema históricamente polémico, el endocrinólogo aseguró que la evidencia actual respalda su consumo. “Los lácteos sí tienen un efecto beneficioso para la salud y pueden reducir el riesgo cardiovascular, siempre que sean de calidad”, puntualizó, resaltando que no todos los productos lácteos ofrecen los mismos beneficios.Respecto a los carbohidratos, Pujol explicó que la recomendación es priorizar los de buena calidad, provenientes de frutas, verduras y granos enteros. “Estos alimentos tienen un beneficio cardiovascular muy importante”, dijo, especialmente en contextos como el latinoamericano, donde el consumo de arroz, plátano y otros carbohidratos refinados es elevado.Finalmente, el especialista defendió el consumo de frutas, incluso aquellas con mayor contenido de azúcar natural. “No es lo mismo la fructosa que viene en una fruta que la que se encuentra en un ultraprocesado, porque la fruta aporta una matriz nutricional que mejora su efecto en el organismo”, concluyó.El mensaje central, coincidieron entrevistadores y experto, es claro: priorizar alimentos reales, frescos y mínimamente procesados, más allá de gráficos o modas dietéticas. La nueva pirámide, aunque perfectible, abre una conversación necesaria sobre cómo comer mejor para vivir más y mejor.
La situación administrativa y financiera de Drogas La Rebaja volvió a estar en el centro de la discusión. En Blu Radio, Deivis Carbonell, presidente del sindicato de Conservar cooperativa que administra la cadena farmacéutica, explicó que la intervención está próxima a cumplir dos años y que, durante este periodo, la empresa ha acumulado pérdidas de manera consecutiva. Según el sindicato, en 2024 las pérdidas ascendieron a $64 mil millones, y en 2025 superaron los $40.000 millones; para el año en curso se proyecta un resultado similar.Carbonell señaló que existe una sentencia judicial que ordena la extinción y entrega de los activos y establecimientos de comercio al Estado, proceso que, aseguró, aún no se ha materializado. Mientras tanto, los activos continúan registrándose en Copservir, lo que ha comprometido los aportes de los asociados para sostener bienes que, de acuerdo con la sentencia, ya no pertenecerían a la cooperativa.El dirigente indicó que esta situación ha impedido aplicar la sustitución patronal, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad de los contratos laborales ante un eventual cambio de administrador. Advirtió que algunas alternativas planteadas implicarían la renuncia de los trabajadores a Copservir y la firma de nuevos contratos, con la consecuente pérdida de beneficios asociados a la antigüedad laboral.Asimismo, afirmó que han solicitado acompañamiento al Ministerio del Trabajo sin obtener una respuesta efectiva y que se han realizado reuniones entre entidades del Gobierno nacional sin la participación de los trabajadores, lo que ha dificultado avanzar en soluciones.De acuerdo con el sindicato, más de 5.600 trabajadores asociados enfrentan riesgos sobre sus aportes cooperativos, ya que, debido a las pérdidas acumuladas, quienes se retiran o son desvinculados no recuperan sus aportes, al aplicarse el factor de pérdida previsto en la normativa de la economía solidaria.Ante este panorama, el sindicato evalúa alternativas internas, como la convocatoria a una asamblea para definir el futuro de los aportes y la continuidad de la cooperativa, ante la falta de definiciones claras sobre la entrega de los activos y la intervención. Finalmente, Carbonell reiteró el llamado a la Superintendencia, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que se pronuncien sobre la sustitución patronal, la protección del ahorro laboral y el futuro de Drogas La Rebaja, con el fin de dar claridad a los trabajadores y sus familias.
La situación financiera de Nueva EPS continúa generando preocupación entre clínicas y hospitales del país. La entidad, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, mantiene deudas con prestadores de servicios de salud, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios, dificultades en la entrega de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos, y además en el pago a sus trabajadores, todo esto según reportan las IPS.Nueva EPS se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional desde 2024. Sin embargo, de acuerdo con los prestadores, persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la entidad y su capacidad para responder por las obligaciones financieras derivadas de la atención a los usuarios.En entrevista con Blu Radio, Jorge Toro, director de la Unión de IPS, señaló que el sistema de salud requiere una definición clara por parte del Gobierno nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el futuro de la EPS. Indicó que los prestadores continúan atendiendo a los afiliados sin tener certeza de que los servicios serán reconocidos y pagados oportunamente.Toro afirmó que, ante la acumulación de deudas, varias instituciones han optado por anunciar cierres de servicios como mecanismo para obtener respuesta por parte de la EPS. Según explicó, tras estos anuncios se realizan giros parciales que corresponden a una fracción del total adeudado, sin que exista un esquema de pagos regular ni acuerdos que garanticen la sostenibilidad financiera de los prestadores.El directivo también indicó que no se conocen de manera pública los estados financieros actuales de Nueva EPS, lo que incrementa la incertidumbre en el sector. Añadió que la situación no solo afecta a las IPS privadas, sino también a hospitales públicos, que han expresado preocupaciones por la continuidad de la operación y el pago al talento humano en salud.De acuerdo con la Unión de IPS, la falta de regularidad en los pagos ha generado dificultades para mantener la atención a los usuarios, quienes enfrentan retrasos en cirugías programadas, servicios ambulatorios y acceso a medicamentos. Toro señaló que la problemática es compartida por múltiples instituciones que prestan servicios a la EPS en diferentes regiones del país.Finalmente, el director de la Unión de IPS reiteró el llamado al Gobierno nacional para que, en el corto plazo, defina si Nueva EPS cuenta con los recursos necesarios para continuar operando y garantice condiciones de pago claras y periódicas a los prestadores, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema de salud y a los usuarios afiliados.
Blu Radio habló con el profesor Luis Jorge Grandes, director del Observatorio de Vacunación, quien alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), encargado de la vacunación en el país. Según explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue de 190.000 millones, equivalente al 24 % de lo requerido.De acuerdo con el académico, desde el Gobierno se ha señalado que esta disminución no afectaría el programa, al contar con otras fuentes de financiación como recursos del Fondo Rotatorio. No obstante, indicó que desde el observatorio persiste la inquietud sobre la capacidad real del sistema para garantizar las coberturas necesarias.Grandes, señaló que el PAI enfrenta dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país. Según indicó, se han reportado limitaciones en la disponibilidad de vacunas contra influenza y COVID-19, especialmente para adultos mayores.El director del Observatorio de Vacunación afirmó que esta situación ocurre en un contexto de circulación de enfermedades inmunoprevenibles como fiebre amarilla, tosferina e influenza tipo A H3N2. También mencionó la presencia de brotes de sarampión en países de América del Norte y casos reportados en México y Canadá, lo que, según explicó, incrementa el riesgo regional.En relación con la baja asistencia a los puntos de vacunación, el profesor señaló que, a su juicio, el principal factor no es la falta de demanda ciudadana, sino la disponibilidad limitada de biológicos. Indicó que la población solicita vacunas, pero en varios territorios no se cuenta con el suministro suficiente.Según el Observatorio, la reducción de recursos para el PAI podría traducirse en menores coberturas de vacunación, lo que aumentaría la incidencia de enfermedades prevenibles y sus posibles consecuencias en salud pública. Grandes recordó que el país ya venía registrando coberturas inferiores a las metas establecidas.Finalmente, desde el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes se hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar el presupuesto del PAI, garantizar la adquisición de vacunas y asegurar la continuidad del programa, especialmente para menores de cinco años, gestantes y adultos mayores. También se solicitó que la política de vacunación se mantenga al margen del contexto electoral y se priorice como un asunto de salud pública.
Entre lágrimas y con voz entrecortada, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, relató la desesperante situación financiera de la institución que dirige. En entrevista con Mañanas Blu, el funcionario advirtió que su hospital, especializado en ortopedia y trauma, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia debido al incumplimiento en los pagos de las EPS intervenidas por el Gobierno, principalmente Savia Salud y Nueva EPS.“Llegaban llorando: no tengo con qué comer, no tengo cómo pagar el arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo. Y tener que decirles que no tengo con qué pagarles porque desde agosto no nos paga la Nueva EPS”, expresó Arroyave, visiblemente conmovido.El drama retrata con crudeza el impacto de una crisis estructural que afecta a toda la red pública hospitalaria del departamento. Según cifras de las autoridades locales, las EPS adeudan cerca de 8 billones de pesos a los hospitales antioqueños, poniendo en jaque su funcionamiento y dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre económica.“Nos están dejando morir de hambre”El gerente explicó que el hospital depende en un 90% de los pagos de las EPS, pero los giros “se hacen a discreción” y no de acuerdo con lo establecido por la norma. “Nos facturan lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que realmente debemos recibir. Desde agosto no nos giran, y eso nos tiene en una situación insostenible”, denunció.Arroyave describió la situación del personal con crudeza: “Mi gente se está muriendo físicamente de hambre; comparten una coca entre tres para poder comer. Mucho personal me renunció en diciembre”. El gerente señaló que algunas auxiliares y enfermeras, en su mayoría madres cabeza de familia, han tenido que acudir a préstamos “gota a gota” para sobrevivir.La deuda acumulada del hospital con sus proveedores y empleados ha llegado a niveles insostenibles. “Solo tres EPS intervenidas me deben 22 mil millones de pesos. Con esa plata solucionaría todos mis problemas, pero no nos llega un solo peso”, afirmó.Insolvencia y sacrificio: el costo humano del colapso financieroEl Hospital San Rafael de Itagüí cuenta con 460 funcionarios, entre médicos, enfermeras, especialistas y personal administrativo. A ellos se suman trabajadores de empresas tercerizadas de vigilancia, aseo y alimentación, también afectados por la falta de pago. “Toda esa gente está sufriendo porque no he podido pagarles. Hacemos milagros para mantener el hospital limpio y seguro, pero ya no aguantamos más”, lamentó el gerente.Ante la falta de insumos médicos, el personal del hospital ha tenido que improvisar. “A veces tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para comprar gasas o agujas. Incluso les pedimos a las familias que ayuden con los insumos para poder atender a sus pacientes. Es muy doloroso, pero no hay otra opción”, relató.El colapso económico ha obligado al hospital a reducir cirugías en áreas críticas como la ortopedia, debido al alto costo del material quirúrgico. “No hemos podido comprar el material de osteosíntesis, los proveedores nos tienen bloqueados. Sin pago no hay cómo operar a los pacientes”, agregó Arroyave.Un sistema al borde del colapso en AntioquiaLa situación del Hospital San Rafael no es un caso aislado. De acuerdo con el propio gerente, todos los hospitales públicos de Antioquia están en la misma situación. En un grupo de chat que comparten gerentes de instituciones de salud del departamento, las quejas son constantes. “Nadie nos escucha. Ni el ministro actual ni la anterior ministra se han pasado por aquí. No han visto el sufrimiento del personal de salud”, subrayó.El impacto del retraso en los pagos trasciende lo financiero y afecta directamente la atención a los pacientes. “Tengo pacientes en UCI a punto de despertarse porque no hemos podido comprar los medicamentos para mantenerlos sedados. Otros llegan con enfermedades descompensadas porque las EPS no entregan los medicamentos que necesitan”, advirtió.Un alivio parcial que no soluciona la crisisTras su emotivo testimonio, Arroyave recibió una llamada del nuevo gerente interventor de la Nueva EPS, quien se comprometió a girar 1.500 millones de pesos al hospital. Aunque el anuncio representó un leve alivio, el funcionario fue tajante: “Eso es un pañito de agua tibia; no soluciona nada, pero al menos demuestra que alguien nos escuchó”.El gerente recordó que en 2024 ya había tenido que gestionar ayudas con recursos personales y donaciones de alimentos para su personal. “De mi propio bolsillo saqué plata para comprar mercados. Fui a la central mayorista y, con el apoyo de algunos comerciantes, pude darle comida a mi gente. Pero ya no puedo más; el hospital no tiene de dónde sacar”, recordó.“El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”En medio de su relato, Arroyave resumió el sentimiento colectivo con una frase que rápidamente se viralizó: “El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”. Con esas palabras, el gerente sintetizó el desgaste físico, emocional y financiero que enfrenta el personal del hospital, símbolo del colapso del sistema de salud colombiano.Mientras tanto, los 460 trabajadores del Hospital San Rafael de Itagüí siguen atendiendo a la población más vulnerable del Valle de Aburrá, pese a los meses sin salario y la escasez de insumos médicos. “Lo hacen por vocación, porque son verdaderos héroes, enfatizó Arroyave. Pero los héroes también necesitan comer, también tienen hijos, y también se cansan”.
Durante el mes de enero se registra un aumento superior al 50 % en las consultas dermatológicas relacionadas con manchas en la piel, acné y brotes cutáneos, según reportes de especialistas del Hospital Infantil Universitario de San José. El incremento se presenta semanas después del periodo de vacaciones y celebraciones de fin de año.De acuerdo con los dermatólogos, este aumento está relacionado con factores como la exposición prolongada al sol, el uso inadecuado del protector solar, cambios en los hábitos de cuidado diario, suspensión de tratamientos dermatológicos y modificaciones en la alimentación y el descanso. Estas condiciones favorecen la aparición de hiperpigmentaciones, empeoramiento del acné y otras alteraciones cutáneas.El doctor David Reyes, médico dermatólogo de la institución, explicó que en enero es frecuente la consulta de pacientes con manchas más marcadas, especialmente melasma, así como brotes de acné inflamatorio. Indicó que muchos de estos casos se asocian a una aplicación insuficiente o incorrecta del protector solar durante las vacaciones.Los especialistas señalan que la mayoría de las personas reduce la frecuencia de limpieza facial, interrumpe tratamientos médicos y utiliza productos sin orientación profesional durante este periodo. A esto se suma el contacto con sol, cloro y sal, además del aumento en el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados, factores que inciden en la respuesta inflamatoria de la piel.Además de las manchas y el acné, los dermatólogos reportan consultas por resequedad, dermatitis y cambios en lesiones pigmentadas. En algunos casos, estas alteraciones no son evidentes de inmediato y se manifiestan semanas después del retorno a la rutina habitual.Ante este panorama, los especialistas recomiendan retomar los cuidados básicos de la piel, mantener el uso adecuado del protector solar, reiniciar tratamientos suspendidos y consultar al dermatólogo si aparecen manchas nuevas, brotes persistentes o cambios en lunares. El seguimiento médico permite identificar de forma temprana alteraciones cutáneas y orientar el manejo adecuado según cada caso.
El sistema de salud colombiano comenzó 2026 con un panorama marcado por desequilibrios financieros y dificultades operativas que se arrastran desde la vigencia anterior. De acuerdo con el más reciente comunicado de Así Vamos en Salud, el déficit patrimonial del sistema alcanzó los –15,8 billones de pesos, lo que representa un aumento frente al cierre de 2024, cuando se ubicaba en –9,7 billones.Las cifras disponibles a noviembre de 2025 indican que las pérdidas operacionales superaron los 7,3 billones de pesos y que la siniestralidad global se mantuvo por encima del 108 %, lo que evidencia que los ingresos del sistema no lograron cubrir los costos reales de la atención, especialmente en el régimen contributivo. Este comportamiento financiero se presenta en un contexto de información incompleta, debido a que algunas de las principales entidades del sistema no han reportado oportunamente su situación financiera, lo que limita una evaluación integral del riesgo existente.Otro de los factores señalados es la ejecución del Presupuesto Máximo. Para 2025 se estimó una necesidad cercana a los 4,4 billones de pesos, pero a diciembre solo se habían ordenado giros por 2,4 billones, situación que impactó la liquidez de las EPS y la continuidad en la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.En cuanto a 2026, el presupuesto aprobado para la ADRES asciende a 110,7 billones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto Máximo inició el año con apenas 1 billón, una cifra inferior a la requerida según los datos de la vigencia anterior. A esto se suma el incremento de la UPC, definido en 16,49 % para el régimen subsidiado y 9,03 % para el contributivo, el cual no cubre las presiones de costos identificadas. El análisis estima un faltante inicial de entre 2,7 y 3,1 billones de pesos solo en el régimen contributivo, sin considerar el impacto del aumento del salario mínimo del 23 %.Las consecuencias de este escenario también se reflejan en el acceso de los usuarios al sistema. Para finales de 2025 se proyectó un acumulado superior a dos millones de PQRS y más de 300 mil tutelas en salud, cifras que dan cuenta de las dificultades para acceder de manera oportuna a los servicios. Así Vamos en Salud advierte que, sin ajustes técnicos, mayor transparencia en la información y seguimiento a la suficiencia de las primas, estas condiciones podrían profundizarse durante 2026.
A partir del 16 de enero de 2026, la red pública hospitalaria de Risaralda —integrada por cerca de 15 hospitales— suspenderá la prestación de varios servicios a usuarios de la Nueva EPS y de otras aseguradoras como Asmet Salud y Pijaos Salud. La medida responde a incumplimientos en los pagos por servicios ya prestados, situación que ha generado una afectación financiera significativa en las instituciones.Según informaron los gerentes hospitalarios, la deuda acumulada de estas EPS con la red pública del departamento supera los 116 mil millones de pesos. La falta de flujo de caja ha impedido la contratación de personal y la adquisición de insumos, lo que compromete la operación regular de los hospitales.La restricción de servicios no es nueva en algunos centros asistenciales. Hospitales como el Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS) y el Hospital Universitario San Jorge ya habían limitado atenciones con anterioridad. Sin embargo, la decisión actual se extiende a la mayoría de la red y afecta a cerca de medio millón de afiliados.Entre los servicios que se suspenderán se encuentran las cirugías programadas, las hospitalizaciones, las citas médicas y odontológicas, así como los procedimientos especializados y diagnósticos. Las instituciones aclararon que se mantendrá únicamente la atención de urgencias vitales.Los directivos hospitalarios señalaron que esperan la realización de pagos efectivos antes de la fecha anunciada, con el fin de evitar la suspensión. En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que intervenga y facilite soluciones que permitan garantizar la continuidad del servicio.Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AISalud), Olga Lucía Zuluaga, explicó que la decisión es consecuencia de varios meses de compromisos incumplidos y de la falta de respuestas concretas por parte de las entidades aseguradoras. Indicó que la medida busca proteger la operación de los hospitales y garantizar la atención a los usuarios con respaldo financiero, advirtiendo que, sin pagos, las ESE no tienen cómo continuar funcionando.Zuluaga agregó que la crisis ya tiene efectos visibles en la atención. Hospitales de baja complejidad enfrentan serias dificultades para remitir pacientes, especialmente en servicios de salud mental y oncología, áreas que no son cubiertas por la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijaos Salud. Esta situación mantiene a pacientes en niveles de atención que no corresponden a su condición clínica, afectando a los usuarios, al talento humano y a las instituciones hospitalarias.La situación configura una crisis en la prestación de los servicios de salud en Risaralda, derivada del incumplimiento financiero de varias EPS y de las medidas adoptadas por los hospitales para preservar su sostenibilidad operativa.
Durante años, la evidencia científica ha señalado que el sedentarismo es uno de los factores que más impactan la salud de la población adulta. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que no es necesario cumplir rutinas exigentes ni largos entrenamientos para observar cambios medibles en el organismo. Dos estudios recientes publicados en revistas del grupo The Lancet analizan cómo variaciones mínimas en la actividad diaria, el descanso y la alimentación se relacionan con la mortalidad.Uno de los trabajos, difundido en The Lancet, se enfocó exclusivamente en la actividad física y el tiempo que las personas permanecen sentadas a lo largo del día. Para ello, los investigadores utilizaron datos objetivos registrados mediante dispositivos que midieron movimiento y sedentarismo, evitando así el uso de estimaciones subjetivas.Qué ocurre en el cuerpo al sumar cinco minutos más de ejercicioLos resultados muestran que incrementar levemente el tiempo de movimiento tiene efectos observables. En la mayoría de los adultos, que realizaban cerca de 17 minutos diarios de actividad física moderada, añadir cinco minutos más al día se asoció con una reducción del 10 % en la mortalidad total. En el grupo de personas menos activas, que apenas alcanzaban dos minutos diarios de ejercicio de esta intensidad, el mismo aumento se relacionó con una disminución cercana al 6 %.Menos tiempo sentado también se relaciona con menor mortalidadLa investigación también evaluó el impacto de reducir el sedentarismo. De acuerdo con los datos, disminuir en 30 minutos el tiempo diario sin actividad se asoció con una reducción estimada del 7 % en la mortalidad en adultos que pasan alrededor de 10 horas sentados. En quienes permanecen sedentarios unas 12 horas al día, la reducción fue de aproximadamente el 3 %.Además, los investigadores encontraron que aumentar en 10 minutos diarios la actividad física de intensidad moderada se relacionó con una disminución del 15 % en la mortalidad en la población general y del 9 % en el grupo menos activo.Luis Cereijo, investigador en Salud Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, indicó en una reacción al estudio que estos resultados refuerzan la evidencia acumulada sobre la relevancia de los hábitos cotidianos, y destacan el valor de contar con una muestra amplia y mediciones objetivas de actividad física.¿Cómo tener un año adicional de vida?El segundo estudio, publicado en eClinicalMedicine, amplió el análisis al considerar de forma conjunta tres factores: sueño, ejercicio y alimentación. Esta investigación se basó en datos de casi 60.000 personas del Biobanco del Reino Unido, reclutadas entre 2006 y 2010, con un seguimiento promedio de ocho años.Según sus conclusiones, pequeñas mejoras simultáneas —cinco minutos más de sueño, dos minutos adicionales de actividad física moderada a vigorosa y media ración extra de verduras al día— se asociaron con aproximadamente un año adicional de vida en personas con los hábitos menos saludables.Los autores también señalaron que una combinación considerada óptima, que incluye dormir entre siete y ocho horas, realizar unos 40 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa y mantener una dieta saludable, podría asociarse con más de nueve años adicionales de esperanza de vida en buena salud.Ambas investigaciones son observacionales y se basan en datos de países de altos ingresos. Los autores subrayan la necesidad de ampliar este tipo de estudios a contextos con menos recursos, aunque coinciden en que los resultados aportan evidencia sólida sobre el impacto de cambios pequeños y sostenibles en la vida diaria.Todos los análisis incluyeron información de más de 135.000 adultos procedentes de Noruega, Suecia y Estados Unidos, además de participantes del Biobanco del Reino Unido. El seguimiento promedio fue de ocho años, periodo durante el cual se evaluó la relación entre pequeños cambios en la actividad física diaria y la mortalidad por todas las causas.