Salud: actualidad en Colombia y el mundo

El sistema de salud frenta un nuevo capítulo de controversia tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender de manera provisional el Decreto 182 de 2025, una medida del Gobierno nacional que buscaba reorganizar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y trasladar a millones de usuarios a la Nueva EPS.La decisión judicial se produjo luego de una acción popular presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez, integrante de la Asociación de Usuarios de Sanitas, quien argumentó que el decreto vulneraba derechos colectivos de los afiliados al sistema de salud. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Palacio explicó que el recurso se presentó debido al impacto que tendría la medida sobre los usuarios.“Demandamos al Ministerio de Salud porque este Decreto 0182 del 25 de febrero vulneraba los intereses colectivos de más de 6 millones de usuarios de las EPS”, afirmó. La decisión del tribunal representa un fuerte revés para la estrategia del Gobierno de avanzar en la reforma al sistema de salud mediante decretos, en medio del estancamiento de la iniciativa en el Congreso.Los argumentos del Tribunal para suspender el decretoDe acuerdo con el fallo, la suspensión se adoptó como medida cautelar mientras se estudia el fondo del proceso. El tribunal consideró que la aplicación inmediata del decreto podría generar efectos negativos irreversibles en el sistema de salud.Entre los principales argumentos se destacan:Riesgo de daño irreparable al sistema de salud, debido a la magnitud del traslado de usuarios.Afectación de derechos adquiridos, como la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente la EPS a la que desean afiliarse.Concentración de la prestación del servicio, ya que en 502 municipios solo quedaría operando la Nueva EPS.Riesgos en la atención de los pacientes, al tratarse de una entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno.Según el tribunal, estos factores justifican la suspensión temporal mientras se analiza con mayor profundidad la legalidad de la medida.“No es contra una EPS, es contra el traslado inconsulto”Víctor Raúl Palacio aclaró que la acción judicial no responde a una oposición específica contra la Nueva EPS, sino contra el traslado automático y sin consulta previa de los afiliados.“No es porque sea la Nueva EPS. Estamos en contra del traslado inconsulto a unas EPS que desconocemos, reconociendo que Sanitas está entre las mejores EPS de Colombia”, señaló.El demandante explicó que él mismo habría sido uno de los usuarios afectados por el cambio. Actualmente se encuentra afiliado a Sanitas, pero el decreto contemplaba la cancelación de operaciones de esta entidad en Medellín, lo que lo obligaría a migrar al nuevo esquema.Para Palacio, el problema radica en que la reorganización del sistema no garantiza la continuidad de los tratamientos ni la cobertura adecuada en todos los territorios.La acción popular que frenó el mayor traslado en la historia del sistemaUno de los aspectos más llamativos del proceso es que la acción popular fue presentada a título personal por Palacio, aunque contó con el respaldo de organizaciones de usuarios.“La acción popular está solo a nombre mío. Trabajamos desde la asociación de usuarios de Sanitas a nivel nacional y lo hicimos en tiempo récord para poder frenarlo”, explicó.Según el demandante, el tribunal resolvió la solicitud de suspensión en menos de cuatro días, lo que evidencia —a su juicio— la gravedad de los riesgos que implicaba la medida.De haberse aplicado el decreto, el país habría experimentado el traslado más grande de afiliados en la historia del sistema de salud, con más de 6,6 millones de usuarios redistribuidos entre EPS, principalmente hacia la Nueva EPS.Pacientes con tratamientos en riesgoEl debate también ha puesto sobre la mesa la situación de miles de pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos en curso, quienes podrían verse afectados por cambios abruptos en su aseguradora.El propio Palacio relató que su experiencia personal con el sistema de salud influyó en su preocupación por la estabilidad del servicio: “Hace seis meses fui operado de estenosis aórtica en la Clínica Las Vegas. Además padezco tinnitus y artrosis por la edad”, comentó.Aunque señaló que su caso particular no fue el motivo central de la demanda, afirmó que existen usuarios en condiciones de salud más delicadas, cuyos tratamientos podrían verse comprometidos con un traslado masivo.Un proceso que apenas comienzaLa suspensión del decreto es temporal y el tribunal deberá analizar ahora el fondo del caso. Entretanto, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud deberán responder a los requerimientos planteados por la justicia.Palacio anticipó que el proceso judicial podría prolongarse y no descarta nuevas acciones legales para lograr la derogatoria definitiva de la norma: “Nosotros no nos vamos a quedar solo con esta suspensión. Vamos a ir hasta el máximo para que sea derogado, porque están vulnerando los derechos colectivos de todos”, afirmó.

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