Ante el incremento de los incendios forestales y las condiciones climáticas que favorecen su propagación, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia, preparación y respuesta del sector salud. La entidad advierte que la exposición al humo puede deteriorar la calidad del aire, aumentar la concentración de material particulado y afectar principalmente el sistema respiratorio, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas de protección y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.De acuerdo con el Ministerio de Salud, el humo generado por los incendios forestales puede afectar las vías respiratorias y exacerbar enfermedades crónicas como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Por esta razón, niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes y ciudadanos con enfermedades respiratorias, cardiovasculares u otras condiciones crónicas requieren especial protección frente a la contaminación del aire.La respuesta del sector salud se desarrolla en el marco de la Circular Externa Conjunta 023 del 10 de julio de 2026, que establece orientaciones para la preparación y respuesta durante la temporada seca y el fenómeno de El Niño 2026-2027. En este contexto, MinSalud fortaleció el seguimiento de los eventos relacionados con incendios forestales, exposición al humo y deterioro de la calidad del aire.Para anticipar posibles afectaciones y orientar las acciones de las autoridades sanitarias, el sector integra información epidemiológica, territorial y de calidad del aire mediante herramientas como las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA), el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Sistema de Vigilancia de Riesgos Ambientales (VIGIFRA). Esta información se complementa con los reportes de las autoridades competentes y de los servicios de salud, con el propósito de identificar oportunamente a las poblaciones expuestas, prever las necesidades de atención y establecer medidas de prevención y protección.El Ministerio también entregó orientaciones a las secretarías de Salud, EPS, IPS y demás actores del sistema para fortalecer la vigilancia, la preparación de los servicios, la comunicación del riesgo y la atención oportuna de las personas afectadas. La respuesta requiere, además, coordinación entre los equipos de salud pública, aseguramiento, prestación de servicios, los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) y las instancias encargadas de la gestión del riesgo.Frente a la presencia de humo, la principal recomendación es reducir la exposición. Para ello, se aconseja evitar actividades físicas intensas al aire libre y permanecer en espacios interiores cuando las condiciones de contaminación lo permitan. Si es necesario desplazarse o permanecer en zonas afectadas, se recomienda utilizar tapabocas. Estas medidas son especialmente importantes para las poblaciones vulnerables.Las personas con enfermedades o condiciones de salud preexistentes deben mantener la continuidad de sus tratamientos y contar con los medicamentos formulados. MinSalud recomienda acudir de manera inmediata a los servicios de salud ante señales de alarma como dificultad para respirar, dolor en el pecho, aumento significativo de la tos, silbidos al respirar, alteración del estado de conciencia o una exacerbación de una enfermedad crónica.El comunicado también llama la atención sobre los efectos de las altas temperaturas. Para prevenir complicaciones, se recomienda mantener una adecuada hidratación, consumir agua potable con frecuencia y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. También es importante permanecer en espacios frescos, ventilados y protegidos del calor.La ciudadanía debe estar atenta a síntomas como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o una temperatura corporal superior a 39 grados Celsius, señales que pueden corresponder a un golpe de calor y requieren atención médica inmediata.Finalmente, el Ministerio de Salud pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar oportunamente la presencia de incendios, focos de calor, fuego o humo ante los organismos de gestión del riesgo, emergencias o control ambiental correspondientes.Con estas acciones, las autoridades buscan disminuir los efectos de la contaminación del aire y proteger especialmente a las personas que presentan mayor riesgo durante la actual temporada de incendios y condiciones climáticas adversas.
Los sellos de advertencia que alertan sobre el exceso de azúcar, sodio y grasas en los alimentos, así como los llamados impuestos saludables, vuelven a estar en el centro del debate en Colombia. Organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos advierten que estas medidas enfrentan cuestionamientos e intereses políticos y económicos que podrían llevar a su debilitamiento o incluso a su eliminación.Las dos herramientas fueron implementadas con el objetivo de desestimular el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, considerados factores de riesgo para diferentes enfermedades. Desde FIAN Colombia sostienen que Colombia ha logrado avances importantes con estas políticas y que, además, cumplen con recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud.La preocupación radica en que algunos sectores han comenzado a cuestionar la efectividad de estas medidas y a plantear cambios bajo el argumento de que no cumplen con su propósito. Para las organizaciones que defienden el derecho a la alimentación, detrás de esta discusión también existen intereses económicos relacionados con una industria que podría verse afectada por una reducción en el consumo de estos productos.Milena Waldron, nutricionista y coordinadora del área de Nutrición de FIAN Colombia, advierte que el eventual debilitamiento de estas políticas podría representar un retroceso en materia de salud pública, especialmente porque el consumo frecuente de productos ultraprocesados está relacionado con enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer.A esto se suma el impacto económico que estas enfermedades generan para el sistema de salud. Por eso, las organizaciones consideran que las medidas no deben evaluarse únicamente desde el impacto sobre la industria o los consumidores, sino también desde los costos que representa para el Estado atender enfermedades asociadas con hábitos alimentarios poco saludables.El llamado de FIAN Colombia, junto con organizaciones de la sociedad civil y la academia, es a proteger y fortalecer estas políticas. La petición no está dirigida únicamente a mantener los sellos de advertencia y los impuestos saludables, sino a mejorar su alcance y garantizar que sus beneficios lleguen especialmente a niños, niñas y adolescentes.La discusión, aseguran, no debería centrarse en retroceder, sino en cómo hacer más efectivas estas herramientas. Para las organizaciones, la alimentación adecuada es un derecho humano y las políticas públicas deben priorizar la salud de la población por encima de intereses políticos o económicos.
El Ministerio de Salud y Protección Social estableció nuevas medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud en el país tras el terremoto y evitar que los daños ocasionados por la emergencia se conviertan en nuevas barreras para los pacientes. Las disposiciones están dirigidas principalmente a las EPS y a las instituciones de salud ubicadas en los territorios afectados.A través de la Circular Externa 0028 de 2026, el Ministerio de Salud impartió instrucciones a los actores del sistema para mantener la atención de manera oportuna e integral durante la emergencia. Entre las principales obligaciones está que las EPS deberán garantizar la disponibilidad y continuidad de sus redes de prestación de servicios, además de revisar de manera permanente su capacidad para responder a las necesidades de la población.Cuando sea necesario, las entidades deberán realizar ampliaciones, adecuaciones, reconfiguraciones o sustituciones en sus servicios de salud. También tendrán que mantener habilitados canales de contingencia e informar oportunamente cualquier modificación en las rutas, redes o puntos de atención, con el propósito de que los usuarios sepan dónde pueden recibir atención.Uno de los puntos centrales de la medida es garantizar la atención de las personas que requieren un seguimiento médico permanente. Por eso, tendrán prioridad los pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes y quienes actualmente se encuentren en tratamiento.Las EPS también deberán garantizar el acceso a medicamentos y tecnologías en salud, incluso en aquellos casos en los que estos elementos hayan sido perdidos o destruidos como consecuencia del terremoto. Además, deberán facilitar la entrega de servicios que ya estaban autorizados y que se encontraban pendientes de atención, sin imponer barreras administrativas a los pacientes.Las medidas también contemplan a las personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus lugares de residencia debido a la emergencia. Para garantizar su atención, las entidades podrán implementar estrategias como consultas prioritarias, atención en salud mental, telemedicina, vehículos asistenciales y servicios extramurales, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.El Ministerio recordó, además, que las EPS tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que, al momento del terremoto, se encontraban internados en instituciones cuya infraestructura resultó afectada y que tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales. Esto busca evitar que el cambio de institución interrumpa sus tratamientos.En materia de recursos, la circular establece que podrán presentarse ante la ADRES solicitudes relacionadas con el reconocimiento de servicios de salud y otros gastos derivados de la emergencia, entre ellos el transporte hacia los centros asistenciales, indemnizaciones por muerte, gastos funerarios e incapacidad permanente. Para los servicios de salud, la ADRES emitirá el certificado de reconocimiento hasta por $36.749.788,32. Cuando se supere ese monto, la EPS deberá asumir el reconocimiento y pago correspondiente.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud reforzará la vigilancia sobre el sistema para identificar posibles barreras de acceso, negaciones o demoras en la atención, interrupciones de tratamientos y fallas en las redes de prestación de servicios.Con estas disposiciones, el Ministerio busca que los efectos del terremoto no provoquen una segunda emergencia en materia de salud y que las personas afectadas puedan continuar recibiendo los servicios, medicamentos y tratamientos que necesitan, incluso mientras se recupera la infraestructura sanitaria de las zonas impactadas.
El Hospital de Puerto Asís logró estabilizar la atención luego de enfrentar una sobreocupación del 245,2 % tras el terremoto que sacudió al suroccidente del país. De acuerdo con Ovidio Garrido, agente interventor de la institución, los momentos más críticos se registraron durante los primeros días de la emergencia, cuando el centro asistencial tuvo que responder a la llegada masiva de pacientes mientras ya operaba con niveles habituales de ocupación cercanos al 90 y 100 %.Durante el primer día de la emergencia fueron atendidos alrededor de 47 pacientes relacionados directamente con el terremoto. El hospital tuvo además dificultades iniciales por la disponibilidad limitada de insumos médicos, medicamentos y, especialmente, sangre. Ante esta situación, la institución activó su alerta y recibió apoyo de diferentes sectores, entre ellos el Gobierno nacional, la Gobernación y organizaciones que hicieron llegar elementos necesarios para mantener la atención.La situación llevó a reforzar la atención prehospitalaria y a instalar carpas para recibir y clasificar a los pacientes. Médicos generales, especialistas, enfermeros y auxiliares participaron en los equipos de triage para determinar rápidamente la gravedad de cada caso y establecer las prioridades de atención.Uno de los principales mecanismos para reducir la presión sobre el hospital fue el traslado de pacientes a otras instituciones. Según Garrido, el 11 de agosto fueron trasladados 18 pacientes y el 12 de agosto otros 17, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y de la red hospitalaria de Antioquia, que habilitó camas para recibir a los pacientes provenientes de Puerto Asís.La sobreocupación, que alcanzó el 245,2 %, comenzó así a disminuir. Para el día siguiente se encontraba alrededor del 160 %, hasta llegar posteriormente a una situación considerada estable por las directivas del hospital.La emergencia también puso en evidencia las dificultades de la red hospitalaria de la región. Puerto Asís cuenta con el único hospital de mediana complejidad del departamento, por lo que la capacidad de respuesta de la institución resulta fundamental. Garrido señaló que otros centros asistenciales de la zona no están prestando algunos servicios debido a dificultades financieras relacionadas con las obligaciones pendientes de las EPS.A pesar de la reducción de la sobreocupación, el hospital mantiene necesidades importantes. La institución recibió medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y unidades de sangre durante la emergencia. Incluso tuvo que afrontar daños en la infraestructura destinada al almacenamiento de sangre y gestionar de manera urgente una nueva nevera para garantizar su conservación. Actualmente, según el interventor, cuentan con cerca de 160 unidades de sangre y con una cantidad suficiente de insumos para continuar la atención.El personal de salud también fue determinante durante la emergencia. Además de los trabajadores de planta, profesionales provenientes de otras ciudades e instituciones se sumaron voluntariamente para apoyar la atención de los pacientes. Algunos trabajadores del hospital tuvieron afectaciones en sus viviendas por el terremoto, pero la institución logró mantener la prestación de los servicios.El principal desafío ahora es financiero. Garrido confirmó que a especialistas y contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios se les adeudan aproximadamente dos meses de pagos. Aunque el personal continúa trabajando y la atención se mantiene con normalidad, el hospital busca recursos que permitan garantizar la operación y responder a estas obligaciones.La institución ya presentó ante el Gobierno nacional un proyecto para apalancar durante cuatro meses la operación del hospital. Los recursos permitirían adquirir medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, sangre y material de osteosíntesis, además de garantizar el pago al personal asistencial. Según Garrido, el proyecto ya cuenta con una resolución de asignación de recursos y actualmente se adelantan los trámites necesarios para que estos sean desembolsados.El interventor hizo un llamado al Gobierno nacional para agilizar este proceso y permitir que los recursos lleguen al hospital en medio de la emergencia. También pidió a las EPS cumplir con sus obligaciones y pagar los servicios que ya fueron prestados, una medida que, según explicó, ayudaría a aliviar la presión financiera de la institución.Durante esta semana se instaló además un Puesto de Mando Unificado con participación de representantes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. En este espacio también se abordó la situación financiera con representantes locales de las EPS. Sin embargo, Garrido explicó que estos funcionarios no tienen capacidad para tomar decisiones sobre los pagos.Por esta razón, quedó prevista una nueva reunión para el martes con los directivos nacionales de las EPS, quienes sí tienen capacidad de decisión sobre los recursos adeudados.Mientras tanto, el Hospital de Puerto Asís asegura que mantiene activos sus servicios de urgencias y consulta externa. Aunque la asistencia a consulta externa todavía se ha visto afectada por el temor de la población ante posibles réplicas, la institución sostiene que la atención se está prestando con normalidad.La emergencia dejó al hospital con una sobreocupación crítica, pero también evidenció la capacidad de respuesta del personal sanitario y el respaldo recibido desde diferentes regiones del país. Ahora, con la situación asistencial estabilizada, el reto pasa por garantizar los recursos necesarios para que el único hospital de mediana complejidad del departamento pueda mantener su operación y atender las necesidades de la población afectada por la emergencia.
El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas denuncia presunta cartelización de Anestesiar y alerta sobre riesgos para la atención de pacientes. Los especialistas, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Dos versiones envuelven la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, donde en las últimas horas dejó de tener contrato con el gremio de anestesiólogos en Antioquia por altas deudas.Por un lado, a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones. Por el otro, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.El gerente, Juan Carlos Sánchez Fernández, advirtió que esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios de cirugía y poner en riesgo la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia. Además, manifestó su preocupación porque este tipo de prácticas podrían estar replicándose en otras instituciones de salud del país.“Quiero denunciar ante el país las presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización que estaría promoviendo anestesia para impedir que a profesionales de anestesiología que no pertenecen a su agremiación participen libremente en el proceso de contratación de nuestra institución. Podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población más vulnerable”, aseguró.Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo ocurrido, establezcan las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1575 de 2026, mediante la cual actualiza los lineamientos técnicos y operativos para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia.La norma adiciona un artículo a la Resolución 051 de 2023 y modifica el numeral 4.2 de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptada mediante la Resolución 3280 de 2018, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación 297 de 2025 de la Corte Constitucional.La resolución incorpora un capítulo específico para garantizar el acceso a la IVE de mujeres y personas con capacidad de gestar pertenecientes a pueblos indígenas. Entre las medidas establece que las entidades responsables de la atención deberán garantizar el acceso inmediato al procedimiento cuando la persona manifieste su decisión, sin imponer barreras administrativas, culturales, comunitarias o institucionales.También señala que las autoridades tradicionales o comunitarias no podrán condicionar ni impedir el acceso mediante autorizaciones o decisiones colectivas, y ordena proteger la confidencialidad de la información relacionada con el procedimiento.La norma también dispone que, cuando existan barreras en las entidades indígenas de salud, las usuarias podrán acudir directamente a cualquier institución pública o privada para recibir la atención, sin requerir autorizaciones adicionales. En esos casos, el prestador tendrá derecho al reconocimiento de los costos conforme a las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Otro de los principales cambios corresponde a la actualización del talento humano autorizado para participar en la atención. La resolución señala que profesionales de enfermería, de acuerdo con su formación, entrenamiento y competencias, podrán intervenir en consultas, valoración clínica, seguimiento y otros procedimientos relacionados con la IVE, conforme a los lineamientos técnicos vigentes. Además, el Ministerio deberá expedir, en un plazo de tres meses, un documento técnico con las orientaciones para la ejecución de estos procedimientos por parte del personal de enfermería.El documento también actualiza la organización de la atención. Establece que la IVE deberá prestarse de forma inmediata y que entre la manifestación de voluntad de la persona gestante y la realización del procedimiento no podrán transcurrir más de cinco días calendario. La consulta inicial podrá realizarse en urgencias, consulta prioritaria, consulta programada o durante una hospitalización, y podrá ser efectuada por profesionales de medicina o enfermería capacitados.En cuanto a la atención clínica, la resolución indica que la valoración inicial deberá confirmar el embarazo, establecer la edad gestacional, identificar factores de riesgo y suministrar información sobre los procedimientos disponibles. También establece que la ecografía no será un requisito para acceder a la IVE durante el primer trimestre, salvo cuando exista una indicación clínica, y prohíbe que la paciente sea expuesta a imágenes o sonidos del embarazo sin su consentimiento expreso. De igual forma, precisa que los exámenes de laboratorio no podrán convertirse en una barrera para la prestación del servicio.La resolución reitera que la interrupción voluntaria del embarazo procede por la sola decisión de la mujer o persona gestante hasta la semana 24 de gestación. Después de ese periodo, deberá verificarse alguna de las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. Asimismo, establece que la atención deberá garantizar la confidencialidad, el respeto por la autonomía de la paciente y la eliminación de barreras de acceso para poblaciones indígenas, personas privadas de la libertad, comunidades étnicas y quienes carezcan de documentos de identificación.
La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, anunció que una de las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud será reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, considerada actualmente la entidad más crítica del país por su tamaño y su situación financiera.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria explicó que la recuperación del sistema depende en gran medida de estabilizar a la aseguradora, que concentra más de 11 millones de usuarios y cuya situación financiera, aseguró, requiere una intervención profunda."Es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios", afirmó Vesga al referirse al futuro de la Nueva EPS.La ministra precisó que "alivianar" significa reducir probablemente el número de afiliados, con el propósito de que la entidad pueda operar de manera más eficiente y garantizar una mejor atención a los usuarios¿Cuál es el plan de choque frente a la crisis de medicamentos y citas?La prioridad inmediata de la nueva administración, según confirmó la ministra, será la ejecución de un plan de choque que comenzará el 7 de agosto. El objetivo central es identificar, persona a persona, los focos críticos de represamiento en la atención."Necesitamos identificar cuáles son esos cuellos de botella, dónde están los medicamentos que no se están entregando y las citas que no se están otorgando. Si no sabemos el tamaño del problema, no sabemos cuántos recursos vamos a requerir", señaló Vesga. Para la ministra, la erosión de la confianza entre los actores del sistema ha sido la causa raíz de la parálisis, por lo que su gestión buscará convocar a prestadores, industria y aseguradoras para estabilizar la red.¿Por qué se habla de "alta cirugía" para la Nueva EPS?La funcionaria enfatizó que la entidad ha sufrido un deterioro constante debido a la falta de continuidad administrativa, acumulando seis interventores en cuatro años. "Es imposible que una entidad que no ha tenido continuidad en su gestión esté bien administrada", afirmó. El gobierno entrante revisará la situación financiera para determinar qué partes de la red son viables y cuáles requieren medidas de salvamento, asegurando que cualquier decisión estará centrada en proteger la atención de los pacientes.¿Cómo se financiará el sistema y qué pasará con la UPC?La ministra desestimó que los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) respondan a beneficios particulares, aclarando que se trata del financiamiento base del sistema. Sobre la polémica de los recursos, Vesga reconoció que el gobierno anterior dejó una subestimación en los cálculos para 2025 y 2026. Aunque el escenario fiscal es restringido, la administración busca inyectar recursos para saldar deudas con la industria farmacéutica y aliviar la red prestadora, trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo.¿Qué pasará con los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud?Otro punto de tensión es el destino de los 8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, se habrían invertido en los Equipos Básicos de Salud durante el gobierno saliente. Vesga se mostró crítica ante la falta de indicadores de impacto: "No había trazabilidad. Lo primero que vamos a hacer es medirlos; si han funcionado en algunos territorios, qué bueno, pero debemos entender qué pasó con esos recursos, pues fueron un detrimento enorme para un sistema que estaba ahogado".
En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), su presidente, Víctor Raúl Castillo, se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema de salud del país y respaldó la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud.Castillo aseguró que conoce la trayectoria de Vesga y confió en que pueda liderar una gestión enfocada en resolver los problemas estructurales del sector.“A la doctora la conozco muy bien, me parece que es una persona idónea para el cargo. Espero que haga el trabajo adecuado y se rodee bien”, afirmó el presidente de la FCV.El directivo señaló que uno de los principales retos de la nueva ministra será enfrentar la crisis financiera del sistema de salud y las millonarias deudas acumuladas entre los diferentes actores.“Hay un tema de interés que son las grandes deudas del sistema. No son 40 o 50 billones, pero tampoco son menos de 20, y necesitamos tomar cartas en el asunto”, sostuvo Castillo.El presidente de la FCV hizo un llamado para que todos los sectores involucrados trabajen de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la atención de los pacientes y la sostenibilidad del sistema.“Si todos nos ponemos la mano en el corazón y decidimos arreglar esto, los proveedores, las EPS, los médicos, las personas, las farmacéuticas y las clínicas podemos sacar adelante el sistema”, manifestó.Castillo insistió en que la solución requiere recuperar la confianza entre los diferentes actores y establecer mecanismos que permitan resolver las obligaciones pendientes.Durante su intervención, el presidente de la FCV también cuestionó la cantidad de cambios administrativos que han ocurrido en algunas EPS intervenidas por el Gobierno.“Coosalud tuvo 12 interventores en un año, Nueva EPS tuvo ocho interventores y así todas las EPS intervenidas. Así no las opera nadie y uno no sabe cuál es el objetivo de estas renovaciones”, afirmó.Según Castillo, la falta de continuidad en la administración de estas entidades genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones para garantizar una adecuada prestación del servicio.Finalmente, el presidente de la Fundación Cardiovascular reiteró que el país necesita un trabajo articulado entre EPS, IPS, profesionales de la salud, pacientes, proveedores y Gobierno para superar los desafíos actuales del sistema.La FCV, que cumple cuatro décadas de trabajo en el sector salud, aprovechó la conmemoración para plantear los retos que deberá asumir la nueva administración del Ministerio de Salud.
Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud manifestó públicamente su respaldo a la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su llegada representa una oportunidad para reconstruir la confianza en el sistema de salud colombiano y enfrentar los retos que atraviesa el sector.En un pronunciamiento conjunto, los exfuncionarios señalaron que reciben el nombramiento “con optimismo y esperanza”, destacando que Vesga cuenta con un amplio conocimiento del sistema de salud, adquirido tras años de trabajo con los distintos actores del sector, lo que, aseguran, le permitirá comprender la complejidad del momento y liderar las transformaciones que requiere el país.El grupo resaltó además las cualidades personales y profesionales de la nueva ministra, entre ellas su capacidad de liderazgo, equilibrio, seriedad y disposición permanente al diálogo y la concertación, características que consideran fundamentales en un contexto marcado por la crisis financiera del sistema, las diferencias entre el Gobierno y los distintos sectores de la salud, y las crecientes dificultades para garantizar la atención a los pacientes.Los exministros afirmaron que Colombia necesita una conducción capaz de recuperar la confianza, reconstruir puentes entre los diferentes actores y poner el bienestar de los pacientes por encima de cualquier diferencia política o institucional. En ese sentido, calificaron la designación de Vesga como un “acierto” y expresaron su confianza en que impulsará un ejercicio amplio de diálogo e integración.Asimismo, señalaron que el país requiere una reconstrucción colectiva del sistema de salud basada en el conocimiento técnico, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones compartidas que permitan avanzar en la estabilización, recuperación y evolución del modelo de atención.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros felicitó a Ana María Vesga por su nombramiento y le deseó éxito en la gestión que iniciará, convencido de que su liderazgo contribuirá a fortalecer el derecho a la salud y a devolver la confianza en uno de los sectores más golpeados del país.
A pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, el gremio Aliadas expresó su respaldo a la conformación del nuevo gabinete ministerial y aseguró que el país necesita una gestión que permita recuperar la confianza, fortalecer la inversión y generar condiciones para el crecimiento económico y social.En un comunicado, la organización afirmó que Colombia atraviesa un momento que exige responsabilidad colectiva y decisiones oportunas para enfrentar los desafíos que heredará la nueva administración. En ese sentido, destacó que los funcionarios designados cuentan con experiencia y trayectoria, cualidades que, según el gremio, deberán traducirse en una gestión pública transparente, eficiente y enfocada en resultados para los ciudadanos.Aliadas hizo un reconocimiento especial al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud y Protección Social, al considerar que su experiencia en el sector y su capacidad para construir consensos facilitarán la adopción de soluciones en una de las carteras más complejas del Gobierno. El gremio señaló que el sistema de salud enfrenta retos urgentes relacionados con el acceso, la continuidad de la atención y la sostenibilidad financiera, por lo que insistió en la necesidad de una articulación entre todos los actores, con el paciente como eje central de las decisiones.La organización también manifestó que acompañará al nuevo Gobierno de manera institucional, independiente y constructiva. Explicó que respaldará las decisiones que considere acertadas, advertirá sobre los riesgos cuando sea necesario y pondrá a disposición del Ejecutivo la experiencia técnica de los sectores que representa para contribuir a la formulación de soluciones.Finalmente, Aliadas sostuvo que cooperar con el Gobierno no implica renunciar al debate ni a la crítica responsable, sino orientar esas diferencias hacia un objetivo común: recuperar la confianza de los colombianos, generar bienestar y promover el progreso del país.
Cada vez que ocurre un movimiento telúrico en Colombia, una de las primeras preguntas que surge es qué tan fuerte fue el sismo. El dato suele aparecer rápidamente en los boletines del Servicio Geológico Colombiano (SGC), acompañado de información como la hora, el epicentro y la profundidad.Sin embargo, existe una confusión frecuente al hablar de este dato: decir que un sismo tuvo “5.1 grados en la escala de Richter”. De acuerdo con el SGC, esta forma de referirse a los movimientos telúricos no es técnicamente correcta.Actualmente, lo apropiado es hablar de un sismo de magnitud 5.1, por ejemplo. Esto se debe a que los “grados” son una unidad utilizada para medir, entre otras cosas, la temperatura, mientras que la magnitud de un sismo está relacionada con la energía liberada en el lugar donde se origina.Pero ¿cómo se obtiene ese número que aparece en los reportes del SGC?Cuando ocurre un movimiento telúrico, los sismógrafos instalados en diferentes puntos del país registran los movimientos del terreno. Estos instrumentos permiten captar las ondas sísmicas generadas por el evento y representarlas en un gráfico conocido como sismograma.A partir de esos registros, los especialistas analizan las características del movimiento y utilizan diferentes métodos para calcular su magnitud.El SGC explica que existen varias herramientas para realizar esta medición. Entre las principales están la magnitud local (ML), conocida popularmente como escala de Richter, y la magnitud de momento (Mw).La primera permite obtener rápidamente una estimación de la magnitud y suele aparecer en los boletines preliminares de los eventos sísmicos.¿Qué es la escala de Richter?La magnitud local, o ML, calcula el tamaño de un sismo a partir de las primeras ondas registradas en el sismograma y de la amplitud del pico más grande observado en ese registro.Este método resulta especialmente útil para determinar la magnitud de sismos pequeños, particularmente aquellos inferiores a aproximadamente 6.5. Sin embargo, cuando se presentan movimientos de mayor tamaño, esta escala puede saturarse y dejar de ofrecer una medición tan precisa.Por esta razón, el número que aparece inicialmente en un boletín puede ser ajustado posteriormente, luego de que los expertos analizan con mayor detalle toda la información disponible.¿Por qué el SGC utiliza la magnitud de momento?Para los análisis más detallados, especialmente en eventos de magnitud superior a 4, los expertos del SGC utilizan principalmente la magnitud de momento (Mw).Esta es actualmente una de las escalas más utilizadas por los sismólogos debido a su precisión y a que permite comparar sismos a nivel mundial.A diferencia de la magnitud local, la magnitud de momento tiene en cuenta toda la información disponible en los sismogramas, desde el comienzo hasta el final del movimiento. Con estos datos y mediante métodos matemáticos, los especialistas pueden determinar el denominado momento sísmico.Este concepto permite conocer características fundamentales de la ruptura, como el tamaño del área de la falla que se rompió y el desplazamiento que se produjo durante el evento. Con esa información es posible establecer de manera más precisa la energía liberada en el lugar donde se originó el sismo.Esta herramienta resulta especialmente importante cuando se trata de terremotos de gran magnitud, en los que la escala de Richter puede presentar limitaciones.¿Por qué cambia la magnitud de un sismo en los reportes?Es posible que después de un temblor los primeros reportes del SGC indiquen una magnitud y, minutos u horas más tarde, esa cifra sea modificada.Esto no significa necesariamente que el sismo haya cambiado. Lo que cambia es el análisis de los datos disponibles.Los boletines preliminares se elaboran rápidamente con la información que comienzan a entregar las estaciones sismológicas. Posteriormente, los especialistas cuentan con más registros y pueden realizar un análisis más completo, por lo que la magnitud, la profundidad o la ubicación del epicentro pueden ser precisadas.Así ocurrió, por ejemplo, con el sismo de magnitud 5.1 registrado este miércoles 26 de agosto en Santander. El primer reporte entregó unos datos preliminares que posteriormente fueron precisados por el SGC.En conclusión, tanto la magnitud local como la magnitud de momento son herramientas útiles para estudiar los movimientos telúricos. La elección del método depende, entre otros factores, del tamaño del evento y de los criterios técnicos que los expertos consideren necesarios para obtener la medición más precisa posible.Por eso, la próxima vez que se reporte un sismo, lo correcto será hablar de magnitud y no de “grados”. Y si la cifra cambia entre el reporte preliminar y el boletín actualizado, se debe a que los científicos continúan analizando los registros para establecer con mayor precisión las características del movimiento.
El presidente Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso ante la nueva cúpula militar. En una primera medida, dijo que los iba a respaldar si se presentaba algún caso de montaje contra ellos, pero también pidió resultados.En el mismo sentido, aseguró que ningún funcionario de su gobierno tiene autorización para adelantar conversaciones o negociaciones con grupos armados.“En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan a punta de pistola y dinamita”, advirtió De La Espriella. Por otro lado, aseguró que desde las cárceles se siguen cometiendo delitos y por eso le pidió al INPEC retomar el control.“Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia. El INPEC tiene la instrucción precisa de recuperar el mando de las cárceles, el director de INPEC me tiene que dar resultados”, dijo el presidente De La Espriella.El mensaje también fue para quienes estén pensando en bloquear vías.“No me asustan las amenazas, ni me amedrentan las advertencias. Que los terroristas no se atrevan a hacer bloqueos, ni a poner en marcha acciones coordinadas para desestabilizar a la república. La fuerza pública, por orden de su comandante en jefe, los va a enfrentar sin descanso para neutralizarlos o capturarlos y llevarlos ante la justicia”, agregó el presidente.
Antioquia se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los departamentos más turísticos de Colombia. Por ejemplo, Medellín en 2025 recibió más de dos millones de visitantes, advirtiendo que el 58% de esta cifra corresponde a extranjeros.Al mismo tiempo, en la región se ha fortalecido la lucha por controlar la entrada de migrantes, a tal punto que el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro, con 200 deportaciones, es el sexto del país con más trámites de este tipo en los últimos cuatro años.En el departamento la mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, con un total de 396 mil 335 personas. De esta cifra, 290 mil 928 venezolanos están regularizados, otros 39 mil 400 están en proceso y más de 66 mil no han hecho esta diligencia.Por eso, ante el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella frente a posibles deportaciones, venezolanos en la ciudad insisten en que cada caso se evalúe de manera independiente y con todas las garantías. Yajaira Goita es líder de esta población en Medellín."Cada caso debe ser evaluado individualmente, porque los venezolanos que están ahorita aquí de manera irregular, no es porque quieren, es que no se le dio continuidad a un decreto que hizo el presidente Duque de otorgarnos un permiso de trabajo y el presidente Petro no le dio continuidad", sostuvo.La mayoría de los migrantes en Antioquia y Medellín tiene entre los 18 y los 29 años de edad, convirtiéndose en un factor fundamental para la permanencia en los territorios, dada su etapa productiva.
Después de más de un mes de espera, el cuerpo de Johan Sebastián Durán Guerrero regresó a Bucaramanga, la ciudad donde nació y creció, para que sus familiares y amigos puedan darle el último adiós.El joven será velado en la Funeraria San Pedro, en Bucaramanga, y posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio Tierra Santa, donde se realizará el sepelio.La llegada del cuerpo marca el cierre de una larga espera para la familia Durán Guerrero, que durante las últimas semanas adelantó gestiones para lograr la repatriación del joven, mientras sus padres viajaron a Estados Unidos para exigir respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián murió el 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, después de recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El caso provocó indignación en esa ciudad y posteriormente generó pronunciamientos de autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en 2023 en busca de oportunidades para sacar adelante a su familia. Vivía en Biddeford junto con su esposa, Karolina Rojas, y su hija de tres años. Sus familiares y compañeros de trabajo lo describieron como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con proyectos para el futuro.En Estados Unidos contaba con autorización para trabajar y, según información de su familia y organizaciones de apoyo a migrantes, tenía número de Seguro Social y adelantaba trámites relacionados con su permanencia en ese país. Trabajaba en labores de limpieza y también realizaba entregas para sostener a su familia.La muerte de Johan Sebastián ocurrió cuando agentes de ICE realizaban un operativo en Biddeford. La versión entregada inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional señala que los funcionarios buscaban a otra persona y que Durán Guerrero habría intentado escapar en un vehículo, situación que, según las autoridades estadounidenses, llevó al agente a disparar al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.Sin embargo, con el paso de las semanas han surgido nuevos elementos alrededor del caso. En una audiencia realizada en Maine, la congresista Chellie Pingree señaló que el objetivo de la operación habría sido el compañero de vivienda de Johan, quien era propietario del vehículo que conducía el colombiano. También afirmó que Durán Guerrero no tenía una orden final de deportación y que contaba con un permiso de trabajo mientras adelantaba un proceso de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional mantiene su versión y asegura que la operación estaba dirigida contra una persona con una orden final de expulsión.La investigación sobre el uso de la fuerza por parte del agente continúa en manos de la Fiscalía General de Maine. El funcionario involucrado fue puesto inicialmente en licencia administrativa mientras avanzaban las pesquisas.Para la familia de Johan, la llegada de sus restos representa finalmente la posibilidad de despedirlo en su tierra natal, pero también mantiene vivo el reclamo de justicia y de esclarecimiento de lo ocurrido aquella mañana en Biddeford.En Bucaramanga, el recuerdo del joven ya había congregado a familiares, amigos y vecinos del barrio La Victoria, donde creció. Allí se realizó una velatón pocos días después de su muerte, con oraciones, velas blancas y mensajes en los que se reclamaba que su caso no quedara en el olvido.Ahora, sus seres queridos podrán acompañar a Johan Sebastián en su último recorrido por Bucaramanga, la ciudad a la que regresó después de haber partido en busca de un futuro mejor y donde finalmente descansará.
Hoy se cumplen diez años de la Ley 1804 de 2016, conocida como la Ley de Cero a Siempre, que convirtió en política de Estado el desarrollo integral de la primera infancia y reconoció a las niñas y los niños, desde la gestación hasta los seis años, como sujetos de derechos prevalentes. La norma estableció la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y las familias para garantizar su acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y participación.Una década después, aunque el país cuenta con un marco normativo sólido y registra avances en la consolidación de la atención integral, persiste uno de los principales desafíos que motivaron la creación de esta política: cerrar las brechas y garantizar que los derechos de la primera infancia se cumplan sin importar el territorio donde viven. De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta un avance cercano al 88 % en la meta de atender integralmente a 1,9 millones de niñas y niños. Sin embargo, para Red PaPaz, esta cifra debe analizarse frente al universo total de población en primera infancia: alrededor de 4,34 millones de niñas y niños entre cero y cinco años.Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, explicó a Blu Radio que la diferencia evidencia el tamaño del reto. Según señaló, la meta institucional no alcanza a cubrir a la totalidad de los niños que requieren servicios integrales de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección.La preocupación aumenta cuando se revisa la situación por territorios. Las mayores brechas permanecen en zonas rurales dispersas, comunidades étnicas y regiones afectadas por el conflicto armado, donde las dificultades para garantizar una atención integral siguen siendo mayores. A esto se suma el reto de fortalecer el acompañamiento a los municipios para mejorar la gestión territorial de la política.Piñeros insistió en que hablar de atención integral implica mucho más que garantizar el acceso a la educación inicial. La salud, la vacunación, la nutrición, el cuidado y la protección hacen parte de un mismo conjunto de derechos que resultan determinantes durante los primeros años de vida. El reciente terremoto también puso sobre la mesa nuevas dificultades. La directora de Red PaPaz advirtió que al menos 78 centros de desarrollo infantil resultaron afectados en medio de la emergencia, lo que representa un nuevo desafío para garantizar la continuidad de la atención de los niños en las zonas impactadas, particularmente en departamentos como Chocó.Para la organización, el aniversario de la Ley de Cero a Siempre debe convertirse en un punto de inflexión para el país y para el nuevo Gobierno. La petición es que durante los próximos cuatro años se fortalezcan las acciones de seguimiento, la inversión y, especialmente, la mirada territorial para evitar que los derechos establecidos en la ley se queden únicamente en el papel.Otro de los llamados está relacionado con la financiación. Red PaPaz plantea que Colombia debería avanzar hacia una inversión equivalente, como mínimo, al 1,16 % del Producto Interno Bruto en primera infancia. Piñeros recordó que el Gobierno anterior destinó alrededor del 0,84 % del PIB a este sector y señaló que todavía no se conocen los datos definitivos de ejecución.La discusión cobra mayor relevancia porque, según Red PaPaz, la primera infancia representa una de las inversiones sociales con mayor impacto a largo plazo. Una adecuada atención durante los primeros años puede contribuir a reducir enfermedades, fortalecer el desarrollo y mejorar las capacidades de aprendizaje y bienestar de las nuevas generaciones.A diez años de la Ley de Cero a Siempre, el desafío para Colombia ya no es únicamente mantener una política de Estado para la primera infancia, sino lograr que sus beneficios lleguen efectivamente a todos los niños y niñas, especialmente a quienes viven en los territorios donde las brechas siguen siendo más profundas.
