El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para consulta pública un proyecto de resolución con el que busca integrar la entrega de medicamentos y otras tecnologías en salud a la Historia Clínica Electrónica interoperable en Colombia.La iniciativa hace parte de una estrategia de transformación digital del sistema de salud y busca consolidar, en un solo entorno, la información relacionada con la atención de los pacientes, incluyendo la prescripción médica, el direccionamiento, la programación y la entrega efectiva de medicamentos y tecnologías en salud.Según explicó el Ministerio, inicialmente el modelo comenzará a operar con medicamentos y, posteriormente, se ampliará a otras tecnologías médicas.Además, el proyecto adiciona nuevas disposiciones a la Resolución 1888 de 2025, incorporando el llamado Resumen Digital de Atención (RDA) de dispensación de medicamentos, una herramienta que permitirá integrar esta información a la Historia Clínica Electrónica Interoperable.Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fortalecer la trazabilidad y transparencia de la información sobre los tratamientos que reciben los usuarios del sistema de salud. Con este modelo, las autoridades podrán hacer seguimiento al ciclo completo de atención, desde que un profesional formula un medicamento hasta el momento en que el paciente lo recibe.Además, la entidad aseguró que el sistema permitirá reducir cargas administrativas para médicos y personal de salud, evitando registros repetidos y facilitando la toma de decisiones clínicas durante las consultas.La cartera también señaló que esta medida responde a órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual exige avanzar hacia un sistema unificado e interoperable de información en salud.El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que la implementación será gradual y contará con acompañamiento técnico a EPS, IPS y gestores farmacéuticos para evitar afectaciones en la prestación de los servicios y garantizar la continuidad en la entrega de tratamientos a los pacientes.Es importante destacar que la propuesta permanecerá en consulta pública mientras se adelanta el proceso de revisión técnica y participación ciudadana antes de su expedición definitiva.
La Superintendencia Nacional de Salud solicitó información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años reportada como desaparecida luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.Según el comunicado de la Superintendencia de Salud, el requerimiento busca establecer cuáles han sido las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente al establecimiento donde presuntamente fue realizado el procedimiento. Además, anunció que se hará una mesa técnica nacional junto al Ministerio de Salud, secretarías territoriales, asociaciones científicas y otras autoridades competentes para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y fortalecer acciones de protección a la ciudadanía.La Superintendencia de Salud hizo también hizo un llamado a intensificar las labores de búsqueda activa, verificación, seguimiento, inspección y control sobre establecimientos que no estén habilitados como prestadores de servicios de salud y que, aun así, ofrecen este tipo de procedimientos.Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, informó, en medio de la petición de la Superintendencia de Salud, haber recibido 282 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en servicios estéticos entre enero de 2025 y mayo de 2026. Según la entidad, 194 de esos casos corresponden a sitios clandestinos o no habilitados.La Secretaría detalló además que 58 denuncias involucran Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 corresponden a prestadores independientes y 7 a establecimientos cuya actividad no está relacionada con la prestación de servicios de salud.Las autoridades distritales advirtieron que varios pacientes han llegado a servicios de urgencias con complicaciones graves como infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.También señalaron que durante los operativos de inspección han identificado y cerrado quirófanos clandestinos que funcionaban en casas y apartamentos sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.Como parte de las acciones de control, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que las instituciones estén habilitadas y que los profesionales se encuentren registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS antes de realizarse cualquier procedimiento médico-estético invasivo.
Representantes de pacientes, gestores farmacéuticos e IPS expresaron preocupación por la implementación del aplicativo MIPRES, prevista para junio, a través del cual se realizará la formulación de tecnologías en salud en el país.Néstor Álvarez, vocero de Paciente alto costo, aseguró que durante reuniones adelantadas con algunos gestores farmacéuticos y prestadores de salud se evidenció la falta de espacios de diálogo con el Ministerio de Salud para resolver dudas sobre la puesta en marcha del sistema.Según explicó, las entidades consideran que no existen condiciones claras para iniciar la operación del proyecto y plantean que antes deberían realizarse pruebas piloto, las cuales, afirman, no se han desarrollado conforme a la planeación anunciada por el Gobierno.Entre las inquietudes expuestas también se encuentra la falta de comunicación con Nueva EPS para definir cómo será la implementación del aplicativo y cuáles serán los mecanismos de facturación. De igual manera, persisten dudas sobre si será necesaria documentación adicional para radicar cuentas o si el sistema actual será suficiente para ese proceso.Otro de los puntos planteados tiene que ver con la capacidad tecnológica de la plataforma para atender la demanda de usuarios en todo el país una vez entre en funcionamiento.Ante este panorama, representantes de pacientes hicieron un llamado al Ministerio de Salud para instalar una mesa de trabajo urgente en la que participen EPS, IPS, gestores farmacéuticos y organizaciones de usuarios, con el propósito de resolver las inquietudes relacionadas con la implementación del aplicativo MIPRES.
El Ministerio de Salud expidió una nueva circular con instrucciones dirigidas a las EPS, gestores farmacéuticos, prestadores de servicios y entidades de vigilancia, con el propósito de garantizar el suministro oportuno de medicamentos y proteger el derecho fundamental a la salud de los pacientes en Colombia.El documento, fechado el 11 de mayo de 2026, establece lineamientos para las entidades del sistema de salud, incluyendo aquellas intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, ante las constantes quejas por demoras, entregas incompletas y barreras en el acceso a tratamientos médicos.Entre las principales medidas, el Ministerio reiteró que las EPS deben garantizar la entrega completa e inmediata de medicamentos y, en caso de presentarse pendientes, coordinar la entrega domiciliaria en un plazo máximo de 48 horas. Además, ordenó que las entidades cuenten con más de un gestor farmacéutico para evitar afectaciones por problemas de abastecimiento o incumplimientos en la dispensación.La circular también establece que, si después de las 48 horas reglamentarias no se realiza la entrega, los pacientes podrán reclamar sus medicamentos a través de una red alterna de gestores o instituciones prestadoras de salud.Asimismo, el Gobierno exigió a las EPS mantener actualizada la información sobre entrega de medicamentos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo, y reportar oportunamente casos de escasez o desabastecimiento al Ministerio de Salud y al Invima.El documento advierte además que las EPS no podrán utilizar trámites administrativos, auditorías o glosas como mecanismos para retrasar pagos a gestores farmacéuticos y prestadores de servicios, y deberán garantizar un flujo oportuno de recursos para evitar afectaciones en la atención de los usuarios.Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud deberá reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control frente a las entidades que incumplan con la entrega de medicamentos, especialmente en casos relacionados con menores de edad, pacientes crónicos y poblaciones especiales. La entidad también podrá imponer sanciones y trasladar hallazgos a la Fiscalía General de la Nación cuando identifique posibles irregularidades.
En medio de la crisis financiera que golpea al sistema de salud, el Gobierno nacional actualizó el listado de los servicios que dejarán de financiarse desde 2026. La decisión quedó consignada en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud y empezó a generar preocupación entre los pacientes que dependen de la cobertura de las EPS.El documento reúne más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y redefine qué medicamentos, procedimientos y tratamientos ya no serán entregados de manera gratuita por las entidades promotoras de salud.EPS dejarán de entregar estos medicamentosEntre los cambios que más peso han tenido está el retiro de varios medicamentos de uso frecuente. Uno de ellos es el minoxidil, usado comúnmente para tratar la caída del cabello. Adicionalmente, en la lista también aparece la diacereína, formulada en algunos tratamientos para la osteoartritis y molestias articulares.La resolución también mantiene restricciones sobre otros fármacos que solamente podrán autorizarse bajo condiciones clínicas muy puntuales. Allí aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, algunos usos del diazepam y tratamientos con erlotinib cuando no exista una mutación específica confirmada por diagnóstico médico.La lógica, según el Ministerio de Salud, es enfocar los recursos en terapias prioritarias, tecnologías con respaldo científico y tratamientos considerados esenciales para preservar la vida o controlar enfermedades de alto impacto.Tratamientos que dejarán de ser financiados por las EPSLa actualización también toca procedimientos que durante años han generado debate dentro del sistema. Las EPS no seguirán cubriendo intervenciones con fines exclusivamente estéticos o cosméticos, salvo que exista una necesidad médica comprobada.Dentro de ese grupo quedaron procedimientos como la liposucción, la rinoplastia estética, el lifting facial, la mamoplastia de aumento, la gluteoplastia, la bichectomía y el rejuvenecimiento vaginal.También quedaron por fuera tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, servicios cuya financiación pública ya venía siendo motivo de discusión desde hace varios años.A eso se suma la exclusión de terapias alternativas sin suficiente evidencia científica. La lista incluye prácticas como la ozonoterapia, la aromaterapia, la delfinoterapia y la psicomagia.Crisis de salud preocupa por nuevas exclusionesLa medida llega en un momento que golpea a clínicas, hospitales y usuarios. Varias instituciones médicas en Bogotá y otras regiones han advertido reducciones de servicios por problemas de liquidez.Uno de los casos más delicados es el de la Clínica Juan N. Corpas, que confirmó operar con tan solo cuatro camas de UCI disponibles tras la salida de parte de su personal especializado.Al mismo tiempo, la Clínica Medical ha suspendido algunos servicios especializados y cerrado varias sedes.
La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud también está golpeando a médicos, enfermeras y demás profesionales del sector, quienes denuncian retrasos en sus salarios, falta de pagos a seguridad social y dificultades para trabajar por la escasez de insumos básicos en varias instituciones del país.Una de las voces que alertó sobre esta situación es la de Ana Marcela Corredor, pediatra que trabajó hasta febrero de este año en la Clínica Corpas y actualmente ejerce en la Clínica Chía. Según relató, los retrasos salariales comenzaron desde marzo y abril del año pasado.“Desde diciembre del año pasado no recibo un peso de salario”, afirmó la especialista, quien además aseguró que en la institución dejaron de realizar pagos de salud, pensión y ARL, situación que incluso les impedía acceder al sistema de salud como trabajadores.La médica explicó que las dificultades económicas han afectado no solo el ejercicio profesional sino también la vida personal de quienes dependen de esos ingresos. “Uno tiene hijos, créditos, servicios, colegios. La vida está organizada alrededor de un salario y de un momento a otro uno se queda sin ingresos”, señaló.De acuerdo con su testimonio, gran parte del personal médico trabaja bajo contratos por prestación de servicios o salarios integrales, esquemas que, según dijo, dejan menos garantías laborales. Las instituciones, asegura, argumentan que las EPS no están girando los recursos correspondientes por los servicios prestados.Corredor también denunció problemas en las condiciones de atención dentro de algunos centros médicos. Según explicó, hubo momentos en los que el personal debía atender pacientes con escasez de elementos básicos. “Las terapeutas respiratorias tenían que atender con un solo par de guantes y enfermería tenía pocos insumos”, indicó.La situación también se repite en regiones apartadas del país. En Leticia, trabajadores del Hospital San Rafael que está actualmente intervenido por el Gobierno, denunciaron retrasos salariales de hasta tres meses para algunos especialistas y alertaron sobre la falta de recursos para atender emergencias en el único centro hospitalario del departamento.Gisney, enfermera del área de UCI del hospital, aseguró que el personal lleva semanas reclamando el pago de sus salarios sin obtener respuestas concretas. “Nos dicen que no hay recursos, que las EPS no pagan y que el Ministerio de Salud no gira el dinero”, afirmó.La profesional explicó que muchos trabajadores no son del Amazonas y deben asumir altos costos de arriendo, alimentación y transporte en una de las regiones más apartadas del país. “Nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo a los pacientes, pero también necesitamos que nos paguen”, manifestó.Los trabajadores del Hospital San Rafael también denunciaron escasez de insumos médicos y dificultades para realizar procedimientos básicos. Según indicaron, en ocasiones no cuentan con laboratorios especializados, gases arteriales o disponibilidad suficiente de sangre para pacientes críticos.El Hospital San Rafael de Leticia se encuentra intervenido por el Gobierno nacional. Sin embargo, los trabajadores aseguran que la intervención no ha solucionado los problemas financieros ni las demoras en los pagos.Las denuncias se conocen en medio de las alertas que han emitido diferentes gremios médicos y hospitales del país sobre la crisis financiera del sistema de salud y las dificultades para garantizar la prestación de servicios a los pacientes.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales reforzar la atención en salud a pacientes migrantes con enfermedades graves como el cáncer aún y cuando estén en condición irregular.Está decisión del alto tribunal se da tras estudiar el caso de una mujer migrante de 42 años que no recibió atención especializada para confirmar y tratar un presunto cáncer de cuello uterino.Según la Corte Constitucional, la mujer acudió en dos oportunidades al Hospital Regional de la Orinoquía tras presentar síntomas y hallazgos clínicos compatibles con una lesión sospechosa de cáncer. Aunque varios médicos ordenaron exámenes diagnósticos prioritarios y seguimiento especializado, los procedimientos no fueron autorizados debido a su condición migratoria irregular.La Corte determinó que las personas migrantes, incluso en condición irregular, cuentan con una protección constitucional reforzada cuando enfrentan enfermedades graves o catastróficas. En ese sentido, explicó que la atención médica no puede limitarse únicamente a estabilizar una urgencia, sino que debe garantizar diagnósticos oportunos, continuidad en el tratamiento y acceso efectivo a los servicios requeridos.El fallo también advirtió que las mujeres migrantes enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos el desarraigo, la falta de ingresos, la ausencia de redes de apoyo y las barreras de acceso a servicios básicos, condiciones que se agravan cuando existe sospecha o diagnóstico de cáncer.Además, la Corte Constitucional identificó una serie de fallas estructurales en la articulación del sistema de salud frente a la atención de población migrante, señalando barreras administrativas, falta de coordinación institucional y ausencia de rutas claras para enfermedades catastróficas.
Después de nueve días hospitalizado en la Clínica Porvenir del municipio de Soledad, Michael Meléndez Garizábalo no soportó más la espera y falleció sin que pudiera ser atendido en un centro de mayor nivel, debido a inconvenientes con su EPS que impidieron su traslado a tiempo, a pesar de que debía ser valorado por un neurocirujano y requería ser intervenido con urgencia tras sufrir una hemorragia cerebral.Este joven, de 24 años, padecía una insuficiencia renal crónica y hace tres meses, en busca de un mejor servicio de salud, había solicitado un cambio de afiliación de la Nueva EPS a Mutual Ser, pero terminó en un limbo administrativo en el que, según denuncia su hermana Michelis, ninguna de las dos entidades respondió a tiempo por su traslado a un centro de mayor nivel, pues la orden de remisión apenas llegó este martes, cuando él ya había fallecido."Cuando ya falleció es que salió la remisión para el traslado. Demasiado tarde. ¿Por qué cuando lo solicitamos no se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que esperar a que él se muriera para definir el traslado?", cuestiona.Su padre, Dency Meléndez, cuenta que las autoridades de salud y el Gobierno también desatendieron a su hijo, pese a los múltiples llamados que hicieron clamando ayuda. Denuncia que hasta la Superintendencia de Salud los contactó para hacerle seguimiento al caso de Michael, cuando ya estaban velando su cuerpo."Estuvimos diez días pidiendo ayuda, pidiendo que nos ayudara a cualquier entidad, cualquier clínica, un alcalde, un gobernador, el mismo Petro, pero no apareció nadie. Ya el caso está perdido, pero arriba está que hace justicia", manifiesta Meléndez.Y justicia también buscarán en la tierra, pues su hermana advierte que interpondrán una demanda para, por lo menos, sentar un precedente y evitar más muertes como estas."Sí, vamos a interponer una demanda contra la Nueva PS y la clínica. Aunque esto no nos lo va a devolver, sí lo vamos a hacer", advierte Michelis."Verdaderamente tiene que cambiar la salud aquí, porque hoy se fue mi hermano, pero mañana puede ser cualquiera. Y la verdad es que esta salud es un desastre total. Tienen un juego y con la vida del ser humano no se juega, por favor", clama.Al respecto la Nueva EPS, a la que estuvo afiliado Michael, aseguró que el paciente fue presentado a toda la red hospitalaria del Atlántico y a nivel nacional, pero no se confirmó disponibilidad desde ninguna institución que pudiera recibirlo.
Una grave crisis de salud pública atraviesa la comunidad indígena U’wa en el sector de Aguablanca, Cerrito (Santander), tras confirmarse un brote de tosferina que ya ha cobrado la vida de un menor de edad.Ernestina Mina, representante legal de la Institución Prestadora de Salud (IPS) indígena local, denunció en Mañanas Blu que la tragedia está ligada a negligencias administrativas y a la falta de servicios básicos en el territorio. Un traslado administrativo sin notificaciónLa situación se agravó desde febrero, cuando la Nueva EPS desvinculó a la población de su prestador habitual para enviarla a la red de salud del departamento de Boyacá. Según Mina, este cambio se realizó de manera inconsulta: “Se acabó en febrero porque ni nosotros fuimos notificados ni la comunidad de que se iba a hacer un traslado masivo”. Este movimiento administrativo obligó a los pacientes a desplazarse hacia Cubará, un trayecto que implica retos geográficos extremos. “Enviamos a los usuarios a un lugar donde duran un día atravesando caminos, es más difícil el acceso a llegar al municipio de Cubará, Boyacá”, explicó la representante.El "paseo de la muerte" del menorEl caso más crítico fue el de un niño localizado el 25 de marzo en el sector de Aguascalientes por un agente comunitario. El menor, que ya presentaba un cuadro grave, tuvo que ser trasladado por tres departamentos antes de fallecer. Mina relató el penoso recorrido: “Cubará recibe, pues ya el niño venía con un trabajo ancestral, el niño venía grave. Cubará solicita el traslado para el siguiente prestador que es más cercano es Saravena en Arauca, donde el niño fallece”. Hasta febrero, antes de la pérdida del contrato, la IPS indígena tenía detectados seis casos posibles de tosferina, de los cuales tres habían sido confirmados positivamente. Barreras culturalesA la crisis administrativa se suma el reto de la "salud propia" o medicina intercultural. Aunque existe la vacuna DPT (difteria, tétanos y tosferina), su aplicación en el resguardo es voluntaria y muchos padres optan por métodos tradicionales. “No es que ellos se nieguen, hay una interculturalidad o una salud propia... este tema de la vacunación es más bien como convicción de la persona”, señaló Mina, aclarando que la familia del menor fallecido era "muy cultural" y no asistió a las campañas de vacunación. Escuche aquí la entrevista:
Este pronunciamiento de la Corte Constitucional a la cartera de Salud se da tras el estudio de una tutela presentada a favor de un niño a quien no se le practicó el tamizaje endocrino metabólico al momento de su nacimiento, pese a tratarse de un examen obligatorio.El procedimiento fue negado por un médico bajo el argumento de que no estaba cubierto por el plan de beneficios y que “no servía”, lo que llevó a la madre a interponer una queja y luego acudir ante la Corte Constitucional por la falta de respuesta de la EPS.Señaló el alto tribunal que la implementación del tamizaje neonatal aún presenta fallas que afectan la detección temprana de enfermedades en recién nacidos.La orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud es que deberá diseñar un mecanismo verificable de seguimiento que incluya indicadores claros de cobertura, calidad y oportunidad, así como metas anuales e informes públicos que permitan medir su implementación por regiones y regímenes de afiliación.Incluso, el llamado de atención también va encaminado a que existan nuevas estrategias de divulgación para que las EPS comprendan que este examen es obligatorio, universal, preventivo y debe realizarse automáticamente al momento del nacimiento, sin depender de síntomas ni interpretaciones contractuales.En su fallo de tutela, la Corte Constitucional dispuso que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, acelere la implementación del programa para lograr el 100 % de cobertura y operatividad del tamizaje neonatal básico a más tardar en 2027.
Tras ser imputado este miércoles en EE.UU. por la muerte de cuatro aviadores en 1996 el expresidente cubano Raúl Castro pasa a formar parte de la lista de mandatarios y exjefes de Estado latinoamericanos enjuiciados por la nación norteamericana.Castro se une así a su estrecho aliado, el ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.La avanzada edad del nonagenario líder es uno de los argumentos que esgrimen los analistas al considerar poco probable que el hermano menor de Fidel Castro corra la misma suerte que Maduro y sea extraditado a EE.UU., que ha recrudecido la presión sobre La Habana para forzar cambios en el Gobierno.Manuel Noriega, capturado tras un asedio de once díasA fines de diciembre de 1989, Estados Unidos intervino en Panamá con la operación militar Causa Justa para derrocar a Manuel Noriega, que si bien nunca ocupó de manera formal la presidencia panameña, actuaba entonces como líder de facto del país.Noriega, acusado de narcotráfico por Washington, logró escapar y eludir a las fuerzas estadounidenses hasta refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, donde resistió un cerco de once días hasta que se entregó, el 3 de enero de 1990.Fue trasladado a Florida y formalmente detenido por agentes de la Agencia Antidrogas. En 1992, un jurado lo declaró culpable y fue condenado a 40 años, de los que sirvió 20 en una prisión de EE.UU.Alfonso Portillo, entregado por su propio país a EE.UU.El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004), se convirtió en 2013 en el primer exmandatario latinoamericano en ser extraditado por el Gobierno de su propio país a Estados Unidos, donde fue imputado por lavado de dinero, el cual había sido canalizado a través de bancos estadounidenses.En marzo de 2014, se declaró culpable de haber recibido 2,5 millones de dólares en sobornos de Taiwán, que buscaba que Portillo mantuviera el reconocimiento diplomático de su país a la isla autónoma. Dos meses después fue sentenciado en Nueva York a 5 años y 10 meses de prisión.Rafael Callejas, involucrado en el FifagateEl expresidente de Honduras (1990-1994) y exdirector de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de ese país, Rafael Callejas, se entregó de manera voluntaria a las autoridades de EE.UU. en 2015 por su implicación en el masivo escándalo de corrupción de la FIFA, acusado de aceptar sobornos millonarios.Callejas se declaró culpable en 2016 ante un tribunal federal de Nueva York, que lo condenó en 2020 a tiempo cumplido, teniendo en cuenta el período de detención preventiva y su delicado estado de salud.Juan Orlando Hernández, indultado por Donald TrumpHernández, que sirvió dos mandatos como jefe de Estado de Honduras (2014-2022), fue detenido poco después de dejar el cargo por las autoridades de su país a petición de Washington, bajo acusaciones de conspirar para traficar drogas y armas, al facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.El exmandatario hondureño fue sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión en 2024. En diciembre de 2025, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, le otorgó un indulto total e incondicional a Hernández, que según el republicano, fue objeto de una "cacería de brujas" por parte de la Administración del demócrata Joe Biden.Nicolás Maduro, operación relámpago y memesEn una coincidencia histórica al parecer no planeada, las fuerzas estadounidenses capturaron y depusieron al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado - la misma fecha del apresamiento de Noriega- en una operación militar en Caracas que duró solo 45 minutos, según Trump.Las reacciones sobre el arresto no se hicieron esperar, y casi todos los detalles se hicieron virales en redes, donde se han inmortalizado como memes el conjunto deportivo de la marca Nike que llevaba Maduro en las fotografías compartidas por Washington, así como sus palabras y gestos al llegar a Nueva York, junto a su esposa, Cilia Flores.Ambos aguardan juicio en una prisión federal en Brooklyn, acusados de cargos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.Raúl Castro, acusado de asesinato 30 años despuésEl nonagenario expresidente cubano, Raúl Castro, fue imputado este miércoles en Miami por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización del exilio cubano, Hermanos al Rescate, hace 30 años.Según la Fiscalía estadounidense, el hermano menor de Fidel Castro ordenó el derribo de dos avionetas en su capacidad de ministro de Defensa en 1996, mientras éstas volaban sobre aguas internacionales.
En la edición de Recap del martes 20 de mayo de 2026, Lucas y Valentina presentaron el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo.En este programa estos fueron los temas tratados:La tensión entre EE.UU. y Cuba tras la acusación contra Raúl Castro y una posible intervención estadounidense.Caso de Yulixa Tolosa, asesinada tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá; autoridades capturaron a varios implicados.Temas deportivos como la Copa Libertadores y las novedades del álbum Panini del Mundial 2026.Teresita Aya, quien habló sobre el panorama político entre Cuba y EE. UU.Emily Mendrala, quien explicó la estrategia diplomática de Washington hacia Cuba.Escuche el programa completo acá:
Aunque el mes de las madres suele estar acompañado de flores, reuniones familiares y mensajes de agradecimiento, también ha abierto espacio para reflexionar sobre las responsabilidades que millones de mujeres enfrentan a diario dentro y fuera del hogar, muchas veces sin reconocimiento suficiente.Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE, entre 2025 y 2026 el 90 % de las mujeres en Colombia participó en actividades de trabajo no remunerado, frente al 65,5 % de los hombres. Además, ellas dedicaron en promedio 7 horas y 35 minutos diarios a estas labores, mientras que los hombres destinaron 3 horas y 12 minutos.En ese contexto, Snaau, enfocada en el acceso a suscripciones, membresías digitales, gaming, streaming y software, prepara para mayo una campaña audiovisual centrada en la relación entre una madre y su hija. La producción, concebida como un cortometraje, busca alejarse del formato publicitario tradicional para contar una historia sobre sacrificio, estudio, trabajo y acompañamiento familiar.La narrativa parte de una escena familiar para muchos hogares colombianos: una madre que madruga, trabaja y sostiene a su familia mientras impulsa los sueños de su hija. Más allá de una celebración idealizada, la campaña pretende reconocer ese liderazgo silencioso que ejercen miles de mujeres todos los días, muchas veces en medio de condiciones difíciles.Aunque Snaau ha ganado visibilidad recientemente a través del deporte y el entretenimiento, esta vez el fútbol no será el eje principal de la historia. Según la compañía, cualquier referencia deportiva hará parte del universo emocional del relato, pero el centro estará en el vínculo entre madre e hija y en el camino que recorren juntas.La iniciativa llega además después de la alianza de Snaau con Atlético Nacional Femenino, presentada en 2025 como un respaldo al crecimiento del fútbol femenino y al bienestar integral de las jugadoras. Ese antecedente permite interpretar esta nueva campaña como parte de una apuesta más amplia por visibilizar el papel de las mujeres a través de referentes de la cultura popular, el deporte y las historias familiares.Más allá del componente comercial, el Día de la Madre sigue siendo una de las fechas familiares más importantes en Colombia. En 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 10 de mayo, como es tradición en el país.En medio de la competencia constante por captar la atención del público, Snaau parece apostar por una narrativa distinta: una historia que no comienza en una pantalla ni en una transacción, sino en una escena cotidiana que atraviesa a miles de familias colombianas: la de una madre que, incluso antes del amanecer, ya está trabajando por el futuro de alguien más.
Poco se piensa en el aseo de oficinas. Lo que antes se consideraba un gasto operativo menor, hoy empieza a verse como un elemento directamente relacionado con la productividad y el rendimiento de los trabajadores.Ese es precisamente el dato que pocos conocen. De acuerdo con un estudio de The Association for Cleaning & Facility Solutions, una oficina limpia puede aumentar la productividad de los empleados en más de un 5 %. Aunque el porcentaje parezca pequeño, en compañías con nóminas altas esto puede representar decenas de miles de dólares recuperados al año gracias a una mejora en las horas efectivas de trabajo.La relación entre limpieza y desempeño laboral también quedó evidenciada en una investigación de la Universidad de Florida, que concluyó que en espacios desordenados o sucios la tasa de error en tareas administrativas puede incrementarse hasta en un 10 %. Según el análisis, factores como las distracciones, la fatiga visual y la pérdida de concentración afectan directamente la capacidad de los empleados para desempeñar sus funciones.En medio de este panorama, muchas empresas colombianas enfrentan un nuevo reto: sostener personal interno exclusivamente dedicado al aseo resulta cada vez más costoso. Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, explicó que el incremento de los costos laborales y las obligaciones derivadas de la contratación formal han impulsado a las organizaciones a buscar alternativas más flexibles para cubrir estas labores.Una de las opciones que gana terreno es la contratación de servicios de limpieza por días mediante plataformas especializadas. Según Ortega, este modelo permite a las compañías contratar personal únicamente cuando lo necesitan, reduciendo cargas administrativas y manteniendo continuidad en el servicio. Expertos aseguran que los espacios limpios también influyen en otros indicadores empresariales. Un ambiente organizado ayuda a disminuir el ausentismo laboral, reduce errores administrativos, mejora la satisfacción de los empleados y fortalece la percepción de bienestar dentro de las compañías. Incluso, la imagen que proyecta una oficina limpia puede impactar positivamente la experiencia de clientes y visitantes.En un entorno empresarial cada vez más exigente, las compañías buscan fórmulas que les permitan equilibrar costos, eficiencia y bienestar laboral.
Las comunidades de mineros artesanales que mantienen el bloqueo sobre la vía Cali–Buenaventura anunciaron que continuarán con las manifestaciones, luego de que este martes no se lograran acuerdos durante la mesa de diálogo adelantada con delegados del Gobierno Nacional.Según voceros de las comunidades, a la reunión estaban convocadas 33 personas, a la que solo asistieron seis representantes que, aseguran, no tenían capacidad de decisión frente a las peticiones del gremio minero. Ante esta situación, los manifestantes señalaron que continuarán con el cierre vial en los sectores de Zaragoza y Bendiciones hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno.“No hay una solución frente a ese documento que impediría que los mineros de subsistencia puedan registrarse y desarrollar su actividad dentro del territorio. También está el tema de los operativos y, tercero, las garantías para ejercer la actividad minera y agilizar los procesos de formalización para las comunidades negras bajo un enfoque diferencial, frente a lo cual no hemos tenido respuesta del Gobierno Nacional”, dijo Omaira Hurtado, representante de los mineros de Zaragoza.La situación ya comienza a impactar fuertemente al sector transporte. Desde la Terminal de Transportes de Cali indicaron que más de mil usuarios que diariamente se movilizan hacia Buenaventura no han podido viajar debido al cierre de la vía, mientras empresas transportadoras reportan pérdidas millonarias por la suspensión en la venta de tiquetes.“Por el momento, se han dejado de despachar un promedio de 135 vehículos diarios y cerca de 1.200 personas han dejado de movilizarse hacia este importante corredor vial. La recomendación especial a todos nuestros usuarios es estar atentos a los boletines informativos que se emiten sobre la habilitación de la vía”, expresó Hernán Orbea, gestor operativo de la Terminal de Cali.El bloqueo también genera afectaciones económicas en distintos sectores comerciales y logísticos de la región y del país, teniendo en cuenta que Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Ante este panorama, gremios y empresarios solicitaron acelerar los diálogos que permitan restablecer la movilidad en el corredor vial.“Las pérdidas económicas derivadas del bloqueo sobre la vía Cali–Buenaventura ya oscilan entre los 900 y 1.200 millones de pesos diarios, afectando principalmente al pequeño y mediano comercio de la región. Entre los sectores más golpeados se encuentran estaciones de servicio, restaurantes, hoteles, lavaderos y comerciantes que dependen del tránsito constante de viajeros y vehículos hacia el puerto, y el impacto en el comercio exterior y la poca llegada de turistas”, indicó Javier Ocampo, miembro principal de la Cámara de Comercio de Buenaventura.A estas afectaciones se suma la suspensión del servicio de gas en Buenaventura. A través de un comunicado, la empresa Gases de Occidente informó que, debido al bloqueo de la carretera, los vehículos encargados del transporte de gas natural no han podido llegar al puerto, generando afectaciones en la prestación del servicio.