La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
A 12 días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en el departamento de Caquetá por las denuncias de presunto constreñimiento electoral ejercido por las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'.En diálogo con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de distintos municipios estarían siendo presionadas para orientar su voto hacia un candidato específico, situación que, según afirmó, pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.Según Ruiz, las presiones serían ejercidas principalmente por la estructura armada ‘Jorge Suárez Briceño’, al mando de alias 'Calarcá', cuyos integrantes estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones dirigidas a juntas de acción comunal, donde presuntamente se exige a los habitantes votar por un determinado candidato.“Lo digo sin tapujos en la lengua, están de una manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les están exigiendo que tienen que tomarle foto al voto, que todo aquel que sospeche que no vota por el candidato que ellos le están diciendo, les iban a cobrar una multa de hasta $2.000.000 o que tendría que abandonar la región”, detalló el mandatario.El gobernador señaló que las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.Dichos reportes, reseñan que los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades lo que representa una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a ejercer un voto libre y secreto.Frente a este panorama, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con la participación de autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el mandatario consideró que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y a las dificultades para garantizar presencia institucional efectiva en las áreas rurales.Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial ejercido por estas estructuras continúa afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.
Un bombardeo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’ dejó tres integrantes de esa estructura armada muertos y permitió recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal.La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia utilizado por la organización ilegalEl bombardeo, el número 23 contra esas estructuras, se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.De ese total, 11 eran menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Medicina Legal estableció que se trataba de ocho hombres y tres mujeres con edades entre los 15 y 17 años, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego.De acuerdo con información de inteligencia conocida por el Ministerio de Defensa, varios integrantes de las estructuras enfrentadas han manifestado interés en abandonar las armas y acogerse a la legalidad. Las autoridades sostienen que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por parte de sus propios comandantes para impedir su desvinculación.Por esa razón, las operaciones militares se mantienen en esta zona del departamento del Guaviare con el objetivo de recuperar menores reclutados y facilitar la salida de quienes buscan abandonar estas organizaciones criminales.Al mismo tiempo, la Policía Nacional reportó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Entre los detenidos figura alias “Mona” o “Katherine”, señalada por las autoridades de coordinar actividades contra la Fuerza Pública y gestionar el traslado de menores reclutados desde el Cauca hacia el Guaviare.En el mismo procedimiento también fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las autoridades incautaron material de guerra, incluido un cañón para ametralladora, que presuntamente iba a ser enviado hacia los departamentos de Meta y Guaviare.
Vinícius Júnior, la gran figura de la selección brasileña en la fase de grupos del Mundial 2026, se emocionó al hablar de su abuela Nilza en una entrevista divulgada este domingo en la cadena de televisión Globo."Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa", afirmó el extremo del Real Madrid con la voz entrecortada antes de romper a llorar delante de Luciano Huck, el popular presentador del programa 'Domingão'.Segundos antes, al 7 de la Canarinha le pusieron un video en el que su abuela recordaba su infancia y le deseaba lo mejor para el resto de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá."Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", relató Nilza en el video."Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho", añadió dirigiéndose al atacante.El exjugador del Flamengo dijo, después, con lágrimas, que su abuela "hizo de todo" para sacarlo adelante, a pesar de tener "una casa muy pequeña"."Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño", explicó.Vini, con cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos ante Marruecos (1-1), Haití (3-0) y Escocia (0-3), es el líder de una selección brasileña que ha ido de menos a más en el torneo.El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en Houston en los dieciseisavos de final.
James Rodríguez sigue ampliando su legado con la Selección Colombia. En el empate sin goles frente a Portugal, disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, el volante alcanzó los 11 partidos en Copas del Mundo y se convirtió en el futbolista colombiano con más presencias en la historia del torneo.El capitán de la Tricolor fue titular y permaneció en el terreno de juego durante 76 minutos, hasta ser sustituido por Juan Fernando Quintero. Con este registro, superó a Carlos "el Pibe" Valderrama y Freddy Rincón, quienes habían disputado 10 encuentros mundialistas cada uno.Rodríguez llegó a esta cifra tras jugar cinco partidos en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y los tres compromisos de la fase de grupos del Mundial que organizan Canadá, Estados Unidos y México. El mediocampista aún tiene la posibilidad de ampliar su récord cuando Colombia enfrente a Ghana el próximo 3 de julio, en Kansas City, por los dieciseisavos de final.Tras el compromiso, James destacó el desempeño de la selección colombiana, aunque lamentó la falta de eficacia en ataque."Jugamos un partidazo contra un rival grande. Lo dije en el partido pasado, que contra selecciones que dejan jugar nos sentimos más cómodos. Lamentablemente nos faltó el gol", afirmó.El volante también elogió a Portugal y a sus figuras, encabezadas por Cristiano Ronaldo."Hicimos un gran partido en todas las líneas. Nos enfrentamos a una selección con jugadores de mucha experiencia, con historia y que militan en grandes equipos", señaló.Sobre el próximo desafío ante Ghana, James advirtió que será un rival de alta exigencia por sus características físicas."Ghana es un equipo fuerte, con jugadores de gran físico, muy parecidos a los de República del Congo. Será un partido muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Ahora debemos mantener la calma y preparar ese encuentro de la mejor manera", concluyó.
En un extenso mensaje publicado a través de su cuenta personal en la red social X, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, solicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, autorizar una comisión regional de empalme para evaluar, con objetividad y sin retaliaciones políticas, los alcances de los dos procesos de paz que desde hace dos años se adelantan en el departamento, tras la autorización del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Escobar afirmó que el gobernador de Nariño no coordina la guerra, no traza objetivos militares ni imparte órdenes operacionales a la fuerza pública para favorecer u omitir el accionar de ningún grupo al margen de la ley.Según el mandatario seccional, los diálogos territoriales de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur son los más avanzados del país. Como muestra de ello, destacó la entrega de armas y la concentración de 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera, hecho que se produjo en una zona rural del municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo.El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que las versiones que lo vinculan con decisiones relacionadas con operaciones militares carecen de fundamento y respondió que sus funciones no incluyen coordinar acciones de guerra, definir objetivos militares ni impartir instrucciones a la fuerza pública en favor o en contra de grupos armados ilegales.Explicó que las competencias sobre seguridad, orden público y persecución del delito corresponden exclusivamente a las Fuerzas Militares y la Policía, instituciones con las que, afirmó, ha trabajado de manera articulada desde el inicio de su administración para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que atravesaba el departamento.El mandatario sostuvo que la política de paz territorial impulsada en Nariño busca transformar las condiciones del territorio mediante la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la presencia estatal, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del acceso a servicios básicos.Como resultados de esa estrategia, destacó la reducción de los homicidios en municipios como Tumaco, la entrega y destrucción de material de guerra por parte de grupos que participan en diálogos de paz, el avance en la erradicación voluntaria de más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución de los desplazamientos forzados en el departamento.
La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño puso en duda las cifras sobre la entrega de tierras presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que, aunque los avances son importantes, la cantidad de hectáreas efectivamente entregadas con todas las garantías jurídicas es muy inferior a la anunciada oficialmente.Únicamente 87.000 hectáreas habrían sido entregadas mediante el proceso correspondiente ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), condición que, según explicó, garantiza plenamente el derecho de propiedad de los beneficiarios."Lo entregado por el gobierno Petro es excelente, pero no son todas las hectáreas que dicen", sostuvo la exministra. Las demás tierras entregadas podrían ser objeto de reclamaciones por parte de terceros, debido a que no habrían culminado todos los trámites legales necesarios antes de su adjudicación."Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las ORIP. Esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamientos. Muy injusto con los campesinos", detalló López, quien también advirtió que las cifras divulgadas anteriormente, de 300.000 o 700.000 hectáreas entregadas, no corresponderían a la realidad.Incluso esa cifra de 87.000 hectáreas debería ser verificada con los registros oficiales, razón por la cual expresó su escepticismo: "Perdóneme la desconfianza, pero datos que deberían ser públicos hoy no lo son".El trámite ante las ORIP corresponde a la inscripción de la escritura pública y constituye el único mecanismo que brinda seguridad jurídica frente a posibles reclamaciones de terceros sobre la propiedad de un predio.En contraste, un certificado expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo representa la intención de entregar un predio, pero no equivale al traspaso definitivo de la propiedad si no existe el respectivo registro."La otra persona puede demostrar que esa tierra le pertenece y, si tiene las pruebas, el campesino podría ser desalojado porque no cuenta con el registro en las ORIP", explicó. No obstante, aclaró que ningún desalojo puede realizarse de forma violenta ni sin una decisión sustentada en pruebas legales.De acuerdo con la información disponible, la mayor parte de las tierras registradas parecería haber sido entregada a comunidades indígenas, aunque López Montaño reconoció que esa información requiere confirmación mediante los registros oficiales.Otro de sus cuestionamientos es la utilización del término "gestionar" al presentar los resultados de la política agraria. Anunciar que se gestionaron 2,5 millones de hectáreas no significa que esas tierras hayan sido entregadas, sino que apenas se iniciaron los procesos administrativos para su futura adjudicación. Lo afirmó al recordar que las cifras presentadas por la propia ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, no respaldarían la versión de que se hayan entregado 700.000 hectáreas.También señaló que conoce casos en los que se entregaron predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que previamente hubieran ingresado al Fondo de Tierras mediante su traspaso a nombre de la ANT.En ese sentido, afirmó que la Agencia Nacional de Tierras debe adjudicar predios completamente saneados, adquiridos conforme a los procedimientos legales y libres de conflictos jurídicos.En medio de su explicación, la exministra hizo una distinción entre los procesos de restitución, entrega y formalización de tierras. Explicó que la restitución depende de decisiones judiciales y, por ello, el Acuerdo de Paz no fija metas numéricas en ese aspecto. Sin embargo, advirtió que también existen retrasos en ese proceso.Otro dato revelado por López Montaño es que los jueces habían ordenado la restitución de cerca de 400.000 hectáreas, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solo había materializado la entrega de 191.539 hectáreas, con corte al 31 de diciembre de 2025.
El proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.La captura fue avalada por una juez penal de control de garantías de Bogotá, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que Martinson habría causado la muerte de la mujer el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.El ciudadano británico fue detenido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, después de ser expulsado de Ecuador. Previamente, había sido capturado el viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía y la activación de una notificación roja de Interpol.Según la investigación, Foster Martinson es el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de la localidad de Chapinero, hecho que generó conmoción en la capital del país.Las audiencias concentradas para la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento continuarán el miércoles 1 de julio a las 8:00 de la mañana y se mantendrán bajo reserva. La suspensión fue autorizada por la juez, atendiendo una solicitud presentada por el procesado durante la diligencia judicial.
El jefe de La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia, Roberto Menéndez, durante la entrega de su informe número 40 sobre la situación de paz en Colombia, habló sobre la segunda vuelta presidencial e invito a las candidaturas presidenciales a asegurar un proceso libre y en paz.En medio de este informe reiteró que el diálogo sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país. La misión destacó que, pese a los esfuerzos institucionales y a los distintos procesos de negociación con grupos armados, persisten graves afectaciones contra las comunidades en varias regiones del territorio nacional."En este contexto electoral, la secretaria general insta a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas para garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales en primera vuelta del pasado domingo. La MAPP/OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento del compromiso por el cumplimiento del compromiso por un proceso libre y en paz. El derecho a elegir y ser elegido de manera autónoma constituye una condición esencial para la democracia y la paz”, señaló Menéndez.El jefe de la Misión señaló que, si bien hay avances desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la organización sigue identificando casos de homicidios colectivos, secuestros, extorsiones, confinamientos, desplazamientos y violencia sexual. La preocupación está hoy con el reclutamiento de menores entre los 10 y 17 años por parte de los ilegales.La MAPPOEA también reconoció la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación entre el Gobierno, las comunidades y los diferentes actores involucrados en los procesos de paz, al considerar que estos mecanismos permiten construir soluciones sostenibles y fortalecer la confianza en los territorios.Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“Al período comprendido entre julio y diciembre de 2025. En el período que se reporta, la misión llevó a cabo 967 misiones en terreno, recorrió más de 260000 kilómetros por vía terrestre y más de 3000 kilómetros por vía fluvial, lo que permitió cubrir 272 centros poblados en 169 municipios de 20 departamentos del país”, señaló el jefe de la Misión en Colombia.La MAPP-OEA también advirtió que la violencia continúa impactando especialmente a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, que siguen enfrentando fenómenos como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y restricciones a su movilidad por cuenta de la presencia y disputa de grupos armados ilegales.Según la misión, uno de los principales retos para el país sigue siendo garantizar la protección de la población civil y de los líderes sociales, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto. Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“La experiencia de Colombia es clara, la paz no depende únicamente de los resultados de los procesos de diálogo, sino también de la implementación de políticas públicas capaces de cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos en los territorios más afectados por el conflicto armado”, agregó.Finalmente, la OEA reiteró que la construcción de paz requiere esfuerzos coordinados entre el Estado, las autoridades locales, las comunidades y la cooperación internacional, y aseguró que continuará acompañando los procesos que buscan generar condiciones de seguridad, convivencia y desarrollo en los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano.
La defensora del Pueblo, Iris Marin, publicó un duro pronunciamiento sobre las zonas de ubicación temprotal, que es un mecanismo utilizado que permite la suspensión de captura de integrantes de grupos armados que estén en un avanzado proceso de paz. Sin embargo, este documento, la Defensoría del Pueblo ameritó que, aunque el presidente Gustavo Petro tiene la facultad institucionalidad, no es una facultad absoluta y debe estar sujeta a controles, motivaciones claras y garantías para las victimas."El Gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial, personal, mecanismos efectivos de control y verificación, y solo puede establecerlas en un estado avanzado del proceso de paz. Pero, entonces, ¿qué es un proceso un estado avanzado del proceso de paz? Un proceso de negociación está avanzado cuando ya es viable el desarme, la desmovilización y reintegración a la vida civil de los miembros del grupo", concluyó la defensora.Sin embargo, en el pronunciamiento, la defensora señaló que bajo el modelo paz total, el Gobierno del presidente Petro no solo debe medir la posibilidad de un desarme, sino debe ser clara si exista evidencia clara de un desescalamiento de la violencia en el país en las zonas mas afectadas. Ante esto, la entidad advirtió que, a la fecha, aún no hay una verificación exacta que permita concluir que hay avances en negociaciones con estructuras como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el EMBF.En el documento, a parte de hacer requerimientos al Gobierno, también identificaron cuatro riesgos principales frente a las zonas de ubicación temporal (ZUT) y así mismo de los integrantes que hacen presencia en regiones historicamente afectadas como Tibú, Norte de Santander, o zonas con deterioro reciente de orden público como Mallama, Nariño. El pronunciamiento alerta posibles afectaciones a los derechos humanos de las comunidades raizales asentadas en estas zonas e insiste que debe haber una consulta previa y el gobierno debe priorizar garantías y no simples requisitos formales.Cerrando el requerimiento, la Defensoría la pidió a la nación sustentar todas las decisiones tomadas frente a las ZUT y así mismo medidas para identificar riesgos antes de confirmar los traslados y concentraciones de integrantes de los grupos armados."La Defensoría del Pueblo insta al presidente de la República a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT. La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías calificables para la población civil.” Concluyó la defensora.
En un contundente anuncio sobre la situación de orden público en el sur del país, el Gobierno nacional elevó a $300 millones la recompensa por información que permita la captura de Jhan Carlos Rodríguez Másmela, alias 'Chapolo', considerado objetivo de alto valor por su accionar criminal en el Tolima.La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez , al término de un Consejo de Seguridad Regional realizado en Neiva , donde participaron las autoridades del Tolima y Huila, junto a la cúpula militar y organismos de seguridad del Estado.¿Quién es alias 'Chapolo'?Alias 'Chapolo' es señalado como el cabecilla principal del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC , estructura que delinque en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco , en el sur del Tolima.De acuerdo con las autoridades, su accionar criminal incluye, extorsiones a campesinos y comerciantes, amenazas sistemáticas a la población, reclutamiento de menores, control de corredores rurales para actividades ilegales.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ya había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este cabecilla, cuando la recompensa se fijó inicialmente en $200 millones, cifra que ahora aumenta como parte de la ofensiva estatal."No hay dónde esconderse"El ministro Pedro Sánchez fue enfático al referirse a alias 'Chapolo' y a las estructuras criminales que operan en la región, “El que sigue es alias Chapolo, criminal, objetivo de alto valor en esta región, por quien ofrecemos una recompensa hasta de 300 millones de pesos”. Además, lanzó una advertencia directa, “No hay lugar donde se puedan esconder de la Fuerza Pública, hasta allá iremos”.El jefe de la cartera de Defensa también señaló que estas estructuras “solo se dedican a extorsionar, asesinar, robar, atracar y reclutar menores ”, reiterando el impacto negativo que generan en las comunidades rurales.Durante las operaciones militares recientes en Tolima y Huila, fueron neutralizados 11 integrantes de estructuras vinculadas a Néstor Gregorio Vera Fernández alias 'Iván Mordisco' y Alexander Díaz Mendoza alias 'Calarcá', entre los cuales se destacan los cabecillas: Nicolás Anchicue Mera alias 'Fernando Gómez', neutralizado en zona rural de Belalcázar, límites entre Huila y Cauca; y Jefferson Ruiz Vargas alias 'Esteban', capturado en el municipio de Rovira, en el Tolima. Además de la afectación directa a redes criminales responsables de violencia en la regiónSegún el ministro, en lo corrido del año ya van 4.400 capturados y 145 integrantes del círculo cercano de 'Iván Mordisco' neutralizados.La gobernadora Adriana Matiz reiteró que estas estructuras han alterado gravemente la seguridad en el sur del departamento, afectando la tranquilidad de las comunidades rurales.Asimismo, insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental, garantizando absoluta reserva para quienes entreguen información que permita ubicar a alias 'Chapolo'.Canales para entregar informaciónLa Policía Nacional habilitó líneas seguras para recibir datos sobre el paradero de este cabecilla, 310 288 5053, 320 303 4900, 321 394 0987, 320 302 7892, Correo: detol.sijin@policia.gov.co. Las autoridades reiteraron que la identidad de los informantes será protegida.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión con la Fiscal General y el Alto Comisionado para la Paz para solucionar las diferencias sobre las conversaciones con grupos ilegales y el traslado a las zonas de concentración.Este anuncio se dio durante el consejo de ministros que avanza en Casa de Nariño y que se realiza luego de una reunión entre el presidente Petro con el comisionado de Paz y otros negociadores involucrados en este tema, en la que se autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.También definieron que en esta primera fase no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes; sin embargo, se deja claro que esto estará sujeto a una evaluación posterior por parte del mandatario.Cabe mencionar que con esta decisión se dejaría por fuera de la resolución del Clan del Golfo, que incluye a 29 miembros de esta organización criminal, a su máximo líder, alias chiquito malo, pedido en extradición en EEUU, y a otras 12 personas que figuraban en la lista y que también son extraditables.El presidente Petro señaló que esta es una discusión abierta con el gobierno de Estados Unidos. “Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática de ese gobierno en colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto era mejor que extraditar al responsable de tráfico en ese territorio. Me dijo inmediatamente: la extradición, yo creo que es el desmantelamiento. Esa discusión está abierta en la relación con EEUU. Ya se hizo en el Gobierno de Santos a cambio de la desmovilización de 16.000 combatientes”
Un documento revela que la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le advirtió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales que participaban en procesos de diálogo con el Estado.La comunicación, enviada en marzo de 2025, contenía observaciones al proyecto de Ley 388 de febrero de ese mismo año, iniciativa que buscaba crear un marco jurídico para negociar con grupos criminales sin origen político dentro de la política de paz total.En el documento, el Ministerio de Justicia respaldaba las mesas de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la paz, pero advertía que era necesario reglamentarlas claramente para definir obligaciones y mecanismos de verificación de los acuerdos, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional.“Es fundamental mencionar que debe ser reglamentado, para determinar claramente las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos logrados en estas mesas de diálogo, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 523 de 2023”, dice el texto.Peticiones de cabecillas presosLa entonces ministra señaló además que algunas solicitudes hechas por cabecillas presos podían resultar contraproducentes para la seguridad y el control carcelario. Aunque no especificaba quiénes, ni en qué lugares, lo advertido en el documento coincide con lo que pasó un año después. Una fiesta no autorizada por parte de los cabecillas de combos delincuenciales de Medellín que estaban presos en la cárcel de Itagüí, quienes participaron en diálogos e incluso en un evento con el presidente y organizaron una fiesta no autorizada con cantantes vallenatos en el centro carcelario.Según el texto, existía preocupación porque ciertos beneficios terminaran fortaleciendo estructuras criminales que ya habían sido desmanteladas, permitiendo que líderes delincuenciales concentraran nuevamente poder o establecieran alianzas desde prisión.Buitrago también le informó al presidente que algunos privados de la libertad buscaban evadir los controles penitenciarios y las restricciones sobre elementos prohibidos dentro de los centros carcelarios.Por esa razón, aseguró que impartió instrucciones para mantener estrictos controles de registro, vigilancia y búsqueda de objetos prohibidos, con el objetivo de evitar “que se puedan ingresar y mantener elementos prohibidos y de riesgo para la vida e integridad de todos los privados de la libertad”.En el documento, la exministra también dejó claro que, aunque la política de paz es competencia directa del presidente de la República, desde el Ministerio de Justicia correspondía advertir sobre posibles riesgos que pudieran derivar en hechos violentos o afectar la protección de la población civil.
A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra ascendía a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo "indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles", valoró el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.De esos desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos, siendo los países más afectados por ello Sudán (9,1 millones), Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).Otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).Irán fue el Estado donde hubo más desplazamientos por conflicto en 2025, con 10 millones, en su mayoría evacuaciones temporales de la capital Teherán, seguido por República Democrática del Congo (9,7 millones), Palestina (2,7 millones), Sudán (1,7 millones) y Haití, todos ellos marcados por conflictos abiertos o violencia armada.En los desplazamientos por catástrofes, 10,7 millones se registraron en Filipinas, 3,5 millones en China y 3 millones en Pakistán, siendo un 91 % relacionados con desastres meteorológicos que incluyeron tormentas (17 millones) e inundaciones (7,9 millones).IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.
En un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó la lista de grupos ilegales que tienen accionar en Colombia y que hacen parte de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras realizada por el departamento de Estado y en la que aparecen grupos como Al Qaeda y el Cartel de los soles."Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública", dice el mensaje publicado en la red social X acompañado de una imagen en la que se puede leer el nombre de las distintas organizaciones delictivas transnacionales que operan en el país.Este mensaje aparece tras el anuncio del Gobierno que confirma que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de más de 400 integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.El comunicado también confirma que, para permitir el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición.En el documento, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo, pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral y explicaron que antes del ingreso formal se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el determinador del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío (Cauca), que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre, integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, no solo habría ordenado el ataque, sino que también fue el responsable de adquirir el material bélico utilizado en la acción terrorista.Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país. Además, era considerado la mano derecha de alias ‘Marlon’ y cuenta con solicitud de extradición por parte de Estados Unidos."Este individuo, hombre de confianza de alias 'Marlon', se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas. Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país", expresó en su cuenta de X el comandante general de la Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.Según las autoridades, su rol iba más allá de las finanzas: coordinaba la compra de drones y armamento, elementos que han sido utilizados en recientes atentados en la región. Su captura representa un golpe a la capacidad logística y operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos como el Cauca.
Se trata de una exposición construida en el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz en Bogotá, denominada “renacer por el respeto a la vida”, como un recorrido pedagógico y simbólico que permite entender, paso a paso, cómo operó el patrón criminal y cómo avanza hoy el proceso de verdad y reparación.En este caso, participaron 29 comparecientes del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, quienes no son considerados máximos responsables, pero sí han reconocido su participación en falsos positivos, como ocurrió en la masacre de El Totumo, donde cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamientos.A través de murales, piezas audiovisuales, fotografías, objetos simbólicos e instalaciones interactivas, la exposición muestra cómo víctimas y comparecientes, que vivieron el conflicto desde orillas opuestas, lograron dialogar y construir un mensaje conjunto en torno al respeto por la vida.Así operó el patrón criminalEn la primera estación del recorrido se explica cómo funcionaban estos crímenes. Los comparecientes lo describen en tres momentos: “planeación, ejecución y encubrimiento”, y relatan cómo existía presión por mostrar resultados operacionales.“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, explican en los relatos recogidos dentro de la exposición.Las medallas que dejaron de ser un honorUno de los puntos más fuertes de este espacio está en una vitrina. Allí están varias medallas militares. No están exhibidas como símbolos de honor, están ahí porque fueron devueltas.Uno de los comparecientes, William López Pico, quien en la época de los hechos era teniente, explica el sentido de ese gesto.“Las devolvimos públicamente, aquello que no solo fue un símbolo, sino una contribución de respeto a nuestro proceso ante la JEP y un acto profundamente personal y moral con las víctimas. Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, señaló, y agregó que cada una de esas medallas expuestas lleva impresa “un engaño, un incumplimiento que causó heridas que nunca debieron abrirse”.La devolución de esas condecoraciones surgió de las peticiones de las familias de las víctimas dentro del proceso, quienes querían saber si por los operativos recibieron reconocimientos, y que si lo habían obtenido, las entregarán de vuelta para aceptar responsabilidad.“En este acto de devolución quisimos reconocer que, desafortunadamente, algunos resultados no fueron legítimos, ya que con solo una gota de sangre de una persona inocente se perdió su legalidad. Desde ahí, les hemos fallado a la institución, a nuestro honor militar, y lo más doloroso a nuestras familias, y en especial a las familias de las víctimas”, agregó López.Verdad, reparación y diálogoEl magistrado José Miller Hormiga, ponente del Subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, explicó que ha sido el aporte de los comparecientes lo que ha permitido reconstruir lo ocurrido en detalle.“La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, señaló.El espacio también incluye cartas escritas por los comparecientes, fanzines construidos en conjunto y un políptico que recoge el proceso de diálogo. Además, hay piezas textiles y visuales que representan las caras y nombres de las victimas.Uno de los elementos centrales de la exposición es una obra construida colectivamente que, según explican en el recorrido, busca expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.En la imagen aparece un árbol que atraviesa dos momentos. Para quienes participaron en su construcción, ese árbol simboliza la transformación: “el árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”. La obra también incluye una mano que sostiene esa transición y una luz que se impone con el sol, representando la verdad.El camino de las victimasPara las víctimas, ese camino no ha sido inmediato. Alejandra Ramírez, hija de una de las personas asesinadas, cuenta que este proceso tomó años. “No sucedió de la noche a la mañana”, habla de un recorrido de cerca de cuatro años en el que pasaron de buscar respuestas a poder contar su historia.En su caso, el impacto fue personal desde muy pequeña. Creció en un entorno donde su padre fue señalado como delincuente. “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”, recuerda. Hoy, dice, poder conocer la verdad y limpiar el nombre de su padre se siente como un alivio.Finalmente, el magistrado Pedro Díaz, explicó el término “vergüenza reintegrativa”, algo que los comparecientes viven en la estos actos restaurativos.“Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, no solo ya ante la JEP, sino ante las víctimas de sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves, pero pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Y esa vergüenza que ellos tienen es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.La exposición estará disponible y disponible al publico hasta el 28 de mayo de 2026 en el lobby de la JEP en Bogotá.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 20 exintegrantes de las Farc a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07.Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como del Comando Conjunto Central, y fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional o por su participación determinante en estos hechos.“Se trata de una verdad construida a partir de las voces de las víctimas. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir mil quinientos cincuenta y nueve hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, de los cuales ochocientos sesenta y tres han sido calificados como crímenes de guerra. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Según la JEP, los exFarc se aprovecharon de contextos de pobreza, ausencia de Estado y precariedad en zonas rurales, así como de situaciones de violencia intrafamiliar, para facilitar la vinculación de niños y niñas.A esto se sumaba el relacionamiento cotidiano con las comunidades y, en muchos casos, la presencia previa de familiares dentro de la organización, lo que generaba entornos propicios para el reclutamiento mediante presión, engaño o persuasión.De los 20 comparecientes llamados por la JEP, la mayoría corresponde a antiguos comandantes de bloque y estructuras regionales, mientras que otros ocuparon roles de coordinación interfrentes o jefaturas dentro de unidades específicas.Entre quienes ejercieron liderazgo regional y fueron llamados a responder como máximos responsables figuran Fabián Ramírez Cabrera (‘Fabián Ramírez’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’); Ángel Alberto García Sánchez (‘Hernán Benítez’); Álvaro Guazá Carabalí (‘Kunta Kinte’); Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Tatareto’); Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’); Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’); Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Muñoz’, ‘Cancharina’); Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’); Luis Óscar Úsuga Restrepo (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos’, ‘El barbado’ u ‘Osama’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’) y Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’).A ellos se suman seis comparecientes señalados como máximos responsables por su participación determinante en hechos especialmente graves: Luis Eduardo Rayo (‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’); Henoc Capera Trujillo (‘Giovany Castro’); Elmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’); Jerminson Álvaro Noreña Camargo (‘Irson Córdoba’); Gustavo Gómez Urrea (‘Víctor Mejía Jecho’) y Álvaro García Velandia (‘Flaminio’).“Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques o interferentes como los anteriores, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macro criminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, aseguró la magistrada Lili Rueda, relatora del caso 07.De acuerdo con la investigación, entre 1971 y 2016 las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad. Los años más críticos fueron 1999, 2002, 2007 y 2013. El estudio concluye que el 64 % de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se dio mediante engaño y el 13 % a través de persuasión.El Bloque Oriental concentró la mayor parte del reclutamiento a nivel nacional, con cerca de la mitad de las victimizaciones documentadas y 611 casos de menores reclutados, lo que equivale al 39 % del total. De ellos, la mayoría, 379 niños y niñas, fueron vinculados con 14 años o menos, mientras que 228 tenían entre 15 y 17 años.“La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados. Reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.En el Caso 07 participan 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes y familias que aún buscan a menores reclutados desaparecidos.“La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.Tras esta decisión, los 20 exFarc deberán definir si aceptan o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso seguirá por la vía dialógica, lo que puede conducir a la imposición de sanciones propias.En caso contrario, quienes nieguen su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser llevados a juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación de orden público en el país y centró su mensaje en las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.“La Iglesia, en primer lugar, expresa toda su cercanía con las víctimas. Hay que reconocer que aquí estamos hablando de personas con una historia, con un pasado, con una familia, personas que llevaban la vida, en su mayoría trabajadores de la zona, que de alguna manera serán afectados en su integridad física”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia-Estado, al insistir en que el país debe responder con “un alto nivel de solidaridad y cercanía” frente a quienes han resultado afectados.El pronunciamiento también puso el foco en los territorios más golpeados, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde, según la Iglesia, no solo se viven los impactos de la violencia, sino también esfuerzos comunitarios por salir adelante.“Sabemos que son regiones en las cuales hay numerosas iniciativas sociales que se están movilizando, que están tratando de buscar alternativas, soluciones, que están buscando crear puentes, y la Iglesia está allí también junto a ellos”, indicó Henao, al destacar el acompañamiento a las comunidades en estas zonas.En ese contexto, la institución fue enfática en calificar el momento actual como crítico: “Nosotros vemos esto como una crisis humanitaria de grandes magnitudes”, afirmó, al advertir que el país atraviesa una coyuntura que exige “mucha responsabilidad social de parte de todos los sectores” para garantizar el ejercicio democrático dentro del orden constitucional y el respeto por la dignidad de la población.Frente a los responsables de los hechos violentos, monseñor planteó la necesidad de mayor claridad sobre el escenario de negociación.“Habría que definir si realmente quienes están cometiendo estos hechos tienen diálogos en curso con el Estado colombiano, habría que mirarlo porque no todos los grupos armados están en diálogo con el Gobierno. Pero lo que nos parece muy importante aquí, ya desde la perspectiva nuestra, es la visión que tenemos sobre la compleja situación que tienen los pobladores del territorio”, señaló.Sin embargo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la situación humanitaria de los territorios.“Tenemos que mirar hacia esos territorios, identificar en ellos que son comunidades enteras las que están siendo afectadas. Entonces, el llamado es a que se respete el derecho internacional humanitario, a que se respeten los principios de humanidad que son vigentes, incluso en situaciones de violencia o de conflictos muy altos, y que se reconozca que hay límites, y esos límites están, en primer lugar, en el respeto por la población civil”, añadió.Finalmente, envió un mensaje a las comunidades afectadas, reconociendo el difícil momento que atraviesan.“Sabemos que pasan por momentos difíciles, por momentos complejos, por la pérdida de numerosas personas que fueron integrantes de las mismas, y que pasan también por momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho temor”, expresó, al tiempo que hizo una invitación a mantener la esperanza y a seguir fortaleciendo la vida comunitaria como camino para enfrentar la crisis.
Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre del 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron este jueves la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)."Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural", expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.En este contexto, los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.El confinamiento, según los organismos, "pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda"."Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes", expresó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.Agregó: "Hoy vemos desafíos importantes en la prevención del confinamiento, en su atención integral, en respuestas oportunas, sostenidas, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso humanitario".La defensora Marín expresó, por su parte, que "si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía".Esto ocurre principalmente "en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos".
Miembros de la estructura 'Franco Benavides' de las disidencias al mando alias 'Iván Mordisco' ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño , para entregar útiles escolares a niños en una actividad de "propaganda", informaron fuentes oficiales.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados"."Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.En un video compartido en redes sociales, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.En las fotografías difundidas fueron identificados alias 'Héctor', 'Cristian' y 'Mauricio', quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.