El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó una operación de la Fuerza Pública en la que fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y, según el presidente, era considerado el principal explosivista de estas estructuras, además de desempeñarse como instructor de otros integrantes en el manejo y fabricación de explosivos.De La Espriella relacionó a ‘Max Max’ con varios atentados registrados en el suroccidente del país durante 2025 y 2026. Entre ellos mencionó los ataques simultáneos del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali; el atentado del 25 de agosto de ese mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez; y una acción del 9 de octubre contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí.El presidente también atribuyó a Castillo Cortés un ataque ocurrido el 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca, así como dos acciones registradas en abril de 2026: una contra las instalaciones del Batallón Pichincha, que habría afectado a civiles y provocado la incineración de un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.Según el presidente, por información que permitiera ubicar a alias ‘Max Max’ se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones. Las autoridades lo señalaban como responsable de múltiples acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles, además de atribuirle funciones de instrucción en explosivos dentro de las estructuras armadas.El mandatario aseguró que la operación hace parte de la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente colombiano y reiteró el respaldo de su administración a las operaciones militares y policiales contra los responsables de atentados y homicidios.“Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja como en derecho corresponde”, sostuvo De La Espriella, quien cerró su intervención con un mensaje de respaldo a los uniformados y aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
En una operación conjunta desarrollada en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, las Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El resultado fue producto de labores de inteligencia y de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.Durante la operación fueron halladas aproximadamente 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de explosivo ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros, un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación y 2.500 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y pólvora negra.“Las tropas también encontraron 2.521 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para fusil. También se encontraron elementos de intendencia, comunicaciones, adoctrinamiento y propaganda alusiva a esta organización criminal. Con esta operación afectamos sus capacidades armadas, explosivas, logísticas, comunicacionales, e impedimos que este material fuera utilizado contra las comunidades rurales y la fuerza pública”, agregó el coronel Jorge Armando Niño Saavedra, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 1.De acuerdo con información de inteligencia militar, el material encontrado presuntamente sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos en puentes, caminos veredales y vías de acceso frecuentadas por comunidades rurales y unidades militares en el departamento del Guaviare y la región del Yarí. Las Fuerzas Militares señalaron que el hallazgo representa una afectación a las capacidades logísticas, explosivas y de comunicaciones del grupo armado.Durante las operaciones, según las Fuerzas Militares, la comunidad intentó liderar una asonada contra las tropas para evitar la incautación y traslado del material de guerra, sin embargo este logró ser sacado sin inconvenientes.
La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.
Las llamas se están convirtiendo en una emergencia recurrente en las escarpas de Bucaramanga. El Cuerpo de Bomberos asegura que actualmente atiende entre dos y tres incendios diarios, una situación que mantiene encendidas las alarmas ante las condiciones de sequía y las altas temperaturas que atraviesa la región.Jaime Monguí, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que la preocupación no está únicamente en las condiciones climáticas. Las quemas y otras acciones humanas continúan provocando incendios que, en medio de la vegetación seca, pueden extenderse rápidamente.“Ya estamos entre dos y tres incendios diarios en las escarpas de Bucaramanga”, señaló Monguí, quien hizo un llamado a la ciudadanía ante la frecuencia con la que se están presentando estas emergencias.La principal recomendación es no realizar fogatas ni quemas en sitios boscosos y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego cerca de ríos o quebradas, especialmente durante esta temporada de intensa sequía.El oficial fue enfático al señalar que, cuando los organismos de emergencia reciben el aviso, muchas veces el fuego ya ha adquirido grandes proporciones.“Cuando nos llaman ya es un incendio declarado. Un incendio no se origina solo, siempre es la mano de un ser humano que inicia el incendio”, afirmó.La advertencia cobra especial importancia en las escarpas de Bucaramanga, donde la presencia de vegetación seca puede facilitar la propagación de las llamas y dificultar las labores de control.Bomberos insiste en que una pequeña fogata, una quema de residuos o cualquier fuente de calor dejada sin control puede terminar generando una emergencia de mayores proporciones.El llamado es también a no arrojar elementos que puedan iniciar fuego y a reportar oportunamente cualquier columna de humo. El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga mantiene habilitada la línea 119 para reportar emergencias.La advertencia de los organismos de socorro se mantiene mientras persistan las condiciones de sequía y altas temperaturas, que incrementan el riesgo de incendios en zonas rurales, boscosas y de escarpa de la ciudad.
La ausencia de Nairo Quintana en la Vuelta a España 2026, luego de que se hablara de que iba a asistir, generó sorpresa entre los aficionados, especialmente cuando el colombiano mencionó que sería en esta competencia donde se despediría del deporte. Sin embargo, el Movistar Team dio a conocer que la decisión de no incluirlo se debió a temas deportivos y no a un cambio en la relación con el corredor.Eusebio Unzué, director del equipo español, reconoció que la situación también fue compleja para la estructura del equipo y afirmó que buscarán otro momento para rendirle un homenaje al ciclista boyacense.¿Por qué Nairo Quintana no corre la Vuelta?Unzué explicó para medios españoles que el equipo tuvo que priorizar sus objetivos deportivos para conformar la nómina de la carrera. La planificación también estuvo condicionada por decisiones anteriores relacionadas con otros corredores.El director del Movistar reveló que la Vuelta era un escenario adecuado para despedir a Nairo, pero que finalmente tuvieron que tomar otra decisión.“Decirle que no a Nairo fue a mí el primero que me dolió”, afirmó Unzué, quien recordó la relación que mantiene con el colombiano y su importancia en la historia del equipo.El dirigente destacó que Quintana es:Una leyenda del Movistar.Un amigo para Unzué.Un corredor cuya aportación fue importante durante años.Por eso, aunque el ciclista no estará en la Vuelta, el equipo mantiene la intención de preparar una despedida que esté a la altura de su trayectoria.¿Cuándo será la despedida de Nairo Quintana?La ausencia del colombiano en la Vuelta cambia el panorama para la culminación de la carrera profesional de Nairo Quintana. De hecho, el mismo ciclista confirmó que su última competencia sería el Mundial de Ruta de Canadá, que se disputará en Montreal entre el 20 y 27 de septiembre.En esa competencia, Quintana representará a la Selección Colombia de ciclismo, por lo que será la última oportunidad para verlo competir como profesional.El Mundial aparece así como el punto final de una trayectoria que tuvo la Vuelta como uno de sus escenarios más importantes. Sin embargo, Unzué dejó abierta la posibilidad de realizar posteriormente un acto especial para despedir al colombiano.¿Qué espera Movistar de la Vuelta 2026?Mientras Quintana queda por fuera de la nómina, el Movistar afronta la carrera con otros objetivos. La estructura española buscará pelear por la clasificación general con Enric Mas y Cian Uijtdebroeks, además de intentar conseguir una victoria de etapa.El equipo no gana una etapa de la Vuelta desde 2021 y llega con la intención de terminar esa racha. Unzué también reconoció que el nivel del pelotón es alto y que Tadej Pogačar aparece como una referencia difícil de superar.La carrera también representa una oportunidad para que el Movistar cierre la temporada con un resultado que compense el trabajo realizado durante el Giro y el Tour.
A 27 años del terremoto que devastó buena parte del Eje Cafetero, Everardo Murillo Sánchez, exgerente del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), vuelve sobre una experiencia que marcó la manera de enfrentar los grandes desastres naturales en Colombia. En entrevista en Sala de Prensa, Murillo defendió las decisiones adoptadas tras el sismo de 1999 y planteó que la emergencia actual debe dejar nuevas lecciones, especialmente en materia de prevención, vivienda y acompañamiento social.Murillo recordó que el Forec nació como una respuesta extraordinaria ante una tragedia que golpeó una región fundamental para la economía nacional. La entidad fue creada como un fondo público adscrito a la Presidencia de la República, con una estructura que combinó al Estado y al sector privado. Su sede se estableció en Armenia y, según Murillo, él fue “el único funcionario público” de la estructura creada para dirigir el proceso.La primera prioridad, explicó, fue respaldar a los alcaldes y gobernadores que estaban atendiendo la emergencia. “Lo primero que se hizo fue cómo reponer esos recursos a los municipios”, señaló, con el propósito de que las administraciones locales pudieran continuar atendiendo a la población mientras sus economías sufrían las consecuencias del desastre.Pero una de las principales lecciones del Forec fue entender que la emergencia, la recuperación y la reconstrucción no podían tratarse como etapas aisladas. “Todo es paralelo”, afirmó Murillo. Mientras se recogían escombros y se atendían las necesidades inmediatas, también se diseñaban soluciones de vivienda, subsidios, generación de empleo y las bases para una reconstrucción segura.En ese proceso, la participación comunitaria fue fundamental. El Forec descentralizó su operación y creó gerencias zonales para acercar las decisiones a los damnificados. La idea, según Murillo, era evitar que una persona afectada tuviera que desplazarse hasta el centro de Armenia para resolver sus necesidades. Así surgió, en su concepto, una nueva forma de ejercer una “gobernanza público-privada” frente a un desastre.La reconstrucción física también estuvo acompañada de decisiones de largo plazo. Murillo destacó tres medidas: fortalecer los planes de ordenamiento territorial, exigir normas de construcción sismorresistente y realizar estudios de microzonificación sísmica. “Esos tres elementos fueron muy poderosos”, sostuvo.A su juicio, parte de la explicación de la menor afectación reciente del Quindío está precisamente en aquellas decisiones. Aunque reconoció que hubo daños que deben ser reparados o reforzados, insistió en enviar un mensaje a los habitantes y visitantes: “Por favor, el Quindío está vivo”. Para Murillo, recuperar la economía también forma parte de la respuesta al desastre: “Vuelvan a los parques. Necesitamos que regresen porque la economía tiene que seguir y hay gente que vive de esto”.Frente a la gestión del Gobierno actual, Murillo valoró la presencia del presidente y la declaratoria de emergencia económica, aunque advirtió que el verdadero desafío estará en la implementación. La escala del desastre actual, dijo, es mucho mayor que la que enfrentó el Forec: aquella operación abarcó tres departamentos y 27 municipios, mientras la actual emergencia tiene un alcance mucho más amplio.Sin embargo, su principal advertencia no está relacionada únicamente con la infraestructura. Murillo considera que Colombia debe avanzar en lo que denominó “ingeniería social”. El terremoto reciente, explicó, dejó damnificados de sectores de ingresos medios que también necesitan acompañamiento para reconstruir su patrimonio y recuperar su proyecto de vida.“Este proceso le falta mucho aprendizaje en ingeniería social, porque hemos avanzado muchísimo en ingeniería de obras públicas”, afirmó.Para el exgerente del Forec, esa debe ser una de las grandes lecciones de la emergencia: reconstruir no significa únicamente levantar edificios. Significa también recuperar hogares, empleos, confianza y estabilidad. En otras palabras, después de un terremoto, el verdadero reto no termina cuando desaparecen los escombros: comienza cuando las familias intentan volver a vivir.
La abogada Wendy Herrera, defensora de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, habló en entrevista con La Red sobre el estado de la creadora de contenido tras su sorpresivo traslado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, y entregó detalles sobre las acciones jurídicas que adelanta para buscar su libertad.El traslado se produjo el pasado 7 de agosto, luego de que Barrera publicara un video en redes sociales en el que denunció una supuesta persecución en su contra. “Dejo esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días”, dijo la empresaria horas antes de ser llevada al centro penitenciario de la capital del Tolima.Según Herrera, el traslado no habría sido ordenado por el presidente de la República, sino por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). “Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado, ese traslado lo autorizó el Inpec”, aseguró la abogada.La defensora sostuvo además que su representada no constituye un riesgo para la sociedad ni para la víctima del caso por el que fue condenada. “Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia, ni mucho menos para la víctima, en este caso TransMilenio”, afirmó.Herrera también se refirió a las condiciones en las que se encontraba Epa Colombia antes de ser trasladada. De acuerdo con lo relatado por la propia Barrera, habría sufrido episodios que la abogada calificó como “tortura psicológica” y una persecución que, según su versión, se habría anunciado desde meses atrás.“Ha sido víctima de tortura psicológica”, manifestó Herrera, quien explicó que, desde abril, supuestamente le venían advirtiendo que el 7 de agosto sería trasladada.¿Cómo está Epa Colombia en la cárcel de Ibagué?La abogada reconoció que Barrera no se encuentra bien emocionalmente, aunque señaló que actualmente está segura y acompañada por otras mujeres privadas de la libertad.“La cárcel de Ibagué es una cárcel que tiene una muy buena directora, un grupo de acompañamiento, de apoyo jurídico”, explicó Herrera. Y agregó: “No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel”.Uno de los principales factores que estaría afectando a la empresaria es la imposibilidad de compartir con su hija pequeña. Según su abogada, Barrera presenta ansiedad crónica y atraviesa un fuerte proceso psicológico.La defensora insistió en que su representada necesita atención profesional para afrontar la situación. “Daneidy requiere acompañamiento médico para poder superar este episodio”, afirmó.Durante la entrevista, Herrera también respondió a las versiones que surgieron en julio sobre presuntos privilegios que habría tenido Epa Colombia durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá, entre ellos la realización de supuestos procedimientos estéticos.La abogada fue enfática en señalar que no puede confirmar esos hechos porque no era la representante legal de Barrera cuando ocurrieron y, por ahora, no conoce las denuncias correspondientes.“No puedo ir más allá de lo que a mí me compete porque son hechos que no me constan. Yo no era su abogada en ese momento”, explicó.No obstante, aseguró que los hechos están bajo investigación. En ese contexto, cuestionó las condiciones de control que existían en el lugar y mencionó que, según el relato de su defendida, allí se habrían realizado diferentes actividades.“Ella me cuenta y me relata de que ahí personas se inyectaban bótox, se hacen procedimientos, celebran bautizos, celebran fiestas”, dijo Herrera, quien recalcó que será responsabilidad de las autoridades determinar qué ocurrió realmente.La defensa busca reducir el tiempo de condenaEpa Colombia permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025 y cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno.Herrera explicó que actualmente trabaja en las alternativas jurídicas para conseguir una reducción de la pena, entre ellas revisar las horas de trabajo que le han sido reconocidas a Barrera.“La reducción de la pena es un derecho que tenemos todos los colombianos”, sostuvo la abogada. Según explicó, su defendida trabajaba en una granja, pero algunas de esas horas no habrían sido reconocidas.“Estoy en esa tarea de poder saber cuál es la razón, el porqué se le está negando, y ajustarlo”, manifestó.Finalmente, Herrera defendió el proceso de resocialización de Barrera y aseguró que espera que pueda recuperar pronto su libertad. “Daneidy es una mujer trabajadora, cometió un delito en su momento, pero ella reparó el daño”, dijo.La abogada cerró su intervención destacando la personalidad de su representada y asegurando que, una vez recupere su libertad, espera que pueda continuar con sus proyectos. “Es una mujer berraca y trabajadora”, concluyó.
La economista y exdirectora del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López, habló en entrevista con Sala de Prensa Blu sobre los retos económicos que enfrenta el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras la emergencia y el proceso de reconstrucción.López consideró que la declaratoria de emergencia económica era necesaria, pero advirtió que el desafío no está únicamente en establecer cuánto dinero se requiere, sino en definir cómo se ejecutarán los recursos y cuáles serán las prioridades.“La emergencia económica era absolutamente imprescindible. Estaba mirando que en el caso de Pastrana con el terremoto anterior fue más rápida. Yo leyéndola, como te digo, como economista, me parece que la pensaron muy bien y es absolutamente imprescindible”, dijo López en Sala de Prensa Blu.Recursos y reconstrucción: el reto está en la ejecuciónLa exfuncionaria señaló que el Gobierno debe establecer una ruta para identificar las fuentes de financiación y organizar las acciones necesarias para comenzar la reconstrucción y atender las necesidades humanitarias.Sobre el monto de recursos mencionado por el Gobierno, López sostuvo que los 30 billones de pesos planteados inicialmente podrían aumentar, pero insistió en que no es necesario disponer de todo ese dinero de inmediato. “Todo el mundo se está enfocando en la plata y resulta que lo que hay que enfocarse es en todo el proceso de cómo se va a hacer, por dónde se va a empezar, cuál es la estrategia y obviamente cuánto vale”, precisó.La economista también destacó la importancia de involucrar al sector privado en la recuperación, especialmente en proyectos de infraestructura, vivienda, hospitales y otras obras.Cecilia López pide fortalecer PlaneaciónDurante la entrevista, López manifestó además su preocupación por el papel que debe cumplir el Departamento Nacional de Planeación y pidió fortalecer sus equipos técnicos para afrontar la emergencia.“Planeación es el que maneja la inversión del Estado. Ahí es muy importante que Planeación se volvieran a reforzarla, necesitamos equipos técnicos”, mencionó. La exdirectora del DNP también señaló que la recuperación económica debe estar acompañada de generación de empleo y estímulos a la inversión privada, con atención tanto a las comunidades más pobres como a sectores de clase media que resultaron afectados.“No puede ser cierto que estas crisis afectan a los pobres. Hay algunos sectores muy pobres como los indígenas, que a mí me tienen trasnochada”, manifestó.Finalmente, López sostuvo que el proceso de reconstrucción representa un desafío de gran magnitud para el país y planteó que uno de los objetivos debe ser cerrar brechas sociales mientras se impulsa el crecimiento económico.Escuche la entrevista completa aquí:
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que había hecho el abogado Mauricio Pava contra contra la Resolución 471 de 2025, con la que el Gobierno Petro creó tres Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para integrantes del Clan del Golfo, en el marco del proceso de conversaciones sociojurídicas que adelanta con esa organización. Esto significa que dichas zonas seguirán vigentes mientras se estudia de fondo la solicitud.Pava, en su pedido, aseguró que el presidente de la República no podía crear esas zonas sin que el Congreso hubiera aprobado antes una ley de sometimiento a la justicia, algo ya fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023; en otras palabras, Petro expidió la resolución sin tener la competencia legal para ello.Sin embargo, el despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existe una violación evidente de la sentencia mencionada o de otras normas superiores que justifique la medida catuelar de suspender de manera inmediata la creación de estas zonas.El punto central de la discusión estuvo en determinar si el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional es aplicable al caso del Clan del Golfo, denominado por el Gobierno en este proceso como Ejército Gaitanista de Colombia.La Sentencia C-525 de 2023 estableció que las Zonas de Ubicación Temporal para facilitar procesos de sometimiento a la justicia requieren una ley expedida por el Congreso cuando se trate de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.Sin embargo, ese condicionamiento no puede extenderse automáticamente al caso del EGC pues la resolución inicial del Gobierno Petro lo reconoció como un Grupo Armado Organizado, GAO, y no como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto."La anterior catalogación se efectuó mediante la Resolución 294 de 2025, acto administrativo que no fue demandado en este proceso y que, por tanto, se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, agregó el Consejo de Estado.En ese sentido, para el alto tribunal, no es posible concluir en esta etapa que el presidente esté actuando fuera de sus competencias al crear las ZUT aunque sí reconoció que la Sentencia C-525 de 2023 es obligatoria y vinculante para todas las autoridades y por ello el alcance será revisado con mayor profundidad pero sin aceptar la medida cautelar.Esta decisión llega mientras el proceso de conversación con el Clan del Golfo sigue estancado: el traslado de un primer grupo de miembros del grupo ilegal previsto para el pasado mes de juicio no se concretó en medio de cuestionamientos a la iniciativa.Además, Noticias Caracol a través de su unidad investigativa reveló polémicas conversaciones que habría sostenido el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde ofrecía parar operaciones militares a cambio de que este grupo siguiera en la conversación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reactivó el proceso de extradición contra alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, consolidar los logros del acuerdo de paz de 2016.Guterres indicó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado”. Para este fin, su representante especial, Miroslav Jenča, quien presentará el informe el 15 de julio en Nueva York, se reunirá con las nuevas autoridades.La ONU advirtió que la violencia persiste en zonas con baja implementación del acuerdo, donde más de 11,000 excombatientes requieren apoyo socioeconómico.El informe de la Misión de Verificación advirtió que desde la firma del acuerdo, 493 firmantes han sido asesinados, incluyendo 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos, con cinco casos reportados en lo que va de 2026.Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha logrado 109 condenas, detalló la ONU.El informe resalta que, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, se registraron 5,272 personas desplazadas y 9,553 confinadas, de las cuales el 58% pertenece a comunidades étnicas. Además, unas 316,000 personas sufrieron restricciones de movilidad en el departamento de Cauca y la región de la Amazonía, sumado al homicidio de 33 líderes sociales.Asimismo, el organismo multilateral constantò avances en el campo, donde la pobreza multidimensional rural disminuyó del 38.66% en 2018 al 22.4% en 2025.Al cierre del periodo electoral, Guterres pidió al saliente Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la nueva administración de Abelardo De la Espriella a unificar esfuerzos, señalando que “no hay lugar para la violencia política” y que es imperativo desescalar la retórica confrontacional para asegurar la estabilidad de la paz en Colombia.
A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
En medio del Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, hizo un llamado a mantener un tono moderado en los recientes debates sobre el acuerdo de paz y la situación jurídica de los firmantes.“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante”, afirmó el firmante de paz.Además, se refirió a la polémica que generó su viaje a España para participar en un seminario convocado por la organización política Izquierda Unida, especialmente por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Hay una estigmatización de quienes van a asumir la conducción del país en los próximos días hacia quienes estamos comprometidos con la paz y con los derechos humanos”, afirmó Londoño.En la misma línea del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Londoño advirtió sobre la importancia de frenar las narrativas estigmatizantes que, según dijo, pueden alimentar mensajes de odio contra los firmantes y poner en riesgo sus vidas. “Y esa es la situación que estamos comenzando a vivir en este momento en Colombia. Entonces, la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.Finalmente, Londoño reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno entrante y recordó la carta enviada al presidente electo, que firmó junto con otros seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc. En el documento expresaron su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima de las diferencias ideológicas o políticas.“Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”, concluyó Rodrigo Londoño.
La autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', para viajar a Madrid, España, ha causado cuestionamientos de distintos sectores políticos. Sin embargo, la decisión no estaría contradiciendo lo dispuesto por las sanciones contra los máximos responsables del antiguo Secretariado de las FARC, dentro de la sentencia del pasado 25 de junio.La reciente imposición de las primeras sanciones no impide que los comparecientes viajen al exterior. La sentencia TP-SA-SP 620 de 2026, que comenzará a aplicarse desde el 15 de agosto, establece que los sancionados podrán desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción y que, cuando necesiten salir de ese espacio, deberán solicitar autorización previa a la JEP, específicamente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).En otras palabras, las restricciones de movilidad previstas en las sanciones no eliminan la posibilidad de viajar, sino que sujetan esos desplazamientos al control y supervisión de la Jurisdicción, que evalúa cada solicitud de manera individual para verificar que no afecte el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los comparecientes. Precisamente, ese fue el procedimiento que se siguió en este caso.La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad autorizó el desplazamiento de Londoño entre el 22 de junio y el 11 de julio de 2026 para asistir a un seminario organizado por el movimiento político español Izquierda Unida y participar en otras actividades relacionadas.Para conceder el permiso, la JEP verificó que el viaje tenía una justificación válida, que el exjefe de las extintas FARC-EP presentó toda la documentación exigida —lo que incluye a carta de invitación de la organización que lo convocó y las reservas de los tiquetes aéreos de Avianca—, que no tenía diligencias presenciales pendientes y que ha cumplido con las obligaciones derivadas de su sometimiento a la justicia transicional. Aunque tenía una audiencia programada para el 24 de junio, esta fue autorizada para realizarse de manera virtual.En la decisión, el tribunal también concluyó que el desplazamiento no representaba un riesgo de incumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP ni afectaba los derechos de las víctimas, razón por la cual autorizó la salida temporal y le ordenó presentarse nuevamente ante la Jurisdicción a más tardar el 14 de julio, una vez regresara al país.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
Casi veinte años después de que sus hijos, esposos y hermanos desaparecieran y fueran presentados como guerrilleros muertos en combate, sus familias se sentaron frente a quienes comandaban las unidades militares señaladas por esos crímenes. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad de la JEP realizada en Barranquilla, comparecieron diez militares.Entre ellos los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, además de antiguos comandantes y oficiales vinculados a unidades que operaron en Cesar y La Guajira durante los años en que ocurrieron los hechosLa investigación de la jurisdicción documentó al menos 604 víctimas en siete departamentos de la región Caribe, aunque las indagaciones abarcan cerca de 750 casos ocurridos entre 2002 y 2008.Entre las víctimas hubo campesinos, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares, pero también 26 menores de edad, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.Gran parte de los hechos investigados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Décima Brigada Blindada y de unidades como el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar.El magistrado Óscar Parra explicó que la investigación se ha concentrado en al menos 19 unidades tácticas y en la forma en que se consolidó un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos para aumentar resultados operacionales.“No son manzanas podridas, fueron crímenes cometidos en el marco de políticas de ataque masivo y sistemático contra la población civil”, aseguró.La audiencia también fue el escenario donde las familias volvieron a ponerles nombre y rostro a las víctimas.“Hoy, después de 20 años se cumple algo muy importante, tanto como para mí, como mujer, como esposa, como madre de 3 hijos que dejó. También se cumple un momento que yo he anhelado y la lucha de 20 años todo este tiempo, de que hoy se va a esclarecer, y ellos le van a decir públicamente que mi esposo no era un guerrillero. Hoy se va a limpiar el buen nombre de Walbert, excelente padre, excelente ser humano, excelente hijo”, dijo Gilma Mesa, esposa de una de las víctimas.La audiencia también estuvo marcada por cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que después de años de comparecencias y encuentros restaurativos aún no han recibido la verdad que esperaban.Marta Elena Díaz Ospina, madre de Douglas Alberto Tavera, asesinado en 2006 y presentado como baja en combate, expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el proceso.“Pensamos que íbamos a encontrar verdad, pero aquí no hemos encontrado verdad. Sentimos que ha sido otra burla más”, afirmó la mujer, quien insistió en que su principal exigencia sigue siendo conocer en detalle qué ocurrió con su hijo y escuchar de los comparecientes una explicación completa sobre los hechos.Díaz Ospina también cuestionó el papel que han tenido las víctimas dentro del proceso y aseguró que, pese a que el acuerdo de paz las ubica en el centro del sistema, muchas veces sienten que no han sido escuchadas.Mientras tanto, Yoleides Johanna Montaño pidió a los comparecientes reconocer públicamente que las víctimas fueron escogidas precisamente por su vulnerabilidad"Que reconozcan que aprovecharon esas condiciones: la pobreza y la humildad. Ustedes pudieron tomar decisiones diferentes, pero, por el contrario, decidieron que nosotras cargáramos con ese peso. Hoy, queremos que públicamente reconozcan su responsabilidad, porque lo mejor que pueden hacer con la no repetición de estos hechos es dar ejemplo. Que la verdad que hoy se aporta permita sanar, recuperar restos, devolver identidades y cerrar heridas que llevan años abiertas", expresó Montaño.Frente a ellas, algunos de los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y en las dinámicas que permitieron la continuidad de los crímenes.“Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve y los controles insuficientes que permití contribuyeron esencialmente a que esta práctica criminal continuara”, afirmó el general en retiro Adolfo León Hernández.Por su parte, el coronel en retiro Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que durante su comandancia del Grupo Rondón en 2008 la mayoría de las operaciones terminaron convirtiéndose en ejecuciones extrajudiciales.“Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores, como la brigada, la división y, en algunos casos, la Inspección del Ejército o el mismo Comando del Ejército”, señaló el exoficial, quien describió un sistema permanente de exigencia de resultados operacionales por parte de los distintos niveles de mando del Ejército.
El Ejército Nacional informó la neutralización de alias ‘Bola Ocho’, señalado como cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Luis José Solano del ELN, durante operaciones militares desarrolladas en zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar.De acuerdo con la institución, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N• 9 sostuvieron combates contra integrantes de esa estructura armada, una operación en la que fue neutralizado el presunto cabecilla, a quien las autoridades responsabilizan de coordinar múltiples acciones terroristas mediante el uso de drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública en Bolívar, Cesar y otras regiones del país.Según el Ejército, alias ‘Bola Ocho’ sería el presunto responsable del ataque ocurrido el pasado 28 de febrero de este año contra un helicóptero militar que desarrollaba operaciones en el sur de Bolívar, hecho que dejó ocho militares heridos.Además, las investigaciones lo vinculan con otros atentados de alto impacto, entre ellos un ataque con drones registrado en agosto de 2025, en el que murió un soldado y siete más resultaron heridos y también el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fallecieron dos militares, y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14, en Aguachica, Cesar, que dejó siete soldados muertos y 30 uniformados heridos.Durante la operación fueron incautadas armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, más de siete millones de pesos en efectivo y documentación de interés para las labores de inteligencia, además de teléfonos celulares que serán analizados dentro de las investigaciones.
La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
A 12 días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en el departamento de Caquetá por las denuncias de presunto constreñimiento electoral ejercido por las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'.En diálogo con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de distintos municipios estarían siendo presionadas para orientar su voto hacia un candidato específico, situación que, según afirmó, pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.Según Ruiz, las presiones serían ejercidas principalmente por la estructura armada ‘Jorge Suárez Briceño’, al mando de alias 'Calarcá', cuyos integrantes estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones dirigidas a juntas de acción comunal, donde presuntamente se exige a los habitantes votar por un determinado candidato.“Lo digo sin tapujos en la lengua, están de una manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les están exigiendo que tienen que tomarle foto al voto, que todo aquel que sospeche que no vota por el candidato que ellos le están diciendo, les iban a cobrar una multa de hasta $2.000.000 o que tendría que abandonar la región”, detalló el mandatario.El gobernador señaló que las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.Dichos reportes, reseñan que los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades lo que representa una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a ejercer un voto libre y secreto.Frente a este panorama, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con la participación de autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el mandatario consideró que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y a las dificultades para garantizar presencia institucional efectiva en las áreas rurales.Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial ejercido por estas estructuras continúa afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.
Un bombardeo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’ dejó tres integrantes de esa estructura armada muertos y permitió recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal.La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia utilizado por la organización ilegalEl bombardeo, el número 23 contra esas estructuras, se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.De ese total, 11 eran menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Medicina Legal estableció que se trataba de ocho hombres y tres mujeres con edades entre los 15 y 17 años, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego.De acuerdo con información de inteligencia conocida por el Ministerio de Defensa, varios integrantes de las estructuras enfrentadas han manifestado interés en abandonar las armas y acogerse a la legalidad. Las autoridades sostienen que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por parte de sus propios comandantes para impedir su desvinculación.Por esa razón, las operaciones militares se mantienen en esta zona del departamento del Guaviare con el objetivo de recuperar menores reclutados y facilitar la salida de quienes buscan abandonar estas organizaciones criminales.Al mismo tiempo, la Policía Nacional reportó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Entre los detenidos figura alias “Mona” o “Katherine”, señalada por las autoridades de coordinar actividades contra la Fuerza Pública y gestionar el traslado de menores reclutados desde el Cauca hacia el Guaviare.En el mismo procedimiento también fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las autoridades incautaron material de guerra, incluido un cañón para ametralladora, que presuntamente iba a ser enviado hacia los departamentos de Meta y Guaviare.