En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las FARC. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura nacionales contra 11 exmiembros representantes de paz del grupo criminal Comuneros del Sur, disidencia del ELN. La decisión se produce después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella terminara las negociaciones de paz con el grupo y revocara la designación de sus delegados.La determinación quedó consignada en la Resolución 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, en la que la Fiscalía explicó que las órdenes de captura habían sido suspendidas mientras los integrantes de la organización tenían la condición de miembros representantes designados por el Gobierno Nacional anterior para participar en los diálogos.La suspensión se había aplicado mediante diferentes resoluciones de la Fiscalía, con fundamento en la Ley 2272 de 2022, el Decreto 1081 de 2015 y otras normas relacionadas con la política de paz. Estas disposiciones permitieron suspender la ejecución de órdenes de captura contra personas que participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos.El 3 de septiembre de 2026 mediante la Resolución Presidencial 365, el Gobierno Nacional dio por terminada la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur. Ante esta decisión, la Fiscalía consideró que debía reactivarse la ejecución de las órdenes de captura de quienes habían recibido el beneficio de suspensión por su condición de representantes.Los exrepresentantes incluidosEl artículo primero de la Resolución 0-0273 ordena reactivar las órdenes de captura nacionales contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”, Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias 'Taliana', Santo Eligio García Natascuas, alias 'Santos', Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias 'Lalo', Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.Entre los nombres relacionados se encuentra Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH'. Además de la reactivación de su orden de captura, también fue reactivado su proceso de extradición, según la información suministrada.La resolución señala que la medida se adopta como consecuencia directa de la pérdida de la condición de miembros representantes, que era la base para mantener suspendida la ejecución de las órdenes de captura nacionales.
Al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, denunció este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documentó 99 casos entre enero y julio pasados.Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes."La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido", expresó el coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, Cleber Kemper.En su opinión, "prevenir las desapariciones es tan urgente como avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y responder a las necesidades de sus familiares".Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, tres de los más afectados por la violencia, concentran el 59 % de los casos, según el informe del CICR, publicado con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.El Comité Internacional de la Cruz Roja señala además que ha documentado 2.659 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz.Sin embargo, el organismo destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales."Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos", explicó Kemper.Por eso, agregó: "Contar con esta política marca una diferencia importante para brindar respuestas diferenciadas a las múltiples necesidades de las familias de las personas desaparecidas".
El exjefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, defendió los resultados de la estrategia de la paz total implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro frente a las recientes extradiciones firmadas por el presidente Abelardo De La Espriella, entre las que destaca la de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.Novoa precisó que la entrega del cabecilla de los Comandos de la Frontera ya había sido concedida por el gobierno anterior, pero su ejecución se condicionó a los avances verificables en la mesa de conversaciones.Alias ‘Araña’ cuenta con una trayectoria delictiva de más de 15 años en grupos al margen de la ley, habiendo integrado bandas criminales como Los Rastrojos, por la cual registra una condena de 29 años de prisión—, y la estructura "La Constru".En febrero de 2025, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel al occidente de Bogotá, un incidente que desencadenó controversia al ocurrir justo al finalizar el tercer ciclo de negociaciones.Actualmente, se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. La solicitud de extradición en su contra la requiere la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, bajo cargos vinculados al tráfico de estupefacientes, producto del presunto envío reciente de cargamentos de cocaína, además de imputaciones por tráfico ilegal de armas y narcoterrorismo.Frente al proceso con los Comandos de la Frontera, Novoa resaltó avances tangibles en Putumayo y Nariño, donde la tasa de homicidios cayó más del 50 % y 14.000 familias se sumaron a programas de sustitución de cultivos. Asimismo, destacó la dejación de armas de 99 combatientes ubicados en Valle del Guamuez, e instó a la nueva administración a garantizar su seguridad jurídica para evitar que retornen a las armas.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times.Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.Sin embargo, el Departamento de Estado sostuvo que el partido de Machado, Vente Venezuela, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó.También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones."La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez.Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.
La evolución del papa León XIV transcurre con normalidad, el pulmón que le operaron se recupera bien y el pontífice ha retomado parte de su actividad laboral desde el hospital Gemelli de Roma, donde el pasado martes le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.En el último parte médico, difundido este jueves, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, confirmaron que una radiografía de tórax muestra una "buena recuperación" del pulmón intervenido.El pontífice, de 71 años, se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.Tras un primer parte tranquilizador difundido el miércoles que apuntaba a una evolución favorable, el nuevo comunicado médico confirma que los controles rutinarios de esta mañana han arrojado "resultados normales" y concluye que "la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad".Retoma sus labores desde el hospitalEl Vaticano ha confirmado que en su segunda jornada de convalecencia tras la operación el papa realizó sus actividades diarias de forma independiente y que ha completado una sesión de fisioterapia con ejercicios de "motricidad completa".Una de las principales novedades de este jueves es que el pontífice ha reanudado parte de su actividad laboral desde el hospital, donde permanece ingresado tras la intervención quirúrgica y donde este jueves ha recibido la visita del número dos de la Secretaría de Estado vaticana, el arzobispo Paolo Rudelli.Además, León XIV ha vuelto a concelebrar misa este jueves por la mañana, como ya hizo el miércoles, en una sala habilitada en la décima planta del hospital.El espacio se ha acondicionado para esas celebraciones religiosas porque tanto la capilla del policlínico como el apartamento que habitualmente se destina a los pontífices durante sus ingresos hospitalarios se encuentran en obras de reestructuración.El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, está acompañado estos días en el hospital por sus dos secretarios, según fuentes vaticanas.Durante la hospitalización de un pontífice no existe la figura de un sustituto, pero las normas vaticanas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma para los asuntos corrientes, si bien las decisiones de mayor importancia siguen requiriendo la aprobación del papa, excepto si él ha asignado esta facultad a un colaborador.Pendientes los resultados de los análisisPese a la evolución favorable, todavía quedan incógnitas sobre los próximos días.Los partes médicos no han informado por ahora de posibles tratamientos posteriores, a la espera de conocer los resultados de los análisis moleculares e histológicos de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos en la cirugía, unas pruebas que podrían demorarse aún varios días.Tampoco hay novedades oficiales sobre el viaje apostólico que el pontífice tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, del mismo modo que no se ha confirmado si León XIV podrá rezar el Ángelus del próximo domingo desde el Gemelli, como hicieron algunos de sus predecesores durante sus hospitalizaciones.El Vaticano prevé que el pontífice permanezca ingresado alrededor de una semana y ha despejado su agenda hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.
Un presunto caso de intolerancia se registró en la madrugada de este viernes en el sector de Galerías, en Bogotá, donde, según el relato de un comerciante, un conductor de una plataforma de transporte habría intentado arrollar a su familia, incluidos sus tres hijos menores de edad, luego de una discusión por un servicio solicitado a través de una aplicación.De acuerdo con el reporte de El Ojo de la Noche para Mañanas Blu, los hechos ocurrieron hacia las 2:00 a. m., cuando el propietario de un establecimiento comercial salió del sector acompañado de su esposa y sus tres hijos para dirigirse a la localidad de Suba.La familia solicitó un vehículo por aplicación y, cuando llegó el conductor, los menores se subieron al carro. Sin embargo, según la versión entregada por el comerciante, el hombre se habría molestado porque, al parecer, la familia tardó en salir.El conductor les habría dicho que no los llevaría y les pidió que se bajaran del vehículo. Después de que los niños descendieron, se produjo una discusión y el hombre se marchó del lugar.Conductor habría regresado para arrollar a la familiaLo que ocurrió después es el hecho más grave de la denuncia. Según el testimonio del comerciante, el conductor habría dado la vuelta a la manzana y, al observar que la familia estaba reunida nuevamente, aceleró el vehículo y se subió al andén, aparentemente con la intención de atropellarlos.“Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, aseguró el hombre al relatar lo sucedido durante la entrevista con El Ojo de la Noche.El comerciante sostuvo que el conductor sabía que en el vehículo habían estado sus tres hijos menores de edad y que otro integrante de la familia estaba a punto de subir cuando ocurrió el presunto ataque.Según su relato, uno de sus hijos alcanzó a reaccionar y se apartó para evitar ser arrollado. En medio de esa maniobra, pasó otro vehículo que también pudo verse involucrado en el incidente.“Menos mal, gracias a Dios mi hijo alcanza a reaccionar”, relató la víctima, quien aseguró que el otro conductor transitaba despacio y que, de lo contrario, también habría podido atropellar a su hijo.Familia pide respuestas a la plataformaEl comerciante considera que lo ocurrido constituye un intento de homicidio y asegura que está buscando al conductor a través de la plataforma por la que solicitó el servicio.Según la información recogida, la familia aún esperaba una respuesta de la aplicación para que se esclareciera lo sucedido y se explicara la actuación del conductor. La Policía ya tendría conocimiento del caso.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
Japón encendió las alarmas por un terremoto de magnitud 9,9 que, de haberse producido, habría superado el sismo más fuerte registrado en la historia. Sin embargo, el movimiento anunciado nunca ocurrió con esa intensidad y la Agencia Meteorológica de Japón tuvo que retirar la alerta ocho minutos después de emitirla.El episodio ocurrió este viernes, 16 de octubre, cuando el sistema de alerta temprana advirtió sobre fuertes sacudidas que podían sentirse desde Hokkaido, en el norte del país, hasta la región de Tokai. Los teléfonos celulares emitieron alarmas, los altavoces públicos difundieron mensajes de emergencia y los presentadores de televisión pidieron a la población que buscara refugio.A las 12:48 p. m., hora local, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) canceló la advertencia. Según el diario The Japan Times, fue la primera vez que la entidad retiró una alerta sísmica de emergencia mediante una segunda alarma.¿Por qué Japón anunció un terremoto de magnitud 9,9?El error se produjo después de que un terremoto real de magnitud 6,9 fuera registrado frente a la península rusa de Kamchatka. Al procesar los datos, el sistema japonés ubicó equivocadamente el epicentro cerca de las islas Kuriles y sobreestimó la magnitud del movimiento.Ayataka Ebita, responsable de la división de observación de terremotos y tsunamis de la JMA, explicó que una de las fallas identificadas fue la aplicación de una fórmula diseñada para calcular terremotos ocurridos dentro de Japón a un sismo registrado a gran distancia del país.La agencia también detectó que el sistema empleó ubicaciones estimadas diferentes para calcular la magnitud y predecir la intensidad de las sacudidas, aunque ambos cálculos debían utilizar la misma ubicación.La causa exacta seguía bajo investigación. Las autoridades descartaron un ciberataque y señalaron que la distancia entre el terremoto y las estaciones de observación pudo afectar la precisión de los datos.El terremoto habría superado el récord históricoEl sismo más fuerte registrado instrumentalmente ocurrió en 1960 en Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. La JMA indicó que 9,9 es la cifra máxima de magnitud que su sistema puede transmitir externamente.En el episodio del viernes, Japón solo registró una intensidad de nivel 1 en su escala sísmica, correspondiente a una sacudida leve. El Gobierno informó que no había recibido reportes de daños relacionados con el terremoto de Kamchatka.Aunque el terremoto anunciado no ocurrió, la alerta tuvo consecuencias. La línea de tren bala Tokaido Shinkansen suspendió sus operaciones durante 15 minutos tras activarse un sistema automatizado de seguridad, según informó Central Japan Railway.En Tokio, algunas personas se detuvieron para revisar sus teléfonos y comprobar si comenzaba el temblor. Lola Milroy-Tompkins, una estudiante británica de 20 años de la Universidad de Waseda, contó a The Japan Times que estaba almorzando cuando sonó la alarma.“Nunca había experimentado un terremoto y esperaba que comenzaran las grandes sacudidas y que todo empezara a caerse a mi alrededor”, relató.La JMA ya había emitido falsas alarmas en 2013 y 2020 por errores en el procesamiento de datos y en las estimaciones de magnitud y ubicación. La agencia continuaba investigando lo ocurrido para determinar la causa de esta nueva falla.
El caso de una adulta mayor de 83 años que habría sido abusada por Wilber García en La Unión, Antioquia, sigue generando indignación en el departamento luego de que se conociera que el señalado quedó en libertad tras ser capturado hace apenas unas horas.Hay que recordar que García fue detenido en el municipio de Santa Rosa de Osos luego de varias semanas de investigación de este aberrante caso y en donde se determinó que el hombre había huido al norte antioqueño con el propósito de evadir a las autoridades.Sin embargo, cuando parecía que el señalado iba a responder por este lamentable hecho, se conoció que quedó en libertad menos de 24 horas después de su captura en una situación que aún no ha quedado esclarecida por completo.La alcaldesa de La Unión, Carmen Valencia, indicó que aunque respetan la institucionalidad, no están de acuerdo con la decisión judicial que dejó en libertad a este supuesto abusador de una adulta mayor."Creo en la institucionalidad, creo en las fuerzas judiciales, pero solicito respetuosamente que agilicen y procedan ante dicho caso. Estamos muy preocupados, y de parte del municipio de La Unión, de la alcaldía y toda la institución estamos indignados", indicó.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la decisión en su cuenta de X y aseguró que, “¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La Fiscalía General de la Nación debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune”.Por ahora las autoridades locales así como la familia de la víctima del presunto abuso han pedido una respuesta clara y contundente sobre la decisión de dejar en libertad a García sin que se haya esclarecido por completo si tiene o no relación con este lamentable hecho.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó una operación de la Fuerza Pública en la que fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y, según el presidente, era considerado el principal explosivista de estas estructuras, además de desempeñarse como instructor de otros integrantes en el manejo y fabricación de explosivos.De La Espriella relacionó a ‘Max Max’ con varios atentados registrados en el suroccidente del país durante 2025 y 2026. Entre ellos mencionó los ataques simultáneos del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali; el atentado del 25 de agosto de ese mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez; y una acción del 9 de octubre contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí.El presidente también atribuyó a Castillo Cortés un ataque ocurrido el 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca, así como dos acciones registradas en abril de 2026: una contra las instalaciones del Batallón Pichincha, que habría afectado a civiles y provocado la incineración de un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.Según el presidente, por información que permitiera ubicar a alias ‘Max Max’ se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones. Las autoridades lo señalaban como responsable de múltiples acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles, además de atribuirle funciones de instrucción en explosivos dentro de las estructuras armadas.El mandatario aseguró que la operación hace parte de la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente colombiano y reiteró el respaldo de su administración a las operaciones militares y policiales contra los responsables de atentados y homicidios.“Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja como en derecho corresponde”, sostuvo De La Espriella, quien cerró su intervención con un mensaje de respaldo a los uniformados y aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
En una operación conjunta desarrollada en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, las Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El resultado fue producto de labores de inteligencia y de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.Durante la operación fueron halladas aproximadamente 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de explosivo ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros, un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación y 2.500 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y pólvora negra.“Las tropas también encontraron 2.521 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para fusil. También se encontraron elementos de intendencia, comunicaciones, adoctrinamiento y propaganda alusiva a esta organización criminal. Con esta operación afectamos sus capacidades armadas, explosivas, logísticas, comunicacionales, e impedimos que este material fuera utilizado contra las comunidades rurales y la fuerza pública”, agregó el coronel Jorge Armando Niño Saavedra, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 1.De acuerdo con información de inteligencia militar, el material encontrado presuntamente sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos en puentes, caminos veredales y vías de acceso frecuentadas por comunidades rurales y unidades militares en el departamento del Guaviare y la región del Yarí. Las Fuerzas Militares señalaron que el hallazgo representa una afectación a las capacidades logísticas, explosivas y de comunicaciones del grupo armado.Durante las operaciones, según las Fuerzas Militares, la comunidad intentó liderar una asonada contra las tropas para evitar la incautación y traslado del material de guerra, sin embargo este logró ser sacado sin inconvenientes.
La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que había hecho el abogado Mauricio Pava contra contra la Resolución 471 de 2025, con la que el Gobierno Petro creó tres Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para integrantes del Clan del Golfo, en el marco del proceso de conversaciones sociojurídicas que adelanta con esa organización. Esto significa que dichas zonas seguirán vigentes mientras se estudia de fondo la solicitud.Pava, en su pedido, aseguró que el presidente de la República no podía crear esas zonas sin que el Congreso hubiera aprobado antes una ley de sometimiento a la justicia, algo ya fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023; en otras palabras, Petro expidió la resolución sin tener la competencia legal para ello.Sin embargo, el despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existe una violación evidente de la sentencia mencionada o de otras normas superiores que justifique la medida catuelar de suspender de manera inmediata la creación de estas zonas.El punto central de la discusión estuvo en determinar si el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional es aplicable al caso del Clan del Golfo, denominado por el Gobierno en este proceso como Ejército Gaitanista de Colombia.La Sentencia C-525 de 2023 estableció que las Zonas de Ubicación Temporal para facilitar procesos de sometimiento a la justicia requieren una ley expedida por el Congreso cuando se trate de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.Sin embargo, ese condicionamiento no puede extenderse automáticamente al caso del EGC pues la resolución inicial del Gobierno Petro lo reconoció como un Grupo Armado Organizado, GAO, y no como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto."La anterior catalogación se efectuó mediante la Resolución 294 de 2025, acto administrativo que no fue demandado en este proceso y que, por tanto, se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, agregó el Consejo de Estado.En ese sentido, para el alto tribunal, no es posible concluir en esta etapa que el presidente esté actuando fuera de sus competencias al crear las ZUT aunque sí reconoció que la Sentencia C-525 de 2023 es obligatoria y vinculante para todas las autoridades y por ello el alcance será revisado con mayor profundidad pero sin aceptar la medida cautelar.Esta decisión llega mientras el proceso de conversación con el Clan del Golfo sigue estancado: el traslado de un primer grupo de miembros del grupo ilegal previsto para el pasado mes de juicio no se concretó en medio de cuestionamientos a la iniciativa.Además, Noticias Caracol a través de su unidad investigativa reveló polémicas conversaciones que habría sostenido el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde ofrecía parar operaciones militares a cambio de que este grupo siguiera en la conversación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reactivó el proceso de extradición contra alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, consolidar los logros del acuerdo de paz de 2016.Guterres indicó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado”. Para este fin, su representante especial, Miroslav Jenča, quien presentará el informe el 15 de julio en Nueva York, se reunirá con las nuevas autoridades.La ONU advirtió que la violencia persiste en zonas con baja implementación del acuerdo, donde más de 11,000 excombatientes requieren apoyo socioeconómico.El informe de la Misión de Verificación advirtió que desde la firma del acuerdo, 493 firmantes han sido asesinados, incluyendo 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos, con cinco casos reportados en lo que va de 2026.Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha logrado 109 condenas, detalló la ONU.El informe resalta que, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, se registraron 5,272 personas desplazadas y 9,553 confinadas, de las cuales el 58% pertenece a comunidades étnicas. Además, unas 316,000 personas sufrieron restricciones de movilidad en el departamento de Cauca y la región de la Amazonía, sumado al homicidio de 33 líderes sociales.Asimismo, el organismo multilateral constantò avances en el campo, donde la pobreza multidimensional rural disminuyó del 38.66% en 2018 al 22.4% en 2025.Al cierre del periodo electoral, Guterres pidió al saliente Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la nueva administración de Abelardo De la Espriella a unificar esfuerzos, señalando que “no hay lugar para la violencia política” y que es imperativo desescalar la retórica confrontacional para asegurar la estabilidad de la paz en Colombia.
A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
En medio del Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, hizo un llamado a mantener un tono moderado en los recientes debates sobre el acuerdo de paz y la situación jurídica de los firmantes.“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante”, afirmó el firmante de paz.Además, se refirió a la polémica que generó su viaje a España para participar en un seminario convocado por la organización política Izquierda Unida, especialmente por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Hay una estigmatización de quienes van a asumir la conducción del país en los próximos días hacia quienes estamos comprometidos con la paz y con los derechos humanos”, afirmó Londoño.En la misma línea del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Londoño advirtió sobre la importancia de frenar las narrativas estigmatizantes que, según dijo, pueden alimentar mensajes de odio contra los firmantes y poner en riesgo sus vidas. “Y esa es la situación que estamos comenzando a vivir en este momento en Colombia. Entonces, la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.Finalmente, Londoño reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno entrante y recordó la carta enviada al presidente electo, que firmó junto con otros seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc. En el documento expresaron su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima de las diferencias ideológicas o políticas.“Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”, concluyó Rodrigo Londoño.
La autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', para viajar a Madrid, España, ha causado cuestionamientos de distintos sectores políticos. Sin embargo, la decisión no estaría contradiciendo lo dispuesto por las sanciones contra los máximos responsables del antiguo Secretariado de las FARC, dentro de la sentencia del pasado 25 de junio.La reciente imposición de las primeras sanciones no impide que los comparecientes viajen al exterior. La sentencia TP-SA-SP 620 de 2026, que comenzará a aplicarse desde el 15 de agosto, establece que los sancionados podrán desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción y que, cuando necesiten salir de ese espacio, deberán solicitar autorización previa a la JEP, específicamente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).En otras palabras, las restricciones de movilidad previstas en las sanciones no eliminan la posibilidad de viajar, sino que sujetan esos desplazamientos al control y supervisión de la Jurisdicción, que evalúa cada solicitud de manera individual para verificar que no afecte el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los comparecientes. Precisamente, ese fue el procedimiento que se siguió en este caso.La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad autorizó el desplazamiento de Londoño entre el 22 de junio y el 11 de julio de 2026 para asistir a un seminario organizado por el movimiento político español Izquierda Unida y participar en otras actividades relacionadas.Para conceder el permiso, la JEP verificó que el viaje tenía una justificación válida, que el exjefe de las extintas FARC-EP presentó toda la documentación exigida —lo que incluye a carta de invitación de la organización que lo convocó y las reservas de los tiquetes aéreos de Avianca—, que no tenía diligencias presenciales pendientes y que ha cumplido con las obligaciones derivadas de su sometimiento a la justicia transicional. Aunque tenía una audiencia programada para el 24 de junio, esta fue autorizada para realizarse de manera virtual.En la decisión, el tribunal también concluyó que el desplazamiento no representaba un riesgo de incumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP ni afectaba los derechos de las víctimas, razón por la cual autorizó la salida temporal y le ordenó presentarse nuevamente ante la Jurisdicción a más tardar el 14 de julio, una vez regresara al país.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
Casi veinte años después de que sus hijos, esposos y hermanos desaparecieran y fueran presentados como guerrilleros muertos en combate, sus familias se sentaron frente a quienes comandaban las unidades militares señaladas por esos crímenes. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad de la JEP realizada en Barranquilla, comparecieron diez militares.Entre ellos los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, además de antiguos comandantes y oficiales vinculados a unidades que operaron en Cesar y La Guajira durante los años en que ocurrieron los hechosLa investigación de la jurisdicción documentó al menos 604 víctimas en siete departamentos de la región Caribe, aunque las indagaciones abarcan cerca de 750 casos ocurridos entre 2002 y 2008.Entre las víctimas hubo campesinos, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares, pero también 26 menores de edad, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.Gran parte de los hechos investigados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Décima Brigada Blindada y de unidades como el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar.El magistrado Óscar Parra explicó que la investigación se ha concentrado en al menos 19 unidades tácticas y en la forma en que se consolidó un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos para aumentar resultados operacionales.“No son manzanas podridas, fueron crímenes cometidos en el marco de políticas de ataque masivo y sistemático contra la población civil”, aseguró.La audiencia también fue el escenario donde las familias volvieron a ponerles nombre y rostro a las víctimas.“Hoy, después de 20 años se cumple algo muy importante, tanto como para mí, como mujer, como esposa, como madre de 3 hijos que dejó. También se cumple un momento que yo he anhelado y la lucha de 20 años todo este tiempo, de que hoy se va a esclarecer, y ellos le van a decir públicamente que mi esposo no era un guerrillero. Hoy se va a limpiar el buen nombre de Walbert, excelente padre, excelente ser humano, excelente hijo”, dijo Gilma Mesa, esposa de una de las víctimas.La audiencia también estuvo marcada por cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que después de años de comparecencias y encuentros restaurativos aún no han recibido la verdad que esperaban.Marta Elena Díaz Ospina, madre de Douglas Alberto Tavera, asesinado en 2006 y presentado como baja en combate, expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el proceso.“Pensamos que íbamos a encontrar verdad, pero aquí no hemos encontrado verdad. Sentimos que ha sido otra burla más”, afirmó la mujer, quien insistió en que su principal exigencia sigue siendo conocer en detalle qué ocurrió con su hijo y escuchar de los comparecientes una explicación completa sobre los hechos.Díaz Ospina también cuestionó el papel que han tenido las víctimas dentro del proceso y aseguró que, pese a que el acuerdo de paz las ubica en el centro del sistema, muchas veces sienten que no han sido escuchadas.Mientras tanto, Yoleides Johanna Montaño pidió a los comparecientes reconocer públicamente que las víctimas fueron escogidas precisamente por su vulnerabilidad"Que reconozcan que aprovecharon esas condiciones: la pobreza y la humildad. Ustedes pudieron tomar decisiones diferentes, pero, por el contrario, decidieron que nosotras cargáramos con ese peso. Hoy, queremos que públicamente reconozcan su responsabilidad, porque lo mejor que pueden hacer con la no repetición de estos hechos es dar ejemplo. Que la verdad que hoy se aporta permita sanar, recuperar restos, devolver identidades y cerrar heridas que llevan años abiertas", expresó Montaño.Frente a ellas, algunos de los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y en las dinámicas que permitieron la continuidad de los crímenes.“Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve y los controles insuficientes que permití contribuyeron esencialmente a que esta práctica criminal continuara”, afirmó el general en retiro Adolfo León Hernández.Por su parte, el coronel en retiro Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que durante su comandancia del Grupo Rondón en 2008 la mayoría de las operaciones terminaron convirtiéndose en ejecuciones extrajudiciales.“Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores, como la brigada, la división y, en algunos casos, la Inspección del Ejército o el mismo Comando del Ejército”, señaló el exoficial, quien describió un sistema permanente de exigencia de resultados operacionales por parte de los distintos niveles de mando del Ejército.