El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión con la Fiscal General y el Alto Comisionado para la Paz para solucionar las diferencias sobre las conversaciones con grupos ilegales y el traslado a las zonas de concentración.Este anuncio se dio durante el consejo de ministros que avanza en Casa de Nariño y que se realiza luego de una reunión entre el presidente Petro con el comisionado de Paz y otros negociadores involucrados en este tema, en la que se autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.También definieron que en esta primera fase no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes; sin embargo, se deja claro que esto estará sujeto a una evaluación posterior por parte del mandatario.Cabe mencionar que con esta decisión se dejaría por fuera de la resolución del Clan del Golfo, que incluye a 29 miembros de esta organización criminal, a su máximo líder, alias chiquito malo, pedido en extradición en EEUU, y a otras 12 personas que figuraban en la lista y que también son extraditables.El presidente Petro señaló que esta es una discusión abierta con el gobierno de Estados Unidos. “Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática de ese gobierno en colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto era mejor que extraditar al responsable de tráfico en ese territorio. Me dijo inmediatamente: la extradición, yo creo que es el desmantelamiento. Esa discusión está abierta en la relación con EEUU. Ya se hizo en el Gobierno de Santos a cambio de la desmovilización de 16.000 combatientes”
Un documento revela que la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le advirtió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales que participaban en procesos de diálogo con el Estado.La comunicación, enviada en marzo de 2025, contenía observaciones al proyecto de Ley 388 de febrero de ese mismo año, iniciativa que buscaba crear un marco jurídico para negociar con grupos criminales sin origen político dentro de la política de paz total.En el documento, el Ministerio de Justicia respaldaba las mesas de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la paz, pero advertía que era necesario reglamentarlas claramente para definir obligaciones y mecanismos de verificación de los acuerdos, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional.“Es fundamental mencionar que debe ser reglamentado, para determinar claramente las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos logrados en estas mesas de diálogo, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 523 de 2023”, dice el texto.Peticiones de cabecillas presosLa entonces ministra señaló además que algunas solicitudes hechas por cabecillas presos podían resultar contraproducentes para la seguridad y el control carcelario. Aunque no especificaba quiénes, ni en qué lugares, lo advertido en el documento coincide con lo que pasó un año después. Una fiesta no autorizada por parte de los cabecillas de combos delincuenciales de Medellín que estaban presos en la cárcel de Itagüí, quienes participaron en diálogos e incluso en un evento con el presidente y organizaron una fiesta no autorizada con cantantes vallenatos en el centro carcelario.Según el texto, existía preocupación porque ciertos beneficios terminaran fortaleciendo estructuras criminales que ya habían sido desmanteladas, permitiendo que líderes delincuenciales concentraran nuevamente poder o establecieran alianzas desde prisión.Buitrago también le informó al presidente que algunos privados de la libertad buscaban evadir los controles penitenciarios y las restricciones sobre elementos prohibidos dentro de los centros carcelarios.Por esa razón, aseguró que impartió instrucciones para mantener estrictos controles de registro, vigilancia y búsqueda de objetos prohibidos, con el objetivo de evitar “que se puedan ingresar y mantener elementos prohibidos y de riesgo para la vida e integridad de todos los privados de la libertad”.En el documento, la exministra también dejó claro que, aunque la política de paz es competencia directa del presidente de la República, desde el Ministerio de Justicia correspondía advertir sobre posibles riesgos que pudieran derivar en hechos violentos o afectar la protección de la población civil.
A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra ascendía a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo "indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles", valoró el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.De esos desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos, siendo los países más afectados por ello Sudán (9,1 millones), Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).Otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).Irán fue el Estado donde hubo más desplazamientos por conflicto en 2025, con 10 millones, en su mayoría evacuaciones temporales de la capital Teherán, seguido por República Democrática del Congo (9,7 millones), Palestina (2,7 millones), Sudán (1,7 millones) y Haití, todos ellos marcados por conflictos abiertos o violencia armada.En los desplazamientos por catástrofes, 10,7 millones se registraron en Filipinas, 3,5 millones en China y 3 millones en Pakistán, siendo un 91 % relacionados con desastres meteorológicos que incluyeron tormentas (17 millones) e inundaciones (7,9 millones).IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.
En un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó la lista de grupos ilegales que tienen accionar en Colombia y que hacen parte de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras realizada por el departamento de Estado y en la que aparecen grupos como Al Qaeda y el Cartel de los soles."Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública", dice el mensaje publicado en la red social X acompañado de una imagen en la que se puede leer el nombre de las distintas organizaciones delictivas transnacionales que operan en el país.Este mensaje aparece tras el anuncio del Gobierno que confirma que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de más de 400 integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.El comunicado también confirma que, para permitir el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición.En el documento, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo, pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral y explicaron que antes del ingreso formal se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 13 de mayo de 2026:Atlético Nacional y Santa Fe avanzaron a semifinales de la Liga BetPlay tras eliminar a Internacional de Bogotá y América de Cali, respectivamente.La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el técnico Néstor Lorenzo ofrecerán una rueda de prensa para hablar sobre James Rodríguez y la prelista de la Selección Colombia.Brayan León, delantero del Mamelodi Sundowns F.C, habló sobre su presente goleador en la liga de Sudáfrica.Escuche el programa completo aquí:
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) hizo un llamado al Congreso para que retome cuanto antes la discusión del proyecto de ley que actualizaría el régimen sancionatorio aduanero en Colombia. El gremio pidió que la iniciativa sea aprobada antes del 20 de junio de 2026, fecha límite establecida por la Corte Constitucional de Colombia.La advertencia surge luego de que las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara discutieran el proyecto el pasado 12 de mayo, pero levantaran la sesión sin completar la votación formal.Según Analdex, el país no solo se juega evitar un vacío jurídico, sino también la posibilidad de modernizar las reglas del comercio exterior y dar mayor seguridad a las empresas que cumplen con la ley.El gremio explicó que, si la reforma no entra en vigencia a tiempo, podrían archivarse más de 10.800 procesos aduaneros por un valor cercano a $7.07 billones. Además, la autoridad aduanera perdería herramientas para adelantar decomisos, aprehensiones y sanciones.Uno de los principales cambios del proyecto es que permite distinguir entre errores involuntarios y conductas fraudulentas. Por ejemplo, las empresas que demuestren que actuaron con diligencia podrían quedar exentas de sanciones y ciertos errores de digitación ya no darían lugar automáticamente a la pérdida de mercancía.La propuesta también fija plazos claros para los procesos de decomiso, establece criterios objetivos para evaluar la capacidad financiera de los operadores y elimina, en algunos casos, la obligación de pagar sanciones antes de que exista una decisión judicial definitiva.Para Analdex, estas medidas no significan flexibilizar los controles, sino hacerlos más precisos y enfocar los esfuerzos del Estado en quienes realmente usan maniobras para evadir la ley y facilitar el contrabando.El gremio destacó que contar con reglas claras y predecibles también mejora la competitividad del país, al ofrecer mayor confianza a inversionistas y operadores logísticos internacionales.Por eso, reiteró su disposición para seguir acompañando el trámite de la iniciativa y servir como apoyo técnico en la construcción de un marco legal que fortalezca la legalidad y el comercio exterior formal en Colombia.
En redes sociales es común encontrar videos que prometen resultados rápidos con rutinas de ejercicio de pocos minutos. Entre los más virales están los retos de planchas abdominales, donde algunas personas aseguran que aguantar uno, dos o hasta cinco minutos diarios ayuda a bajar de peso o marcar el abdomen rápidamente. Sin embargo, especialistas en entrenamiento y medicina deportiva advierten que, en este ejercicio, la duración no siempre significa mejores resultados.La plancha abdominal, también conocida como plank, es uno de los ejercicios más usados en gimnasios y rutinas funcionales porque trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo sin necesidad de movimiento. Aunque suele relacionarse solo con el abdomen, en realidad también activa hombros, espalda baja, glúteos y piernas.El tiempo ideal depende de la técnica y no del tiempoEntrenadores personales y especialistas en acondicionamiento físico explican que la clave de una buena plancha no está en durar varios minutos, sino en mantener una postura correcta durante todo el ejercicio.De acuerdo con esas recomendaciones, el tiempo más efectivo para la mayoría de las personas suele estar entre 20 y 45 segundos por serie, dependiendo del nivel físico y de la capacidad para mantener la técnica adecuada.“Cuando el cuerpo empieza a perder alineación, la cadera cae, la espalda se arquea o el cuello se tensiona, el ejercicio deja de trabajar correctamente el core y aumenta el riesgo de molestias musculares o lesiones”.Por eso, muchos expertos consideran que intentar aguantar más de un minuto no siempre aporta mayores beneficios, especialmente si la postura ya no es la correcta.¿Qué músculos trabaja realmente la plancha?La plancha es un ejercicio isométrico, es decir, uno en el que los músculos trabajan sin movimiento. Durante esos segundos, el cuerpo debe mantenerse estable y en línea recta. Entre las zonas que más se activan están:Abdomen profundo y superficial.Zona lumbar.Glúteos.Hombros.Brazos.Piernas.Según fisioterapeutas y entrenadores, fortalecer esta zona central del cuerpo ayuda a mejorar la postura, el equilibrio y la estabilidad, además de disminuir dolores de espalda relacionados con debilidad muscular.Tiempo recomendado según el nivel físicoLos especialistas en entrenamiento suelen manejar rangos aproximados según la experiencia de cada persona, por ello lo recomendable es:PrincipiantesLas personas que apenas empiezan pueden hacer planchas de entre 15 y 20 segundos, enfocándose en aprender la postura correcta y controlar la respiración.Nivel intermedioQuienes ya tienen mayor resistencia física suelen trabajar entre 30 y 45 segundos por serie manteniendo estabilidad y buena técnica.Nivel avanzadoEn deportistas o personas entrenadas, las planchas pueden extenderse hasta 60 segundos. Después de ese tiempo, muchos entrenadores recomiendan aumentar la dificultad con variantes del ejercicio en lugar de seguir sumando minutos.Los errores más comunes al hacer planchaAsimismo, hay que tener en cuenta que se pueden cometer errores frecuentes, lo que ocasionaría molestias en lugar de beneficios. Entre los más comunes están:Hundir la zona lumbar.Levantar demasiado la cadera.Aguantar la respiración.Tensionar el cuello y los hombros.Apoyar mal los codos.De igual forma, es importante saber que la plancha por sí sola no garantiza pérdida de peso ni abdomen marcado. Para ver resultados reales debe combinarse con alimentación balanceada, descanso y una rutina completa de ejercicio.Aunque en internet circula contenido prometiendo resultados, muchos entrenadores aseguran que mantener una plancha perfecta durante 30 o 40 segundos puede ser mucho más efectivo que aguantar largos periodos con mala postura.
Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano" después de que las autoridades de La Habana tacharan de "fábula" el ofrecimiento que ya adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada."El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de EE. UU. de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables", anunció en un comunicado.Según el Departamento de Estado, la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre "aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial" para la isla.El comunicado insiste en que Rubio ha realizado numerosas ofertas privadas a las autoridades de La Habana, entre ellas el apoyo para un servicio de internet satelital gratuito y los mencionados 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa.El pasado viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, Rubio insistió en que EE.UU. ha proporcionado ya "seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica"."Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria", añadió, pero dijo que hasta ahora el Gobierno no había aceptado distribuirla.Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el viernes de "fábula" esta oferta."¿Dónde están (los 100 millones), a qué los dedicaría?", cuestionó el jefe de la diplomacia de la isla y dijo que "lo que sí conoce muy bien el político anticubano (en referencia a Rubio) son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU", agregó.Desde enero pasado, Washington presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas y ha amenazado con intervenir militarmente en Cuba.Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país.
Dos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en Antioquia encendieron las alertas de las autoridades y dejaron como saldo una persona fallecida y varios daños materiales.El hecho más grave ocurrió en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con el sector de Cativo, a la altura de La Chorquina, donde un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito. Según información preliminar, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, generando conmoción entre conductores y habitantes del sector que presenciaron la emergencia.Tras el siniestro, unidades de atención y autoridades competentes llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas de este lamentable hecho vial.Por otra parte, un bus de la empresa Coonorte sufrió un aparatoso accidente en la zona de influencia de Hidroituango durante la tarde de este martes.De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo se movilizaba por el sector conocido como la bajada al Bombillo, justo después de pasar por el túnel falso, cuando al parecer presentó una falla mecánica al quedarse sin frenos.A pesar de la gravedad de la situación, el conductor logró maniobrar de manera oportuna para evitar una tragedia mayor. Las autoridades y personal de la zona confirmaron que el incidente no dejó víctimas fatales ni personas lesionadas, y que únicamente se reportaron daños materiales.Las autoridades reiteraron a conductores de vehículos particulares y de servicio público la importancia de extremar las medidas de precaución y realizar revisiones mecánicas periódicas, especialmente en corredores viales de alta complejidad como los del occidente y norte antioqueño.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el determinador del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío (Cauca), que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre, integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, no solo habría ordenado el ataque, sino que también fue el responsable de adquirir el material bélico utilizado en la acción terrorista.Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país. Además, era considerado la mano derecha de alias ‘Marlon’ y cuenta con solicitud de extradición por parte de Estados Unidos."Este individuo, hombre de confianza de alias 'Marlon', se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas. Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país", expresó en su cuenta de X el comandante general de la Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.Según las autoridades, su rol iba más allá de las finanzas: coordinaba la compra de drones y armamento, elementos que han sido utilizados en recientes atentados en la región. Su captura representa un golpe a la capacidad logística y operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos como el Cauca.
Se trata de una exposición construida en el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz en Bogotá, denominada “renacer por el respeto a la vida”, como un recorrido pedagógico y simbólico que permite entender, paso a paso, cómo operó el patrón criminal y cómo avanza hoy el proceso de verdad y reparación.En este caso, participaron 29 comparecientes del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, quienes no son considerados máximos responsables, pero sí han reconocido su participación en falsos positivos, como ocurrió en la masacre de El Totumo, donde cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamientos.A través de murales, piezas audiovisuales, fotografías, objetos simbólicos e instalaciones interactivas, la exposición muestra cómo víctimas y comparecientes, que vivieron el conflicto desde orillas opuestas, lograron dialogar y construir un mensaje conjunto en torno al respeto por la vida.Así operó el patrón criminalEn la primera estación del recorrido se explica cómo funcionaban estos crímenes. Los comparecientes lo describen en tres momentos: “planeación, ejecución y encubrimiento”, y relatan cómo existía presión por mostrar resultados operacionales.“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, explican en los relatos recogidos dentro de la exposición.Las medallas que dejaron de ser un honorUno de los puntos más fuertes de este espacio está en una vitrina. Allí están varias medallas militares. No están exhibidas como símbolos de honor, están ahí porque fueron devueltas.Uno de los comparecientes, William López Pico, quien en la época de los hechos era teniente, explica el sentido de ese gesto.“Las devolvimos públicamente, aquello que no solo fue un símbolo, sino una contribución de respeto a nuestro proceso ante la JEP y un acto profundamente personal y moral con las víctimas. Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, señaló, y agregó que cada una de esas medallas expuestas lleva impresa “un engaño, un incumplimiento que causó heridas que nunca debieron abrirse”.La devolución de esas condecoraciones surgió de las peticiones de las familias de las víctimas dentro del proceso, quienes querían saber si por los operativos recibieron reconocimientos, y que si lo habían obtenido, las entregarán de vuelta para aceptar responsabilidad.“En este acto de devolución quisimos reconocer que, desafortunadamente, algunos resultados no fueron legítimos, ya que con solo una gota de sangre de una persona inocente se perdió su legalidad. Desde ahí, les hemos fallado a la institución, a nuestro honor militar, y lo más doloroso a nuestras familias, y en especial a las familias de las víctimas”, agregó López.Verdad, reparación y diálogoEl magistrado José Miller Hormiga, ponente del Subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, explicó que ha sido el aporte de los comparecientes lo que ha permitido reconstruir lo ocurrido en detalle.“La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, señaló.El espacio también incluye cartas escritas por los comparecientes, fanzines construidos en conjunto y un políptico que recoge el proceso de diálogo. Además, hay piezas textiles y visuales que representan las caras y nombres de las victimas.Uno de los elementos centrales de la exposición es una obra construida colectivamente que, según explican en el recorrido, busca expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.En la imagen aparece un árbol que atraviesa dos momentos. Para quienes participaron en su construcción, ese árbol simboliza la transformación: “el árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”. La obra también incluye una mano que sostiene esa transición y una luz que se impone con el sol, representando la verdad.El camino de las victimasPara las víctimas, ese camino no ha sido inmediato. Alejandra Ramírez, hija de una de las personas asesinadas, cuenta que este proceso tomó años. “No sucedió de la noche a la mañana”, habla de un recorrido de cerca de cuatro años en el que pasaron de buscar respuestas a poder contar su historia.En su caso, el impacto fue personal desde muy pequeña. Creció en un entorno donde su padre fue señalado como delincuente. “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”, recuerda. Hoy, dice, poder conocer la verdad y limpiar el nombre de su padre se siente como un alivio.Finalmente, el magistrado Pedro Díaz, explicó el término “vergüenza reintegrativa”, algo que los comparecientes viven en la estos actos restaurativos.“Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, no solo ya ante la JEP, sino ante las víctimas de sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves, pero pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Y esa vergüenza que ellos tienen es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.La exposición estará disponible y disponible al publico hasta el 28 de mayo de 2026 en el lobby de la JEP en Bogotá.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 20 exintegrantes de las Farc a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07.Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como del Comando Conjunto Central, y fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional o por su participación determinante en estos hechos.“Se trata de una verdad construida a partir de las voces de las víctimas. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir mil quinientos cincuenta y nueve hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, de los cuales ochocientos sesenta y tres han sido calificados como crímenes de guerra. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Según la JEP, los exFarc se aprovecharon de contextos de pobreza, ausencia de Estado y precariedad en zonas rurales, así como de situaciones de violencia intrafamiliar, para facilitar la vinculación de niños y niñas.A esto se sumaba el relacionamiento cotidiano con las comunidades y, en muchos casos, la presencia previa de familiares dentro de la organización, lo que generaba entornos propicios para el reclutamiento mediante presión, engaño o persuasión.De los 20 comparecientes llamados por la JEP, la mayoría corresponde a antiguos comandantes de bloque y estructuras regionales, mientras que otros ocuparon roles de coordinación interfrentes o jefaturas dentro de unidades específicas.Entre quienes ejercieron liderazgo regional y fueron llamados a responder como máximos responsables figuran Fabián Ramírez Cabrera (‘Fabián Ramírez’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’); Ángel Alberto García Sánchez (‘Hernán Benítez’); Álvaro Guazá Carabalí (‘Kunta Kinte’); Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Tatareto’); Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’); Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’); Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Muñoz’, ‘Cancharina’); Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’); Luis Óscar Úsuga Restrepo (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos’, ‘El barbado’ u ‘Osama’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’) y Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’).A ellos se suman seis comparecientes señalados como máximos responsables por su participación determinante en hechos especialmente graves: Luis Eduardo Rayo (‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’); Henoc Capera Trujillo (‘Giovany Castro’); Elmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’); Jerminson Álvaro Noreña Camargo (‘Irson Córdoba’); Gustavo Gómez Urrea (‘Víctor Mejía Jecho’) y Álvaro García Velandia (‘Flaminio’).“Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques o interferentes como los anteriores, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macro criminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, aseguró la magistrada Lili Rueda, relatora del caso 07.De acuerdo con la investigación, entre 1971 y 2016 las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad. Los años más críticos fueron 1999, 2002, 2007 y 2013. El estudio concluye que el 64 % de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se dio mediante engaño y el 13 % a través de persuasión.El Bloque Oriental concentró la mayor parte del reclutamiento a nivel nacional, con cerca de la mitad de las victimizaciones documentadas y 611 casos de menores reclutados, lo que equivale al 39 % del total. De ellos, la mayoría, 379 niños y niñas, fueron vinculados con 14 años o menos, mientras que 228 tenían entre 15 y 17 años.“La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados. Reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.En el Caso 07 participan 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes y familias que aún buscan a menores reclutados desaparecidos.“La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.Tras esta decisión, los 20 exFarc deberán definir si aceptan o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso seguirá por la vía dialógica, lo que puede conducir a la imposición de sanciones propias.En caso contrario, quienes nieguen su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser llevados a juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación de orden público en el país y centró su mensaje en las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.“La Iglesia, en primer lugar, expresa toda su cercanía con las víctimas. Hay que reconocer que aquí estamos hablando de personas con una historia, con un pasado, con una familia, personas que llevaban la vida, en su mayoría trabajadores de la zona, que de alguna manera serán afectados en su integridad física”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia-Estado, al insistir en que el país debe responder con “un alto nivel de solidaridad y cercanía” frente a quienes han resultado afectados.El pronunciamiento también puso el foco en los territorios más golpeados, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde, según la Iglesia, no solo se viven los impactos de la violencia, sino también esfuerzos comunitarios por salir adelante.“Sabemos que son regiones en las cuales hay numerosas iniciativas sociales que se están movilizando, que están tratando de buscar alternativas, soluciones, que están buscando crear puentes, y la Iglesia está allí también junto a ellos”, indicó Henao, al destacar el acompañamiento a las comunidades en estas zonas.En ese contexto, la institución fue enfática en calificar el momento actual como crítico: “Nosotros vemos esto como una crisis humanitaria de grandes magnitudes”, afirmó, al advertir que el país atraviesa una coyuntura que exige “mucha responsabilidad social de parte de todos los sectores” para garantizar el ejercicio democrático dentro del orden constitucional y el respeto por la dignidad de la población.Frente a los responsables de los hechos violentos, monseñor planteó la necesidad de mayor claridad sobre el escenario de negociación.“Habría que definir si realmente quienes están cometiendo estos hechos tienen diálogos en curso con el Estado colombiano, habría que mirarlo porque no todos los grupos armados están en diálogo con el Gobierno. Pero lo que nos parece muy importante aquí, ya desde la perspectiva nuestra, es la visión que tenemos sobre la compleja situación que tienen los pobladores del territorio”, señaló.Sin embargo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la situación humanitaria de los territorios.“Tenemos que mirar hacia esos territorios, identificar en ellos que son comunidades enteras las que están siendo afectadas. Entonces, el llamado es a que se respete el derecho internacional humanitario, a que se respeten los principios de humanidad que son vigentes, incluso en situaciones de violencia o de conflictos muy altos, y que se reconozca que hay límites, y esos límites están, en primer lugar, en el respeto por la población civil”, añadió.Finalmente, envió un mensaje a las comunidades afectadas, reconociendo el difícil momento que atraviesan.“Sabemos que pasan por momentos difíciles, por momentos complejos, por la pérdida de numerosas personas que fueron integrantes de las mismas, y que pasan también por momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho temor”, expresó, al tiempo que hizo una invitación a mantener la esperanza y a seguir fortaleciendo la vida comunitaria como camino para enfrentar la crisis.
Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre del 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron este jueves la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)."Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural", expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.En este contexto, los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.El confinamiento, según los organismos, "pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda"."Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes", expresó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.Agregó: "Hoy vemos desafíos importantes en la prevención del confinamiento, en su atención integral, en respuestas oportunas, sostenidas, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso humanitario".La defensora Marín expresó, por su parte, que "si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía".Esto ocurre principalmente "en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos".
Miembros de la estructura 'Franco Benavides' de las disidencias al mando alias 'Iván Mordisco' ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño , para entregar útiles escolares a niños en una actividad de "propaganda", informaron fuentes oficiales.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados"."Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.En un video compartido en redes sociales, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.En las fotografías difundidas fueron identificados alias 'Héctor', 'Cristian' y 'Mauricio', quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.
La Iglesia Católica en Colombia reiteró su respaldo al Papa León XIV luego de su llamado firme a favor de la paz y la dignidad humana, en medio de los conflictos que persisten a nivel global.El pronunciamiento fue difundido por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, quien invitó a los fieles a rodear al pontífice con oración y a acoger su mensaje como una guía frente a los desafíos actuales.“Quiero, con estas líneas, invitar a todos los católicos para que se unan solidariamente en torno al Papa León XIV, quien, como lo han hecho sus antecesores, ha repetido el grito de los que sufren, de las víctimas y de las personas de buena voluntad que anhelan la paz: ¡no más guerra, no más atentados contra la dignidad humana, no más sangre derramada de víctimas inocentes de todas las edades, condición social y pueblos!”, señala el mensaje.El arzobispo también hizo un llamado a las comunidades a fortalecer la oración en sus parroquias y a convertirse en “artesanos de paz”, en un contexto que exige respuestas colectivas frente a la violencia.“Al rodear al Sumo Pontífice, los invito para que en sus parroquias refuercen la oración por la paz del mundo y para que nosotros, con la parresía bíblica, seamos también artesanos y pregoneros de la paz que nos da el Señor Resucitado”.En esa misma línea, monseñor Rodríguez explicó que los llamados del Papa no responden a intereses políticos, sino a su misión pastoral, y destacó que su voz recoge el clamor de las víctimas y el anhelo de paz de los pueblos, en medio de la violencia que persiste en distintas regiones del mundo.
La mesa de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entró en una fase decisiva tras la suspensión del séptimo ciclo de conversaciones. La decisión se tomó luego de evidenciarse diferencias internas dentro del grupo armado frente a su compromiso de apartarse de las economías ilegales.Según explicó el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, el proceso atraviesa un momento de definiciones clave sobre el rumbo de la negociación. “Estamos entrando en un período de definiciones. Una de esas definiciones es el compromiso del grupo armado ilegal con el que estamos adelantando las conversaciones de separarse de las economías ilícitas”, afirmó.De acuerdo con Novoa, durante los recorridos en territorio se han identificado avances en algunas zonas, pero también retrocesos. En el caso de la laguna de Chimbuza, en Nariño, destacó resultados positivos en procesos de sustitución de cultivos.Sin embargo, esa disposición no es la misma dentro del grupo armado. “Lo que encontramos en el día de ayer es que algunos de los frentes de la coordinadora no tienen el mismo nivel de comprensión que hemos constatado en otros casos, y nosotros necesitamos como gobierno, como sociedad, como país, que estos grupos se separen de las economías ilegales y queden muestras efectivas de querer hacerlo. Así como han contribuido a copar de cultivos de hoja de coca estos territorios en donde la presencia del estado es muy precaria, de la misma manera nosotros demandamos del grupo acciones concretas para separarse de esas economías mediante acciones de transformaciones y de erradicación en sus zonas de influencia, y la respuesta que encontramos ayer no fue la más alentadora”, advirtió.El jefe negociador también expresó inconformidad por los cambios de postura del grupo armado en cuestión de días. “La respuesta que encontramos de parte del grupo no fue la más satisfactoria, lo cual nos generó muchísimo desconcierto e inconformidad, porque el día anterior habíamos encontrado que se habían comprometido de manera muy clara en ese proceso. Lo que vimos ayer fue lo contrario de lo que observamos antes de ayer”, dijo.Frente a este panorama, el Gobierno lanzó un ultimátum y exigió señales claras y verificables sobre la voluntad de avanzar en el proceso.“Necesitamos claridad, necesitamos seriedad, estamos entrando en una fase final de estos diálogos, y para avanzar de manera eficaz y decidida, es necesario que el grupo diga con claridad si quiere abandonar su actividad alrededor de los cultivos de la hoja de coca”, enfatizó.Además, insistió en que no habrá espacio para ambigüedades en esta etapa. “No vamos a aceptar que el grupo quiera adoptar un doble lenguaje y un doble comportamiento frente a estos diálogos”, subrayó.En ese sentido, Novoa dejó claro que la continuidad de la mesa dependerá de la respuesta que entregue el grupo armado en los próximos días. “Estamos a la espera de que el grupo dé una respuesta clara de si quiere avanzar o no en ese proceso”, explicó.Incluso, advirtió que el Gobierno evaluará el futuro de la negociación si no hay definiciones concretas, teniendo en cuenta el tiempo que resta del actual mandato. “O vamos por el camino de la paz apartándose de las economías ilícitas, o el gobierno tendrá que evaluar en forma concreta y responsable qué hacer con esta mesa restando tres meses del actual gobierno”, afirmó.En paralelo, el proceso había avanzado en medidas para facilitar un eventual traslado de sus integrantes a zonas de Ubicación temporal. “El domingo acordamos crear una zona de ubicación temporal en el municipio de Roberto Payán, en el área de la laguna Chimbuza. Ya se han adelantado estudios técnicos, ya se ha avanzado en la contratación para darle alcance a los acuerdos”, detalló.No obstante, la continuidad de estas iniciativas también queda condicionada a las decisiones que adopte el grupo armado en esta fase final del proceso.Por ahora, el Gobierno insiste en que este es un momento definitivo. “Esperamos una vez recibido esa respuesta evaluar el alcance de la misma para retomar el curso de los diálogos de paz”, concluyó Novoa.
Mientras continúan las operaciones militares ofensivas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, en la región del Catatumbo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, la Defensoría está alertando que el panorama en el municipio de El Tarra se ha venido agravando.Tras un ataque con drones y explosivos registrado en zona rural, que deja una persona muerta y otra herida y que sería atribuible al frente 33, la entidad alerta sobre el riesgo creciente para las comunidades campesinas, señalando que este tipo de hechos incrementa el temor, el confinamiento y la vulneración de derechos en medio del conflicto armado.“Advertimos el grave riesgo para la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas. Estas acciones profundizan el temor y la vulneración de derechos en el territorio. Ninguna conducta que exponga a la población civil en el marco del conflicto armado es admisible”.En ese sentido, insisten en que ninguna acción que ponga en peligro a la población civil es admisible y reiteran el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario.“Hacemos un llamado urgente a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a abstenerse de acciones que pongan en peligro a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias campesinas”.Asimismo, la Defensoría informó que mantiene presencia en la zona, haciendo seguimiento a la situación y acompañando a las comunidades afectadas, al tiempo que insta al Estado a adoptar medidas urgentes de prevención y protección.En esa misma línea, la entidad ha adelantado la caracterización de más de 410 familias en El Tarra para documentar casos de confinamiento y desplazamiento forzado, logrando incluso llegar a varias veredas que permanecían aisladas por las confrontaciones y las difíciles condiciones de acceso.
El homicidio del defensor de derechos humanos y líder indígena Reinaldo José Campo Cucubana, ocurrido en el municipio de Tame, Arauca, fue condenado por la ONU Derechos Humanos Colombia, que alertó sobre la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de derechos en esta región del país.De acuerdo con la información conocida, el líder indígena fue privado de la libertad en horas de la mañana y posteriormente asesinado.Campo Cucubana era una autoridad reconocida dentro del pueblo indígena Makaguán. Se desempeñó como gobernador del Resguardo Indígena San José de los Macarieros y tuvo un papel activo en la defensa de los derechos de su comunidad.Además, ocupó cargos como fiscal encargado y presidente de la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASOCATA), y fue delegado ante el Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).Tras el crimen, la Oficina de la ONU hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que adelanten una investigación pronta, exhaustiva y efectiva que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar justicia. Asimismo, instó a fortalecer de manera inmediata las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas, especialmente en el departamento de Arauca.“Instamos a las autoridades a investigar de manera pronta y exhaustiva estos hechos, a garantizar justicia y redoblar las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas y comunidades en el departamento de #Arauca, donde persisten graves riesgos para quienes ejercen la labor de defensa de #DDHH”, señalaron.El organismo también recordó que el pueblo indígena Makaguán cuenta con medidas de protección especiales ordenadas por la Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 382 de 2010, en el que se reconoce el riesgo de extinción física y cultural de esta comunidad.En ese sentido, advirtió que este nuevo hecho de violencia refuerza la urgencia de adoptar acciones integrales y efectivas que garanticen su supervivencia y el respeto por sus derechos colectivos.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en un documento que advierte sobre decisiones urgentes que el próximo Gobierno deberá asumir para evitar un deterioro en la garantía de los derechos humanos en el país.El informe pone sobre la mesa un panorama marcado por desigualdades sociales, brechas en el acceso a derechos básicos y fallas estructurales que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.Según advierte la entidad, problemas como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, las dificultades para acceder a empleo digno y las limitaciones en conectividad siguen evidenciando rezagos estructurales que impactan directamente la calidad de vida de millones de colombianos.En ese contexto, el documento aborda distintos temas críticos, entre ellos los diálogos con grupos armados ilegales, la crisis del sistema de salud, el hacinamiento en las cárceles y otros desafíos estructurales que siguen sin resolverse.Diálogos con grupos armados: sin “incentivos perversos”Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con los procesos de diálogo con grupos armados ilegales, un tema que hoy atraviesa el debate político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.La entidad advierte que cualquier negociación debe respetar el Acuerdo de Paz de 2016 y, sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas. En ese sentido, insiste en que estos procesos no pueden convertirse en un incentivo para quienes siguen en la ilegalidad.La entidad alerta sobre el riesgo de generar lo que denomina “incentivos perversos”, es decir, beneficios que puedan fortalecer a estos grupos o motivar su permanencia en armas.Por eso, recomienda evitar reconocimientos políticos o simbólicos a disidencias o desertores de acuerdos previos, así como ejercer un control estricto sobre beneficios judiciales, como la suspensión de órdenes de captura, para impedir que sean utilizados con fines de expansión territorial.Además, subraya que los acuerdos no pueden terminar favoreciendo a quienes han incumplido compromisos anteriores, ni otorgarles beneficios iguales o superiores a quienes sí avanzaron en procesos de paz.Salud: fallas estructurales y crisis en medicamentosOtro de los puntos centrales del informe es la crisis del sistema de salud, que la Defensoría califica como estructural. La entidad advierte sobre problemas persistentes como la falta de transparencia en el manejo de recursos, las dificultades en el acceso a medicamentos y las demoras en la atención de servicios.Estas fallas, según señala, se reflejan en el aumento de tutelas, quejas ciudadanas y reclamos administrativos, especialmente por la falta de entrega oportuna de tratamientos.El llamado para el próximo Gobierno es avanzar en una reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema, mejore la atención y reduzca las brechas en el acceso, especialmente para las poblaciones más vulnerables.Cárceles: hacinamiento y crisis humanitariaLa Defensoría advierte que el hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas, con niveles críticos en distintos centros de reclusión del país.En particular, señala que los centros de detención transitoria presentan un hacinamiento cercano al 99 %, lo que evidencia una presión desbordada del sistema y graves afectaciones a la dignidad humana, la salud y las condiciones básicas de las personas privadas de la libertad.Frente a este panorama, recomienda avanzar en un plan integral que permita reducir el hacinamiento, racionalizar el uso de la detención preventiva y fortalecer alternativas a la privación de la libertad.Medio ambiente, juventudes y desigualdadEn materia ambiental, la Defensoría advierte sobre los efectos cada vez más frecuentes de desastres naturales y la falta de preparación institucional para enfrentarlos, lo que ya está generando desplazamientos, pérdida de medios de vida y afectaciones en la salud de miles de personas.En cuanto a las juventudes, el documento señala que enfrentan barreras importantes en el acceso a empleo, educación y oportunidades, en un contexto marcado por la violencia y el deterioro de la salud mental. Esta situación, advierte la entidad, aumenta su exposición a dinámicas de criminalidad y limita su papel como actores del desarrollo del país.Asimismo, la Defensoría alerta sobre las brechas que afectan a otros grupos poblacionales. En Colombia, solo una parte de las personas mayores logra acceder a una pensión, mientras que las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de exclusión en educación, empleo y acceso a servicios básicos.A esto se suma la persistencia de desigualdades territoriales y sociales que afectan de manera más intensa a comunidades rurales, étnicas y en condición de vulnerabilidad, lo que, según señala la Defensoría, evidencia la necesidad de políticas públicas más integrales, sostenibles y enfocadas en cerrar estas brechas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un recorte presupuestal para la entidad en 2027, equivalente al 11 % del presupuesto total, lo que, según advirtió, tendría un impacto directo en su capacidad de operación y atención en el país.De acuerdo con las cifras, en el presupuesto total para funcionamiento, los recursos bajarían de más de 1,10 billones a alrededor de 995 mil millones de pesos, mientras que en inversión se registraría una reducción de 85.610 millones a 66.403 millones de pesos.“Para el próximo año, el Gobierno Nacional ha puesto un nuevo techo para la Defensoría que implicaría, de mantenerse, una nueva reducción del presupuesto. Esto quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610 millones a 66.403 millones de pesos”, explicó la defensora.Este comportamiento, según la Defensora, mantiene una tendencia de reducción que comenzó en 2024, luego de más de una década de crecimiento sostenido en los recursos de la entidad. En ese sentido, advirtió que, de mantenerse este escenario, la Defensoría contaría apenas con el 40 % del presupuesto de inversión que tenía en 2024.Marín también explicó cómo este recorte ya se está reflejando en el territorio. “La primera restricción es en misiones a terreno. Esto se refleja en viáticos y comisiones de los equipos humanitarios que se desplazan a las zonas más apartadas del país, y eso ya se ha venido reduciendo”, señaló.Además, indicó que se han frenado proyectos clave, como la apertura de nuevas casas de derechos, espacios de atención comunitaria en zonas vulnerables, y que algunas de las existentes operan con menos personal del requerido.También advirtió que podría haber una reducción en el número de defensores públicos, lo que tendría un impacto directo en el sistema judicial. A esto se suma el riesgo para programas dirigidos a jóvenes en contextos de vulnerabilidad, especialmente aquellos enfocados en prevención de reclutamiento y acompañamiento en salud mental.Ante este panorama, la defensora envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, solicitando reconsiderar el techo presupuestal asignado y mantener, al menos, los niveles de 2024.En el documento, la entidad advierte que “la asignación informada no permite garantizar la sostenibilidad operativa, la continuidad en la prestación de los servicios misionales ni el cumplimiento efectivo de los compromisos institucionales”.Asimismo, señala que la reducción de recursos “impacta de manera directa el cumplimiento de las funciones misionales y limita la capacidad institucional para garantizar la atención y protección efectiva de derechos”.La Defensoría también enfatiza que este recorte se da en un contexto de aumento en la demanda de sus servicios, asociado a mayores vulneraciones de derechos humanos y conflictividades territoriales, lo que, advierte, podría traducirse en menor cobertura, reducción de presencia institucional y afectaciones directas a poblaciones vulnerables.Finalmente, señaló que ya hubo un primer acercamiento con el Gobierno Nacional para revisar la situación y expresó su expectativa de que se reevalúe la decisión.