En la tarde de este jueves, a las 6:00 p. m., el gremio de recicladores y el Gobierno nacional firmaron un documento de seis hojas con nueve acuerdos para levantar los bloqueos y las manifestaciones que hay en Bogotá, que comenzaron desde la madrugada del martes pasado. Una de las exigencias que hacía el gremio era que el Gobierno los tuviera presentes en la mesa de concertación para el nuevo modelo de recolección de basuras que se está planeando.Dentro del documento, específicamente en el punto 3, se concretó que dicho encuentro se llevará a cabo el próximo 3 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana, para presentar la ruta mediante la cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas con las que los recicladores de oficio entrarán dentro de la planeación del modelo de recolección.“En la agenda de la reunión prevista para el 3 de marzo de 2026 se establecen los lineamientos generales que permitan trazar la ruta metodológica, temática y participativa mediante la cual se desarrollará la mesa de diálogo nacional de organizaciones de recicladores de oficio, definiendo con claridad el mecanismo a través del cual serán presentadas, socializadas y discutidas las propuestas en su estado de avance”, detalla el documento.Por otro lado, en los acuerdos que hace el Gobierno nacional, en el punto siete, se especifica que el Ministerio de Vivienda se compromete a no expedir modificaciones a la normativa vigente de aprovechamiento que impacten a los recicladores de oficio y a las demás organizaciones antes de la realización de la reunión preliminar prevista para el 20 de febrero, donde se organizarán los lineamientos de participación, y la del 3 de marzo, donde se presentarán dichos lineamientos para definir la participación en el nuevo modelo de basuras.Entretanto, en este documento se confirma que, una vez firmada el acta, las organizaciones se comprometen al levantamiento de las protestas que se mantuvieron a lo largo de la calle 26 en Bogotá y del plantón que se realizó desde la madrugada del martes pasado frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. El documento tiene la firma de 20 voceros del gremio reciclador y la firma de delegados del Ministerio de Vivienda, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Desde horas de la mañana de este jueves, 12 de febrero, se han registrado algunas protestas en la ciudad por parte de recicladores en diversos puntos y, nuevamente, sobre las 6:00 de la tarde autoridades confirmaron otra manifestación en Bogotá a la altura de la NQS con calle 26, generando afectación total en esa calzada.Específicamente, el punto afectado es el carril de norte-sur de la NQS y calle 26, es decir, a la altura de la estación Av. El Dorado de TransMilenio y afectando la movilidad en este punto, en donde hacen presencia las autoridades. "Avanza manifestación por la NQS con Av. Calle 26, sentido norte-sur. ❌Se genera afectación total de la calzada mixta", informaron en redes sociales, pidiendo, además, a las personas que movilizan por la zona a tomar rutas alternas para evitar mayor aglomeración de tráfico en este punto de la ciudad.Por su parte, TransMilenio informó que algunas rutas de SITP se encuentran haciendo desvíos en la calle 45, 53 y por la avenida Américas para evitar el tráfico pesado en la zona, mientras que las troncales operan con normalidad, pero con servicio demorado en algunos rutas.No es el primer bloqueo que se presenta este jueves, pues en horas de la mañana se registraron otros dos: uno sobre la calle 26 y otro cerca a la localidad e Chapinero también por grupos de recicladores que exigen diálogo con la Alcaldía de Bogotá por supuestos incumplimientos en los últimos acuerdos entre ambas partes.
El asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez el pasado miércoles en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, conmocionó a los habitantes del sector.No obstante, un detalle particular llamó la atención de los investigadores, que actualmente siguen recopilando información para dar con el paradero de los dos perpetradores del crimen. Uno de los sicarios vestía traje formal y corbata al momento de cometer el asesinato.Lo que se sabe del casoTras analizar más de 50 horas de grabaciones, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de Bogotá lograron identificar a uno de los tres delincuentes que participaron en el atentado sicarial.Según la reconstrucción del minuto a minuto, hecha por Noticias Caracol, el empresario llegó a un gimnasio del sector y su escolta permaneció en la puerta. Mientras tanto, un hombre en motocicleta se ubicó frente al establecimiento para alertar cualquier movimiento. En otra esquina, sobre la misma zona, esperaba el sicario (el que vestía de traje) junto a un cómplice que conducía otra motocicleta.Cuando el empresario salió del lugar y se dirigía hacia el vehículo en el que se movilizaba, el atacante disparó. Un impacto acabó con la vida del empresario y dos más con la del escolta. Luego, el sicario corrió unos 15 metros y escapó en la motocicleta que lo esperaba, huyendo por la carrera Séptima hacia el centro de la capital.¿Por qué el sicario iba de traje?De acuerdo con los investigadores, el atuendo formal no fue casual. Se cree que el sicario vestía traje de paño y corbata porque en el sector de la 85 es común la presencia de escoltas y policías, especialmente en horas nocturnas por la actividad comercial y empresarial.Por lo que se presume que vestir de manera formal le permitía pasar desapercibido y no levantar sospechas en una zona donde es habitual ver ejecutivos y personal de seguridad privada. Investigadores creen que esta estrategia habría sido clave para camuflarse mientras esperaba el momento exacto para ejecutar el ataque.Por el momento, las autoridades continúan analizando las grabaciones y recopilando información de testigos y cámaras de seguridad del sector para ubicar a los responsables del crimen.
El asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido en la calle 85 con carrera Séptima, ha conmocionado al norte de Bogotá por la frialdad y planeación del ataque. Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta fallecido, rompió el silencio tras el doble crimen ejecutado por un sicario que vestía de traje y corbata para mimetizarse en la zona financiera.Investigación del sicariato en el norte de BogotáLos hechos se registraron este miércoles 11 de febrero hacia las 3:42 p.m., cuando las víctimas salían de un gimnasio Bodytech. Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, el ataque fue una "articulación milimétrica". El agresor esperó cerca de 20 minutos en las escaleras del parqueadero y, al ver salir a sus objetivos, disparó por la espalda a menos de un metro de distancia.Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, un intendente retirado de la Policía, acompañaba al empresario desde hacía cinco años. Su hermano, Miguel Ángel, aseguró que la familia nunca tuvo conocimiento de riesgos inminentes: "Él nunca nos manifestó que tuvieran amenazas o algo por el estilo, por eso se nos hace muy extraño todo esto de tan repentino".Aponte Fonnegra, propietario de Arroz Sonora, solía contar con un esquema de seguridad más robusto. Sin embargo, el día del atentado el segundo escolta se encontraba acompañando a su esposa. "Normalmente eran varios, se turnaban para el esquema", precisó Miguel Ángel Gutiérrez ante los medios de comunicación en el lugar de los hechos.La inteligencia previa fue determinante. El delincuente conocía las rutinas exactas del empresario y aprovechó la vulnerabilidad del momento para actuar. Tras propinar un impacto a Aponte y tres al escolta, el atacante huyó hacia una motocicleta que lo esperaba en una estación de servicio sobre la carrera Séptima.Actualmente, unidades de la SIJIN recolectan testimonios y analizan cámaras de seguridad para identificar al "sicario de corbata" y sus cómplices.
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
Un juez de Medellín negó la tutela con la que un grupo de ciudadanos y una corporación pedían que el presidente Gustavo Petro se disculpara y rectractara públicamente por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena.Los demandantes alegaban que les habían vulnerado derechos como la libertad religiosa, de cultos, la dignidad humana, que el discurso iba en contra de la condición laica del Estado y que el presidente, desde su cargo, realizó una reinterpretación ofensiva de dogmas centrales del cristianismo.La molestia surgió tras el discurso que el pasado 27 de enero dio el mandatario durante el evento de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir y a la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, dijo el mandatario ese día.Para quienes radicaron la tutela, Petro los irrespetó como creyentes, trivializó la figura de Jesús y desconoció la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado frente a todas las confesiones.Sin embargo, el despacho judicial negó la reclamación al determinar que no hubo tal vulneración pues las declaraciones del presidente fueron opiniones personales expresadas pero no “configuraron un acto administrativo, una orden estatal, una política pública, una medida normativa, ni la imposición de un credo una orden estatal, una política pública ni la imposición de un credo religioso”.Video de lo que dijo el presidente:En la sentencia, el juez explicó que el derecho fundamental a la libertad religiosa protege garantías concretas como profesar una religión, cambiar de credo, practicar cultos, no ser obligado a actuar contra la propia conciencia o no ser discriminado por razones religiosas.En este caso, ninguno de los accionantes demostró haber sido impedido de practicar su religión, ni coaccionado para modificar sus creencias. Y aunque las declaraciones si pudieron generar malestar o afectación en algunos creyentes, esa incomodidad no equivale automáticamente a una vulneración constitucional pues no se evidenció discurso de odio, incitación a la violencia o persecución religiosa.
Un doble homicidio sacudió el norte de Bogotá este miércoles, luego de que sicarios atacaran al reconocido empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El atentado, que las autoridades califican como "meticulosamente planeado", ocurrió en la carrera Séptima con calle 85, cuando las víctimas salían de un gimnasio del sector.Detalles del sicariato en la carrera Séptima con calle 85Según el reporte del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los atacantes vigilaron a sus víctimas durante al menos 15 minutos. Uno de los delincuentes vestía traje y corbata para pasar inadvertido en la zona. Tras realizar tres disparos, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera Séptima.Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica del Country, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales. Gutiérrez Garzón, quien protegía al empresario, era un uniformado retirado de la Policía Nacional desde 2021.Vínculo entre Gustavo Aponte y la familia de Miguel Uribe TurbayGustavo Aponte era el propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring. Su muerte generó reacciones inmediatas de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, con quien mantenía un vínculo de profunda cercanía espiritual. Casualmente, el crimen ocurrió el mismo día en que se cumplían seis meses del fallecimiento del congresista tras otro ataque sicarial.María Carolina Hoyos, hermana del senador, y María Claudia Tarazona, su viuda, expresaron su dolor y destacaron la solidaridad de Aponte durante el duelo familiar.“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, publicó Hoyos en su cuenta de Instagram.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
Ya se produce el primer cambio en la cartera del distrito. Se trata de la secretaria de Educación, Isabel Segovia, que le presentó su renuncia al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Cabe recordar que Segovia se desempeñó como jefa de la cartera de educación por dos años, es decir, desde el inicio del periodo de la alcaldía Galán en el 2023. Según lo mencionado por el alcalde, se trata de una decisión personal.En su reemplazo llegará Julia Rubiano, quien se desempeñaba como subsecretaria de Educación. Según lo mencionado por el alcalde, asumirá el cargo desde el primero de marzo. Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.“Julia Rubiano planteó tres prioridades definidas en la hoja de ruta establecida por la Secretaría, en las que se concentrarán grandes esfuerzos: consolidar el sistema de atención integral a la primera infancia en articulación con Integración Social, Salud y Cultura; fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones; y garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para avanzar en el cierre de brechas”, concluyó el alcalde.Entre tanto, uno de los retos que tiene la secretaria de Educación, Julia Rubiano, es la concertación y acercamiento con los profesores del magisterio que en reiteradas ocasiones han señalado el abandono del distrito en seguridad, atención a los colegios vulnerables, tanto como a profesores, y condiciones infames de trabajo, especialmente en la parte económica.
Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este viernes a los habitantes del norte de Bogotá, luego de que un aparatoso accidente de tránsito cobrara la vida de una madre y su hija en la Autopista Norte, a la altura de la calle 244, en sentido sur–norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando un vehículo de alta gama, conducido por un joven de aproximadamente 20 años, se desplazaba a gran velocidad hacia el peaje de La Sabana. En ese momento, el conductor habría intentado adelantar por el costado derecho a un bus intermunicipal de la empresa Copetran, sin percatarse de que un camión ingresaba a una estación de servicio ubicada en ese punto.La maniobra terminó en una violenta colisión contra el camión, que a su vez hizo que el automóvil rebotara contra el bus y finalmente impactara al vehículo en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija. El choque fue tan fuerte que terminó lanzando uno de los carros hacia la zanja del separador vial, generando escenas de caos y pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.La identidad de las víctimas del grave accidenteLos organismos de emergencia llegaron casi de inmediato. Personal de la Concesión Norte logró rescatar con vida a una mujer de 72 años que había quedado atrapada en la parte trasera del vehículo, y fue trasladada en ambulancia hasta la Clínica Sabana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció hacia las 3:40 de la madrugada. En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron la muerte de la conductora, una mujer de 35 años, identificada como Edna Rodríguez. Su madre, Rosario Rodríguez, fue la segunda víctima fatal de esta tragedia.Testigos señalaron que el joven conductor del vehículo de alta gama resultó ileso y que, al parecer, transitaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar el adelantamiento. La Policía de Tránsito confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del corredor vial para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.Entre tanto, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica a los vehículos involucrados y al lugar de los hechos, lo que obligó al cierre parcial de la Autopista Norte hasta cerca de las 4:05 de la madrugada, generando congestión en uno de los principales corredores de salida de Bogotá.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan.
A esta hora hay caos vehicular en una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Una masiva manifestación adelantada por el gremio de recicladores ha provocado un bloqueo total en la calle 26, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto internacional El Dorado. La situación afecta tanto a los carriles para vehículos particulares como a la calzada exclusiva del sistema Transmilenio.Impacto en la movilidad y el transporte masivoEl epicentro de la protesta se ubicó inicialmente a la altura de la carrera 43, frente a la Hemeroteca de la Universidad Nacional. Desde ese punto, el grupo de manifestantes inició un "plan tortuga" que ha colapsado el sentido Oriente-Occidente de la vía. La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.Los camiones de los recicladores permanecen parqueados sobre la vía, lo que ha generado una tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos que se dirigen hacia la terminal aérea.Las exigencias del gremio al Gobierno NacionalJonathan Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación, explicó en Mañanas Blu, que el motivo principal de la movilización es el descontento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según los manifestantes, el gobierno nacional está desconociendo la legitimidad de la Mesa Nacional de Recicladores.La petición del gremio es clara: exigen respeto por su labor y que no se realicen acuerdos "por debajo de la mesa" que puedan afectar sus intereses. Rodríguez enfatizó que buscan garantías para su gremio y que la mesa nacional sea un espacio inclusivo para todos los recicladores del país, rechazando cualquier negociación que se perciba como poco transparente.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en Mañanas Blu los pormenores del doble homicidio ocurrido este miércoles 11 de febrero de 2026, hacia las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima. El crimen, calificado como un sicariato de alta precisión, dejó conmocionada a la ciudad y resalta la vulnerabilidad incluso en zonas de alta seguridad.Detalles del ataque sicarialEl empresario José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido líder del sector arrocero y propietario de la marca Arroz Sonora con operaciones en Tolima y Casanare, salía de un gimnasio Bodytech junto a su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando fueron abordados por el sicario."Como usted lo manifestó, a las 3:42 de la tarde se presenta el hecho sicarial en el cual se evidencia una planeación, una articulación milimétrica para generar este lamentable hecho", explicó el general Cristancho. El atacante, descrito como un "sicario de corbata" por su traje formal —algo inusual en este tipo de crímenes—, esperó al menos 15-20 minutos en las escaleras de acceso al parqueadero, caracterizado para mimetizarse en la zona financiera y residencial de altos ejecutivos.Disparó por la espalda a menos de un metro de distancia, impactando casi en la nuca a Aponte y también al escolta, antes de huir corriendo hacia una motocicleta estacionada en una bomba de gasolina cercana, donde un cómplice lo esperaba para escapar hacia el sur. "Se evidencia que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", precisó el oficial.Planeación y conocimiento de rutinasLa meticulosidad del crimen apunta a una inteligencia previa exhaustiva. "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte. Es decir, que es un sicariato totalmente planeado, no son sicarios o no es una organización que improvisa", afirmó el comandante.El sicario llegó dos minutos antes de las víctimas, en una zona con puestos fijos de policía para protección de dignatarios y altos funcionarios residentes. Aponte contaba ese día con un solo escolta privado —normalmente tenía dos, pero el otro acompañaba a su esposa—, proveniente de una empresa particular, no de la Unidad Nacional de Protección. La familia no reportó amenazas previas, extorsiones ni mensajes de alerta al momento de la entrevista.Fallas en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos el cuadrante o la patrulla de vigilancia haya pasado 10 minutos antes", relató Cristancho, quien activó radios para movilizar unidades sin descripciones precisas del atacante o la moto.Un obstáculo clave fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando hasta 10 minutos la obtención de imágenes cruciales. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen", denunció el general, llamando a reflexionar sobre cambios normativos para agilizar estos procesos en emergencias.El general Cristancho, quien asumió el mando en febrero de 2025 con refuerzos de 500 policías, enfatiza la necesidad de mayor colaboración ciudadana: "Las personas no nos dan características inmediatas, seguramente vamos a poder actuar". Este asesinato, en una zona con esquemas de seguridad para VIP, subraya el impacto económico y social, afectando al sector agroindustrial —Aponte era tercera generación en arroz y ganadería, con fincas como La Angostura y La Alcancía— y programas sociales vía la Fundación Gustavo Aponte Rojas.Avances en la investigaciónLa Policía Judicial, inteligencia y capacidades técnicas ya recolectan evidencias de múltiples cámaras. "Ya tenemos varias cámaras, ya estamos recolectando elementos técnicos también para la investigación [...] Seguramente con todo lo que hemos evidenciado hasta el momento, y vamos a poder dar un resultado", aseguró Cristancho, sin pistas públicas aún pero con énfasis en capturar autores materiales e intelectuales.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló en Mañanas Blu los pormenores de un ataque sicarial que dejó como saldo la muerte del reconocido empresario agroindustrial José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. El hecho ocurrió el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, frente a un gimnasio Bodytech en el exclusivo barrio La Cabrera, Chapinero. Este suceso enciende de nuevo las alertas por el sicariato en Bogotá, un fenómeno que según datos recientes registra tasas de impunidad cercanas al 90% y cientos de casos anuales.Planeación milimétrica del ataqueEl general Cristancho describió el homicidio como una operación "totalmente planeada", con una "articulación milimétrica" que evidencia inteligencia previa sobre las rutinas de la víctima. "Se puede evidenciar que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", explicó el oficial, destacando que el atacante llegó dos minutos antes, esperó a que Aponte y su escolta bajaran las escaleras hacia el parqueadero, y les disparó por la espalda a menos de un metro, casi a la altura de la nuca. El sicario huyó corriendo hacia la Séptima, donde una motocicleta lo esperaba en una estación de servicio para dirigirse al sur.Cristancho enfatizó que los criminales conocían con precisión los horarios: "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte". La zona, vigilada por puestos fijos de protección a dignatarios debido a la residencia de altos funcionarios, no impidió la ejecución, ya que el sicario se camufló con su atuendo formal en un entorno de ejecutivos.¿Quién era el empresario asesinado en el norte de Bogotá?José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, de 47 años, era un empresario de tercera generación en el sector arrocero y ganadero, propietario de la marca Arroz Sonora —una de las tres mayores compradoras de arroz paddy en Colombia, con 298.712 toneladas en 2024— y de la empresa Flexo Spring, dedicada a empaques para alimentos. También poseía fincas como La Angostura y La Alcancía en el Meta, visitadas en eventos de Fedegán. El sector agropecuario lamentó su pérdida como referente empresarial.Aponte contaba con escoltas privados de una empresa particular. Ese día, solo uno lo acompañaba —el otro estaba con su esposa—, lo que facilitó el ataque pese al vehículo blindado. Ni la esposa ni la familia reportaron amenazas previas, extorsiones o mensajes intimidatorios al llegar al lugar o en el hospital.Desafíos en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana —una patrulla pasó 10 minutos antes y un puesto fijo alertó vía radio—, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos (...). Casi que duramos 10 minutos sin tener un dato exacto de qué íbamos a buscar, porque desafortunadamente nadie nos dijo, o sea, nadie nos decía nada", relató Cristancho, criticando la falta de colaboración ciudadana inmediata.Otro obstáculo fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando la identificación del sicario con corbata y la moto. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro (...). Ahí pudimos llegar a determinar cómo iba a estar la persona y qué motos usaron", precisó el general.
La Secretaría de Salud de Bogotá ha calificado las próximas 72 horas como cruciales para Juan Martín, un niño de 7 años que lucha por su vida tras ser arrollado por un taxista en estado de embriaguez. El trágico incidente, que dejó 11 personas afectadas y una menor fallecida, ha puesto de relieve la gravedad de las conductas irresponsables al volante en la capital.El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, en diálogo con Mañanas Blu, lamentó profundamente el suceso, condenando la conducta del conductor como un acto criminal que truncó el futuro de una joven. El informe de la Secretaría detalla que fueron cuatro menores de edad los afectados directamente por el incidente.Pronóstico reservadoJuan Martín, el menor de 7 años, continúa en un estado crítico, según el último reporte de la Secretaría de Salud. Actualmente, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Santa Clara, recibiendo manejo especializado y seguimiento continuo por parte de todo el equipo médico.El niño se mantiene en una sedación profunda, mientras los especialistas esperan su evolución neurológica y cognitiva. El pronóstico es reservado, y aunque se espera un parte médico más detallado para las 10 de la mañana, la situación actual exige paciencia. Gerson Bermont explicó que las siguientes 72 horas son críticas en este tipo de situaciones con afectación neurológica y traumas craneoencefálicos. El objetivo primordial es que disminuya el edema cerebral para poder observar cómo comienzan a reaccionar las funciones neurológicas y cerebrales, un proceso que avanza de forma muy lenta mientras el paciente está sedado.Tragedia familiarLa familia de Juan Martín enfrenta un doble drama: mientras el niño de 7 años sigue hospitalizado, deben despedir a su hija mayor, Carol Estefanía, de 15 años, quien falleció a causa del arrollamiento. Los menores involucrados en el incidente eran cercanos a esta familia.Además de Juan Martín y Carol Estefanía, otras dos menores resultaron heridas. Daniela, una niña de 12 años, sufrió un trauma craneoencefálico leve, pero presenta una evolución muy satisfactoria. Así mismo, una bebé de tan solo 4 meses también resultó afectada, aunque afortunadamente fue dada de alta durante el fin de semana. En total, 11 personas resultaron heridas a causa de este acto irresponsable.Escuche aquí la entrevista:
La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, en entrevista con Blu Radio, calificó como “aterrador” el violento caso de justicia por mano propia que terminó con la muerte del ahora identificado, Mauricio Cendales Parra, de entre 35 o 37 años, luego de una persecución en el occidente de Bogotá. Según la funcionaria, el hombre, quien conducía un campero azul, habría estado “posiblemente en estado de embriaguez o en alto grado de alicoramiento” cuando comenzó la persecución en la Avenida de Las Américas.De acuerdo con Marín Ospina, el seguimiento al vehículo inició cuando “la Policía de TransMilenio emprendió una persecución en aras de lograr esa captura y detenerlo para así evitar algunos hechos lesivos”. No obstante, la situación se salió del control de las autoridades cuando “ciudadanos decidieron sumarse a la persecución”, lo que derivó en un linchamiento en el sector de Nueva Castilla.“La persecución fue asumida por los ciudadanos hasta llegar al sector del Tintal, donde el vehículo finalmente se estrella con la fachada de un edificio”, explicó la alcaldesa. Tras el accidente, Cendales Parra fue alcanzado por una multitud que lo agredió hasta causarle la muerte.Frente a los hechos, Marín hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la justicia por mano propia y a conducir con responsabilidad durante la temporada decembrina. “Pedimos a los conductores no transitar en estado de licoramiento y a la comunidad, que no tome justicia por mano propia. Las autoridades, tanto distritales como locales, estamos en la capacidad de actuar, y eso también es muy importante: la tolerancia”, concluyó.Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de las agresiones que terminaron con la vida del conductor.Videos grabados por testigos en el lugar registraron el momento en que el taxista fue linchado, imágenes que han generado indignación y rechazo entre la ciudadanía.
El reciente linchamiento de un conductor en el suroccidente de Bogotá ha desatado una ola de indignación y preocupación en la ciudadanía. El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, donde un grupo de motociclistas persiguió y agredió mortalmente a un hombre que, minutos antes, había atropellado a dos personas que se movilizaban en motocicleta sobre la Avenida de las Américas.Según los videos difundidos en redes sociales y analizados por las autoridades, el vehículo involucrado —un Jeep azul— embistió a los motociclistas y luego intentó huir. En el trayecto, el conductor recibió impactos de piedra por parte de los perseguidores, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá trataba de intervenir en medio del caos.La víctima, un ciudadano de 35 años, fue finalmente alcanzada en el barrio Nuevo Techo, donde los agresores rompieron los vidrios del vehículo y lo golpearon brutalmente hasta causarle la muerte. La alcaldesa local de Kennedy, Karla Tathyanna Marín Ospina, confirmó que se adelantan acciones para identificar a los responsables mediante el rastreo de cámaras de seguridad.“Con los vídeos y la información que tenemos disponible será tema del Consejo de Seguridad emprender una estrategia para identificar a los ciudadanos involucrados en este hecho y lograr las correspondientes capturas”, afirmó la mandataria local.Las primeras hipótesis: imprudencia, embriaguez y reacción violentaDe acuerdo con la alcaldesa Marín Ospina, el caso se originó por un acto de imprudencia en la vía. El conductor del Jeep habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos.“Un ciudadano que de manera irresponsable presuntamente conducía en estado de embriaguez por toda la Avenida de las Américas fue perseguido en primer lugar por la policía, que actuó de manera oportuna”, explicó la funcionaria. La persecución se complicó cuando uno de los uniformados resultó lesionado durante el operativo, lo que redujo la capacidad de respuesta inmediata. Esta situación, sumada a la presencia de decenas de motociclistas enfurecidos, impidió controlar a tiempo la agresión colectiva.“No obstante, al haber generado la alerta, llegó la policía a responder lo más rápido posible, pero no logró evitar el linchamiento por la cantidad de ciudadanos que estaban realmente molestos con esta situación”, agregó la alcaldesa.Intolerancia y falta de capacidad policial: una combinación fatalEl caso ha reabierto el debate sobre la intolerancia ciudadana y la limitada capacidad de reacción policial frente a emergencias simultáneas. Marín Ospina reconoció que en ese momento, el CAI Caldas, responsable de la zona, estaba atendiendo otro incidente grave: la explosión de una granada en el sector del canal entre Patio Bonito y El Tintal, donde murió un habitante de calle.“Existió un hecho unas horas antes que ocupó cierta capacidad de policía en el CAI Caldas, ambas zonas corresponden a esa jurisdicción y se encontraba reducida la capacidad, pero lograron responder lo más rápido posible”, explicó.La coincidencia de ambos eventos —la explosión del artefacto y el linchamiento— limitó los recursos disponibles para contener la violencia en el punto del incidente. “La capacidad de respuesta se da no solamente por la inmediatez, sino por los actos de policía que deben agotarse con posterioridad a este tipo de hechos”, precisó la alcaldesa.La investigación: cámaras, placas y testimoniosHasta el momento, no se han reportado capturas por el linchamiento, aunque la Alcaldía confirmó que se analizan los videos de seguridad del sector y de las rutas que recorrió el conductor. Las autoridades buscan identificar a los motociclistas involucrados, varios de los cuales, según testigos, portaban chalecos y cajas de reparto de plataformas.“Estamos verificando todo el material probatorio disponible, las cámaras del sector y de toda la ruta involucrada en el trayecto en el que el ciudadano venía realizando estas maniobras peligrosas”, aseguró Marín Ospina. El Consejo de Seguridad Local definirá las acciones para dar con los responsables y prevenir que hechos de justicia por mano propia sigan ocurriendo en Bogotá.Llamado a la ciudadanía: tolerancia y respeto a la autoridadLa mandataria local insistió en que este suceso es una muestra alarmante de la falta de tolerancia en la capital y de la necesidad de fortalecer la convivencia ciudadana, especialmente en las vías.“Este es un hecho que da cuenta de la irresponsabilidad de los ciudadanos en la vía, pero también de la intolerancia de otro sector de la ciudad”, reflexionó. Finalmente, hizo un llamado a los bogotanos para evitar conducir en estado de embriaguez y confiar en la acción de las autoridades. “Debemos ser tolerantes y esperar la acción de las autoridades distritales y locales; estamos atentas a responder frente a estos hechos”, concluyó.
Bogotá vivió una noche de caos y violencia el pasado lunes, luego de que un grupo de motociclistas linchara a un hombre que conducía una camioneta, tras haber arrollado a varios de ellos en plena vía.El hecho ocurrió en la carrera 68 con avenida de las Américas y dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas, entre ellas dos policías. De acuerdo con las autoridades, el conductor inició su recorrido embistiendo a dos motociclistas, quienes quedaron heridos en el lugar. Sin embargo, en lugar de detenerse a auxiliarlos, el hombre decidió huir hacia el occidente, lo que desató una persecución de decenas de motociclistas durante varios kilómetros.Durante la huida, el conductor chocó con otros vehículos y arrolló a dos uniformados que intentaban detener su marcha. Finalmente, la persecución terminó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en la localidad de Kennedy, donde cerca de 200 motociclistas lo rodearon. Testigos relataron que el hombre fue golpeado con palos y piedras hasta quedar inconsciente en la vía.Así ocurrió el atropello de los motociclistas en BogotáEn videos difundidos en redes sociales se observa cómo el conductor de la camioneta, aparentemente en estado de embriaguez, intentó dar reversa y terminó arrollando a dos motociclistas que se encontraban sobre la vía. Luego, el vehículo giró varias veces tratando de esquivar tanto a los policías como a los moteros que intentaban detenerlo, antes de emprender la huida.Otro video muestra el momento exacto en que el conductor fue sacado de la camioneta y agredido brutalmente por los motociclistas, quienes usaron palos, piedras y cadenas para atacarlo.Alcaldía de Kennedy se pronuncia sobre el linchamientoEl trágico suceso, registrado en el sector de Nueva Castilla, involucró a un ciudadano que presuntamente conducía en alto estado de embriaguez por la avenida de Las Américas. La Policía de TransMilenio inició una persecución para detenerlo y evitar más accidentes, pero el hombre terminó chocando contra la fachada de un edificio. En ese momento, varios ciudadanos decidieron “tomar la justicia por mano propia”.La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín Ospina, hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad. Pidió a los ciudadanos evitar conducir bajo los efectos del alcohol durante la temporada decembrina, “un tiempo de paz, reconciliación y convivencia familiar”. Además, insistió en que “no se debe tomar justicia por mano propia”, recordando que las autoridades distritales y locales están en capacidad de actuar y que la tolerancia debe primar en cualquier circunstancia.