Los hechos se registraron cuando policías que realizaban patrullajes en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, y fueron alertados por ciudadanos sobre un fleteo cometido contra un hombre de 60 años. Según la información preliminar, la víctima había salido minutos antes de una entidad bancaria y fue seguida por los criminales, quienes esperaron el momento en que llegaba a su lugar de trabajo para interceptarlo.Los atacantes lo abordaron en vía pública y, bajo amenazas con arma de fuego, lo despojaron de un maletín que contenía cerca de 30 millones de pesos. Fueron vecinos del sector los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día y por eso alertaron a las autoridades.Sin embargo, una vez los criminales estaban atracando a la víctima, fueron sorprendidos por el conductor de una camioneta de color blanco, quien embistió con su vehículo a los ladrones para impedir que escaparan en la motocicleta que estaban usando en medio del hurto. En imágenes quedó grabado cuando los dos hombres salen corriendo por una de las cuadras del sitio de los hechos.Con esa información, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, donde fueron interceptados y capturados minutos después del robo. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego, el dinero hurtado y la motocicleta que, al parecer, utilizaron para cometer el delito.Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos cuenta con un historial judicial relevante, teniendo en cuenta que había estado en prisión en dos ocasiones por hurto, en 2017 y 2020, y además tenía una orden de captura vigente por fuga de presos. El dinero fue devuelto a la víctima, mientras avanzan las investigaciones para determinar si los capturados estarían vinculados a otros casos similares de fleteo en la ciudad.
Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Aunque su expareja sentimental fue capturado como principal sospechoso, un juez decidió no enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso penal.El señalado es José David Celis, quien fue detenido por la Policía Metropolitana tras los hechos. "Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y, posteriormente, incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar a esta persona", explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.Sin embargo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez Óscar David Gómez determinó no imponer medida privativa de la libertad en centro carcelario. De acuerdo con el reporte entregado por el general Cristancho, la joven habría muerto por asfixia mecánica.Según la versión conocida, Lozano había llegado al apartamento para recoger sus pertenencias, pues la relación sentimental había terminado hacía tiempo.Laura Lozano cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas y también se destacaba como deportista en patinaje.Por solicitud de la Fiscalía, Celis fue imputado por el delito de feminicidio. No obstante, durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos que podrían configurar un homicidio preterintencional; es decir, cuando el agresor no tiene como finalidad directa causar la muerte, pero el resultado termina siendo letal.En su argumentación, el juez sostuvo que no existían evidencias que demostraran que el procesado representara un peligro para otras mujeres por haber agredido a una. Con base en ese análisis, negó la medida de aseguramiento en centro carcelario."Edgar David López reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer, sin que ello permita indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer se descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar el planteamiento según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra", expuso el juez.De acuerdo con el observatorio Feminicidios Colombia, en el país ocurrieron 621 feminicidios entre enero y septiembre de 2025.
A través de su cuenta de Instagram, Valerie Gutiérrez, una joven de Bogotá, narró un duro episodio que vivió tras salir de una fiesta en el norte de la ciudad, específicamente por el sector de la calle 85, en donde fue víctima de robo tras ser drogada en un carro pedido por aplicación.Ella y su amiga salieron de la fiesta para volver a casa, ambas pidieron un carro por aplicación y, como siempre, les enviaron la ubicación a sus amigos para saber cómo iban y poder estar pendientes de ellas.“La 85 estaba muy llena, y ya se empezaron a ir uno de mis amigos que estaba ahí presente me decía: ‘Yo vi que ustedes vieron el Uber y yo vi que ustedes iban a montar en el Uber’. Ahorita no puedo decir algo fijo de que nos montamos en la placa que no era o que, si era el Uber porque mi amiga no ha podido recuperar su celular, entonces no ha podido recuperar la cuenta. Entonces simplemente acá no es un video denunciando a alguien, sino contando lo que nos pasó. en ese momento mi amigo me escribe y me dice: ¿Por dónde van? ¿Dónde están? Avísame cuando llegues”, contó.Fue en el trayecto que, sin darse cuenta, terminaron perdiendo el conocimiento y fueron despertadas por el conductor que comenzó a pedirles que se bajaran del carro, a lo que ellas notaron que no tenían sus celulares ni pertenencias, a lo único que él respondió era que “otro carro las iba a llevar”.“El tipo nos bota en la 127 con séptima y nosotras nos vamos al otro carro. En el otro carro, el señor nos ve y nos dice: ‘Yo no las voy a llevar a ningún lado’. Y coge y acelera detrás del otro carro, que nos había dicho que estaba ya varado, no sé. En ese momento, yo como que reacciono a lo que está pasando y lo que hago es pasar la 127, Estábamos del costado, sur a norte, al frente del gimnasio femenino, y nos pasó y le dije, empecé a gritar y le dije a mi amiga: pidamos ayuda, vamos a una portería”, dijo.Al llegar a la portería y comunicarse con sus allegados, notaron que estuvieron drogadas por al menos hora y media, entre las 4 y 6 de la mañana. Luego llegaron a la casa de un amigo en donde pudieron ubicar su celular: un iPhone 17 Pro Max que se encontraba en la Primera de Mayo y pese que fueron hasta allá a buscarlo, la realidad fue que la Policía solo les respondió que “lo sentían y que el celular era un caramelo fácil para ellos”.“O sea, normalizamos la delincuencia. Nada, después de esto solo nos dijeron que nos recomendaba que fuéramos a la clínica porque ahora el problema era no saber cuál fue la cantidad de sustancia que nos habían dado. Que nada, llamé al médico, el médico vino, fue también con ayuda psicológica”, relató.Expresó que tras este episodio se ha mantenido tomando liquido y con episodios de ansiedad generados por la paranoia de este suceso, por lo que pidió un mayor control a estos casos por parte de las autoridades que “normalizaron” este tipo de situaciones.“Ya estoy superando el, pues, el impacto y la tristeza de mi celular. Yo con mi celular trabajaba, con mis marcas, es demasiado importante para mí. Pero bueno, lo material llega y, y hoy agradezco estar, estar bien, estar en mi casa, estar con mi familia. Voy a recuperarme pues con amor, que no hay más, y, y ya”, puntualizó.
Un ciudadano ruso señalado por terrorismo internacional fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba continuar su viaje hacia Cartagena. Se trata de Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol y es requerido por la justicia estadounidense por cargos que incluyen conspiración para asesinar o secuestrar personas en Europa y financiar actos terroristas.El operativo fue realizado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que el extranjero llegara al país en un vuelo de Turkish Airlines. Alimov pretendía hacer tránsito hacia Cartagena, pero fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales gracias a los sistemas de verificación internacional.El hombre es requerido por un tribunal federal en Estados Unidos, su orden de captura fue emitida el 18 de diciembre por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, que además formalizó la solicitud de extradición. De concretarse el proceso, será trasladado a ese país para enfrentar juicio.De acuerdo con la investigación estadounidense, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa. El 17 de octubre de 2024 habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación e incluso habría acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.Alimov además es señalado de suministrar información técnica y participar en el reclutamiento de otros implicados. Uno de los presuntos cómplices fue detenido en marzo de 2025 en Nueva York.Las autoridades estadounidenses le imputan cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, además de brindar apoyo material y financiar actos terroristas. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información en tiempo real, lo que permitió identificar al viajero antes de su ingreso formal al país.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Niños en San Francisco, Antioquia, tienen que estudiar en deplorables condiciones y poniendo en riesgo su vida por graves daños estructurales en una institución educativa. Padres de familias cerraron el colegio y espera pronta respuesta de las autoridades.Decenas de niños, niñas y adolescentes hoy sufren por no tener un lugar seguro en donde estudiar luego de que quedara en evidencia el pésimo estado estructural que tiene la Institución Educativa San Francisco que tiene techos a punta de caerse y muros agrietados que ponen en riesgo la vida de los menores de edad.Debido a esta situación, los padres de familias de este colegio ubicado en el municipio de San Francisco cerraron la institución y realizaron un plantón para exigir por una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes y así se pueda evitar una tragedia.Danyella Correa, representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa San Francisco, pidió que la Secretaría de Educación de Antioquia ayude de manera prioritaria y se pueda mejorar las condiciones para estudiantes de primaria y bachillerato.“Pedimos ayuda a que la Secretaría de Educación nos pare bolas porque la vida de nuestros niños está en riesgo. Es notoria que la infraestructura se nos está cayendo encima y no hemos podido encontrar una solución. Estamos esperando que nos respondan y que nos ayuden, por favor, con esto”, aseguró.Se espera que prontamente la Gobernación de Antioquia llegue hasta esta zona del Oriente del departamento para poder explicarle a la población estudiantil y sus padres qué se encontró en una visita técnica que se le hizo al colegio, además de indicar qué estrategias de mitigación se implementarán en el corto plazo.Hay que mencionar que, a la espera de una solución pronta, se conoció que el traslado de la institución educativa fue presentado ante el Ministerio de Educación, sin embargo, el proyecto no fue viabilizado por el Gobierno nacional por lo que se espera que autoridades locales puedan encontrar una solución y evitar que los daños estructurales generan un hecho que lamentar.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a un paro distrital de 24 horas para el próximo 12 de marzo. La decisión fue anunciada en rueda de prensa, donde el sindicato expuso una serie de desacuerdos con la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente por la expedición de la circular 008.De acuerdo con la organización sindical, la medida afecta la planta de docentes orientadores en los colegios oficiales de la capital. La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, solicitó la derogatoria de la circular al considerar que los criterios establecidos para definir el número de orientadores por institución no responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.“Nosotros no aceptamos que solamente con un sistema de alerta o un sistema de cifras se esté diciendo cuántos docentes orientadores deben existir en cada una de las instituciones”, afirmó durante la comparecencia ante medios.El sindicato señaló que la reducción de docentes orientadores impacta la atención pedagógica y el acompañamiento psicosocial a los estudiantes, en especial en casos relacionados con convivencia escolar, salud mental y orientación académica.“Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro”, señaló.En la rueda de prensa, la ADE también manifestó inconformidades frente a lo que describen como un incremento en las exigencias administrativas y controles laborales en los colegios oficiales. Según el gremio, estas disposiciones limitan los espacios de planeación pedagógica y afectan la dinámica institucional.La jornada de paro convocará a docentes, directivos docentes, orientadores, personal administrativo y padres de familia. El sindicato indicó que la movilización busca que la administración distrital revise las medidas adoptadas y abra un espacio de diálogo. Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial.
No paran los hechos de inseguridad en Bogotá. En la mañana de este martes 24 de febrero en el barrio El Real de la localidad de Engativá, un adulto mayor fue víctima de un robo e intimidación con un arma de fuego mientras le robaban una de las mascotas con las que iba caminando por el andén. Según lo que denuncia la dueña de uno de los dos bulldogs franceses, es que un sujeto se baja de un carro gris, intimida a su padre, forcejea con él, realiza un disparo al aire y después le roba al perro llamado Snow.“Fue en un carro con placas FYA096 de color gris con negro. Se bajó una de las personas a robarse a los perros. Hubo forcejeo, la persona sacó un arma, hicieron un tiro y, en medio de ese forcejeo, mi papá se cayó y se llevaron a uno de los perros. Él arrancó y se quedó uno de los perritos y el otro sí se lo llevaron", afirmó. Según lo que relata, el adulto mayor, al pensar no ser herido de gravedad, quedó muy herido tras el forcejeo con el ladrón. Así mismo, en la denuncia especifican que, a la hora de revisar los videos de cámaras de seguridad en la zona, se ve el vehículo dando varias vueltas por el barrio, tanto así que se alcanza a ver que trataron de robar a otra mascota horas antes de este hecho.Por otro lado, y tras la publicación que han hecho en redes sociales reportando el robo, la familia interpuso la denuncia en la URI La Granja, pero afirman ser víctimas de algunas extorsiones pidiendo dineros, entre 300.000 y un millón de pesos, a cambio de la libertad de la mascota y hasta con llamadas asegurando que el perro está muerto.De acuerdo con la dueña, Snow, el bulldog francés ya es un perro adulto de nueve años que necesita atención prioritaria. Concluye diciendo que es un integrante de la familia. Por ahora, no hay señales del recorrido que hizo el vehículo implicado.
Las autoridades confirmaron un atraco ocurrido sobre las 8:00 de la noche del lunes 23 de febrero en la reconocida panadería Romannoti de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores.Aunque el establecimiento queda ubicado muy cerca del Concejo de Bogotá y de la iglesia Iglesia del Señor de los Milagros, los ladrones llegaron al punto a intimidar a los presentes. Según testimonios, los delincuentes llegaron en motocicletas, algunos encapuchados, y entraron al local buscando a una persona específica que al parecer tenían perfilada.Sin embargo, terminaron robando a varias personas en el sitio para luego emprender la huida en las motocicletas. Durante el atraco, los asaltantes se llevaron joyas y objetos de valor, entre ellos una cadena de alto costo, destacan las autoridades.Uniformados de la Policía llegaron al sitio a realizar las respectivas inspecciones en el lugar y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer si el ataque estaba dirigido contra alguien en particular. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en el análisis del material probatorio para dar con los autores del robo en Teusaquillo.
Un grave accidente de tránsito se registró este martes en la autopista Norte con calle 187, sentido norte - sur, involucrando a un bus intermunicipal y dos vehículos particulares. El siniestro, ocurrido en el norte de Bogotá, dejó a una persona atrapada y obligó a la restricción total del flujo vehicular en este importante corredor vial.El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió de inmediato al lugar de la emergencia para realizar el rescate de un ciudadano que quedó atrapado entre las latas de un vehículo particular color rojo. Según el reporte oficial, el impacto se produjo entre el bus de servicio intermunicipal, el automóvil mencionado y una camioneta de alta gama, dejando daños de consideración en las estructuras de los automotores.Tras las labores de extracción, los organismos de socorro confirmaron que "se realizó el rescate de una persona que resultó atrapada en el vehículo rojo, luego de presentarse una colisión entre el bus y los dos automóviles particulares". Una ambulancia ya se encuentra en el punto brindando la atención médica necesaria a los afectados.Estado de la movilidad en la autopista NorteDebido a la magnitud del choque y a la presencia de los vehículos de emergencia, la movilidad en el sentido norte - sur se encuentra seriamente afectada. Las autoridades de tránsito mantienen un operativo activo en la zona para gestionar la situación y trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanos.
Tras conocer el caso del secuestro de Diana Ospina, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero de Bogotá, en el concejo de la ciudad se pusieron en evidencia las cifras de secuestros extorsivos en el 2025. Según la denuncia del concejal Julián Sastoque, a comparación del 2024, que se registraron 8 casos, hubo un aumento mayor al 362 % al constatar que se registraron 37 hechos relacionados con retenciones extorsivas. Así las cosas, según el cabildante, es una cifra que no se veía desde el 2004.“Aterra además que los casos presentados en 2025, en el 27 % de los casos, fueron mujeres las víctimas, las protagonistas. Lo que enciende, por supuesto, la alarma porque revela que este caso de Diana, repito, no es una situación aislada y ante ese panorama no nos queda otra que citar nuevamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán a debate de control político porque definitivamente la seguridad es su gran fracaso en esta administración", concluyó el concejal.En ese sentido, el concejal, Julián Sastoque, anunció que radicará una citación a control político al alcalde, Carlos Fernando Galán, señalando que hay una “inacción” por este delito.
Un error en las comunicaciones entre dependencias de control aéreo fue el factor clave detrás del incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión comercial con destino a San Andrés de Latam tuvo que abortar su despegue en plena carrera por pista, luego de que un helicóptero de la FAC se atravesara en la pista.Según informó la Aeronáutica Civil, el avión Airbus A320 que cubría el vuelo hacia San Andrés con 157 pasajeros y 5 tripulantes cuando, a las 17:36 hora local, estaba en carrera al despegue en la pista 14R cuando se atravesó el helicóptero, por lo que tuvieron que abortar la maniobra.El avión había iniciado operaciones normales desde la tarde, a las 05:04 de la tarde fue autorizado para remolque y encendido y minutos después recibió instrucciones para rodar hacia la pista asignada. Todo transcurría con normalidad hasta que, ya con autorización de despegue, los pilotos identificaron el movimiento del helicóptero en una zona crítica.El helicóptero de la Fuerza Aeroespacial había despegado desde CATAM a las 05:17 de la tarde y tras cruzar la trayectoria de la pista 14L, fue autorizado nuevamente por la Torre Norte para nuevos cruces y posteriormente transferido a la Torre Sur, encargada del control en la zona donde el avión iniciaba su despegue.Fue durante esa transferencia de comunicaciones donde se produjo el incidente. Según la Aerocivil, se generó un “traslapo en la frecuencia de comunicaciones”; es decir, un cruce de información entre ambas torres con el helicóptero, justo cuando el vuelo comercial ya había iniciado su carrera de despegue y ese cruce fue el que provocó la proximidad peligrosa a la trayectoria de la pista 14R.Ante ese escenario, la tripulación del avión de Latam optó por cancelar el despegue; sin embargo, la maniobra de frenado extremo elevó la temperatura de los frenos a cerca de 900 °C, lo que ocasionó el desinflado de las llantas. Ya las autoridades confirmaron que no se presentó incendio ni afectaciones a los ocupantes, quienes resultaron ilesos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició la investigación técnica para determinar con precisión las causas y factores contribuyentes del incidente.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que, pese a la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que negó el recurso de reposición presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), insistirá en que la ciudad mantenga el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para la recolección de basuras.En Colombia existen dos modelos principales para la prestación del servicio de aseo. El primero es el de libre competencia, en el cual varias empresas pueden operar en el mismo territorio, compitiendo por los usuarios, y que funciona en la mayoría de municipios del país. El segundo es el de áreas de servicio exclusivo, en el que la ciudad se divide en zonas asignadas a operadores específicos mediante licitación, lo que busca garantizar cobertura total, control en la calidad del servicio y mayor capacidad de inversión de los concesionarios.El Distrito recordó que, actualmente, el esquema de libre competencia funciona en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que Bogotá es la única capital que opera bajo el modelo de áreas de servicio exclusivo.Según la Administración, este último esquema responde mejor a las necesidades de la capital, por lo que se presentará nuevamente la solicitud para mantenerlo. “Vamos a insistir en que Bogotá pueda continuar con el modelo de áreas de servicio exclusivo, porque es el que garantiza una mejor organización y atención a la ciudadanía”, señaló el Distrito.Mientras tanto, la UAESP continuará implementando medidas inmediatas que serán revisadas por la nueva dirección de la entidad, con el propósito de generar cambios rápidos que mejoren la percepción y calidad del servicio entre los bogotanos.
El debate por el futuro del modelo de recolección de basuras en Bogotá escaló en las últimas horas tras la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de negar nuevamente la solicitud del Distrito para mantener el esquema de áreas de servicio exclusivo.El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que insistirá en recursos legales para defender el modelo que, según la administración, garantiza cobertura incluso en zonas de difícil acceso. Sin embargo, en medio de las tensiones, la Alcaldía también confirmó la salida de Consuelo Ordóñez de la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).El secretario general de Bogotá, Miguel Silva, fue designado por Galán para liderar las conversaciones con el Gobierno Nacional. En diálogo para Mañanas Blu, con Néstor Morales, aclaró que la administración es consciente de que el esquema actual “está agotado”, pero advirtió que cualquier transición debe evitar riesgos para la ciudad.“El esquema actual es un esquema que está agotado. La norma actual es una norma que está agotada. Por eso queremos proponerle a la ciudad un esquema que sea mucho mejor al que tiene en este momento, pero eso lo podemos hacer dentro de las normas actuales”, explicó Silva.¿Cuál es el riesgo de la libre competencia en basuras?Según el funcionario, la preocupación del Distrito es que con el modelo de libre competencia propuesto por la CRA algunas zonas de Bogotá puedan quedar sin atención, especialmente las más alejadas o de difícil acceso.“Presentarle a la ciudad un esquema de áreas de servicio exclusivo nos permite mitigar el riesgo de áreas potencialmente desatendidas, que son esas áreas de difícil acceso”, señaló.Sobre la decisión de retirar a Consuelo Ordóñez de la UAESP, Silva aseguró que no se trata de victorias ni derrotas, sino de buscar nuevos liderazgos en un momento crítico:“Aquí no se trata de quién gana o quién pierde. El alcalde consideró que lo mejor era un perfil distinto que nos ayude a plantear una conversación distinta, que permita también liderar un análisis de lo que sería la transición hacia la libre competencia”.¿Qué hay detrás de la pelea por las basuras entre Gobierno y Distrito?Ante la pregunta sobre un posible colapso similar al de 2012 y 2013, Silva descartó esa comparación y atribuyó parte de la alarma a la coyuntura política:“Obviamente estamos en un escenario, una coyuntura electoral, hay intereses electorales de alguna manera de atribuir una especie de riesgo inminente, pero nosotros tenemos la obligación y el deber de prestar el servicio público de aseo”.El funcionario recordó que los contratos actuales vencen en febrero de 2026 y aseguró que la administración viene trabajando desde meses atrás para anticiparse a la transición.Silva anticipó que la próxima semana se presentará un plan de choque para enfrentar la situación hasta febrero, que incluirá el fortalecimiento de Aguas de Bogotá con el fin de reducir los más de 660 puntos críticos de acumulación de basura que actualmente tiene la ciudad.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Bogotá se encuentra en el ojo del huracán por una creciente preocupación en torno a la gestión de las basuras, lo que ha llevado a un cambio en la cúpula de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y reavivado el debate sobre el modelo de aseo en la ciudad. En respuesta a los desafíos, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció una renovación en el equipo de la UAESP, la entidad encargada del manejo de las basuras y enfatizó que la ciudad no está en un escenario apocalíptico ni de desastre por esta crisis de basuras. El mandatario expresó su convicción de que se requiere un "nuevo perfil y las nuevas características" en el equipo para enfrentar los retos actuales y futuros de la ciudad. Agradeció el trabajo del equipo liderado por Consuelo Ordóñez, pero enfatizó la necesidad de un "nuevo impulso en este frente". Por otro lado, la administración distrital también se pronunció sobre la reciente negativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a un recurso de reposición presentado por la UAESP. Este recurso buscaba autorizar el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo para el servicio de aseo en Bogotá. La ley colombiana permite dos modelos para la prestación del servicio: la libre competencia, que opera en la mayoría de los municipios del país como Medellín, Cali o Barranquilla, y el esquema de áreas de servicio exclusivo, que actualmente solo opera en Bogotá. La administración ha manifestado su firme postura, considerando que el modelo de "áreas de servicio exclusivo es el que más se adapta a las necesidades que tiene Bogotá" y, por lo tanto, "insistirá en la presentación de una solicitud para que se autorice a Bogotá para retornar o para mantener el modelo de áreas de servicio exclusivo".
En el sur de Bogotá, la Policía logró la captura en flagrancia de seis personas señaladas de secuestrar a menores de edad y exigir dinero a sus familias a cambio de la liberación. El caso se registró en el barrio San Bernardino, localidad de Bosa, donde las autoridades encontraron a cuatro adolescentes y dos adultos retenidos y sometidos a amenazas.Según la información revelada, los capturados raptaban a jóvenes entre los 14 y 17 años en el sector de Potreritos y los trasladaban hasta una vivienda. Una vez allí, utilizaban los mismos celulares de las víctimas para comunicarse con sus padres, a quienes les pedían desde 1 millón de pesos para dejarlos en libertad.Uno de los adolescentes logró enviar su ubicación a un familiar, lo que permitió a la Policía ubicar la vivienda y desplegar el operativo que terminó con la liberación de los secuestrados.El comandante de la Policía en la localidad de Bosa, mayor Néstor Forero Gómez, entregó detalles de la acción de las autoridades:“Logran la captura de seis personas en flagrancia de nacionalidad extranjera que en momentos antes se encontraban amedrantando y amenazando a cuatro adolescentes y dos adultos en una vivienda ubicada en el barrio San Bernardino y la localidad de Bosa. Estas personas son capturadas en flagrancia y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el oficial en diálogo con Blu Radio.Durante la verificación inicial, se conoció que tres de los seis detenidos tienen anotaciones judiciales y cuentas pendientes con la justicia.Las autoridades confirmaron que los menores rescatados fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde se determinó que están fuera de peligro. Sin embargo, los investigadores continúan verificando si hubo más víctimas que pudieron haber sido retenidas bajo el mismo modus operandi.La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso judicial contra los capturados, mientras la Policía mantiene labores de investigación para establecer la magnitud de las acciones delictivas cometidas.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: