Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Los gremios económicos están expresando su preocupación a propósito de la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a las importaciones que provengan desde Colombia. La Andi y Asocapitales se pronunciaron no solo solicitando una reconsideración de la medida, sino que además le hacen un llamado al Gobierno Nacional para buscar una solución.Desde la Andi, consideran que esta medida afecta negativamente el comercio bilateral, la inversión y el desarrollo económico regional. También resaltan que en 2024 Colombia tuvo una balanza comercial superlativa con Ecuador por 1.440 millones de dólares, y recuerdan que, al ser Colombia y Ecuador países miembros de la Comunidad Andina, se pueden comerciar productos entre países con 0 % de aranceles.Desde Asocapitales, además de expresar su preocupación, le enviaron un mensaje al Gobierno Nacional a utilizar una solución diplomática y técnica ante esta medida para evitar escaladas comerciales y para restablecer condiciones equitativas de acceso al mercado ecuatoriano.Además, también resaltan que dentro de los sectores más afectados está el sector energético, medicamentos envasados y vehículos de transporte. Asimismo, expone que las ciudades más afectadas por estas medidas serían Pasto, Popayán y Cali, fundamentalmente por su cercanía con la frontera ecuatoriana.
Así como en buena parte del año anterior, el 2026 inició con un complejo panorama de seguridad en el Suroeste de Antioquia por cuenta de las acciones de bandas criminales locales involucradas en la captura de rentas ilícitas.El hecho más reciente se registró en el municipio de Betulia donde en medio de un proceso de exhumación de un cuerpo hallado en inmediaciones del barrio Antonio Nariño se desató una balacera entre la fuerza pública e integrantes de la banda criminal denominada 20 de Julio.Según el alcalde Néstor Camilo Serna, esa estructura ilegal sería la responsable del homicidio de la víctima que había sido reportada como desaparecida hace varios días por su familia y ahora intentaban impedir su identificación y rescate.En medio de la confrontación armada cuatro integrantes de la banda criminal resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para quedar posteriormente capturados y a disposición de las autoridades judiciales."Se les encautó una pistola, revólver y una escopeta y fueron trasladados al hospital del municipio para que allá se realizaran las actividades médicas, pero a la vez estuviesen también acompañados de la Policía y el Ejército", reportó Serna.El mandatario solicitó mayor apoyo por parte de la fuerza pública para lograr el desmantelamiento del grupo criminal que tiene azotada a esta población del Suroeste de Antioquia y que se dedica principalmente al microtráfico y al cobro de extorsiones."Nos tienen azotado el municipio, la cabecera municipal, con el tema de expendio de droga y ahora descaradamente si por parte de las autoridades que iban a extraer el cuerpo, pues tampoco lo iban a permitir", declaró.Finalmente, la diligencia de exhumación logró ser llevada a cabo por parte de la Fiscalía y aunque aún el cuerpo de la víctima está pendiente de la entrega a sus familiares rasgos físicos indican que efectivamente se trata del hombre que había sido reportado como desaparecido identificado como Didier Andrés Oquendo, de 34 años de edad.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Bogotá se prepara para la versión número 28 del Día sin carro y sin moto el próximo jueves 5 de febrero. La jornada, que nació del mandato ciudadano en la consulta popular del año 2000, restringirá la movilidad de vehículos particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. con el fin de reducir la huella de carbono y promover el uso de medios alternativos en la capital.La Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor confirmaron que el incumplimiento de la medida acarrea una sanción económica de 633.000 pesos, sumada a la inmovilización inmediata del vehículo. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, enfatizó que la ciudad está diseñada para funcionar sin depender del automóvil privado: "Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando". La funcionaria invitó a los conductores habituales a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva para mejorar la calidad del aire.Quiénes pueden circular y excepciones vigentesEste año se mantiene una rigurosidad estricta sobre los vehículos que podrán estar en las calles. Podrán circular sin restricciones los vehículos eléctricos o cero emisiones, el transporte escolar, vehículos de emergencia, transporte para personas con discapacidad y las carrozas fúnebres. Asimismo, las motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas tecnológicas de domicilios están habilitadas para operar.Es importante destacar que los vehículos híbridos, a gas y aquellos que cuentan con el permiso de 'pico y placa solidario' no podrán circular durante este jueves. En el caso de los usuarios que pagaron por el permiso diario o mensual de movilidad, el Distrito repondrá el día al final del periodo adquirido. Por su parte, los taxis tienen vía libre, a excepción de aquellos cuya placa termine en 7 y 8, que deben cumplir con su restricción habitual.Operación de TransMilenio en Día sin Carro y sin MotoPara absorber la demanda de pasajeros, TransMilenio dispondrá de su capacidad máxima operativa. María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, confirmó que estarán en las calles 10.482 buses entre troncales, zonales (SITP) y alimentadores. "Tendremos refuerzos en todo el sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control", aseguró Ortiz, quien recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos a través de la aplicación oficial para evitar aglomeraciones en las horas pico.Bogotá también habilitará 683 kilómetros de ciclorrutas y 88 kilómetros de vías para el uso de bicicleta bajo la coordinación del IDRD. Para quienes opten por la bimodalidad, el sistema cuenta con más de 8.000 cupos en cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos clave de las estaciones troncales. La jornada busca, además de un alivio ambiental, un cambio de hábito permanente en la movilidad de los bogotanos.
El abogado Francisco Bernate, quien lidera la defensa del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá en el caso de la niña Valeria Afanador, emitió su respuesta tras la solicitud de la familia para investigar a la rectora y dos docentes.Cabe recordar que la familia está pidiendo una imputación del delito de homicidio agravado en modalidad de dolo al considerar que existieron omisiones graves de quienes tenían a la menor bajo su custodia institucional.Valeria estuvo desaparecida durante 17 días y fue hallada sin vida el 29 de agosto del 2025 en inmediaciones de la institución. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la niña sale por una de las rejas cuando estaban en el periodo de descanso.Sin embargo, para Bernate, aunque respetan la decisión, no la consideran pertinente jurídicamente.“Las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado, encontrando que el colegio cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad”, dijo.El abogado defendió los roles y organización de la institución, información que se ha suministrado a lo largo de la investigación.“Al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes para eso. Tanto al momento de la merienda como en el lugar donde ellos realizan el recreo, de manera que en la rectora había delegado en personas competentes estas funciones, no estaba como cualquier rector del colegio pendiente de lo que ocurra en el jardín o en dónde están tomando la merienda”, añadió Bernate.Y es que en el documento presentado por el abogado Julián Quintana, que acompaña a la familia de Afanador, se reseña que el 12 de agosto de 2025 Valeria Afanador se encontraba dentro del establecimiento educativo, durante horario ordinario de clases, sin que existiera recreo ni actividad pedagógica externa autorizada.Pese a ello, la menor salió del aula “sin control efectivo”, permaneció fuera del ámbito de protección escolar y quedó expuesta a un riesgo grave que, según la solicitud, terminó materializándose en su muerte. Para la representación de víctimas, este resultado “no fue fortuito ni imprevisible”, pues de las pruebas recaudadas se desprenden omisiones estructurales y reiteradas.La solicitud individualiza responsabilidades. En primer lugar, se señala a Sonia Ochoa, rectora del plantel, en su condición de máxima autoridad institucional. Según el escrito, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas graves en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que ,afirma la defensa, eran de su total conocimiento. En segundo término, se cuestiona la conducta de Emely Viviana Fuentes Hernández, docente de la menor, por incumplir sus deberes funcionales de vigilancia y permitir la salida de Valeria del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.