Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
Los hospitales de Santander enfrentan una crisis silenciosa pero peligrosa la escasez de sangre en el momento en que más se necesita.El Hospital Universitario de Santander (HUS) confirmó que sus reservas están en niveles críticos, una situación que también fue advertida esta semana por el Hospital Internacional de Colombia.Diciembre, tradicionalmente, es un mes marcado por el aumento de accidentes de tránsito, riñas, hechos de violencia y emergencias médicas.A esto se suma un dato alarmante en Santander ya se reportan 21 personas quemadas con pólvora, ocho de ellas niños, lo que ha disparado la demanda de transfusiones y hemoderivados.Sin embargo, mientras las emergencias crecen, los donantes disminuyen.“Estamos en una época donde aumentan los accidentes, las riñas y las lesiones por inseguridad. Todo esto incrementa la necesidad de hemoderivados, pero al mismo tiempo baja el número de donantes. Necesitamos con urgencia sangre tipo O+, que aunque es común, es la que más escasea. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad santandereana para que done sangre y ayude a salvar vidas”, advirtió el médico Orlando Quintero, subgerente del HUS.El Hospital Universitario de Santander es la principal institución pública de atención de mediana y alta complejidad del departamento. Allí llegan pacientes no solo de Santander, sino también de Arauca, el sur de Bolívar, el oriente antioqueño y Norte de Santander, lo que hace aún más crítica la situación.El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que las reservas de sangre en sus bancos ubicados en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular en Floridablanca se encuentran en niveles críticos, situación que pone en riesgo la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones y la realización de cirugías.Las autoridades de salud insistieron en que cada donación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en esta temporada donde las emergencias no dan tregua.
El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado repetidamente en una nueva partida de documentos sobre el pederasta Jeffrey Epstein, publicada por el Departamento de Justicia, que ha advertido que algunos de esos archivos contienen "acusaciones falsas" sobre el republicano vertidas justo antes de las presidenciales de 2020.Entre los miles de nuevos documentos puestos a disposición del público abundan principalmente correos electrónicos en los que diferentes personas enlazan noticias, principalmente políticas, sobre Trump, aunque también aparecen otras menciones relacionadas, por ejemplo, con los viajes que realizó en el avión privado de Epstein o incluso el testimonio de alguien que menciona a una mujer que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos.El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que varios de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020"."Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra", añade el texto.Acusaciones de violaciónUno de los documentos es una declaración al FBI, recogida el 27 de octubre de 2020, de una persona que asegura que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump, en el año 1995, al aeropuerto de Fort Worth (Texas).El conductor relató a una conocida suya este encuentro con Trump y contó que entonces el comportamiento de ella cambió de inmediato y que entonces la mujer aseguró que "Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein" y que una chica "con un nombre extraño" la "llevó a un hotel o edificio lujoso", y que "así fue como sucedió".También se ha publicado una denuncia presentada por una mujer anónima en enero de 2020 en Nueva York en la que habla de presuntos abusos que sufrió a manos de Epstein y Maxwell y también de un encuentro en el que el pederasta llevó en 1994 a la supuesta víctima, que entonces tenía 14 años, a conocer a Trump, que según la mujer mostró complicidad con Epstein cuando este realizó comentarios sugerentes.El FBI también aseguró que una carta incluida en los nuevos archivos, que aparentemente está firmada por Epstein y hace referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, es falsa, ya que, entre otras cosas, la letra no coincidiría con la de Epstein y la dirección del remitente no corresponde a la cárcel donde estaba recluido el magnate financiero, que se suicidó en su celda en 2019.La misiva estaba supuestamente dirigida al agresor sexual y exdoctor del equipo de gimnasia de EE.UU. Larry Nassar y, aunque no incluye explícitamente el nombre de Trump, menciona el interés de "nuestro presidente" en "manosear" a mujeres jóvenes.Supuesta fiesta con trabajadoras sexualesTambién existe otra mención de Trump en otra declaración en la que una mujer lo acusa de haber organizado una fiesta para trabajadoras sexuales en su residencia de Mar-a-Lago.El hoy presidente voló "muchas más veces" de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia.Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la Fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo haber cortado relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
A partir de 2026, el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más importantes para la formación de posgrado de colombianos en el exterior. Así lo confirmó la propia fundación a través de un comunicado oficial y mensajes publicados en sus redes sociales, en los que aclaró que la promoción 2025 será la última en recibir recursos públicos.La decisión marca el cierre de una alianza que se mantuvo durante dos décadas ininterrumpidas y que permitió que miles de colombianos accedieran a estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en todo el mundo, con el compromiso de regresar al país y aportar al desarrollo nacional.En su comunicado, Colfuturo explicó que, aunque el convenio con el Estado llega a su fin, la organización continuará operando de manera independiente y ya trabaja en un rediseño del programa para garantizar su sostenibilidad financiera a partir de 2026. Sin embargo, no será hasta los primeros meses del próximo año que se anuncie cómo funcionará el programa.El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como el más grande de su tipo en América Latina, de acuerdo con la fundación, que registra que gracias a la cooperación entre el Estado y Colfuturo, cerca de 25.000 colombianos y colombianas pudieron adelantar estudios de posgrado en el exterior.Durante estos 20 años, el Gobierno nacional y Colfuturo comprometieron 892 millones de dólares. “El objetivo siempre fue que los beneficiarios regresaran al país para contribuir con sus conocimientos al desarrollo económico, científico y social de Colombia”, señaló Colfuturo en el documento firmado por su director, Jerónimo Castro.La finalización del convenio implica que Colfuturo no contará con recursos del Gobierno nacional para nuevas cohortes a partir de 2026. Sin embargo, la fundación fue enfática en señalar que esta decisión no afecta a los estudiantes que ya fueron seleccionados ni a quienes están próximos a iniciar sus estudios.Según explicó la organización, todas las personas beneficiarias que actualmente están estudiando o que comenzarán su posgrado mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección, y los recursos necesarios para cumplir esos compromisos están garantizados.“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional, pero Colfuturo tiene asegurados los fondos para cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos”, indicó Castro.Ante este nuevo escenario, Colfuturo anunció que desde hace varios meses trabaja en el diseño de nuevas condiciones para el Programa Crédito Beca y en la gestión de fuentes de financiación adicionales.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
La mañana de este viernes empezó la decisiva sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en medio de un tenso ambiente en las instalaciones de la Gobernación, donde las autoridades han extremado las medidas de seguridad y mantienen restringido el acceso al edificio con vallas y personal de la Policía, ante el riesgo de que haya alteraciones al orden público por inconformismos en torno a la jornada.La agenda del día parece que se extenderá por horas, pues primero el Consejo tendrá que resolver una serie de recusaciones y los cinco candidatos también deberán hacer una presentación de unos 20 minutos cada uno, antes de dar lugar a la esperada votación.Y mientras en el piso 12 de la Gobernación, los miembros del Consejo Superior se reúnen para elegir al que será el próximo rector de la Uniatlántico, a las afueras permanece un grupo de estudiantes a la expectativa de la decisión.Los jóvenes, en su mayoría simpatizantes del actual rector Danilo Hernández que está buscando su reelección, se han apostado desde bien temprano con enormes pancartas y megáfonos para manifestar su apoyo.Le puede interesar: Anuncian gratuidad en matrículas para estudiantes de pregrado de la Universidad del Atlántico"Hacemos un llamado a los consejeros superiores a que respeten el mandato estudiantil y profesional, incluso, reitero lo que dijo el presidente Gustavo Petro en el caso de la Universidad Nacional: la consulta debe respetarse, entonces el llamado que hacemos es al respeto a la democracia, a la transparencia y la coherencia", manifestó Samuel Velázquez, estudiante.Y es que, más allá de lo académico, la definición del nuevo líder de la Uniatlántico es vista como una disputa de fondo sobre quién controla la institución.La movida más reciente fue protagonizada por Wilson Quimbayo y Álvaro González, quienes anunciaron una alianza con la que esperan ganar fuerza frente a los demás competidores en la contienda.Con esta unión, los dos aspirantes intentan posicionarse por encima de sus contrincantes: el actual rector Danilo Hernández, Leyton Barrios, quien ocupó el tercer lugar en las elecciones universitarias, y Alcides Padilla.
El Ideam mantiene alertas amarilla y naranja por tiempo lluvioso en gran parte del Caribe colombiano por cuenta de las fuertes precipitaciones que estarán presentándose en las próximas horas, debido al tránsito de varias ondas tropicales, en especial, la número 42 de la temporada que se ubica en el mar Caribe central y está provocando tormentas dispersas sobre el norte del territorio colombiano.Según el Ideam, este viernes se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Caribe colombiano, incluyendo algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.Agrega que las lluvias más intensas son probables en sectores del norte y sur de Magdalena, Cesar, en zonas puntuales o aisladas del sur de Córdoba, norte y centro de Bolívar, nororiente y occidente de La Guajira.Le puede interesar: Lluvias afectan la prestación del servicio de agua potable en Valledupar y SincelejoDe igual manera, en Barranquilla se estiman condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias a lo largo de la jornada, mientras que en Cartagena se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las primeras horas del día y más intensas al final de la tarde o en la noche.Importante aclarar que la Tormenta Tropical Jerry, que se localiza a unas 90 millas náuticas al este de las Islas de Sotavento, "no presenta afectaciones directas sobre Colombia", según ha reportado el Ideam a partir de la trayectoria pronosticada.
A cuatro días de que se cumpla el primer aniversario del feminicidio de Yenifer Ortega Vega, en el municipio de Repelón, Atlántico, el juicio oral contra su esposo Alfonso Gómez Mendoza avanza en medio del inconformismo de la familia de la mujer, por cuenta de una solicitud del acusado que hoy impide a las víctimas defenderse al 100% en el proceso.Las pruebas apuntan a que Gómez sería quien asfixió a su esposa, envolvió su cuerpo en una sábana y lo escondió debajo de la cama. Incluso, versiones de testigos señalan que, después del crimen, este hombre se sentó a tomar un café con su suegra para que nadie sospechara de que Yenifer yacía muerta.Una de las pruebas clave de la Fiscalía es el testimonio de la especialista de Medicina Legal que constató las causas de muerte, sin embargo, esta no se ha podido presentar en el juicio porque la defensa del acusado se opone y hasta interpuso un recurso de apelación para evitar que la testigo comparezca.Le puede interesar: Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en BarranquillaHace tres meses, la apelación pasó a manos del Tribunal Superior de Barranquilla y la familia de Yenifer pide que se resuelva pronto para que el caso no se debilite y caiga en la impunidad."Estamos a la espera, en la familia nos sentimos muy angustiados, el pueblo está preocupado porque es una cosa que en el municipio nunca se había visto y pues todo el pueblo ha estado pendiente. El 14 de este mes se cumple un año y no nos han solucionado nada, de nada nos sirve que estemos haciendo juicio si el Tribunal no nos ha dado respuesta sobre el recurso que ha solicitado el abogado del asesino", expresó Yulieth Ortega, hermana de la víctima.Gómez Mendoza fue capturado en un hospital de Santa Marta, días después del crimen, cuando recibía atención por unas quemaduras que él mismo se provocó.
El delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Camilo Pineda, reveló este jueves que no se descarta que Digno Palomino, cabecilla de la banda Los Pepes y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños, sean trasladados a cárceles de Barranquilla para facilitar el proceso diálogo.El funcionario señaló que este escenario está siendo objeto de evaluación, porque hay algunas condiciones que impiden que la comunicación sea más fluida, como el hecho de que ‘Castor’ esté en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, lo que queda muy lejos de Barranquilla.De acuerdo con Pineda, el traslado de los máximos cabecillas de estas estructuras delincuenciales podría genera mejores condiciones para los diálogos en de paz urbana.“Podría generar algunas condiciones favorables para el proceso, que estén más cerca de la ciudad y más cerca del departamento. Sin embargo, esa es una decisión que se está evaluando y que se tomará o se descartará en el momento correspondiente y se le informará a la opinión pública”, enfatizó.Hay que decir que en estos momentos ‘Castor’ está recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Digno Palomino permanece en La Picota, en la capital del país.El delgado reconoció que en Barranquilla hay presencia de otras estructuras criminales, por lo que han vinculado a las mesas de trabajo a la Policía Metropolitana en busca de generar estrategias que garanticen que se estos grupos no llegarán a copar los espacios que dejen ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.“Nosotros no podemos avanzar en el desmantelamiento de las estructuras y no contar con garantías para que otras estructuras coopten estos espacios. El comandante Edwin Urrego ha hecho también un compromiso de trabajar más fuerte que nunca para que los esfuerzos que vamos a hacer desde el orden nacional con los municipios y el departamento del Atlántico permitan identificar quiénes quieren seguir en las actividades criminales y a esas personas le caerá todo el peso de la ley y toda la fuerza del Estado”, puntualizó.Pineda señaló que este viernes podría darse una reunión entre el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y Otty Patiño, sin embargo, por el momento solo hay una confirmación parcial por parte de voceros del Distrito.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.