Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos los audios y videos del VAR correspondientes a la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. Allí se puede escuchar los comentarios de los árbitros sobre el polémico penal sancionado a favor de Llaneros en el partido ante Deportivo Pereira.La jugada se presentó al minuto 65 del compromiso, cuando tras un ataque del conjunto visitante, un defensor del Pereira se lanzó a disputar el balón dentro del área y este terminó impactando su mano. En primera instancia, el árbitro central consideró que no había infracción y dejó continuar el juego. Sin embargo, desde el VAR y el AVAR se determinó que existían elementos suficientes para considerar una mano sancionable y se invitó al juez a revisar la acción en el monitor.En los audios divulgados se evidencia la discusión técnica entre los árbitros asistentes de video, quienes analizan si el contacto con la mano era justificable o no, y si esta ampliaba el volumen del cuerpo del defensor. El criterio final del VAR fue que la posición del brazo era antinatural y que el balón cambió su trayectoria tras el impacto, razones por las cuales se recomendó sancionar tiro penal.Tras la revisión en campo, el árbitro decidió cambiar su determinación inicial y conceder el penal a Llaneros sin mostrar tarjeta amarilla. Sin embargo, en el inicio del video se puede escuchar que el analista enfatiza que el cuerpo arbitral se equivocó en sus argumentos y esa pena máxima no debió ser sancionada."El VAR y AVAR en su chequeo, utilizando sus mejores ángulos, determinan con las reglas de juego incorrectas una mano para infracción invitando a una revisión. Coloca sus manos de manera justificable, además no amplía el volumen de su cuerpo”, dice el analista.¿Por qué no publican todos los audios VAR?Durante el análisis en Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet cuestionó la publicación selectiva de los audios arbitrales en la liga colombiana.En ese sentido, el analista arbitral Jorge Ramírez destacó como positivo que desde la primera fecha se publiquen algunos audios. Sin embargo, criticó que no se publiquen todas las jugadas polémicas de la jornada, lo que alimenta la percepción de un criterio selectivo por parte de la Comisión Arbitral.El caso del penal a favor de Llaneros reabre el debate sobre la interpretación de las manos en el fútbol moderno y pone nuevamente en el centro de la discusión el uso del VAR en Colombia, su coherencia en la toma de decisiones y la necesidad de una política más equitativa en la divulgación de sus audios.
Ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias a raíz de la temporada de lluvias con la que inició el 2026 en el departamento de Antioquia, la gobernación vacunará más de 1,8 millones de adultos mayores contra este tipo de enfermedades.El año 2026 comenzó climáticamente con una temporada de lluvias que, en lo que respecta al departamento antioqueño, trajo consigo inundaciones, afectaciones en las vías y hasta una víctima mortal por el desbordamiento de una quebrada. Ahora se le suma el aumento de enfermedades respiratorias especialmente en adultos mayores.De acuerdo con la secretaría de salud del departamento, se estima que anualmente se registran más de 290 mil hospitalizaciones de personas mayores asociadas a infecciones respiratorias vinculadas particularmente al neumococo, las cuales, al complicarse, puede convertirse en una neumonía y otras enfermedades respiratorias.Ante este crítico panorama, La Asamblea de Antioquia aprobó el Proyecto de Ordenanza que impactará a un millón 892 mil adultos mayores del departamento, que serán inmunizados mediante esta estrategia de vacunación contra enfermedades respiratorias, así lo anunció la secretaria de salud Marta Cecilia Ramírez.De acuerdo con la secretaria de salud Marta Cecilia Ramírez, “Es muy importante esta decisión como política pública, porque anualmente tenemos más de doscientas noventa mil hospitalizaciones de personas mayores por neumococo, y para el sistema esto le va a dar un alivio muy importante”.Además, la secretaria señaló que, de acuerdo con los análisis epidemiológicos, se logró evidenciar que las infecciones causadas por neumococo siguen siendo la razón más relevante de hospitalización y mortalidad en las personas mayores. La vacunación contribuirá en la reducción del riesgo de complicaciones y disminución de hospitalizaciones.De acuerdo con esta dependencia, la iniciativa fortalece el Programa Ampliado de Inmunizaciones que tiene el departamento y está prevista una inversión anual cercana a los 8 mil millones de pesos durante los próximos años. Señalan, además, que cada hospitalización de un adulto mayor asociada al neumococo tiene un costo de 12 millones de pesos para el sistema de salud.Según cifras oficiales, en Antioquia la estadística de envejecimiento es de 59,1,es decir que por cada 100 menores de 15 años, existen 59 personas mayores de 65 años. Una población vulnerable a la que hay que prestar especial atención. Esto representa un reto estructural para la política pública de salud y exige fortalecer las acciones de protección dirigidas a ellos.
Blu Radio conoció el documento mediante el cual el Consejo de Estado respondió al Ministerio de Educación y rechazó la solicitud de aclaración presentada luego del fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Con esta decisión, el alto tribunal fijó el alcance de la sentencia y descartó interpretaciones adicionales sobre la designación de la rectoría.La solicitud de aclaración fue elevada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por la decisión judicial, que dejó sin efectos la elección de Múnera y abrió un debate jurídico sobre la situación de José Ismael Peña, quien había ocupado previamente el cargo. En particular, el Ministerio pidió que se precisara si del fallo podían derivarse órdenes implícitas, como la posibilidad de volver a nombrar a Peña como rector, o si únicamente debían cumplirse las instrucciones expresamente señaladas en la parte resolutiva de la sentencia.En el documento, de seis páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la aclaración solicitada. El tribunal consideró que el Ministerio de Educación no estaba legitimado para actuar de manera autónoma dentro del proceso judicial y que su intervención dependía de la posición asumida por la parte demandada.El Consejo de Estado también señaló que no le corresponde definir quién debe ser designado como rector de la Universidad Nacional. Así las cosas, cualquier decisión sobre la rectoría deberá ser evaluada y adoptada por el Consejo Superior Universitario, conforme a sus competencias.Blu Radio consultó al viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien fue el que presentó la solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado. El viceministro indicó que no se volverá a nombrar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Mientras se define si se abre nuevamente un proceso de votación para elegir rector en propiedad, Andrés Felipe Mora continuará ejerciendo como rector encargado de la institución.
Nueva EPS indicó que enfrenta embargos judiciales por un monto superior a los $2,1 billones, impuestos por cuatro juzgados del país, situación que tiene impacto directo en su operación administrativa y en el flujo de recursos destinados a la prestación de servicios de salud. De acuerdo con la entidad, la suma actualmente embargada equivale aproximadamente al total de la operación de un mes.Según lo expuesto, el valor de los embargos se incrementó de manera progresiva durante el último año. En noviembre de 2025, las medidas pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones, y recientemente ascendieron a $2.125.890.449.360. Estos recursos, señala la EPS, se encuentran retenidos en cuentas bancarias y en diferentes fuentes de financiación, lo que limita la disponibilidad de tesorería.Nueva EPS explicó que, ante el bloqueo de cuentas, su operación depende principalmente del giro directo semanal, el cual resulta insuficiente para cubrir de manera integral los compromisos con la red prestadora y los gestores farmacéuticos. La entidad indicó que esta situación afecta el flujo regular de pagos y genera riesgos para la continuidad de los servicios en distintas regiones del país.Los embargos están concentrados en alrededor de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que presentaron demandas en el marco del proceso de intervención de la EPS.Según la información divulgada, cerca del 80 % de estas IPS corresponden a instituciones privadas de gran tamaño. Los juzgados que concentran la mayoría de las medidas son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico, en Caquetá, y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.La EPS reiteró que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter inembargable, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política y lo establecido en las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. A esto se suman pronunciamientos administrativos como la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, que señalan que estos fondos, por su naturaleza parafiscal, no pueden ser objeto de medidas cautelares.Nueva EPS señaló que, si bien la entidad ya presentaba un déficit financiero antes de la intervención, los embargos han profundizado esa situación y generan efectos no solo sobre la EPS, sino también sobre una red cercana a 5.000 prestadores a nivel nacional, varios de los cuales dependen en gran medida de los recursos que administra la entidad.Frente a este panorama, la EPS informó que adelanta acciones jurídicas y financieras para mitigar el impacto y que ha sostenido acercamientos con los despachos judiciales que ordenaron las medidas, incluso sobre cuentas que considera protegidas por la normativa vigente. Asimismo, indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres y otros organismos de control, a quienes solicitó la adopción de medidas que permitan garantizar la continuidad de la atención a los afiliados.
La iniciativa busca hace parte del conjunto de propuestas que el precandidato viene presentando antes de la consulta del Frente Amplio, que se realizará el 8 de marzo para definir el candidato único de ese sector político.De acuerdo con el planteamiento, la medida busca reducir el impacto de los altos precios del combustible sobre la economía familiar y los sectores productivos. La propuesta contempla una estructura de precios revisada, con subsidios focalizados y mecanismos de control que permitan equilibrar el costo del galón sin afectar la sostenibilidad fiscal.El exmandatario también señaló que esta medida se acompañaría de un impulso a la transición energética, con incentivos a tecnologías limpias y políticas que promuevan un consumo más responsable de combustibles.La propuesta ha generado distintas reacciones en el ámbito económico. Algunos analistas consideran que la reducción podría favorecer la competitividad y aliviar los costos del transporte público y de carga, mientras otros advierten sobre las implicaciones fiscales que tendría una disminución sostenida del precio del galón.Con esta iniciativa, el precandidato busca posicionar su agenda en torno a temas de economía popular y costo de vida, en un contexto donde el precio de la gasolina se ha convertido en uno de los debates más sensibles para los colombianos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
Mientras en el país crece la expectativa por el estado de salud del senador Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado sicarial en la ciudad de Bogotá; en Cartagena empezaron a circular afiches y carteles en contra de los congresistas bolivarenses que no votaron a favor de la Consulta popular.“Muerte política, ni un voto más”, es el mensaje que acompaña los afiches que aparecen en paredes de sectores como el barrio Los Caracoles, junto a las fotografías de los congresistas Lidio García, Nadia Blel, Jorge Benedetti y Enrique Cabrales.Aunque hasta el momento las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre la procedencia de estos afiches, el senador Jorge Benedetti aseguró que proviene de sectores adeptos al Gobierno.“Todo indica que estos afiches lo promocionan adeptos, militantes y activistas del gobierno del presidente Petro, y lo digo porque esos afiches también circularon el día del paro nacional que convocó el presidente cuando el Senado negó la consulta popular (…) Tristemente es una práctica, que no es una nueva en la ciudad de Cartagena, que no es nueva en el país”, señaló el congresista el diálogo con Blu Radio.Además, Benedetti envío un mensaje a todos aquellos que insisten en mantener la polarización y pidió bajar tono violento en la política.“Yo considero que producto de las situaciones tan complejas que estamos viviendo como Nación, después del atentado tan horroroso que vivió el amigo y colega Miguel Uribe, es muy importante que desármanos el lenguaje, que hagamos un alto en el camino y que nos replanteemos como estamos abordando nuestras diferencias políticas, y que realmente hagamos grandes esfuerzos por ver lo que nos une y no los que nos separa, ya es hora de que el Presidente que es la máxima cabeza del poder público de ejemplo y le baje a sus declaraciones respecto al Congreso, no somos sus enemigos, somos otra rama independiente del poder público”, indicó.Dijo que no le preocupa este tipo de publicaciones e insistió en la necesidad de tener un lenguaje más propositivo en materia política.
Los atentados sicariales contra establecimientos comerciales en Barranquilla dejaron en la noche de este domingo 8 de junio una mujer asesinada, quien es la cuarta víctima de sicariato. en menos de dos meses, en una arremetida de bandas delincuenciales contra comerciantes que estarían negándose a realizar pagos de extorsiones.La más reciente víctima fue identificada como Anny Edith Nava, una venezolana de 41 años que era propietaria de una salsamentaria ubicada en el barrio Universal, al suroccidente de Barranquilla, quien recibió tres disparos en el cuerpo. Pese a que la mujer había cedido a los reclamos extorsivos de miEmbros de la banda delincuencial Los Pepes, a quienes les pagó 1 millón de pesos el pasado viernes, al día siguiente había vuelto a recibir panfletos extorsivos, al parecer, provenientes de otra facción de la misma banda, quienes le daban 24 horas para pagar la misma cantidad de dinero.La mujer, al no comprender por qué estaba siendo objeto de una doble extorsión del mismo grupo, decidió comunicar que no pagaría más, lo que habría terminado en el atentado que cobró su vida durante la noche de este domingo.Según relataron testigos, un hombre vestido de camiseta blanca y jean se acercó hasta donde Anny se encontraba y, sin mediar palabra, desenfundó el arma y la atacó. Posteriormente, huyó en una motocicleta, la cual se encontraba parqueada en el sitio. Por los hechos, la Policía se encuentra investigando quiénes son los responsables y están indagando si hay otros comerciantes víctimas de estos dobles cobros, pues la falta de denuncias por el caso dificultaría las labores de intervención.
Desde Barranquilla siguen las voces de rechazo por el atentado registrado contra Miguel Uribe Turbay, a lo que piden un control a la violencia política que ha sido protagonista en los discursos de los últimos meses. Para el alcalde Alejandro Char es una tragedia lo que está viviendo Colombia, por lo que advierte que “hoy más que nunca el país debe estar unido”. El mensaje lo compartió a través de un un video publicado en sus redes sociales. En este, envió un mensaje de solidaridad a la familia de Miguel Uribe y a sus allegados, a lo que indicó que esto debe ser un motivo para unir al país. "A Colombia nadie la para cuando está junta, cuando está unida, cuando respeta, cuando es solidaria y es amiga. Rogamos para que vuelva el respeto a nuestro país. Basta ya de insultos, de polarización y de división", dijo en sus redes. "Que las almas se unan en pro de una Colombia constructiva y ganadora. Pedimos por el respeto, la unidad y la paz de todos los colombianos", agregó en su mensaje. El mandatario había tenido una primera reacción minutos después del atentado ocurrido en el barrio Morelia de Bogotá. También, a través de redes sociales, manifestó su rechazo a lo sucedido y pidió apoyo para que se esclarecieran las circunstancias en torno a este ataque que tiene bajo estado de extrema gravedad al senador del partido Centro Democrático.
La intolerancia cobró una nueva vida en Cartagena. La víctima, esta vez, es una menor de tan solo 16 años, quien fue asesinada en medio de una riña en el barrio 20 de Julio.Según el reporte de la Policía de Cartagena, la responsable de este acto violento sería otra menor, de 15 años, quien fue aprehendida por los uniformados tras el hecho.La violenta pelea, que tuvo lugar en una calle cercana a un establecimiento comercial, quedó registrada en videos aficionados que rápidamente empezaron a circular en redes sociales. Decenas de testigos presenciaron la escena.El comandante de la Policía de Cartagena, general Yecid Peña, explicó que la menor aprehendida está siendo judicializada: “En las últimas horas, lamentablemente pierde la vida una joven, menor de edad, a causa de una riña. Cuando la Policía Nacional es informada, inmediatamente se dispone un grupo especial que llega al lugar a verificar qué sucedió, y efectivamente se encuentra que la joven pierde la vida a causa de unas heridas producidas por otra joven. Esto se dio en el marco de una riña en la que participaron otras personas, y en este momento se está realizando la judicialización de una joven”, precisó el oficial.El comandante también explicó que, con ayuda de cámaras de videovigilancia del sector, se busca establecer los otros responsables del lamentable hecho.“Esta es una preocupación no solo para la Policía Nacional, sino para todas las entidades del Distrito. Por eso se tienen programas dirigidos a nuestros jóvenes, en los que se ofrecen diferentes alternativas institucionales para ocupar el tiempo libre y lograr que sean más tolerantes, para que no lleguen a estos extremos”, aseguró.En Cartagena, en lo corrido del año, se han registrado 23 muertes por riñas.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.
A través de un video publicado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde es docente el barranquillero Leonardo Escobar Barrios, quien estuvo desaparecido 16 días después de llegar al aeropuerto internacional de Monterrey, en un vuelo procedente de la ciudad de Bogotá, donde estuvo con su familia, el maestro entregó detalles del calvario que vivió.Leonardo contó que aunque solo debía estar 3 horas en el aeropuerto, en medio de una escala, antes de salir hacia la Ciudad de México, por razones que desconoce la Guardia nacional lo retuvo tres días en una celda del municipio de Apodaca, donde lo golpearon y le partieron varias costillas."Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.Luego de eso cuenta que lo dejaron en libertad pero salió muy desorientado, y allí lo robaron, lo dejaron indocumentado y no le permitieron volver a entrar al aeropuerto de Monterrey por lo que empezó a deambular las calles, en plena indigencia."Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la Policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.El profesor universitario contó que se vio obligado a refugiarse entre la maleza para evadir el sol durante varios días, sin comer ni tomar agua, al borde de la muerte, hasta que una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, al confundirlo con un habitante de calle y lo llevó a un centro médico en el municipio de Juárez donde permaneció 10 días inconsciente, sin hablar.Solo hasta el 15 de enero pudo entregar datos sobre su identidad hasta que fue rescatado por la Fiscalía que ya lo estaba buscando.El barranquillero, quien lleva 10 años viviendo y trabajando en México, cuestionó que no exista registro de su detención, lo que evidentemente constituye una irregularidad. Así mismo asegura que le negaron el derecho a comunicarse con su familia y no le brindaron asistencia médica.El docente indicó que su detención arbitraria obedece a un acto de discriminación: “Lo que yo vivo creo que se trata de una condición discriminatoria”, expresó.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.
La terrible combinación de velocidad y alcohol sería el detonante de una tragedia que enlutó este fin de semana a una familia en Cartagena. Boris Eduardo Ramos, un domiciliario de 46 años, fue arrollado por una chiva rumbera cuando se disponía a entregar un pedido.El siniestro vial, que le causó la muerte al domiciliario, se registró cuando el hombre se movilizaba en una bicicleta sobre el Puente Román, en sentido hacia la calle Larga, en el barrio Getsemaní.De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), el conductor de la chiva rumbera resultó positivo en la prueba de alcoholemia.“El vehículo era conducido por el señor Germán Chico Ríos, a quien se le practicó la respectiva prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo en grado cero. Debido a esta situación, que dejó sin vida al ciclista, y al agravante correspondiente, la Policía procedió a la captura del conductor de la chiva, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el DATT.Asimismo, el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña, explicó que, tras la captura, el conductor de la chiva fue presentado ante un juez de control de garantías para que se defina su situación judicial.“La Policía Nacional se solidariza con este hecho que enluta a una familia y a todo un gremio que se ve afectado. La Policía acude a una situación en la que la Secretaría de Tránsito atiende un caso de accidente, donde una chiva efectivamente arrolla a una persona que se desplazaba en bicicleta. Una vez los agentes de tránsito realizan el procedimiento, se efectúa la captura y, en este momento, esta persona que conducía el vehículo está enfrentando las audiencias correspondientes de legalización de captura, ya que, según el dictamen, presenta resultado positivo en la prueba de alcoholemia”, informó el oficial.Entretanto, las autoridades de tránsito de Cartagena hicieron un llamado a los actores viales a conducir sin consumir bebidas alcohólicas, respetar las normas de tránsito y mantener una actitud responsable al volante.
Con sorpresa fue tomado hasta por el mismo sacerdote Cyrillus Swinne el anuncio del presidente Gustavo Petro de su llegada como mediador para la mesa de diálogo que se quiere instalar con las bandas de Barranquilla, la cual hoy está en su momento más inestable, debido a la cancelación de los traslados de sus cabecillas hacia el Atlántico.El padre Cirilo, como es conocido en la ciudad, es un sacerdote holandés que desde hace más de 40 años ayuda con trabajo social a los barrios más vulnerables del suroccidente de Barranquilla.Él, desde el año anterior, junto con su equipo de trabajo, estaba dialogando con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de crear un proyecto que aleje a los jóvenes de la violencia en Barranquilla y Soledad, aunque en su tiempo no se pudo concretar por temas presupuestales. Explicó que el pasado viernes, se volvió a tocar el tema y, dada su cercanía con el alcalde Alejandro Char, pensaron en su nombre para mediar en este proceso de paz urbana.“Llegó, montamos todo, le explicamos lo que hacíamos junto a mi equipo y después Otty se fue. Después de una media hora, recibí una llamada de un amigo que es muy cercano al presidente Gustavo Petro para preguntarme si estaba dispuesto a acompañarlos en este proceso de paz como mediador y dije que era un padrecito, pero que si así lo querían con mucho gusto”, dijo inicialmente.Cyrillus sostiene que no aceptó el cargo por política, sino porque siendo sacerdote ha evidenciado la miseria de la comunidad. Por eso, confía en que puede trabajar de la mano con el Alcalde Char, tal como lo hacen en proyectos como el Hogar San Camilo y la Biblioteca Popular La Paz, aunque ahora mismo el mandatario no está muy convencido.“Con Alex (Char) tenemos siempre un muy buen entendimiento, trato respetuoso también. Esa buena relación que hemos tenido puede ayudar a que de pronto se solucionen esas dificultades que hay en la mediación. Eso claro, depende de que el alcalde así lo quiera”, agregó.Finalmente, el sacerdote envió un mensaje de paz hacia estas estructuras armadas, teniendo en cuenta que en 24 horas se acabará la tregua delictiva que pactaron el año anterior.“En este momento crucial, que estamos entre todos buscando la paz, mi mensaje es para los actores de esta realidad colombiana difícil. Invito a que pensemos en el futuro que queremos dejar para nuestros hijos o nietos. Tratemos de salir de esa espiral de violencia que nos acerca más a la muerte. Hay que dejar de mirar hacia atrás y construir. No busquemos vencedores ni vencidos, de eso no se trata”, declaró a Blu Radio.“Demos una señal de esperanza para nuestros niños y nuestros jóvenes. Busquemos por ahí la paz que tanto necesitamos, que Dios los acompañe”, concluyó.
Bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla están tres homicidios que se registraron este domingo en la jurisdicción, las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Carlos Enrique Rojas Ávila, Wanderley Alberto Gallardo Llanos y Breisler Edwin Villa Guerrero, todos en hechos aislados.Carlos Enrique Rojas recibió varios disparos cuando criminales intentaron robarle su celular y su cadena de oro en la cancha del barrio El Carmen, justo cuando observaba el juego de fútbol de su hijo.Del mismo modo, otra tragedia ocurrió en el barrio Bajo Valle, donde Wanderley Alberto Gallardo Llanos falleció, al parecer, a manos de su primo Jhon Luis Suárez Barrios, Alias Jhonson, por motivos que aún se desconocen.Los reportes indican que el victimario, presunto integrante de la banda Los Costeños, llegó armado a su casa y le interrumpió la reunión que tenía con varios amigos.Asimismo, una aparente discusión fue lo que propició la muerte de Breisler Edwin Villa Guerrero, alias Corosito, cuando ingería bebidas alcohólicas en el barrio Simón Bolívar de la ciudad.De acuerdo a los reportes de la Policía, la víctima era mototaxi y en el lugar donde ocurrieron los hechos tiene influencia alias Gordo 40, cabecilla de la banda Los Costeños.La Policía Metropolitana también dio a conocer su balance operativo de este fin de semana. Allí se logró la captura de 63 personas, de las cuales 55 fueron en flagrancia y 8 mediante orden judicial. Al tiempo, se realizó la incautación de 10 armas de fuego y 274 armas blancas.La Policía logró la recuperación de 2 vehículos y 7 motocicletas que habían sido hurtadas, así como se inmovilizaron 71 motocicletas y 4 vehículos por diversas infracciones.El Centro Automático de Despacho (CAD) recibió un total de 6.358 llamadas, de las cuales 425 estuvieron relacionadas con riñas y 495 por alteraciones a la tranquilidad pública. Ocho estructuras tipo pick-up fueron desmontadas.Por eso, la Policía impuso 625 comparendos, y 233 personas fueron trasladadas por comportamientos contrarios a la convivencia.En materia de tránsito, se registraron 527 comparendos.