El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de comerciantes y ciudadanos durante la temporada navideña, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en los principales centros comerciales de Bucaramanga, una estrategia que se suma a la llegada de 80 nuevos policías a la ciudad.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, lideró un recorrido por el Centro Comercial La Quinta, junto al comandante de la Policía Metropolitana, el general Quintero, donde reiteró el compromiso de la administración municipal para proteger la actividad comercial y a quienes realizan sus compras en diciembre.“Estamos en este momento en el Centro Comercial La Quinta, garantizándole la seguridad en esta Navidad a cada uno de nuestros comerciantes, junto a la Policía Metropolitana. Queremos que la gente salga tranquila, compre tranquila y disfrute de esta temporada”, señaló el mandatario local.Por su parte, el general Quintero explicó que los operativos incluyen patrullajes permanentes, acompañamiento a comerciantes y campañas de prevención contra la extorsión. Durante la jornada, las autoridades entregaron volantes informativos y recordaron la línea 165, habilitada para denunciar este tipo de delitos.“Estamos haciendo un recorrido con los comerciantes, sensibilizándolos para que denuncien cualquier intento de extorsión. Queremos que en esta temporada no tengamos personas afectadas por estos delitos y que todos los visitantes se sientan seguros”, indicó el oficial.El alcalde enfatizó que el trabajo articulado con la Policía Nacional busca que nada empañe la celebración de la Navidad en la capital santandereana.“Vamos a defender a Bucaramanga del lado de la Policía Nacional, para que en esta Navidad la alegría sea completa y la seguridad esté garantizada”, concluyó.Las autoridades anunciaron que estos controles se mantendrán durante todo el mes de diciembre, especialmente en zonas comerciales y de alta afluencia de público.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
Una fuerte polémica se ha desatado en Valledupar tras la viralización de un video en el que una joven mesera es agredida dentro de un restaurante. El hecho, ocurrido en el establecimiento Ke Pizza Valledupar, generó indignación en redes sociales y abrió un debate sobre la violencia y los celos.De acuerdo con los primeros reportes, la clienta identificada como Vanessa perdió el control al leer un mensaje en el celular de su pareja que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”. Según versiones, el texto habría sido enviado por Scarleth Ontivero, la mesera que minutos antes había atendido a la pareja.Testigos aseguraron que la mujer enfureció al creer que la trabajadora había conseguido el número del hombre a través de la aplicación de pago. En el video que se difundió ampliamente se observa cómo la clienta se abalanza sobre la mesera, la golpea y la arrastra del cabello hasta la calle, mientras otros comensales intentan separarlas entre gritos y confusión.“No soy moza de nadie”Tras el episodio, Scarleth Ontivero decidió romper el silencio y contar su versión a través de un video en redes sociales, donde mostró videos y conversaciones con el novio de la cliente. La joven aseguró que lo sucedido ha tenido consecuencias físicas y psicológicas.Además, aseguró que solo quiere "esclarecer los hechos" y proteger su integridad. “Soy muy familiar, muy dada para todo el mundo. Soy una persona que también se defiende, pero esta vez no pude. Nunca había peleado ni me había visto relacionada en este tipo de cosas. No me interesa que alguien me siga o esté pendiente de mi vida”, agregó.La trabajadora enfatizó que su comportamiento laboral siempre ha sido profesional y que muchos clientes la conocen por su amabilidad y servicio.Según relató Ontivero, el hombre involucrado era un amigo de infancia con quien había perdido contacto. Durante el encuentro en el restaurante, lo atendió con normalidad y notó la incomodidad de su pareja, por lo que mantuvo distancia.Posteriormente, el hombre le escribió para aclarar que la situación había generado un malentendido en su relación. Ontivero aseguró que entre ambos no existía ningún vínculo sentimental, solo una amistad de años atrás.Sin embargo, días después, la mujer regresó al restaurante y la agredió violentamente. “Fue horrible, no tenía cómo defenderme. Solo pensaba que me iba a matar. Decía en mi mente: ‘Me mató’. Yo solo le decía: ‘¿Qué te pasa?’. Me dijo que era por mi amigo. Me agredió horrible, agredió a mi compañera y tenemos pruebas para el proceso legal”, relató.La mesera confirmó que ya emprendió acciones legales por la agresión y ha recibido apoyo de familiares, compañeros y usuarios en redes sociales.
Una alteración de orden público interrumpió la jornada electoral este domingo en el corregimiento de Rocha, en Arjona, Bolívar. Más de 15 personas ingresaron al puesto de votación ubicado en la institución educativa de esa población y destruyeron todo el material electoral dispuesto en este lugar para que se llevara a cabo la consulta del Pacto Histórico.De acuerdo a las autoridades, cuando iniciaba la jornada electoral estas personas ingresaron al puesto de votación, sacaron de allí todo el material, y posteriormente lo incineraron y destruyeron.Estos son los videosEl secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, rechazó el hecho, al tiempo que explicó que trabajan en identificar y judicializar a los responsables.“Luego del disturbio podemos dar un parte de absoluto control por parte de las autoridades, desde el Puesto de Mando Unificado hemos coordinado acciones con la Policía, Infantería de Marina, y Fiscalía General de la Nación, y estamos adelantando los actos urgentes que nos permitan judicializar a las responsables de este hecho”, sostuvo.A su vez el funcionario señaló que autores de esta alteración de orden público, al parecer, exigían el arreglo de un vía.“Esto fue algo que tomó por sorpresa a las autoridades que se encontraban en el puesto de votación; sabíamos que la comunidad tiene una queja relacionada con infraestructura, con una vía que hace algún tiempo reclaman, pero esto no es un hecho que tenga que ver directamente con la jornada electoral, no había amenazas contra el certamen, por lo tanto, entran y aprovechan el escenario electoral para lanzar su voz contra otro tipo de quejas que tiene contra las autoridades, y de manera particular con el Gobierno nacional”, detalló.En este puesto de votación había 2.530 personas aptas para votar. Entretanto, en el resto del departamento de Bolívar la jornada transcurre en normalidad. En total hay 635 puestos de votación habilitados.
Mientras el huracán Melissa azota el Caribe central y se encuentra a 193 kilómetros de Kingston, Jamaica, con vientos de 222 kilómetros por hora, en el Caribe colombiano sus efectos se empiezan a reducir, pero aún se sienten sus coletazos.En su más reciente reporte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) resalta que se espera que estas condiciones tengan mayor influencia generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden afectar zonas marítimas y costeras del norte del país.Pese a esta tendencia, el Ideam bajó la alerta de naranja a amarilla en La Guajira. Otros departamentos como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, el Golfo de Urabá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen en estricta vigilancia.Y aunque Melissa se aleja del Caribe colombiano, el Ideam recomienda a toda la población tomar medidas de prevención y de seguridad como evitar acercarse a corrientes de agua y no permanecer en zonas abiertas durante las lluvias.Igualmente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional.También, las autoridades sugieren a entidades operativas del SNGRD de los departamentos de Magdalena y La Guajira mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia ante posibles cambios de condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas en el Caribe Colombiano.
Consternada amaneció la población de San Onofre en el departamento de Sucre por el feminicidio de Januaris del Rosario Rodríguez Julio, de 35 años de edad.Según las indagaciones de la Policía en ese departamento, la mujer caminaba con su hija de cinco años por una calle del barrio Las Flores, cuando fue abordada por Anderson Licona Berrio, de 41 años, quien le habría propinado una puñalada en el cuello y otra en el tórax que le quitaron la vida.Según testigos, los gritos de la menor alertaron a los vecinos que inmediatamente dieron aviso a la Policía.Acto seguido, el hombre se lesionó con la misma arma cuando los uniformados lo interceptaron, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial donde permanece recluido.Fuentes policiales contaron que la niña permanece bajo el cuidado de familiares de la víctima, que, al parecer, habría sostenido en el pasado una relación sentimental con el feminicida.Los pobladores en San Onofre esperan que en los próximos días las autoridades judicialicen al señalado Anderson Licona Berrío, ya que como muchos manifiestan, su víctima era una mujer trabajadora dedicada al cuidado de su hija."Una vez se surtan los procedimientos legales pertinentes, se entregará información oficial conforme a los protocolos establecidos. La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos y reitera su compromiso con la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra todo tipo de violencia", consta en una comunicación de la policía de Sucre.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.