"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Aunque ya pasaron 24 horas de la emergencia que consumió la mercancía de 12 locales comerciales en el Palacio de la Moda, el olor a humo y las marcas de las llamas les recuerdan a los dueños y empleados que tendrán que trabajar duro para recuperar las pérdidas materiales.“Hacemos un llamado para que nos ayuden, que nos compren la ropa, las lociones y todo eso… tuvimos una pérdida muy grande ayer, pero en el nombre de Dios nos vamos a recuperar. Pedimos que nos ayuden”, dijo uno de los vendedores que se ubicó en plena calle para vender lo que pudo salvar.Cabe resaltar que la Alcaldía de Bucaramanga cerró el paso vehicular en la carrera 16 entre calles 35 y 36 para ubicar carpas provisionales donde los afectados pueden ubicar sus productos, esperando que la comunidad los apoye.Pues en medio del drama aparece la esperanza. Blu Radio llegó hasta el sitio de la emergencia y presenció de primera mano la solidaridad de personas como Silvia Estupiñán, quien madrugó para apoyar a estos comerciantes.“Yo no necesitaba nada, yo tenía todas las compras, pero estaba ayer aquí en el centro cuando el incendio y no me daba el corazón para no venir. Yo creo que todos debemos venir a comprar algo, o sea, ellos necesitan el apoyo de nosotros porque en plena temporal lo perdieron todo. Allá hay un local de ropa que lo perdió absolutamente todo”, expresó Silvia.La joven contó que el momento del incendio todo fue una locura, pues llegó Policía, Ejército, tres carros de bomberos y dueños de locales tratando de salvar la mercancía que pensaban vender durante las últimas semanas del año. Todo fue un caos.Silvia Estupiñán hizo una invitación desde su corazón: “A que todos vengan a comprar. Yo sé que de pronto mucha gente no necesita nada, pero vengan, veinte mil, treinta mil, una compra sencilla, todo eso es una ayuda para ellos. En plena temporada lo han perdido todo. Lo mínimo que podemos hacer los demás es venir a comprar algo, o sea, solidaridad... solidaridad, es el punto”, recalcó.En vista de que la Alcaldía de Bucaramanga no ha manifestado claramente si reubica a este grupo de comerciantes, algunos de ellos decidieron no esperar y por el contrario madrugaron a lavar y pintar parte de la estantería que permaneció en pie. Por ahora, en medio del olor a humo, que se confunde con el de la tristeza, decenas de familia escogen y sacuden la ropa que les marcará un nuevo comienzo.
Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel (ACPM) en Colombia registró un aumento, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La entidad dio a conocer los precios de referencia de venta al público que rigen en el país, con valores diferenciados por ciudad.La actualización hace parte del esquema regular de precios que tiene en cuenta los valores fijados por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y aplica para las principales ciudades del país.¿Cuánto cuesta el diésel en las principales ciudades?Estos son los precios del ACPM por galón vigentes desde el 20 de diciembre de 2025 en 13 ciudades principales:Cali: $11.318Villavicencio: $11.276Pereira: $11.259Manizales: $11.245Medellín: $11.198Bogotá: $11.176Ibagué: $11.167Montería: $11.077Bucaramanga: $10.932Barranquilla: $10.861Cartagena: $10.827Pasto: $10.238Cúcuta: $8.932El precio promedio del ACPM en estas 13 ciudades quedó en $10.885 por galón, un aumento de 100 pesos.Ciudades con el diésel más caro y más baratoMás caro: Cali y Villavicencio aparecen entre las ciudades con el precio más alto del diésel, superando los $11.300 por galón.Más barato: Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con un precio inferior a los $9.000 por galón.¿Por qué subió el precio del diésel?La CREG explicó que los nuevos valores se publican con base en los ingresos al productor definidos por el Gobierno nacional y en los criterios legales vigentes para impuestos y sobretasas. Desde el 20 de diciembre, el ingreso al productor del ACPM quedó establecido en $5.960,02 por galón, lo que incide directamente en el precio final al consumidor.
La Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos. Se trata de la República de Belarús, también conocida como Bielorrusia, que entró oficialmente en el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre ambos países. Esta medida permitirá que los ciudadanos colombianos ingresen al territorio bielorruso sin la obligación de tramitar visa cuando el viaje tenga fines turísticos.El convenio comenzó a regir antes de finalizar el año 2025 y establece una modalidad de libre tránsito e ingreso al país europeo, fortaleciendo así la movilidad internacional de los colombianos en Europa, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este acuerdo, Colombia continúa ampliando el abanico de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar con menos trámites migratorios.Cancillería confirma exención de visa para colombianos en BielorrusiaDe acuerdo con lo confirmado por la Cancillería, el convenio entró en vigor el 19 de diciembre de 2025, luego de que el documento fuera firmado el pasado 9 de abril y se completaran los procedimientos internos de formalización entre Colombia y la República de Belarús.La exención mutua de visados permite estadías de corta duración y aplica para ciudadanos colombianos que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. Bajo este esquema, los viajeros podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario.No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a visitas de corta duración con fines turísticos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para actividades laborales, académicas ni de residencia permanente.Este paso también busca dinamizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, facilitando un mayor contacto entre ciudadanos de ambos países y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio. Para el Gobierno colombiano, este tipo de acuerdos representan una herramienta clave para fortalecer la presencia del país en Europa y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y económico.Qué hacer en Bielorrusia y a qué otros países europeos se puede viajar sin visaPara quienes estén considerando viajar a Bielorrusia, el país ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan:Minsk, la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.Brest, reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes.El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.Polotsk, una de las ciudades más antiguas del país, con la catedral de Santa Sofía como punto emblemático.En materia de turismo natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es una parada obligatoria. Allí se encuentra el bosque más antiguo de Europa y es posible observar al bisonte europeo en su hábitat natural. En cuanto al clima, la mejor época para viajar es durante el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas rondan los 22 grados centígrados. En contraste, el invierno puede ser bastante riguroso, con temperaturas que pueden descender hasta los -15 grados entre noviembre y marzo.Con la incorporación de Bielorrusia, Colombia amplía su lista de países europeos que permiten el ingreso sin visa para estadías de corta duración. Actualmente, los colombianos pueden viajar sin este requisito a:AlemaniaAustriaBélgicaBulgariaCroaciaChipreRepública ChecaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGreciaHungríaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgoMaltaPaíses BajosPoloniaPortugalRumaniaSueciaDinamarcaSuizaLiechtensteinNoruegaIslandiaEste nuevo acuerdo refuerza la tendencia de facilitar la movilidad internacional de los colombianos y abre la puerta a un destino europeo poco tradicional, pero cada vez más atractivo para el turismo.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al cantón Daule, en la provincia del Guayas, luego de que una mujer fuera asesinada a tiros poco después de salir del velorio del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El crimen ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre y generó alarma entre los habitantes del sector.La víctima fue identificada como Karen Grunaer, quien, tras asistir a las exequias realizadas en un camposanto de la zona, se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora. De acuerdo con información preliminar, el automotor en el que se transportaba fue interceptado por otro vehículo, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.Como consecuencia del ataque, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre la vía pública, escena que causó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, recolectar indicios balísticos y adelantar las primeras diligencias investigativas. El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del Distrito Daule, explicó a un medio nacional que, aunque la mujer había asistido al velorio del futbolista de Barcelona SC, de manera preliminar se descarta que el ataque tenga relación con la muerte de Mario Pineida.Las autoridades señalaron que esta hipótesis fue descartada en una primera evaluación, mientras continúan las investigaciones para establecer las verdaderas motivaciones del crimen y dar con los responsables.Según registros del sistema de la Función Judicial, Karen Grunaer no presentaba antecedentes penales. No obstante, figuran dos denuncias previas en su contra por presuntos delitos de intimidación y abuso de confianza, las cuales habrían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
Durante el Congreso Colombiano de la Construcción que se realiza en Barranquilla, Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de Camacol manifestó su preocupación por las decisiones recientes del Gobierno Nacional, como la de finalizar el programa “Mi Casa Ya”, que, según afirma, dejó a más de 70 mil familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda el año pasado.“Ya el Gobierno nacional ha tomado unas decisiones muy importantes sobre política de vivienda, como acabar el programa de subsidios de Mi Casa Ya, que dejó más de 70.000 familias damnificadas solamente en diciembre del año pasado. Este es un sector que en vez de haber contado con un plan de reactivación, fue testigo de cómo se cerraba abruptamente y sin una transición un programa tan importante”, expresóAfirmó que en los últimos tres años las ventas de inmuebles se han reducido a la mitad respecto a los niveles previos a la actual administración.“Hoy, y desde que llegó el presidente Petro llegó al Gobierno, vendemos la mitad, casi la mitad de lo que vendíamos hace 3 años. El nivel de iniciaciones de construcción de vivienda está en el grado más bajo, 110.000 unidades desde septiembre del 2012”.Así mismo dio a conocer que se duplicaron los desistimientos de viviendas, sobre todo en los hogares que querían adquirir una casa de interés social y ya no lo pudieron hacer y que no hubo una reactivación del sector.Herrera sostuvo que en los próximos años el país necesitará más de cuatro millones de viviendas nuevas, lo que plantea interrogantes sobre quién las construirá, cómo se financiarán y si se logrará hacerlo dentro de la formalidad.Pese a ese panorama, Herrera destacó experiencias positivas como la de Barranquilla, ciudad que se ha consolidado como ejemplo de articulación entre el sector público y privado. Indicó que solo en el último año, la capital del Atlántico registró la venta de más de 12.000 unidades de vivienda, lo que representa un crecimiento del 27 %, casi el doble del promedio nacional.
El Registrador nacional Hernán Penagos señaló que se mantiene la consulta interna del Pacto Histórico para este 26 de octubre tal y como estaba previsto y que por ahora no habrá modificación al calendario electoral.Informó que el censo electoral es de más de 39 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.Las declaraciones fueron hechas en medio de su participación en el Congreso Colombiano de la Construcción que se realiza en Barranquilla, en el que explicó que tanto el Ministerio de Defensa como la Fuerza Pública ya tienen listo el operativo de seguridad, así como el material electoral y la logística.“Cerca de 20.000 mesas de votación se abrirán el próximo domingo. La registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información, más de 110.0000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa y después de las 4 de la tarde los jurados contarán los votos, definirán los resultados a través de las actas electorales y la registraduría llevará el proceso de difusión y de consolidación de la información”, señaló.El registrador enfatizó en que no se reportan alertas que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.“El pasado domingo se instalaron todas las mesas y puestos de votación sin dificultades de orden público, esperamos que este domingo sea igual. El sábado tendremos reunión del Puesto de Mando Unificado y el domingo recorreremos algunos departamentos junto con el ministro de Defensa”, señaló.En cuando al costo de la consulta indicó que esta convocatoria está dividida en dos valores, los costos operativos que están cerca de $140.000 millones y otros $60.000 millones en gastos administrativos.Finalmente, hizo un llamado al sector privado para que cumpla con el deber de entregar los listados de empleados entre 18 y 60 años, con el fin de realizar sorteos más amplios y transparentes para la selección de jurados de votación.
Eurípides Cervantes Fontalvo es el adulto mayor que falleció este miércoles en la clínica Médicos Centro, de la ciudad de Valledupar, por un ataque de abejas africanizadas.El caso se presentó el pasado lunes y afectó a 16 personas, entre ancianos y personal que trabaja en el Centro de Vida Mayales, de la capital del Cesar. Según el sargento del cuerpo de bomberos de la capital del Cesar, Julio Ramírez, el panal de abejas se encontraba dentro de una pared, en el patio de la Academia del Turco Gil, justo al lado del hogar geriátrico.“Había muchas personas con movilidad reducida, lo que complicó más la evacuación de los adultos mayores. Algunos salieron por sus propios medios y a los otros tocó ayudar a sacarlos. Fue complicado porque las abejas cubrieron todo un perímetro bastante grande”, detalló el sargento Ramírez.Aunque la mayoría de las personas que sufrieron el ataque fueron dadas de alta, desde la administración distrital se conoció que dos pacientes continúan en la Unidad de Cuidados Intermedios bajo estricta observación médica.En el caso de la víctima mortal, se supo que antes del ataque se encontraba con otros adultos mayores en una actividad en el patio del Centro de Vida Mayales realizando una actividad recreativa, cuando fueron sorprendidos por las abejas.Bomberos de Valledupar informaron que el martes lograron retirar el panal de la pared del patio donde estaban y la situación retornó a la normalidad.
Tres días a la intemperie completa la familia Ojito Bastidas en el sur de Barranquilla, luego de que la cubierta de su casa colapsó sobre ellos en medio de la noche y bajo un intenso aguacero que arruinó sus enseres por completo.Al parecer, el techo de la vivienda se encontraba deteriorado y las lluvias de esta semana, que han caído acompañadas de fuertes vientos, terminaron de debilitar la estructura, al punto que esta cedió y cayó encima de sus ocupantes.Gabriela Ojito, una de las sobrevivientes de esta emergencia, contó que en medio del colapso solo intentó proteger a sus dos nietos, un bebé año y medio y una niña de 6 años; sin embargo, esta última quedó atrapada entre varios barrotes y sufrió un golpe en la cabeza por la que tuvo que ser trasladada a una clínica de la ciudad."El techo se nos cayó todo. Yo estaba con mis dos nietos y, entonces, por intentar cubrir a los niños, me subí encima de ellos para que no les cayera todo el techo, para que no les fuera pasar algo, pero la niña sí salió afectada, porque a ella le cayó un listón, un palo, pero gracias a Dios no pasó mayores", contó."Yo fui la que recibí todas las tejas en mi espalda y en la cabeza. Fui al médico y me dijeron que tengo un esguince y golpes en varias partes", agregó.Tanto Gabriela como su nieta fueron dadas de alta tras recibir atención médica. La niña, aunque sufrió un hematoma, se recupera satisfactoriamente, no obstante, la emergencia no cesa para esta familia que ha quedado damnificada."En sí perdimos todo, los abanicos, el televisor, los colchones, todo, porque el techo y las paredes se cayeron, entonces todo se nos dañó. Quedamos en el aire y unos vecinos son los que nos están dando alojo para dormir, pero necesitamos más ayudas, cualquier persona que nos pueda ayudar con cualquier cosa o material, nosotros lo agradecemos", expresó la mujer.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.