Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Barranca, al norte de Perú, dejó un joven muerto y tres personas heridas, luego de que una camioneta se saliera de la vía al tomar una curva a alta velocidad durante la madrugada del lunes 22 de diciembre. El siniestro quedó registrado en video por uno de los ocupantes del vehículo.La víctima mortal fue identificada como Pedro Simeón Erazo, de 29 años, quien viajaba en la parte trasera de la camioneta. De acuerdo con sus familiares, el joven falleció poco después de haber sido trasladado a un hospital de Barranca, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.Las imágenes captadas con un teléfono celular muestran a los cuatro amigos dentro del vehículo mientras se preparaban para acelerar de manera extrema. Según el registro, la camioneta alcanzó una velocidad cercana a los 158 kilómetros por hora antes de perder el control en una curva ubicada a la altura de la antigua Panamericana Norte, en jurisdicción de Lima norte.Medios locales informaron que el vehículo chocó contra una barrera de seguridad y terminó volcado, quedando boca arriba en una zona de pastizales. En el video, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, se escucha a uno de los jóvenes incentivar la maniobra segundos antes del impacto, lo que evidencia que la conducción a alta velocidad habría sido acordada previamente.Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las responsabilidades en el hecho. De manera preliminar, se indicó que el conductor, identificado como Jean Carlos Fuentes Riva de Neira, estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que habría sido determinante en la pérdida de control del vehículo. El hombre permanece bajo custodia policial mientras se recogen testimonios y se practican las pruebas correspondientes.Familiares de la víctima exigen justicia y sanciones ejemplares. La hermana de Pedro Simeón Erazo manifestó su dolor al recordar que el joven dejó un hijo de tres años. “Tiene que haber responsabilidad. Mi hermano deja a un niño muy pequeño y no sabemos cómo explicarle lo que pasó”, expresó entre lágrimas a medios locales.
La alerta que está activa en todo el continente por la posible propagación de la influenza A o la H3N2, ahora quedó encendida luego de que el Instituto Nacional de Salud confirmara el primer caso en Colombia. Se trata de un menor de edad que se había contagiado en un viaje internacional.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que el niño de dos años vive en la capital de Antioquia que se habría contagiado en octubre, que tuvo síntomas leves y que no requirió hospitalización. Además, el mandatario indicó que ya el menor está completamente recuperado.La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, indicó que por ahora no hay alerta de otros contagios en la ciudad y por ello llamó a la ciudadanía a que se vacune para evitar que la enfermedad se propague como ha ocurrido en otros países."Reiteramos el llamado de atención a toda la ciudadanía de fortalecer las medidas de autocuidado con la higiene de manos, aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios como todos con el frío nasal y a fortalecer la vacunación con influenza", indicó López.Por su parte, Gutiérrez expresó que los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable en Medellín e, incluso, habrían disminuido las consultas, hospitalizaciones y muertes asociadas a este tipo de enfermedades.El mandatario reiteró que la ciudad está capacitada para atender cualquier solicitud relacionada con la H3N2 y que, además, en la capital de Antioquia hay vacunación disponible contra la influenza y por ello volvió a pedirle a los habitantes de Medellín que vayan a los puntos de atención para evitar casos de esta enfermedad.
Con arengas y pancartas, alrededor de 400 empleados de una IPS en Neiva adelantaron un plantón exigiendo a la Nueva EPS que gire los recursos a la entidad prestadora de salud, quienes llevan cinco meses sin recibir sus honorarios y demás prestaciones como trabajadores.En diálogo con Blu Radio, la fisioterapeuta Alison Valencia dijo que desde hace un año se han presentado dificultades en los pagos de la Nueva EPS con la IPS que brinda sus servicios de fisioterapia y agregó que desde hace cinco meses no reciben el pago de sus salarios, situación que los ha obligado a suspender los servicios como profesionales de la salud.“Es injusto que en plena fecha de Navidad ,quienes venimos trabajando todo el año y todos los días, nosotros le brindemos todos los servicios a nuestros pacientes y la EPS no responda con los recursos económicos, por eso entramos en protesta. Desde el día de hoy suspendimos parcialmente nuestros servicios, pero si no hay una solución urgente, la decisión que tomaría la IPS es cerrar los servicios para todos los usuarios y son más de 1.500 usuarios afectados en todo el Huila”, advirtió la trabajadora profesional.De acuerdo con la profesional de la Salud, Alison Valencia, la IPS Fisiohome presta sus servicios especializados en Neiva y en todo el departamento del Huila, donde laboran fisioterapeutas, psicólogos, médicos generales y administrativos, entidad que depende del flujo de recursos por parte de las EPS a las que están afiliados sus pacientes.Blu Radio también habló con Tania Marcela Tovar, madre de un niño con autismo y expresó que, con esta protesta de los trabajadores de la salud, se afectan al menos 150 pacientes menores de edad que reciben terapia en todas las especialidades en la IPS Fisiohome.“Yo tengo un hijo que debe recibir como control de terapias constantes, hoy vine a control con mi niño y me encontré que los fisioterapeutas no están trabajando porque les deben varios meses de salarios y eso para nosotros como usuarios y pacientes es bastante preocupante” dijo con angustia la madre de familia.A raíz de la protesta y del cese de labores de los profesionales de la salud de la IPS especializada en fisioterapia, se han visto afectados al menos 150 niños en su mayoría con autismo y otras enfermedades que deben recibir terapias permanentes, expresaron con preocupación algunos padres de familia y pacientes.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Después de la alborada y dos fines de semana, se acercan dos fechas donde se dispara el número de quemados en Antioquia, como son las celebraciones del 24 y 31 de diciembre. Las Unidades de Quemados se encuentran al 100% en su ocupación, así lo revela el más reciente informe entregado por la Gobernación de Antioquia. Las causas más comunes en los lesionados son la manipulación de pólvora y los líquidos calientes.De acuerdo con datos de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, a la fecha solo en esta entidad han atendido 23 pacientes quemados con pólvora, de los cuales seis de ellos menores de edad y 57 quemados con líquidos calientes, donde se cuenta con 33 de ellos menores de edad.De acuerdo con Hidalgo Vélez, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación Medellín, es importante recordar que en la época decembrina las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas gravísimas."Por eso la invitación es a no manipular ningún tipo de instrumento que va a contener pólvora ni siquiera las chispitas mariposa. Siempre que ocurre una quemadura existe una destrucción de alguna de las capas de la piel, que tiene un grado variable dependiendo de la profundidad del tejido afectado”.Según el último reporte de quemados con pólvora en el departamento, la cantidad de personas lesionadas sigue aumentando, a pesar de los múltiples llamados por parte de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, llegando a 95 personas lesionadas. En cuanto a la cifra de quemados, solo en el municipio de Medellín, con corte al 23 de diciembre, llegó a 51, con 12 mujeres y 39 hombres, de los cuales 17 casos corresponden a menores de edad. es decir cerca del 40%.La petición del Hospital San Vicente Fundación, como una de las principales unidades de quemados del área metropolitana de Medellín, es que se evite la quema de pólvora por las afectaciones, debido a que la capacidad se puede ampliar sólo hasta en un 150%.Igualmente, insiste que no debe hacerse tratamientos en casa y que en caso de una quemadura grave, pueden asistir a los servicios de urgencias para recibir la atención especializada.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Hacia las 7 de la noche de este viernes fue suspendida la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y, con ella, aplazada la elección del nuevo rector de la institución dentro de una terna de cinco candidatos.Ante el aplazamiento, se designó de manera temporal a Josefa Cassiani, actual secretaria general, como rectora encargada. La medida busca garantizar el normal funcionamiento administrativo y académico de la universidad mientras la Procuraduría General de la Nación se pronuncia sobre las recusaciones que impiden al órgano colegiado continuar con el proceso de elección para el periodo 2025–2029.El Consejo Superior tenía previsto escoger este viernes al sucesor del actual rector Danilo Hernández, cuyo periodo está por finalizar. Sin embargo, la sesión fue suspendida en medio de tensiones, luego de que las recusaciones fueran radicadas y remitidas al Ministerio Público, que deberá resolverlas.Una vez la Procuraduría emita su concepto, el Consejo podrá convocar nuevamente a sesión para entrevistar a los cinco candidatos finalistas: Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla, por lo que aún no se tiene fecha para dicha reunión.“La Universidad del Atlántico reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de la educación pública en el departamento y la región Caribe”, indicó el alma máter en un comunicado.
Durante una visita de inspección a la empresa Seatech International, productora de los atunes Van Camps, el Ministerio de Trabajo cerró tres de los buques que operan en esta compañía ubicada en la zona industrial de Cartagena.El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien lideró la inspección, explicó que la mayoría de los trabajadores del lugar no contaban con contratos ni con las garantías laborales que exige la ley. La medida será inicialmente por 10 días.“Hemos inspeccionado cuatro buques que están atracados aquí en Mamonal, en la zona industrial de Cartagena. Son buques que están al servicio de la empresa Seatech International, que es la firma que opera los atunes Van Camps, y encontramos que casi en su totalidad estos trabajadores no cuentan con contrato laboral, como lo exige la ley. No tienen protección en seguridad social y mucho menos en riesgos laborales”, dijo.Los buques a los que se les aplicó la medida de cierre temporal son Sandra, Amanda y Nascar.“Ya aquí ha habido episodios de incendio en uno de los buques, que nosotros también hemos investigado, y por esa razón hemos procedido al cierre de tres de ellos”, agregó.El ministro Sanguino advirtió además otras irregularidades halladas durante la inspección. Señaló que varios trabajadores habrían sido escondidos en una bodega y que algunos, incluidos los capitanes de los barcos, no contaban con ningún tipo de documentación.“(…) Nos encontramos con un hecho absolutamente irregular que puede constituir un delito y que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía y de la Dirección de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Sucede que, mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos; los escondieron o los retuvieron”, detalló.El jefe de la cartera de Trabajo indicó que los buques de bandera colombiana son territorio colombiano y que en ellos deben aplicarse las normas laborales del país.“Querían ocultar a la inspección que estábamos realizando, como Ministerio del Trabajo, las condiciones en que estos trabajadores laboran, y evitar que pudiéramos acceder a ellos para documentar mucho mejor la labor de inspección que hemos hecho. En todo caso, la inspección se ha realizado y el resultado concreto e inmediato es el cierre de estos tres buques”, concluyó.
La ola de violencia en el sur de Bolívar sigue sumando víctimas en este territorio. Cerca de 300 personas de las veredas Capellanía, Los Robles y El Tesoro, en zona rural de Santa Rosa del Sur, se desplazaron durante esta última semana por cuenta de los enfrentamientos entre los grupos armados que delinquen en la zona.“La población empezó a salir desde el fin de semana pasado, cuando comenzaron estos combates. Poco a poco han ido abandonando el territorio y, en este momento, muchas de estas familias se encuentran en el corregimiento de Villa Flor, donde hemos podido brindar asistencia humanitaria. Esto es muy preocupante, pues también hay decenas de familias en hacinamiento y confinadas, que tienen miedo de salir por las vías para llegar a Villa Flor”, señaló en diálogo con Blu Radio el alcalde de Santa Rosa, Milton Olaya.A su vez, el mandatario alertó que ya se completan siete días del secuestro del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, Armando Ávila, quien estaría en poder del ELN, junto con otro habitante de la zona.“Desde la semana pasada, lamentablemente, se encuentra secuestrado el presidente de la JAC de la vereda Los Robles y un trabajador del municipio de Santa Rosa. Todavía seguimos esperando la liberación de Heider Jaramillo, quien se encuentra secuestrado desde mayo. Es realmente preocupante esta situación que estamos viviendo, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de todo el municipio. Por eso insistimos y seguimos pidiendo apoyo al Gobierno Nacional y a las organizaciones de derechos humanos para que nos ayuden a recuperar a los secuestrados, pero también a garantizar que la población pueda estar y permanecer en el territorio”, dijo.Precisamente, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta sobre la crisis humanitaria que afrontan las comunidades del sur de Bolívar, por cuenta de la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y de la minería ilegal.De acuerdo con la Defensoría, además de los confinamientos, el desplazamiento masivo y el secuestro de líderes y civiles, los habitantes de esta zona del departamento son usados como escudos por los grupos armados durante los enfrentamientos y se ven sometidos a constantes restricciones de movilidad.Según datos de la entidad, en lo corrido del año se han registrado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos de comunidades, que han afectado a 15.240 personas en Santa Rosa del Sur; 5.409 en Montecristo; 3.090 en Arenal del Sur; 249 en Cantagallo; 160 en Morales y 76 en Río Viejo. Asimismo, explicaron que actualmente hay tres emergencias activas.“La disputa territorial entre el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC) y el ELN, sumada a la presencia del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte del Estado Mayor de los Bloques y del frente de las disidencias de las FARC de la línea de Calarcá, ha convertido la Serranía de San Lucas, en el Magdalena Medio, en un epicentro de violencia generalizada, desplazamientos masivos, confinamiento de comunidades y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, indicaron.En la comunicación, la Defensoría instó a tomar acciones urgentes para lograr una respuesta integral del Estado que priorice la protección efectiva de la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades, así como el restablecimiento de los derechos de las víctimas y de la presencia institucional permanente en el territorio.
Incertidumbre. Esto generó en algunos analistas y atlanticenses el anuncio hecho por Camilo Pineda Serge, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla, sobre la posibilidad de trasladar a una cárcel del departamento a Jorge Eliécer Díaz Collazos, cabecilla de Los Costeños, y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de la banda criminal de Los Pepes, hoy recluidos en la cárcel Picota de Bogotá.La noticia se generó durante el desarrollo de la primera mesa de trabajo entre funcionarios del Gobierno nacional, vinculados a la Consejería Comisionada de Paz (CCP), y autoridades del departamento del Atlántico, en el marco de la fase exploratoria de los diálogos con las estructuras criminales de los Los Pepes y Los Costeños, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla.Le puede interesar: Negociación con bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes' ya tiene marco jurídico: Otty PatiñoSegún el delegado Pineda, el traslado de Palomino y Díaz Collazos podría generar algunas condiciones favorables para el proceso que apenas arranca en su fase exploratoria.Esta decisión, destaca Luis Trejos, doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales, era previsible, ya que este tipo de estímulos harían parte de los compromisos que hace el gobierno con estas personas, sin embargo, este solo se debería entregar e, incluso, anunciar, una vez se verificara que la tregua se estuviera cumpliendo a cabalidad.“Yo creo que esto era previsible y sí, un poco apresurado, teniendo en cuenta que la mesa ni siquiera se ha iniciado formalmente. Se tiene la expectativa que en una o dos semanas esté arrancando. Yo creería que el traslado debía ser un incentivo que se les entregara, pero una vez se verificara que la tregua se estuviera cumpliendo a cabalidad”.Entre otras cosas, agregó el profesor Trejos, que el anuncio “hace parte de las pocas cosas que el Gobierno tiene para ofrecerle en este momento a esos dos individuos, por lo que es probable que si la tregua se sostiene el Gobierno también le dará la designación de gestores de paz.En esa línea, el doctor en Seguridad Internacional, Janiel Melamed Visbal, subraya que la designación de estos actores como gestores de paz también es un hecho perfectamente viable y previsible, así como la posibilidad de brindarles permisos temporales para su salida de centros de reclusión, e incluso permitirles montarse en tarimas y dirigirse a la comunidad como pasó en Medellín.De momento, agrega el experto, hay una iniciativa para sacar adelante un proyecto de ley (paz total) que le dé piso jurídico y mucha mayor precisión a los reales alcances de estas mesas de diálogo socio jurídico, pero el ambiente de trámite legislativo en el Congreso no es el más favorable.“También generan muchísimas incertidumbres y preocupaciones saber cuál será el papel que estos actores podrán tener frente a las comunidades en los territorios donde ejercen influencia e injerencia, especialmente en ese momento, en vísperas de elecciones para Congreso y Presidencia, a sabiendas de que es claro que el interés de estos criminales es impulsar la agenda del candidato que garantice la continuidad de los programas del actual gobierno, y esto, por supuesto, tiene un elemento muy importante en materia de posibles escenarios de constreñimiento electoral, especialmente, tomando como consideración la reciente alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para el departamento del Atlántico”, expuso Melamed.Al respecto, el profesor Trejos destacó que efectivamente haría mucho ruido el traslado de alias Castor y Digno Palomino con las elecciones a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que la semana anterior la defensoría del Pueblo hizo pública una alerta temprana sobre riesgo electoral y pone a varios municipios del Atlántico en grave riesgo, precisamente por la presencia de estos actores criminales.“Se esperaría que las autoridades brinden todas las garantías posibles a los candidatos con el fin de que estas organizaciones criminales no tengan algún tipo de influencia en los resultados electorales de marzo, pero también hay que tener en cuenta que en mayo tendremos la primera vuelta presidencial”.Por último, Trejos comentó que es “difícil prever resultados”, sobre las negociaciones entre Pepes y Costeños, ya que no se está cerca del desmantelamiento de esas estructuras, ante la ausencia de un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de esas organizaciones, “entonces lo que realmente hay es un apaciguamiento de algunas violencias de manera temporal y esa temporalidad va estar marcada por los resultados electorales de 2026”.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.