En el municipio de Juárez, en México, fue encontrado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrio, el docente barranquillero, de 42 años, del que no se tenían rastros de vida desde el pasado 2 de enero cuando había sido detenido en el aeropuerto de ese país por presuntas faltas “faltas administrativas”.La noticia fue confirmada tanto por familiares como por la Fiscalía de Nuevo León, la cual en sus redes sociales escribió que el hallazgo se debió gracias “a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación”.Escobar Barrio trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, pero fue retenido dos días en Monterrey, cuando regresaba en un vuelo directo de Bogotá, donde estuvo pasando vacaciones con su familia.El caso tuvo gran relevancia tanto en Colombia como en tierras mexicanas, por lo que abogados del Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución en la que trabaja, están solicitando detalles exactos de lo que fue su retención.Elvira Romero Escobar, prima del profesor, contó hace unos días a Blu Radio que al parecer tuvo un problema con Migración al llegar al aeropuerto, pero nadie daba razón de él.“Leonardo estuvo en diciembre acá en vacaciones, no llegó a Barranquilla, solo en Bogotá, pues estaba departiendo con su papá, mi tío. Como él regresaba el 30 (de diciembre) pues Leonardo se devuelve esa misma fecha para México”, dijo inicialmente.“Al parecer ocurre algo, no sé, como un tema de migración, y a Leonardo en un filtro lo detienen. Posteriormente manifiestan que lo liberan el día dos de enero, esa misma fecha se comunica con Lina, su hermana y también me deja unos audios en donde decía lo que pasó. Me decía que le contestara, pero a Lina si le dijo que lo había liberado”, agregó especificando que esa fue la última conversación que habían tenido.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmaron la suspensión de los traslados que se preparaban para Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y varios integrantes de Los Costeños hacia Barranquilla, debido a las denuncias de falta de garantías en estos penales.Precisamente, Verano aprovechó para reunirse privadamente este viernes con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y aclararle que antes de eso debe haber un sistema institucional sólido y un buen acompañamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.“Evidentemente creemos que si nosotros vamos a hacer escenario, como el que se está solicitando, de conversaciones de paz entre una serie de organizaciones delictivas, pues sería importante que también hubiese paralelamente la construcción de un sistema institucional muy sólido de parte del Gobierno Nacional. Una conversaciones deben tener presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para poder tener realmente posibilidades de llevarlas a cabo”, dijo inicialmente.“Estaríamos de pronto abriendo las puertas de unas conversaciones que no solamente dificultan la seguridad, sino que tendríamos acá la invasión —por decirlo de alguna manera— de una serie de organizaciones delictivas en nuestras cárceles que no están preparadas. No tienen cámaras de seguridad, ni sistemas de seguridad internos, por lo que pensamos primero en lo que se requiere para poder hacer la propuesta del Comisionado de Paz”, agregó.En la cita no se tomaron decisiones concretas, sin embargo, agendará Verano una segunda reunión para analizar el balance de la tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'.Otty Patiño quiso reunirse también con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hablar sobre este tema, aunque hasta el momento eso no ha sido posible. Asimismo, el barranquillero ha sido uno de los principales contradictores de esta medida.Del mismo modo, la suspensión del traslado también fue confirmado por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió que primero se debe profundizar en el “compromiso con la paz de estas personas".Terminó diciendo que la mediación quedará en manos de Cyrillus Swinne, más conocido como el padre Cirilo, y que hasta ahora el proceso de desactivación ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
La actuación de la jueza Carmen Luisa Terán en torno a la decisión de darle libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López el pasado 29 de diciembre, por supuestamente presentar buena conducta y estar estudiando y trabajando mientras cumplía con su medida en prisión, está siendo revisada.De acuerdo con la Comisión Judicial de Disciplina, es necesario investigar la conducta de la funcionaria, para lo que solicitaron que el caso sea sometido a reparto “lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.Según resume este tribunal, la jueza ha estado asociada desde su despacho del juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla a varias decisiones. Inicialmente le redujo la condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir a 29 años.Además, posteriormente le dio la libertad condicional, lo que fue revertido por orden de un segundo juzgado, lo que lo llevó a regresar a la Penitenciaría El Bosque.“Aunque la decisión judicial adoptada antes de finalizar 2025 estaría soportada bajo argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial considera que hay méritos para revisar esa actuación”.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante los decretos de emergencia económica tendrán profundas consecuencias para las finanzas regionales, especialmente en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento. En entrevista con Mañanas Blu, Rendón aseguró que las nuevas cargas tributarias derivadas de la emergencia reducirán las utilidades de la FLA en 200.000 millones de pesos.“El Gobierno no dimensionó el desastre económico que podría ocasionarle esto a unas finanzas muy averiadas ya de los departamentos”, advirtió el mandatario, al señalar que las disposiciones del Ejecutivo alteran gravemente la sostenibilidad fiscal de Antioquia.Un impacto fiscal superior a 1,5 billones de pesosRendón explicó que la administración departamental ha venido evaluando las consecuencias de los decretos aprobados a finales de 2025, los cuales se suman al incremento del salario mínimo “cinco veces por encima de la inflación causada”. Según sus estimaciones, la combinación de ambas medidas implicará un impacto total superior a 1,5 billones de pesos para el departamento.El gobernador precisó que solo en el caso de la Fábrica de Licores, la empresa tendría que aumentar sus ventas en cerca de 700.000 millones de pesos para cubrir las nuevas obligaciones tributarias con la Nación, sin afectar su rentabilidad. “La Fábrica de Licores vendió el año anterior 2,1 billones de pesos; este año tendría que vender más de 2,8 billones para honrar las disposiciones de la emergencia económica”, explicó.El aumento en los impuestos al consumo e IVA, aseguró, reducirá directamente el volumen de ventas. “Por cada punto porcentual que usted aumente el precio, se reduce en la misma magnitud la demanda”, subrayó el gobernador, citando estudios económicos que advierten sobre la sensibilidad del mercado frente a incrementos tributarios en productos como licores y cigarrillos.Obras y programas sociales en riesgoEl jefe del gobierno departamental advirtió que la caída de ingresos afectará directamente la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura en Antioquia. “Vamos a tener que dejar a mitad de camino muchas obras, la posibilidad de conquistar muchas metas”, señaló.Rendón destacó particularmente el impacto en los programas de vivienda y bienestar social. Según sus cálculos, por cuenta del aumento salarial y las cargas adicionales, más de 12.000 familias podrían quedarse sin acceso a su vivienda propia. “Nos va a tocar reducir el alcance de contratos de obra en curso y ajustar recursos destinados a educación y salud”, añadió.El mandatario insistió en que la Nación está apropiándose de recursos que constitucionalmente pertenecen a las regiones, especialmente los derivados de monopolios rentísticos como el licor. “El Gobierno les está usurpando esos recursos a las regiones para cuadrar su caja, una caja que no ha sabido manejar”, cuestionó.“Una disposición casi dictatorial”Con tono crítico, el gobernador Rendón acusó al presidente Gustavo Petro de actuar de manera autoritaria al imponer decisiones sin concertación con los territorios. Según dijo, las regiones están experimentando un “hastío y cansancio con esa disposición casi dictatorial del Gobierno Nacional de querer pasar por encima de todas las instituciones”.El mandatario antioqueño recordó que la figura de excepción de inconstitucionalidad le permite a los gobiernos departamentales oponerse a la aplicación de decretos que vulneren la Carta Magna o las competencias territoriales. Explicó que esta herramienta, existente en Colombia desde hace más de un siglo, ha sido invocada por Antioquia para evitar el cumplimiento de algunos artículos de los decretos de emergencia considerados contrarios al orden constitucional.La medida adoptada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025, bajo el argumento de contener los efectos fiscales del déficit presupuestal, ha generado tensión entre la Casa de Nariño y varios gobernadores. Rendón confirmó que en la más reciente cumbre de mandatarios regionales se registró un rechazo generalizado hacia la forma como fue expedida la emergencia económica y sus implicaciones tributarias.“Los departamentos son los entes más débiles fiscalmente y, en lugar de fortalecerlos, se les está quitando autonomía y recursos esenciales para la salud, la educación y el desarrollo local”, enfatizó.Antioquia invocará la excepción de inconstitucionalidadRendón ratificó que Antioquia acudirá formalmente a la excepción de inconstitucionalidad para impedir la aplicación de los nuevos tributos sobre el monopolio del licor. “Podríamos estar llegando a una inaplicabilidad parcial de los contenidos tributarios de los decretos asociados al impuesto al consumo”, explicó, aunque reconoció que en el caso del IVA la discusión es distinta por tratarse de un tributo nacional.Gobernadora del Meta alerta por contrabando y falta de articulaciónLa gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, coincidió con el mandatario antioqueño y expresó su preocupación por los efectos colaterales de las medidas del Ejecutivo. Aseguró que los decretos “no solo debilitan las finanzas departamentales, sino que fortalecen la economía ilegal”. “Estamos tan angustiados porque hemos crecido en contrabando y con estas medidas lo que hace el Gobierno Nacional es que esos grupos ilegales se fortalezcan”, advirtió. Según explicó, este fenómeno golpea directamente las rentas que financian sectores esenciales. “Eso afecta la salud, la educación y el deporte; nosotros giramos 25 mil millones, pero cada vez tenemos menos margen para invertir”, precisó.Cortés lamentó especialmente la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo y las administraciones regionales, pese a las advertencias que los gobernadores habían hecho durante 2025. “Lo más triste ha sido la poca o ninguna articulación con el Gobierno Nacional, después de haber trabajado todo el año pasado en el aumento del Sistema General de Participaciones”, señaló, y agregó que los llamados “decretazos” terminan por “violar la autonomía de las regiones y la gobernanza de los gobiernos locales”.Hospitales y servicios en riesgo en el MetaLa mandataria del Meta explicó que el incremento del salario mínimo, sumado a las nuevas cargas fiscales, está afectando directamente el funcionamiento de hospitales, escuelas y proyectos de infraestructura. “Estamos preocupados porque muchas de las ordenanzas se construyeron con base en el salario mínimo anterior, y este aumento no fue concertado con los departamentos”, enfatizó.Según Cortés, el Hospital Departamental de Villavicencio, que atiende pacientes de siete departamentos de la Orinoquía, se encuentra en riesgo de desfinanciarse. “Hoy ponemos en riesgo la salud, la educación y el deporte, justo los temas que más queremos proteger”, afirmó. La gobernadora indicó que, pese a las dificultades, asistirá el próximo lunes a las 8 de la mañana a la reunión convocada por el Ministro de Hacienda, con el propósito de “buscar soluciones concretas y abrir un espacio de diálogo que hasta ahora no ha existido”.Gobernadores acudirán a la Corte ConstitucionalCortés confirmó además que los mandatarios regionales preparan una acción conjunta para solicitar una audiencia en la Corte Constitucional, liderada por el gobernador Rendón, con el fin de revisar la legalidad de los decretos. “Vamos a pedir audiencia en la Corte porque este decreto es violatorio de la Constitución y nos corresponde, como gobernadores elegidos por voto popular, defender los derechos fundamentales de nuestros habitantes”, expresó.La mandataria hizo un llamado al respeto institucional y exhortó al Gobierno Nacional a que se restablezca el diálogo entre los niveles de poder. “Pedimos respeto a los gobernantes regionales y a la autonomía de los territorios, porque las decisiones improvisadas desde Bogotá terminan afectando la vida cotidiana de millones de colombianos”, concluyó.
Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, dio a conocer las tres apuestas en las que se invertirá el empréstito que presentará ante el Concejo de Bucaramanga, proyecto que no fue aprobado al exalcalde Jaime Andrés Beltran. De acuerdo con el líder de los bumangueses, la capital santandereana cuenta con una capacidad de endeudamiento cercana a los $800.000 millones.El mandatario local dio a conocer detalles de la solicitud que haría al Gobierno nacional: “El municipio de Bucaramanga tiene una capacidad financiera totalmente amplia y sus finanzas tendrán un endeudamiento sano. Bucaramanga necesita en materia de movilidad, seguridad, pero sobre todo de orden. Necesitamos un empréstito para poder lograr y resolver de manera rápida esta situación”.Las apuestas que tendrá este empréstito están focalizadas en tres obras estratégicas. La primera, el Plan Maestro de Movilidad con el objetivo de intervenir algunas de las principales vías de la ciudad bonita y resolver la problemática en la Troncal Norte Sur (intercambiador vial en la intersección de la calle 45 con carrera novena), y la ampliación de la carrera 2W en el barrio Mutis, en el sector del Mercado Campesino. “Esa obra a nosotros nos va a poder permitir el margen de dos años y medio, para que Bucaramanga pueda tener otras vías de acceso de sur a norte y de norte a sur, y no tan solo tener la 27 o la 33 como las vías principales para poder transportarnos en la ciudad”, afirmó Portilla Pérez.La segunda intervención sería para el cambio de la red semafórica a una red inteligente. “Los semáforos de Bucaramanga tienen años luz, pero ya ni siquiera tienen luz. Ya están agonizando. Es importante para que la ola verde que tanto añoramos nosotros de manera digital podamos verla acá”, comentó el mandatario local.La tercera obra sería un Centro de Detención Transitoria, una cárcel para detenidos para solucionar el hacinamiento que tienen las estaciones de policía actualmente. “Las tres estaciones de policía están en este momento en un hacinamiento impresionante. Tenemos 90 policías cuidando bandidos cuando deberían estar es en otro lugar, cuidando a las personas”, dijo Portilla Pérez. Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Bucaramanga presente el proyecto ante el Concejo Municipal, donde se definirá la viabilidad técnica, financiera y jurídica del empréstito.
Un nuevo video de cámaras de seguridad reveló la secuencia exacta de los hechos que derivaron en uno de los accidentes más graves registrados recientemente en Bogotá, ocurrido en la tarde de este jueves 15 de enero sobre la avenida carrera 68 con avenida Chile (calle 72), en la localidad de Engativá. El siniestro dejó como saldo tres personas muertas, varios heridos y una congestión vial que se extendió durante horas en uno de los corredores más importantes del noroccidente de la capital.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, la tragedia comenzó alrededor de las 2:35 p. m., cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al conductor de una camioneta a la salida de un restaurante para robarle sus pertenencias. Tras el hurto, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C en sentido norte.Las imágenes, conocidas por Citytv, muestran cómo segundos después la camioneta gris tipo platón de la víctima inicia una persecución por el mismo corredor. En el video se observa que ambos vehículos giran posteriormente hacia la avenida carrera 68, ya en sentido sur, en medio de un tráfico constante de peatones, comerciantes y automotores particulares.Pocos metros antes de llegar a la calle 72 se desató la tragedia. La motocicleta impactó contra un automóvil gris que transitaba por la vía y quedó incrustada en su parte posterior. Ese mismo vehículo terminó colisionando contra una volqueta de carga pesada. Segundos después, la camioneta que venía detrás, involucrada en la persecución, se volcó lateralmente y golpeó a otro automóvil rojo que circulaba por el sector.La peor parte la llevaron personas que no tenían ninguna relación con el hecho inicial. En el vehículo de menor tamaño viajaban dos adultos mayores, quienes murieron de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. El tercer fallecido estaría vinculado a la dinámica del choque múltiple, aunque su identidad no ha sido revelada mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal.El accidente generó una escena de caos en plena hora pico. Debido a que uno de los vehículos quedó volcado y los restos de los demás obstruían casi por completo la calzada, fue necesario el uso de grúas de gran capacidad para retirar los automotores involucrados. Estas labores, sumadas al levantamiento de los cuerpos, mantuvieron paralizado el tránsito durante varias horas, afectando seriamente la movilidad entre el norte y el occidente de Bogotá.
Hay expectativa en Barranquilla porque en la tarde de este viernes se estará reuniendo el alto comisionado para la paz Otty Patiño con el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano para buscar un acuerdo en torno a los traslados de algunos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ a centros carcelarios de la capital del Atlántico antes del 20 de enero.Para esto, el funcionario del Gobierno nacional solicitó durante la semana las citas para estos encuentros que realizará por separado; primero con el alcalde y luego con el gobernador.Al respecto, Blu Radio conoció que ya el gobernador Eduardo Verano confirmó el encuentro, sin embargo, no está confirmado si el alcalde Alejandro Char, uno de los más críticos a estos traslados, lo recibirá en su despacho. Patiño buscará acercarse a las autoridades locales del Atlántico, luego de los reclamos que se produjeron el pasado fin de semana porque no había sido socializada la intención de trasladar a líderes como 'Castor', 'El Negro Ober', entre otros, a cárceles de Barranquilla, lo que para el alcalde Alejandro Char dejaba expuesta a la ciudad. "En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", manifestó el alcalde a través de su cuenta de X el pasado lunes. Patiño explicaría a los mandatarios el objetivo de estos traslados y buscaría realizar acuerdos para involucrarlos en el proceso de diálogo y acercamiento que lidera el Gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en la zona urbana de Barranquilla y su área metropolitana.
La calidad del servicio de energía en la región Caribe mostró un cambio durante 2025. Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron el mejor desempeño de los últimos años en los indicadores que miden las interrupciones del suministro eléctrico, un avance que impactó de manera directa a más de cinco millones de usuarios entre hogares, comercios e industrias atendidos por Air-e Intervenida.De acuerdo con las cifras consolidadas de la compañía, en promedio la luz se fue 38,21 horas durante todo 2025 en estos tres departamentos. Este dato, medido a través del indicador SAIDI, representa una reducción del 36,6 % frente a 2024, cuando el promedio anual era de 60,33 horas sin servicio. En términos prácticos, los usuarios pasaron menos tiempo a oscuras, una de las principales quejas en esta zona del país.Por otro lado, el indicador SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio en el año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, lo que equivale a una reducción del 5,12 %. Aunque el número de cortes sigue siendo un reto, la tendencia descendente confirma una mayor estabilidad en la operación del sistema eléctrico.A este avance en calidad se suma la estabilidad de la tarifa, anunciada como parte del esfuerzo por aliviar el impacto económico en los usuarios y recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2026, la empresa aseguró que continuará ejecutando obras priorizadas, gestionando nuevos recursos con el apoyo del Gobierno y promoviendo una cultura de corresponsabilidad, en la que el pago oportuno y el uso adecuado del servicio sean claves para mantener y mejorar el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Hacia un centro penitenciario en Barranquilla será trasladado Álvaro Felipe Rivera Ramírez tras la medida de aseguramiento de detención preventiva que le ordenó el Juzgado 07 Penal Municipal por ser el presunto autor material del feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, luego de su hallazgo en un apartamento en abril de 2024.El togado se acogió a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, aunque aclaró que esta no es una condena anticipada, pues solo busca proteger los fines de orden constitucional y el avance de las investigaciones. Además, aclaró que en el juicio el procesado podrá utilizar todas sus pruebas para defenderse.“Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, acorde al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, como presunto autor material a título de dolo de la conducta punible de feminicidio agravado. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley”, expresó durante la audiencia.En medio de la diligencia, el juzgado especificó como clave el dictamen emitido por Medicina Legal en el que no se evidencia ninguna marca en el cuello de Valentina, proveniente del columpio de Aeroyoga aparentemente utilizado.“¿Y qué traduce esto? Que fue una fuerza extrínseca, una fuerza externa de tal magnitud la que ocasionó la lesión a la laringe. Es decir, que no fue el producto de un ahorcamiento en el columpio de aeroyoga, sino de una fuerza externa de digitopresión. Es decir, que en el caso concreto la versión de la defensa se va difuminando”, añadió.La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.Recordemos que Valentina Cepeda, en su tiempo, fue llevada hacia la clínica Portoazul en Puerto Colombia. La explicación que entregó su pareja es que le tomó una foto pensando que estaba molestando y minutos después se percató que no respiraba.El fiscal Nicolás Busto señaló que contra la víctima se ejercía violencia económica y física. Del mismo modo, declaró que, al parecer, la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.
Antes de convertirse en un sello de Barranquilla, Curramba fue una solución periodística. Surgió de la necesidad de comunicar con claridad y de evitar confusiones en una época en la que las abreviaturas eran parte esencial del ejercicio informativo. Detrás de esa palabra estuvo el periodista barranquillero Juan Eugenio Cañavera, y hoy, décadas después, su legado encuentra continuidad en una nueva generación que apuesta por contar esa historia más allá de las fronteras.¿Quién era Juan Eugenio Cañavera?Trabajó en medios escritos y radiales en tiempos en los que la precisión del lenguaje era determinante. En ese contexto, era frecuente la confusión entre Barranquilla y Barrancabermeja, ciudades cuyos nombres se abreviaban de forma similar en los sistemas telegráficos y periodísticos. Mientras Barrancabermeja se identificaba como Barranca, Barranquilla aparecía abreviada como Barranq. Para evitar errores, el periodista recurrió a un recurso muy propio del habla barranquillera: invertir las palabras. Así, Barranq pasó a leerse como Qrramba, término que con el tiempo evolucionó a Curramba y terminó instalándose en el lenguaje cotidiano.Lo que comenzó como una solución práctica se transformó en identidad. Curramba dejó de ser una abreviatura invertida para convertirse en una forma de nombrar a la ciudad y a su gente, cargada de sentido de pertenencia, orgullo y carácter caribe. Una palabra que hoy sigue viva en el habla popular y en la memoria colectiva.Legado periodístico a través de su sobrina Daniela Castillo CañaveraEse legado periodístico marcó profundamente la historia profesional de su sobrina, Daniela Castillo Cañavera, una comunicadora social y periodista barranquillera, con más de 15 años de experiencia en el gremio, decidió desde muy joven seguir el camino del periodismo, convirtiéndose en la única integrante de la familia Cañavera que continuó esa vocación de manera profesional. Su cercanía con Juan Eugenio Cañavera, hermano mayor de su abuelo, y las historias escuchadas desde la infancia, sembraron en ella la convicción de que las palabras tienen poder y que la narrativa construye identidad.A lo largo de su carrera, Daniela ha trabajado en importantes casas periodísticas y en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, consolidando un perfil marcado por la narrativa, el análisis y la construcción de mensajes con impacto social. Su trayectoria le ha permitido entender el periodismo no solo como un ejercicio informativo, sino como una herramienta para preservar memoria, conectar comunidades y generar sentido colectivo.Ella asegura que su propósito se mantiene intacto, cuando se decidió por continuar el legado periodístico de su tío y aseguró que su más grande anhelo es seguir contando historias que expliquen quiénes somos. En ese camino, ha asumido la tarea de documentar y proyectar el origen de "Curramba", no como un ejercicio nostálgico, sino como una apuesta cultural hacia el futuro.Para reconstruir esa historia, Castillo ha recopilado información y testimonios colegas, amigos y familiares, entre ellos los relatos conservados por su prima Martha Aimée Cañavera, guardiana de múltiples anécdotas sobre la vida y obra de Juan Eugenio. Ese ejercicio de documentación busca darle rigor y contexto a una palabra que hoy muchos usan, pero pocos conocen en su origen.Llevar el nombre de "Curramba" más allá de Barranquilla Daniela pretende reforzar, especialmente entre las nuevas generaciones, el valor del lenguaje, del dialecto y de la jerga como expresiones de identidad.“Como barranquilleros, es importante apropiarnos de nuestras raíces, de nuestro dialecto y de nuestra idiosincrasia. Cuando conocemos el origen de las palabras que usamos, entendemos su valor y fortalecemos nuestra identidad”, señaló.Desde la comunicación, los espacios culturales y el ejercicio permanente del periodismo, Daniela Castillo Cañavera, trabaja por extender ese legado y demostrar que una palabra nacida del ingenio periodístico puede seguir creciendo y dialogando con el mundo.“Barranquilla es una ciudad hermosa , llena de tanta historia, y como barranquillera me siento orgullosa que parte de esa historia venga de mi familia”, expresó Daniela.Finalmente, hay que decir que Curramba nació de una inversión de letras, pero se sostuvo gracias a una inversión emocional profunda en la ciudad y su gente. Hoy, esa historia continúa escribiéndose a través de nuevas voces que entienden que el periodismo, cuando se ejerce con conciencia y pasión, puede trascender generaciones y fronteras.
Desde el 20 de diciembre, 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el Atlántico enfrentan la interrupción en la entrega de medicamentos, situación que ha encendido una alerta sanitaria en el departamento. La entidad atribuye la crisis a problemas de liquidez y embargos judiciales, que generaron una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, quién terminó cerrando todos los puntos de dispensación de medicamentos.El impacto es mayor en pacientes crónicos y de alto riesgo, como Aida Luz Madero, trasplantada de riñón. La crisis de salud que afecta al sistema, la tiene enfrentando una batalla con su cuerpo, sus finanzas y Cafam, el gestor farmacéutico alterno de Nueva EPS, el cual desde hace cuatro meses no le responde por los medicamentos que, mal contados, le cuestan mensualmente $2.600.000 pesos si los asume de su bolsillo.“Hace casi 4 meses que no me entregan la medicación. Tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos. Entonces, son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener y a otras instancias como la Supersalud, tenemos tutela, tenemos desacatos, pero nada de eso ha sido suficiente para la entrega de medicamento”, expresó en una entrevista con medios de comunicación.Por el momento, Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico de Sincelejo, el cual cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, sigue la preocupación para la Secretaría de Salud dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar "entregatones" masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, una vez se designe el nuevo gestor, a fin de cumplir con los requerimientos de los pacientes.
Hay alerta en Barranquilla, luego del ataque a bala en el que murieron Andrés Manuel Jimenez De La Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29, hechos ocurridos en la urbanización Las Gardenias y en los que también resultó gravemente herido Antonio David Moreno Polo, de 48 años.De acuerdo al reporte de las autoridades, estos se encontraban en un punto de mototaxistas, cuando fueron abordados por un desconocido vestido con camisa blanca y bermuda que repentinamente les disparó en varias ocasiones.Las víctimas quedaron en el suelo y el agresor logró escapar en una motocicleta que lo esperaba más adelante.“Lo mató, lo mató, ayudénlo, ayudénlo, llevénlo a una clínica”, fueron las palabras que se pudieron escuchar de la comunidad que salió al instante hacia el sitio para socorrer a los baleados.Gracias a los reportes de la Policía Metropolitana, Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado en horas de la mañana de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad.Al parecer, Yessid Geovanni Catalán era escolta de alias 'Marlon', quien, según las autoridades, sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 de Las Gardenias.El caso fue asumido por agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales reportaron que Andrés Manuel Jiménez, una de las víctimas de esta doble matanza, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio en 2022.Cabe resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla, puntualmente en el barrio La Alboraya, también se registró un ataque recientemente en el que resultaron heridos José Gabriel Ramos Solano, de 26 años y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, tras la interceptación a un vehículo Suzuki de placas NER 747.De José Gabriel Ramos Solano se sabe que recibió al menos tres balazos, uno de ellos en la parte derecha de su abdomen, y que tiene seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre esos el de fuga de presos.Del mismo modo, en agosto del año 2025, también había sido víctima de un atentado del que logró mantenerse con vida.
Los casos de violencia intrafamiliar siguen generando alertas en el departamento de Bolívar, en donde, en lo corrido de este 2026, ya se han registrado seis capturas por este delito.Precisamente, uno de los casos que más ha generado conmoción entre las organizaciones y redes de mujeres, es el de una mujer en el municipio de Magangué, cuya expareja intentó prenderle fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su pequeño hijo.De acuerdo al reporte de la Policía de Bolívar, el agresor llegó en horas de la madruga a la vivienda e intentó incendiarla desde la puerta.“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.Esta no habría sido la primera agresión que sufrió la mujer y su hijo, pues días antes, según la denuncia, esta persona la habría golpeado en plena vía pública.“Ante la gravedad de los hechos, la denuncia fue instaurada de inmediato y se adelantaron las labores investigativas correspondientes, permitiendo a la Fiscalía solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura, al considerar que el indiciado representaba un peligro inminente para la vida e integridad de la víctima y su hijo”, detalló el oficial.Tras su captura, el agresor fue enviado a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar agravada.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
La mesa exploratoria en la que está participando Digno Palomino, como líder de la banda delincuencial 'Los Pepes', enfrenta un momento de tensión, luego de que Palomino no llegara a un acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia ni con la Oficina del Comisionado de Paz, debido a unas condiciones que le plantearon para que se cumpla el traslado de él, y de varios miembros de su banda, hacia cárceles de Barranquilla. Según información que conoció Blu Radio, desde el Gobierno se les estaría solicitando a 'Los Pepes' y 'Los Costeños' que reconozcan responsabilidad directa sobre zonas específicas de Barranquilla en las que tendrían mayor injerencia. La exigencia incluye que, una vez concentrados o trasladados a las cárceles de la capital del Atlántico, no se presente ningún tipo de accion violenta en dichas áreas. De acuerdo con información conocida por este medio, esa fue la razón por la que no fue incluido en el primer grupo de 17 personas que iba a ser trasladado el pasado sábado a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pues manifestó su inconformidad ante esta condición y decidió no dar información al respecto. Este habría manifestado que ni él ni sus hombres pueden asumir una responsabilidad absoluta sobre la seguridad en esos sectores, teniendo en cuenta que hay otros grupos delincuenciales que operan en la ciudad y que cualquien hecho realizado por estos, podría ser atribuido automáticamente a su estructura, lo que pondría en riesgo el proceso y su seguridad jurídica.Por lo pronto hay expectativa por una reunión que se adelantaría en próximos días para lograr un acuerdo frente a la realización de estos traslados hacia Barranquilla, como parte de la previa para la instalación de una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y estos grupos delincuenciales.
Al Gran Malecón del Río empezaron a llegar las enormes piezas que se unirán para conformar el nuevo monumento de Barranquilla, que promete rendir homenaje por todo lo alto a una figura de talla internacional, nacida en esta tierra: Sofía Vergara.La imagen de la ‘Toty’, como la llaman cariñosamente en su ciudad natal, se inmortalizará en la capital del Atlántico a través de esta escultura que recordará a propios y turistas el talento de esta gran mujer que, con su auténtica esencia barranquillera, ha conquistado las pantallas a nivel internacional hasta convertirse en una de las actrices mejor pagadas a nivel mundial.¿Por qué se hará una estatua en su honor?La expectativa frente a lo que será este monumento la despertó este lunes, 26 de mayo, el mismo alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde anunció que "¡una nueva estrella llegará para brillar en el Gran Malecón!".“A orillas del río Magdalena, Barranquilla se llenará de orgullo con un homenaje a una trayectoria que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de todo el mundo”, dijo el mandatario.Hace unas semanas, en medio de la inauguración del sector ‘Nativos’ del Malecón, el alcalde barranquillero se había comprometido a honrar con una estatua a Sofía Vergara por ser una “mujer auténtica, una campeona y gran profesional”.La ‘Toty’, reconocida por su papel en la serie norteamericana ‘Modern Family’ y su más reciente participación en la serie de Netflix 'Griselda', tendrá su escultura en la misma zona turística donde se alza el monumento de la también estrella barranquillera Shakira.
La Gobernación del Magdalena activó un plan de intervención de emergencia que busca proteger a miles de familias que habitan en áreas propensas a inundaciones.La estrategia contempla la ejecución directa de obras en 15 puntos críticos distribuidos en 11 municipios, con una inversión total de $15.000 millones, ejecutados bajo el Decreto 098 de 2025, que declaró emergencia preventiva en el territorio.Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de dragado, conformación de terraplenes, instalación de sacos, Big Bags y geocontenedores, que se desarrollarán en un plazo de seis meses. Con estas medidas se espera mitigar desbordamientos, proteger cultivos y evitar afectaciones a viviendas en zonas ribereñas y rurales.Los municipios priorizados en este plan son: Tenerife, Remolino, Pijiño del Carmen, Cerro de San Antonio, Chibolo, Aracataca, El Banco, Ariguaní, Sabanas de San Ángel y Pivijay, donde se intervendrán más de 13.000 metros lineales con maquinaria amarilla especializada.“Este es un plan que protege vidas, evita tragedias y demuestra que estamos priorizando la prevención. No vamos a esperar a que el agua entre a las casas para actuar”, señaló el gobernador Rafael Martínez al anunciar la iniciativa.El mandatario destacó que esta estrategia responde no solo a la emergencia actual, sino a la necesidad de adaptar al Magdalena frente al cambio climático, un fenómeno que ha intensificado el impacto de las lluvias en los últimos años.“Nuestra prioridad es que ninguna comunidad se quede sola enfrentando el riesgo. Este Gobierno cree en una gestión del riesgo preventiva, no reactiva”, añadió Martínez.Las obras también buscan generar empleo local e incentivar la participación de las comunidades en la vigilancia y el mantenimiento de las zonas intervenidas.
Enterrada en una fosa, a más de un metro de profundidad, en la finca las Palmitas, en el municipio de Manatí, fue encontrado el cuerpo de Wilmary Carolina Guerra Montilla, la mujer que había sido reportada como desaparecida el 18 de septiembre del 2023 y cuyos restos solo fueron encontrados el pasado jueves 22 de mayo, es decir, un año y ocho meses después con ayuda de la Fiscalía.El principal sospechoso de este crimen es Franklin Trillos Yance, expareja de la joven, quien es buscado por las autoridades, pues fue la persona con la que Wilmary llegó a la lejana finca, que era administrada por un hermano del hoy prófugo de la justicia.Y es que justamente el hermano de Franklin, quien fue capturado hace una semana en el municipio de Malambo por presuntamente ser cómplice en los delitos de desaparición forzada y hurto, fue quien entregó a la Fiscalía las coordenadas exactas del sitio donde estaba enterrada la mujer que, para el momento de su asesinato, tenía 32 años.“El hermano de Franklin entregó dos versiones a la Fiscalía. Que Wilmary llegó con Franklin a la finca, pero él se había tenido que ir a Manatí y los dejó solo y que al regresar al otro día ya no estaban. La Fiscalía no creyó en esta versión y siguieron presionándolo hasta que confesó que su hermano sí le había reconocido lo que había hecho, incluso dice que le había hecho un mapa”, dijo a Blu Radio Wilmer Guerra, padre de la víctima.Las coordenadas fueron tan precisas que después de cavar más de un metro de profundidad encontraron el cuerpo de Wilmary.Los testigos silenciososUn video grabado por la propia Wilmary Guerra y que fue enviado a algunas amigas cercanas, en donde muestra que está en una finca donde enfatiza que iba a durar dos días y que luego regresaría a la ciudad, fue la última imagen que se conoció de ella en vida.A partir de este video Wilmer Guerra recorrió toda la zona urbana de Manatí hasta dar con la finca en la que su hija había grabado las imágenes. Esta evidencia la entregó a la Fiscalía, que de forma paralela realizaba una análisis del rastreo del teléfono de la mujer.Finalmente, las pruebas técnicas lograron corroborar lo que ya se conocía, que Wilmary había estado en el sitio junto a su expareja, Franklin Trillos.
El departamento del Magdalena vivió un fin de semana sangriento. Al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados entre el viernes y el domingo, en un nuevo episodio que agrava la crisis de seguridad que atraviesa este territorio.De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, detrás de estos crímenes estaría la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, dos estructuras armadas ilegales que se disputan corredores estratégicos en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, El Retén, Fundación y Pivijay.La defensora y experta en seguridad Norma Vera Salazar advirtió que la situación está fuera de control y que urge una respuesta del Estado más allá del discurso institucional: “En menos de 72 horas ocurrieron ocho homicidios en Magdalena. Esta situación refleja la expansión y la confrontación de estructuras armadas en el territorio”, señaló.Durante el año 2024, el Magdalena cerró con más de 300 homicidios, y lo que va del 2025 ha mantenido una tendencia sostenida de violencia, especialmente en los municipios del norte y centro del departamento. La Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores siguen siendo epicentro de control ilegal por parte de grupos armados que ejercen presión sobre comunidades rurales, líderes sociales y rutas del narcotráfico.Norma Vera también denunció que los mecanismos de protección estatal no están funcionando de manera eficaz: “Hay una ausencia estructural del Estado en estos territorios y la vida en muchas zonas depende del actor armado que esté dominando. Ni las alertas tempranas ni los planes de contención han logrado frenar la violencia”, agregó.La ciudadanía y los líderes sociales han elevado su voz de protesta en varios municipios, exigiendo mayor presencia de la fuerza pública, investigaciones eficaces y un enfoque integral de seguridad que contemple inversión social, oportunidades laborales y prevención del reclutamiento forzado.Mientras tanto, los homicidios siguen sumándose a una estadística que ya alarma a las organizaciones internacionales y que refleja la profundidad del conflicto armado y la criminalidad en regiones que aún esperan una paz real.
Los problemas de orden público que enfrenta el sur de Cesar afectan el desarrollo de la obra del corredor 5G Sabana de Torres- Curumaní, luego de que los equipos de uno de los contratistas fuese atacado por parte de cinco presuntos integrantes del ELN, quienes instalaron explosivos y afectaron al menos 33 máquinas empleadas para los trabajos en la vía. El hecho se presentó desde la 2:40 de la madrugada y afectó maquinaria, vehículos y equipos necesarios para la continuación de esta obra que conecta a 15 municipios de tres departamentos. El atentado terrorista fue realizado a lo largo de 400 metros de vía, donde estaban dispuesta la maquina amarilla, entre la que había equipos como motoniveladoras, bulldoxer, retro excavadoras, entre otras. Hermes Martínez, alcalde de Curumaní, señaló que había un vigilante en el sitio, pero que al ser abordado por los cinco sujetos armados que aseguraron pertenecer al ELN, fue despojado de su arma de dotación y amordazado para coordinar la instalación de los explosivos y la detonación de los mismos. "Los equipos estaban a un costado de la vía nacional donde ya se ha realizado un trabajo de obras. La máquina estaba en un sitio en el que se estableció un acopio. Ahí fue donde ocurrió el hecho", explicó el mandatario. Explicó que por el momento desconocen si el contratista Grupo Ortiz estaba bajo amenazas extorsivas, sin embargo, van a convocar una reunión entre autoridades y contratistas para revisar las posibles causas del ataque. "Al Gobierno Nacional le exigimos presencia real y efectiva del Estado en el territorio, una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a este crimen, y garantías concretas para salvaguardar la vida de quienes hacen posible esta obra y asegurar su continuidad", indicó la concesión Autopistas Rio Grande en un comunicado de prensa entregado a medios. Pese a que cerca de la zona hay presencia del Ejército, estos no habrían advertido lo sucedido para intervenir durante la quema de equipos.
Solo hasta este domingo, 25 de mayo, fueron revelados los detalles de un reporte en el municipio de Manatí, Atlántico, en el que fueron encontrados los restos óseos de una mujer que, al parecer, pertenecen a Wilmary Carolina Guerra Montilla, venezolana que fue reportada como desaparecida desde el 18 de septiembre de 2023.Las autoridades realizaron las respectivas labores forenses en una finca llamada Las Palmitas, para luego trasladar el cuerpo hasta las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla para su total identificación.Blu Radio conoció la circular de búsqueda expedida por la Fiscalía desde aquel 2023, en la que se especifica que, según el testimonio de una amiga, Wilmary salió desde el municipio de Malambo para una finca pero ella no le dio más información, tampoco sabía cómo iba vestida.“Físicamente mide unos 165 cm color trigueña con textura delgada, cabello largo de color castaño, ojos cafés claros, nariz fileña, boca mediana. El día de su desaparición salió vestida sin información”, complementa el documento.Las autoridades, al parecer, tampoco descartan a su expareja sentimental como sospechoso, puesto que tampoco se sabe su paradero.