La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre en Lima, Perú, cobró la vida de una pareja de esposos y dejó gravemente herido a su hijo de 21 años. El siniestro se registró alrededor de las 7:00 p. m. en la avenida Jicamarca, una vía de alto tránsito en la zona de Jicamarca.De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, un camión de carga pesada descendía por la avenida a excesiva velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. En su recorrido, el vehículo impactó primero contra un bus ubicado a una cuadra del punto principal del accidente y continuó avanzando varios metros hasta chocar violentamente contra una miniván que se encontraba estacionada a un costado de la vía.En el interior de la miniván viajaba una familia que retornaba de una actividad en San Juan de Lurigancho. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó volcado y completamente destruido tras colisionar contra un poste. Norma Griselda Arias, de 55 años, y su esposo Edgar Camavilca Paucar, de 57 años, quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y fallecieron a causa de la gravedad de sus lesiones.Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar sus decesos. Su hijo, Junior Omar Camavilca, sobrevivió al choque y fue rescatado con vida por los equipos de auxilio. El joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado de salud es reservado.Además de los integrantes de esta familia, otras personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros de los buses involucrados y los ocupantes del camión. El conductor del vehículo pesado, identificado como Mario Ccasani Escobar, y su copiloto también sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Si bien el alcalde de Barranquilla Alejandro Char indicó que el Distrito está dispuesto a acompañar los diálogos de paz urbana entre Los Costeños y Los Pepes, quienes anunciaron una tregua hasta el próximo 20 de enero en la que harían un cese de homicidio, extorsiones y hurtos, el mandatario cuestionó que mientras se sigue hablando de este proceso, las estructuras delincuenciales continúan cometiendo crímenes en la ciudad y su área metropolitana, mencionado el triple asesinado registrado la noche del viernes en el sector de Pinar del Río.El mandatario fue enfático en decir que primero está la ley y la institucionalidad y que continuarán combatiendo fuerte el delito.“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“, dijo el mandatario.El enérgico cuestionamiento del alcalde fue realizado este 6 de octubre durante la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en la Urbanización Puerta Dorada, suroriente de la ciudad, donde la inseguridad ha estado desbordada. InsistióEl mandatario insistió en que todo acto de paz será siempre “bienvenido”, pero siempre que las intenciones sean sinceras. “Por supuesto nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”, enfatizó el alcalde.El mandatario dejó ver que continuarán la fuerte ofensiva contra las estructuras criminales que operan en la ciudad como ‘Los Pepes’, ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Costeños’.La reacción del presidente Gustavo Petro a esta crítica no se hizo esperar y horas después en su cuenta de X trinó al respecto indicando que “qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla. Ahora sí empezamos a disminuir los homicidios en la ciudad sin contar con la alcaldía”.Esto haciendo referencia a las cifras de reducción de homicidios tras la firma del primer cese al fuego entre ‘Los Pepes’ y ‘Costeños’ durante el pasado mes de septiembre.El presidente dijo además que “¿Por qué empresas de seguridad de Barranquilla escoltaban grandes criminales que aprehendemos y porque tenían permiso oficial para portar armas. Porque las relaciones llegan hasta los juegos en línea que protegieron las comisiones económicas del Congreso y su presidente en el senado?”.
La Gobernación del Atlántico rechazó tajantemente la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de entregar el peaje Papiros y los 12 kilómetros de la vía al Mar que abarca, solo si asumen el pago de una indemnización al concesionario encargado, lo cual según la misma administración va en contra de los acuerdos previamente alcanzados en las mesas de trabajo.El gobernador Eduardo Verano no solo describe la iniciativa como absurda, al estar ligada a un contrato nacional que tampoco ha sido socializado con el departamento, sino que cuestiona que en cada cambio de presidencia en la ANI o en el Ministerio de Transporte se truncan los avances gestionados y se reactivan las tensiones sociales en la zona.“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato de Concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, manifestó el gobernador Verano.Al respecto habló el secretario de interior departamental, Jose Antonio Luque: “Consideramos Sin embargo, consideramos inaceptable que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda desconocer los acuerdos alcanzados con la comunidad y con el gobierno departamental e incluso trasladar al Atlántico responsabilidades económicas que no le corresponden”.“Resulta preocupante que ahora se intente imponer condiciones no pactadas como el pago de una supuesta indemnización al concesionario cuyo valor y sustento desconocemos y que estaría sujeta a inversiones realizadas bajo un contrato de concesión cuya estructuración no ha sido socializada con esta administración”, agregó.Ejemplo de las diferencias con la comunidad mencionadas, es la manifestación que ya fue convocada para el próximo 26 octubre por miembros del Comité No Más Peaje, hoy molestos por el anuncio de la reanudación de los cobros a vehículos particulares a partir de noviembre.“Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad porteña que el día 26 del presente mes hagamos una marcha. Tomamos la vía Puerto Colombia a Barranquilla como protesta por la determinación unilateral tomada por Óscar Torres, director de la ANI. Vamos a la calle para seguir reclamando nuestros derechos”, sostuvo.Estos argumentos dichos por la Gobernación son contrarios a los informados por la ANI en su comunicado, en el que solo se refieren a que no se acreditó la disponibilidad de recursos asociados al mantenimiento y las operaciones a ejecutarse en el tramo.Sin embargo, la Gobernación reiteró su disposición de llegar a un acuerdo siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados entre las entidades.
Ya fue reforzada la seguridad en las cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en el Atlántico, tal como fue ordenado este fin de semana debido a la ola de violencia contra sus funcionarios en diferentes partes del país.Concretamente ya son cuatro atentados registrados en Bogotá, Valle del Cauca, Armenia y Antioquia que suman un guardia muerto y otros cinco heridos, por eso desde la Regional Norte del Inpec le confirmaron a Blu Radio que siguen en alerta para prevenir posibles ataques tanto hacia los guardias como a la infraestructura.De hecho, aunque dentro de los penales hay aparente calma, sí se acordó operativos de vigilancia con la Policía Metropolitana, la cual garantiza rondas en el cuadrante pasadas ciertos periodos de tiempo.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, declaró en entrevista con Blu Radio que están utilizando inteligencia para identificar posibles amenazas.“Ante los hechos que se han presentado de afectaciones contra la integridad física de los funcionarios del INPEC en algunas ciudades del país, en Barranquilla no hemos recibido información que nos permita dar cuenta de la existencia de planes contra funcionarios. Independientemente de eso, hemos reforzado la seguridad a través de patrullajes por parte de nuestras unidades de vigilancia”, dijo inicialmente.“También hemos activado las actividades de inteligencia con miras a buscar información que pudiese existir, pero hasta ahora ninguna de ellas ha orientado una intención para generar una afectación similar”, agregó.Recordemos que en Barranquilla, por ejemplo, hay penales bajo la vigilancia de la Procuraduría como la penitenciaría El Bosque, donde reclusos armaron una gran fiesta recientemente con música y licor, y donde también se registraron motines y amenazas contra el antiguo director del recinto.Por los hechos mencionados inicialmente, la dirección nacional del Inpec abrió una investigación interna contra funcionarios de la institución por presuntos actos de corrupción, pues habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón como cerveza y celulares, al tiempo que se favoreció la realización de la parranda.
A por lo menos un mes de la Cumbre CELAC–Unión Europea 2025, crece la preocupación en Santa Marta por el estado actual del aeropuerto Simón Bolívar. De acuerdo con el representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena (AEM), José Miguel Verdugo, la terminal aérea enfrenta una grave limitación operativa por el mal estado de la calle de rodaje, una de las vías internas que conecta la pista principal con la zona de parqueo de aeronaves.“Si las calles de rodaje no están funcionando bien, se congestiona el aeropuerto. Es una operación muy simple: si un avión aterriza, pero el otro no puede salir al mismo tiempo, el flujo aéreo se paraliza. Así estamos desde hace años”, explicó Verdugo en diálogo con Blu Radio.El dirigente gremial indicó que la Aeronáutica Civil contrató y pagó la construcción de esta vía hace más de dos años, pero la obra habría sido entregada en mal estado, lo que impide su uso actual. Pese a que la entidad interpuso una demanda contra el contratista, el proceso judicial avanza lentamente, dejando sin solución a una infraestructura clave para el funcionamiento del aeropuerto.Con la llegada de la Cumbre CELAC–UE, prevista para noviembre y que congregará delegaciones de varios países, el riesgo operativo se hace aún más evidente. Según Verdugo, si no se restablece la calle de rodaje, la ciudad podría enfrentar un “trancón aéreo” que afectaría tanto vuelos comerciales como diplomáticos.“Vendrán aeronaves de distintos países y no todas podrán aterrizar o movilizarse sin interferir con el resto de operaciones. Esto puede generar demoras, cancelaciones y un impacto negativo en la imagen de la ciudad”, advirtió el representante de AEM.A pesar de los avances del concesionario en la ampliación de la terminal de pasajeros y las obras viales ejecutadas por la alcaldía, Verdugo aseguró que la responsabilidad del componente aéreo recae directamente sobre la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura.“Esto no puede ser un motivo para cancelar el evento. Santa Marta debe estar a la altura. Lo que pedimos es una acción nacional, decisiones rápidas y soluciones efectivas, no pañitos de agua tibia”, insistió.Los empresarios y autoridades locales pidieron al Gobierno nacional y a las autoridades del sector transporte tomar medidas inmediatas para evitar que esta situación afecte la logística del evento y el prestigio de la ciudad como sede internacional.Santa Marta se prepara para recibir a más de 30 delegaciones internacionales, pero su principal punto de entrada enfrenta, hoy por hoy, un cuello de botella que amenaza con poner en aprietos uno de los encuentros más importantes de la región.
Luego de cinco días de corralejas en Sabanalarga, Atlántico, ya son cerca de 54 las personas que han resultado lesionadas en el punto donde se realizan estos encuentros, 20 de ellas siendo atendidas este fin de semana en el hospital municipal.El coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz, le confirmó a Blu Radio que la mayoría de heridas hasta el momento han sido leves, aunque cinco personas permanecen hospitalizadas debido a ser golpeadas por toros y, puntualmente, una de ellas está en una Unidad de Cuidados Intensivos.Por eso, advirtió Estrada Muñoz, se mantienen con todas las precauciones debido a que siempre en el último día de corralejas suele aumentarse la estadística de lesionados.“Siempre el último día es el más movido ya que es donde vienen personas cansadas o bajo los efectos de alcohol. Las recomendaciones principalmente son para las personas que están tomando o están tomadas para que no ingresen al ruedo”, dijo inicialmente.“La invitación también es para los menores de edad, pues tampoco pueden ingresar al ruedo. Estamos viendo mucho menor de edad allí adentro”, agregó.Además, dijo el funcionario que hay un Puesto de Mando Unificado que está activo antes del evento, que este lunes comenzará su faena desde las 3:00 de la tarde.Precisamente, este fin de semana se registró una tragedia en estas corralejas, donde en una pelea fue asesinado un hombre de 33 años que aún no ha sido identificado.De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontró con un adolescente con el que había sostenido diferencias en otro municipio y, sin importar que se desarrollaba la cita, usaron armas cortopunzantes para herirse entre sí.La Policía informó que el menor de 16 años involucrado fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad competente.
Un año después de la intervención de la empresa Air-e, el Gobierno nacional reportó una reducción del 25% en las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según las cifras oficiales, el kilovatio hora, que en agosto de 2024 llegó a $1.072, una de las tarifas más altas del país en ese momento, se ubicó en septiembre de 2025 en $796.El anuncio fue señalado desde la Superintendencia de Servicios Públicos como un alivio para los hogares y sectores productivos de la región."El logro se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria", indicó la Superintendencia a través de un comunicado. Sin embargo, expertos advierten que las disminuciones no obedecen únicamente a la gestión de la intervención estatal. Parte de la rebaja se explica por la decisión del Tribunal Superior del Atlántico de derogar el régimen tarifario especial, tras la acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira.Aun así, el Ministerio de Minas y Energía señaló que bajo la intervención se logró negociar un precio más competitivo del kilovatio en el mercado de bolsa, factor que también contribuyó a la reducción.Por otro lado, la semana pasada la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó nuevamente que Air-e pueda comprar energía de manera directa, lo que, según el Gobierno, permitirá garantizar precios más bajos y estables para el año 2026.