Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
La industria de la publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por el crecimiento sostenido de la inversión y la incorporación de herramientas tecnológicas. De acuerdo con datos de Mediabrands, la inversión publicitaria en el país aumentaría un 9 %, hasta alcanzar los 6,6 billones de pesos. Este comportamiento confirma la relevancia del sector dentro del ecosistema de medios, en un contexto donde las marcas buscan mayor precisión y eficiencia en sus estrategias de comunicación.A nivel internacional, el informe Global Expenditure Report señala que la pauta Out Of Home (OOH) alcanzó los 46,2 mil millones de dólares en 2024, representando cerca del 4,8 % del gasto publicitario total. Estas cifras reflejan que la publicidad exterior mantiene un papel estratégico dentro del mix de medios, especialmente en entornos urbanos donde el alcance masivo se combina con nuevas capacidades de segmentación y medición.En este escenario, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, un evento enfocado en fortalecer la visión estratégica del OOH. La jornada, diseñada para el Grupo Nutresa, se desarrolló bajo un formato técnico tipo showroom que permitió a los equipos de mercadeo conocer de primera mano soluciones basadas en tecnología Digital Out Of Home (DOOH), análisis de datos y formatos innovadores orientados a mejorar la conexión con las audiencias."Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", resaltó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.Durante el encuentro se abordaron temas como métricas de efectividad, tendencias globales y oportunidades en el sector retail, en una dinámica centrada en la aplicación práctica de la data para optimizar resultados. La iniciativa evidencia cómo la publicidad exterior en Colombia evoluciona hacia modelos más medibles y estratégicos.
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
Un fuerte accidente se registró en la mañana de este martes, 17 de febrero, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un camión de basura que se movilizaba a alta velocidad terminó impactando contra una vivienda en el centro de Bogotá, específicamente en el sector de la calle 10 con carrera 2.Gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra la casa. Es importante recordar que la primera hipótesis sobre las causas del accidente apunta a una posible falla en los frenos. En el clip se observa que el camión no reduce la velocidad antes del impacto, lo que obligó a varias personas que se encontraban en el lugar a correr para evitar ser atropelladas.El siniestro ocurrió cerca de la Universidad de La Salle. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y organismos de emergencia para evaluar la situación y establecer la gravedad de lo ocurrido. De manera preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales, entre ellos un automóvil que también resultó afectado, tal como se aprecia en el video, donde el camión lo impacta antes de chocar contra la vivienda.En el video también se pudo apreciar el momento en que el camión destruyó por completo uno de los laterales de la casa en el centro de Bogotá, provocando la caída de una gran cantidad de escombros. Estos daños tuvieron que ser atendidos por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.El accidente de tránsito continuará siendo materia de investigación para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por ahora, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas por este hecho.Este es el video del momento del choque del camión
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez fue entregada por el Concejo de Bogotá a Fernando Soler, fundador de la Universidad ECCI, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la educación superior en la capital.En una ciudad donde la educación continúa siendo una de las principales herramientas de movilidad social, el Concejo de Bogotá condecoró a Soler por su papel en la consolidación de un proyecto académico que durante 48 años ha formado a miles de jóvenes.La ceremonia fue liderada por el concejal Edward Arias Rubio, quien destacó la incidencia de las instituciones de educación superior en la construcción de oportunidades y en el desarrollo productivo de la capital. El acto no solo exaltó una trayectoria individual, sino que puso el foco en el valor estructural de la academia para el futuro de la ciudad.¿Por qué el Concejo de Bogotá otorgó la Orden al Mérito?El reconocimiento resaltó el impacto de la Universidad ECCI en la formación técnica y profesional, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico de Bogotá. En un contexto marcado por desafíos como el acceso, la permanencia y la calidad educativa, la distinción subrayó la importancia de fortalecer proyectos sostenibles y conectados con el entorno laboral.Durante su intervención, Soler hizo un balance del camino recorrido por la institución. “Ha sido un honor brindarle la oportunidad a miles de jóvenes de la ciudad de recibir una educación de alta calidad, desde lo práctico y lo teórico, que permite construir a un profesional excepcional”, afirmó.Más allá del homenaje, la entrega de la Orden José Acevedo y Gómez sirvió como recordatorio del papel que cumple la educación superior en la vida pública de la capital. La universidad, como espacio formativo, no solo prepara profesionales, sino que promueve ciudadanía y pensamiento crítico.
Un ejercicio de control frente a los temas presupuestales de la empresa de energía Air-e Intervenida y en lo que respecta al pago de los subsidios es el que viene realizando la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, quien dejó ver la necesidad de ponerles el foco a los diferentes factores que están comprometiendo la estabilidad financiera de la compañía.Desde Barranquilla, el contralor general advirtió que si la estabilidad financiera de Air-e se ve comprometida, también lo estará la prestación del servicio de energía para los usuarios de esta empresa en el Caribe."Nosotros estamos haciendo un llamado muy cordial al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia para que nos sentemos y, a través de ese tablero de control que vamos a establecer, le hagamos un seguimiento permanente para que no se vaya a producir una afectación en la prestación del servicio, que no se vaya a afectar la calidad en cuanto eficiencia y eficacia, pues sería un gran perjuicio para la costa Caribe", expresó el contralor durante el encuentro de Andeg.El Contralor General también se refirió a la deuda acumulada que supera los $5 billones en subsidios tarifarios por parte del Gobierno Nacional a empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica y gas.Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó el pago de $2,5 billones en mayo de 2025 para cubrir deudas del año anterior, el ente control indica que “los pasivos continúan acumulándose actualmente, sin respaldo presupuestal claro”, por lo que advierte que “este incumplimiento pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable, y exige una reforma a la gestión de subsidios, incluyendo medición de impacto, actualización de fórmulas tarifarias e incentivos a la eficiencia energética”."Desde el control fiscal, hemos priorizado esta alerta (pago de subsidios) en nuestra agenda de vigilancia preventiva y concomitante. La Contraloría está adelantando un seguimiento para identificar con precisión los montos y trámite adelantado para el pago de las deudas públicas, así como las responsabilidades institucionales para evitar su acumulación", dijo.
Un lío jurídico que apenas empieza envuelve el panorama del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, y tiene como protagonistas a la empresa Sotramac, uno de los concesionarios encargados de la operación de los buses, y al mismo alcalde Dumek Turbay.El operador, propietario de 101 buses del sistema, denunció penal y disciplinariamente al alcalde Turbay porque, señalan, ignoró el informe técnico que fijó el aumento del pasaje para 2025 y tampoco ha girado los recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del mismo a través del Fondo de Estabilización tarifaria, FET.“De acuerdo con ese informe, para garantizar la operación del sistema sin incurrir en déficit, el alcalde debió prever una transferencia adecuada al FET o, alternativamente, haber decretado un incremento tarifario de $2.700 por pasajero desde el 1 de enero de 2025, lo cual no ha sucedido, evidenciando un incumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1277 de 2015, que exige una correspondencia directa entre tarifa fijada y recursos apropiados”, señala el documento de la denuncia presentada a la Fiscalía General de la Nación.La denuncia detalla que, al no autorizar el incremento tarifario de 2.700 pesos sino de 400 pesos, el mandatario debía asegurar la apropiación de $68.692 millones de pesos destinados al FET.“La expedición del Acuerdo 042 de 2024 y del decreto 0899 de 2025 sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos descritos, constituye una clara muestra de desviación de poder y de ejercicio arbitrario de la función pública, así como una presunta conducta constitutiva de prevaricato por acción, al proferirse un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley y a los compromisos contractuales vigentes”, indican.A su vez los apoderados de Sotramac, a través de la denuncia que también fue presentada a la Procuraduría General de la Nación, aseguran que “la decisión del alcalde de presentar este proyecto de presupuesto, sin la debida cobertura presupuestal para cumplir los compromisos contractuales y legales existentes, genera un riesgo jurídico y económico directo para el Distrito, así como una afectación real para los concesionarios que verán comprometida la posibilidad de recibir la remuneración debida por la operación del sistema”.También explican que, según el certificado expedido el 21 de julio de 2025 por el revisor fiscal, la empresa atraviesa una situación financiera crítica derivada del incumplimiento reiterado de Transcaribe. La deuda a la fecha es de $6.213.402.660, correspondiente al concepto de Valor Específico por Kilómetro (VEK) y al Valor Específico por Flota en Uso (VEFU).La mayor cantidad de buses en patio, sin arreglo, son de ellos: alcaldeEntretanto, el mandatario cartagenero le salió al paso a las denuncias y aseguró que Sotramac es el responsable, en gran medida, del precario servicio que presta Transcaribe, y quejas ciudadanas por el mal estado de la flota.“Lo que tienen que saber los cartageneros es que en gran medida Sotramac es el responsable de un servicio precario, de una dificultad para que los cartageneros puedan acceder a un transporte público de calidad. Cuando los cartageneros ven que cuando cae una lluvia los buses se mojan más dentro que afuera, casi que todos esos buses en el peor estado son los de Sotramac (…) Los cartageneros no saben quién es Sotramac o quién es Transambiental, no tienen ni idea. Los cartageneros le dicen a su alcalde cómo es posible que los buses estén dañados, cómo es posible que los buses estén defectuosos. Y como hay tres escenarios de conversación, uno que lo administra la ciudad, otro que es Transambiental y otro que es Sotramac, pues donde más problemas hemos tenido es con Sotramac”, sostuvo.El alcalde Turbay afirmó enfáticamente que ellos los subieron al “ring”, y que por tanto deben esperar la respuestas legales de la Alcaldía.“Ellos tienen una responsabilidad con la ciudad de Cartagena y les vamos a exigir, como lo hemos venido exigiendo, que le cumplan a la ciudad, porque no nos están regalando nada. Los cartaneros pagan la tarifa y la alcaldía de Cartagena. Y aquí voy a decir algo, todos los alcaldes le han tirado un salvavidas a la operación para que el sistema pueda funcionar, es decir, conchudos les queda pequeño. Es una queja y una denuncia desobligante con la ciudad cuando la ciudad es la que les ha permitido mantener la operación. Siempre van a decir que están perdiendo plata, siempre han dicho que han perdido plata, y la ciudad ha llegado a rescatarlo y a salvarlo”, sostuvo.El mandatario también aseguró que esta no es la primera vez que Sotramac denuncia a un alcalde, y que la estructuración del sistema no es responsabilidad de esta administración“Ahora, yo llegué ahora a la alcaldía, yo no estructuré el sistema. Yo no soy responsable de que el sistema, de la manera como se estructuró, pues pudiera tener, entre comillas, eso es lo que dicen ellos, debilidades que los ponen en una situación compleja. Lo del aumento de la tarifa o no, eso es carreta. Ellos hicieron lo mismo con el alcalde pasado. Ahí nos parecemos el alcalde pasado y yo, que hemos sido denunciados por ellos por esas mismas circunstancias”, agregó.La flota del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, que tiene más de 110.000 usuarios, está integrada por 332 buses, de propiedad de tres operadores: Sotramac, Transambiental y la Alcaldía de Cartagena. Según datos de Transcaribe, Sotramac tiene 101 de estos buses, de los cuales sólo 51 operan.El pasado 16 de agosto, la Alcaldía de Cartagena abrió una convocatoria pública para la adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe con una inversión de más 70 mil millones de pesos.
El Consejo de Estado concluyó que la inscripción de Jorge Luis Agudelo Apreza, candidato de Fuerza Ciudadana, fue extemporánea y solo posible gracias a una tutela que posteriormente fue revocada.En la sentencia, la Sección Quinta recordó que los partidos deben respetar los tiempos del calendario electoral y que no es posible beneficiarse “de su propia culpa” al inscribir candidatos inhabilitados o por fuera de plazo.Sobre los 85.616 votos obtenidos inicialmente por Agudelo, la corporación señaló que “al desaparecer los supuestos de hecho y de derecho en que se basó la inscripción extemporánea (…) resultaba indiscutible que las cosas volvieran al estado original”.El alto tribunal también recalcó que las comisiones escrutadoras actuaron en derecho al excluir la votación, pues “era una consecuencia obvia e inclusive forzosa ante la revocatoria de la orden de tutela emitida por el juez inferior”.Con esta decisión, queda en firme la credencial de Pinedo Cuello, quien fue declarado alcalde con 85.372 votos.
El gremio energético del país está preocupado por la posibilidad de que dentro de 3 años se produzca un racionamiento de energía del 50% a nivel nacional, ya que los proyectos que fueron contratados durante la subasta de expansión por cargo de confiabilidad, en 2024, presentan un alto porcentaje de retraso para entrar en operación, lo que deja en vilo la energía firme mínima que se requiere para evitar un apagón. De acuerdo con Luis Miguel Fernández, presidente de la junta directiva de Andeg, de los proyectos adjudicados, solo el 25% entrará en funcionamiento próximamente. "El punto de vista de suficiencia urge convocar una nueva subasta de expansión de cargo por confiabilidad que permita integrar nuevos recursos firmes y garantizar la demanda de energía futura. El gas natural sigue siendo esencial para esta transición", explicó Fernández.Ante esto, Fernández planteó la urgente necesidad de que sea convocada una nueva subasta de expansión por cargo de confiabilidad. "Hay que tomar decisiones firmes"A sus palabras se sumó el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, quien manifestó que hay necesidad de tomar decisiones firmes para evitar una crisis que afectaría no solo al sistema eléctrico sino también la calidad de millones de personas, por lo que sería un inminente desabastecimiento. "Actualmente se encuentran 16 proyectos en ejecución de ampliación del sistema de transmisión nacional y del sistema de transmisión regional de estos proyectos 14 representan algún nivel de retraso con un promedio de 30.7 meses de retraso. Estos retrasos acumulados en varios proyectos críticos afectan directamente la seguridad energética del país planteando preocupaciones válidas por parte del organismo de control en el sentido de la capacidad de mantener y expandir su infraestructura eléctrica de una manera", expuso el contralor.
Poco alentador es el panorama que revela la Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg),en medio del encuentro de seguridad energética que realizan en Barranquilla, pues las proyecciones apuntan a que ni siquiera garantizando la compra de energía a través de contratos directos y anticipados en la bolsa podrían alejar el fantasma de racionamiento.Según explica Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, la falta de giros de Air-e para colocarse al día con sus proveedores, especialmente con las generadoras a las cuales le deben $1.4 billones, llevaría en los meses de sequía a un jaque operativo a las térmicas, comprometidas con deudas hasta por $900 mil millones, pues ya no tendrían con qué garantizar la compra de gas y combustible, lo que es necesario para la operación de producción. "¿Cuál es el riesgo que estamos viendo? Vamos a entrar en una época de verano. En diciembre comienza el verano normal en Colombia entre los meses de entre los meses de diciembre y del mes de marzo. El problema que estamos viendo es que en el mes de enero la empresa vuelve a estar expuesta a bolsa en niveles del 65%, lo cual es inmanejable. ¿Inmanejable en qué sentido? Pues tienen que ir a comprar en la bolsa en el día a día, dependiendo cuáles son los precios que estén y obviamente en un verano pues los precios tienden a ser superiores porque vamos a tener que prender las térmicas", explicó el directivo gremial. El problema radica en que las generadoras térmicas se están quedando sin dinero para comprar gas y debido a que lo que consume la región Caribe corresponde, en su mayoría, a lo que producen estas empresas, no habría energía para encender las redes a partir de enero, cuando golpea la disminución de las lluvias, lo que podría involucrar un cese parcial de operaciones. "En algún momento puede llegar una térmica a decir: "no puedo generar más." Y eso haría que tengamos unos racionamientos en la región Caribe cercano al 35% porque todo lo que se consume en la región no podemos llevarlo del interior del país. Si las térmicas, que el único que tiene la región Caribe, no tienen cómo comprar combustibles, nos vemos en esa situación de racionamiento del 35% no solo para Air-e sino también para Afinia", indicó Castañeda.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.