Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La crisis en Bancolombia continúa y la incertidumbre no deja de crecer. La entidad financiera confirmó que todavía no puede normalizar completamente sus canales de atención, tras las fallas registradas desde el 22 de febrero, afectando a miles de clientes en todo el país.Lo que genera aún más preocupación es que, según un comunicado del banco, algunos movimientos identificados como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM” podrían corresponder a retiros o compras en cajeros que no fueron avalados por los usuarios, lo que pone en alerta la seguridad de los fondos. Ante esto, la entidad insta a los clientes a comunicarse de inmediato con la Sucursal Telefónica (604) 5109000 para reportar cualquier irregularidad.Mientras tanto, Bancolombia ha habilitado medidas temporales para permitir operaciones básicas. Por la aplicación Mi Bancolombia, los usuarios pueden hacer transferencias a cuentas inscritas por hasta 30 millones de pesos y a cuentas no inscritas hasta 3 millones. También es posible consultar saldos, movimientos y estado de cuentas.Las sucursales físicas permanecen abiertas para trámites presenciales, como retiros de dinero, pagos de cheques, consignaciones, cancelación de CDT y pagos de intereses. Sin embargo, no se ha definido una fecha para la normalización total, dejando a los clientes en una situación de incertidumbre que genera preocupación sobre la seguridad y disponibilidad de sus recursos.La recomendación también es estar atentos a movimientos sospechosos y reportarlos de inmediato para minimizar riesgos de fraude.
La solicitud fue presentada ante las autoridades competentes y dirigida al partido político responsable de las inscripciones. Bustos recordó que la senadora Berenice Bedoya fue denunciada desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder.Las denuncias incluyen nombramientos irregulares de familiares, adjudicación directa de contratos, entre ellos el del acueducto de Yarumal por cerca de $10 mil millones, y cobro de comisiones ilegales a sus dependientes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El veedor insistió en que tanto Bedoya como su fórmula, Juan David Flórez, conocido como “El Itaguaseño”, deben ser retirados de las listas como una sanción ética y política, en tanto avanzan las investigaciones judiciales.
Polémica ha generado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, el caso de un motociclista luego de que otro conductor, al parecer, se pasara un semáforo en rojo y estuviera a punto de ocasionar un grave accidente, además de que transitaba con una mujer sin casco.El hecho quedó registrado en una cámara de 360° instalada en su motocicleta, donde se muestra incluso que al reclamarle al otro ciudadano su comportamiento, este reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas, asegurando pertenecer a “los muchachos del barrio”. Además, habría sacado un arma cortopunzante con la que intentó agredirlo e intimidarlo.En medio de la situación, el motociclista buscó ayuda de agentes de tránsito que pasaban por el lugar, por estos lejos de prestarle apoyo en el caso, no habrían impuesto comparendos ni actuado frente a la presunta agresión, a la par que uno de ellos incluso le recomendó retirarse del sitio.Por los hechos, aunque la ley indica que la Policía puede mediar en situaciones de convivencia derivados de accidentes de tránsito, en el sitio no se hicieron presentes uniformados ya que no fueron alertados, ni por parte de los agentes de tránsito ni del ciudadano víctima de la intimidación.Por lo pronto, la Alcaldía de Bello indicó a través de un comunicado que indagará la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que estuvieron en el procedimiento, mientras que evaluará si hay alguna falta disciplinaria. Ante las dudas que quedan sobre el altercado, Blu Radio se comunicó con la administración municipal y está indicó a través de su equipo de comunicaciones que todo es materia de investigación, pero que de momento se puede afirmar que el motociclista víctima de amenazas no cometió ninguna infracción de tránsito.
En el barrio Olaya Herrera de Cartagena fue capturado Jhon Eduardo Vergara Samudio, de 18 años de edad, quien, en pasados días, habría asesinado en el sector El Bosque de Cartagena, al chef peruano, Luis Dionisio Ruíz, durante un acto de hurto.El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, había anunciado recientemente que la captura era inminente, gracias a las labores de inteligencia desarrolladas por la Policía Metropolitana de Cartagena.Al capturado se le atribuyen los presuntos delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.La captura se logró llevar a cabo por una operación adelantada por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES).Sobre el asesinatoSegún la información de las autoridades, Ruíz se encontraba ayudando a unos amigos de restaurantes a bajar varios elementos de una camioneta."Pudimos comprobar que es de nacionalidad peruana y estaba ayudando a los dueños de unos restaurantes, a bajar mercancía de un camión, junto a la Fiscalía. Estamos investigando más detalles de este lamentable hecho”, dijo el general Gelver Yesid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.Al parecer, y según testigos de los hechos, el asesino abordó al chef para hurtarle una cadena de oro, y en el forcejeo, este último resultó con un impacto de bala en su cuerpo.
Autoridades de Salud del departamento del Atlántico realizaron visitas a las diferentes IPS que atienden a esta población en el área metropolitana de Barranquilla, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para que puedan prestar sus servicios a la comunidad.En medio de estos controles, se detectó que siete de estas IPS presentaban múltiples irregularidades que obligaron a su cierre.De acuerdo con Edinson Barrera, secretario de Salud de Soledad, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud venían funcionando de manera inadecuada, con equipos médicos obsoletos, en mal estado o sin mantenimiento técnico certificado. Además, no aparecían habilitadas en el Registro Especial de Prestadores.“Soledad sigue trabajando para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Por tal motivo, se realizó una jornada que dio como resultado el cierre de siete (7) IPS que venían operando de manera inadecuada en la prestación de servicios de salud a los soledeños, situación que podría poner en riesgo el bienestar de los usuarios. Es por eso que seguiremos trabajando y haciendo visitas a todas las clínicas y EPS del municipio, porque siempre buscamos garantizar un mejor servicio para ustedes”, afirmó Edinson Barrera, secretario de Salud de Soledad.Las IPS fueron notificadas formalmente del cierre preventivo y se les entregaron los informes técnicos con los hallazgos identificados, junto con los requerimientos y los plazos establecidos para subsanar las fallas encontradas.
En La Guajira avanzan las investigaciones frente al asesinato de tres hombres, a los que ultimaron a tiros y cuyos cuerpos aparecieron abandonados la noche del miércoles en el kilómetro 20 de la vía que comunica a Riohacha con Valledupar.Hasta el momento se ha podido establecer que una de las víctimas es Jerson Andrei Sanguino Avendaño, un desmovilizado del Frente de Guerra Nororiental del ELN en Norte de Santander y quien dejó las armas en el 2018. Al parecer esta persona fue testigo protegido de la Fiscalía y en los últimos dos años había sido víctima de un atentado con granada en su casa y de un secuestro en Tibú.La segunda víctima de la reciente matanza en La Guajira es Boris Omel Rodríguez Alandete, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección que precisamente tenía cinco días de estar escoltando al desmovilizado, pues el escolta titular de Sanguino salió de vacaciones."Lo que tenemos entendido, según nos manifestaban anoche (miércoles) en el lugar de los hechos, es que la víctima es un protegido que solamente tenía chaleco balístico y un hombre de protección, mas no tenía ni carro blindado ni nada. El caso, toda la investigación ya está en manos del CTI de la Fiscalía", indicó el coronel Diego Montaña, comandante de la Policía de La Guajira.La tercera víctima fue identificada como Luis Alfonso Bolaños Borjas. Este último, al igual que el desmovilizado y su escolta, apareció a un costado de la vía, boca abajo y heridas de bala en la cabeza y distintas partes del cuerpo. Estas personas, al parecer, fueron torturadas, pues las hallaron maniatadas e, incluso, a uno de ellos le dejaron un plástico amarrado en la cabeza.Muy cerca de las víctimas, también quedó abandonado un automóvil azul que fue cubierto con grafitis rojos en sus puertas y ventanas, donde se leen las siglas EGC con las que el Clan del Golfo suele identificarse como Ejército Gaitanista de Colombia.
Sigue el luto y la consternación por el asesinato de un reconocido chef peruano en Cartagena, suceso que se suma a la creciente ola de inseguridad en la ciudad, la cual registra más de 3.000 robos y al menos 10 asesinatos en lo que va del año, muchos de ellos relacionados con hurtos.El chef peruano, de 30 años, era conocido por su trabajo en varios restaurantes del centro histórico de la ciudad. Tras su muerte, la ciudadanía exige mayor vigilancia y patrullajes en las calles y vías de esta zona turística, que según las cifras, evidencia altos niveles de inseguridad.La tranquilidad del más reciente puente festivo se vio interrumpida en el barrio El Bosque de Cartagena, cuando se escuchó un disparo y los gritos de los vecinos, que presenciaron el violento robo al chef Luis Dionisio Ruíz. De acuerdo con las autoridades, el joven peruano se encontraba ayudando a unos amigos a descargar mercancía de un camión de carga, frente a uno de los restaurantes.“Pudimos comprobar que es de nacionalidad peruana y estaba colaborando con los dueños de unos restaurantes a bajar mercancía de un camión. Estamos investigando más detalles de este lamentable hecho”, informó el general Gelver Yesid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.Testigos señalaron que el agresor abordó al chef para robarle una cadena de oro y, en medio del forcejeo, le disparó. Además de su trabajo en los mencionados restaurantes el chef compartía recetas y bebidas en sus redes sociales. La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que continúan las investigaciones para dar con los responsables de este crimen, que ha enlutado al gremio gastronómico de la ciudad.
Defensa de Nicolás Petro radicó ante la fiscalía solicitud para el cambio de domicilio del hijo mayor del presidente, quien enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.El abogado Alejandro Carranza en entrevista con Néstor Morales, director de Mañanas Blu, confirmó que este traslado se da por razones de seguridad, ya que en reiteradas ocasiones Nicolás Petro ha manifestado ser objeto de amenazas: "Nicolás ha salido de Barranquilla muchísimas veces desde que conseguimos la revocatoria de medida de aseguramiento", indicó la defensa del hijo del presidente.Aunque la defensa del exdiputado del Atlántico no reveló dónde sería el sitio del domicilio, se especula que será en CESPO, el Centro de Altos Estudios de la Policía, en Bogotá, sitio en el que también reside la fiscal general Luz Adriana Camargo.Carranza agregó, producto del proceso que lo tiene en juicio, "hay una restricción que tiene que ver con los llamados a juicio". Además, señaló que el hijo del presidente "respeta y ha respetado la ley"Vale recordar que desde el pasado 20 de febrero Nicolás Petro goza de libertad para movilizarse por todo el país, luego de que después de año y medio, el juzgado Penal de Garantías de Barranquilla le levantara la restricción que tenía para su movilidad y que solo le permitía estar en la capital del Atlántico.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Para el candidato presidencial Sergio Fajardo las recientes denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de un posible fraude electoral para las elecciones del próximo 8 de marzo, es una manera del mandatario de realizar actividad política, algo que no está permitido para ningún funcionario del Gobierno. "Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre", manifestó el candidato desde Barranquilla. Para el también exalcalde de Medellín no es creíble que haya riesgo de fraude, a lo que agrega que es importante que empiecen a ser aceptados y respetados los resultados de las elecciones. "Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar", explicó.Fajardo fue enfático en señalar que no se debe politizar el debate y que se necesitan líderes que sepa tender puentes y no construir trincheras. ApoyosA propósito de la visita realizada por Fajardo a Barranquilla, este recibió el apoyo del exvicepresidente Gustavo Bell, del expresidente de Promigas Antonio Celia, del exministro de Educación Germán Bula, entre otros. El candidato incluyó en su jornada la visita a varios sectores en los que socializó sus propuestas para acceder a una mejor tarifa de energía.