En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
Tras conocer el caso del secuestro de Diana Ospina, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero de Bogotá, en el concejo de la ciudad se pusieron en evidencia las cifras de secuestros extorsivos en el 2025. Según la denuncia del concejal Julián Sastoque, a comparación del 2024, que se registraron 8 casos, hubo un aumento mayor al 362 % al constatar que se registraron 37 hechos relacionados con retenciones extorsivas. Así las cosas, según el cabildante, es una cifra que no se veía desde el 2004.“Aterra además que los casos presentados en 2025, en el 27 % de los casos, fueron mujeres las víctimas, las protagonistas. Lo que enciende, por supuesto, la alarma porque revela que este caso de Diana, repito, no es una situación aislada y ante ese panorama no nos queda otra que citar nuevamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán a debate de control político porque definitivamente la seguridad es su gran fracaso en esta administración", concluyó el concejal.En ese sentido, el concejal, Julián Sastoque, anunció que radicará una citación a control político al alcalde, Carlos Fernando Galán, señalando que hay una “inacción” por este delito.
La Registraduría adelanta el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La idea es evaluar la funcionalidad del software que estará en funcionamiento para el proceso electoral.“Durante estas pruebas técnicas, que se realizan con el 100 % de las mesas de votación que instalará la entidad el próximo 8 de marzo, se verifica las soluciones informáticas para la consolidación de resultados en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma de seguimiento y control en la web de los escrutinios”, explica la Registraduría.En estos simulacros estarán representantes de los partidos políticos, delegados de los órganos de control y misiones internacionales.“Instalamos las 3.337 comisiones escrutadoras a nivel nacional y los 1.104 municipios están operando con normalidad. Se iniciaron las comisiones generales para poder consolidar cada uno de los departamentos. En Corferias, fueron instaladas 280 comisiones escrutadoras y nueve comisiones escrutadoras del exterior. Hasta el momento, el balance de este simulacro en el que hemos realizado las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, es de total éxito”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.
Más de 10.000 millones de pesos en pérdidas económicas se han reportado en el sector turístico del Urabá antioqueño debido a las emergencias de las lluvias. Expertos estiman que se ha reducido en más del 70 % la llegada de visitante a esta subregión de Antioquia.Las fuertes lluvias que, incluso, siguen azotado al Urabá antioqueño han dejado graves afectaciones a miles de familias y el sector turístico no ha sido ajeno a la problemática que hoy los tiene contra la espada y la pared debido a las enormes pérdidas económicas que han provocado las precipitaciones en esta zona de Antioquia.La Corporación Turística Urabá Darién Caribe aseguró que municipios como Turbo, San Juan de Urabá, Arboletes o San Pedro de Urabá se ha visto sumamente afectados por daños en vías y en infraestructura turística, dejando en crisis al sector que a la fecha reporta pérdidas por más de 10.000 millones de pesos.Karen Martínez, directora ejecutiva de la Corporación Turística Urabá Darién Caribe, manifestó que solamente 1.800 han sido cancelados o reprogramados debido a las afectaciones que han generado las lluvias en el Urabá antioqueño.“Más de 600 prestadores de servicio turísticos hoy están en riesgo. Más de un 50% de estos prestadores están con sus establecimientos temporalmente cerrados. En cuanto a la ocupación hotelera, hemos reducido en un 85% la ocupación”, reveló.Las estimaciones que hacen las entidades en esta zona del departamento de Antioquia es que se ha disminuido en cerca de un 70 % la llegada de turistas a la región y que hoy hay cerca de 3.000 empleos están afectados directa o indirectamente debido a la grave crisis por la que pasa el Urabá antioqueño.Ante el crítico panorama para el sector turístico, los afectados le han pedido al Gobierno nacional y a la Gobernación de Antioquia que realicen un plan integral para recuperar la economía del Urabá antioqueño, que hoy atraviesa por momentos difíciles debido a las fuertes lluvias.
Un operativo binacional permitió la incautación de 597 kilogramos de cocaína que eran transportados en un tractocamión en la provincia de Imbabura, en zona fronteriza con Colombia. La incautación se logró tras información suministrada por inteligencia del Ejército, que alertó a las autoridades ecuatorianas sobre el movimiento del vehículo.La operación fue coordinada con la Policía Antinarcóticos de Ecuador y la DEA, lo que permitió ubicar el automotor, capturar a su conductor e incautar además 640 dólares y dos celulares.Según las autoridades, la droga pertenecería a la Estructura Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El cargamento tendría un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos en el mercado ilegal internacional.El Ejército señaló que continuará articulando esfuerzos con agencias internacionales para frenar las rutas del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana y debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
En Barranquilla, las autoridades intensificaron las campañas de prevención para frenar los contagios y evitar nuevas muertes por dengue, teniendo en cuenta el incremento de casos que se ha registrado en las últimas semanas en esta ciudad y el departamento del Atlántico.De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a lo largo del 2025 se han registrado 2.221 casos de dengue en Barranquilla, los cuales se suman a los 2.397 identificados en municipios del Atlántico, para un total de 4.618 contagios.En cuanto a las cifras de letalidad, el INS reporta cuatro fallecidos por dengue este año en el Atlántico: dos en Barranquilla y dos en municipios. Además, hay una muerte que está en estudio con síntomas asociados a la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti transmisor del virus.A su vez, el INS identificó una tendencia al aumento de casos superior al 30% en Barranquilla y el Atlántico, razón por la cual en el Distrito se intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control, con las cuales se han fumigado más de 8.000 casas, incluidas las viviendas donde se han diagnosticado personas con dengue, y se han eliminado más de 140 criaderos de mosquito transmisor.El secretario de Salud encargado, Carlos Cervantes, indicó que los controles también se han intensificado en las escuelas para proteger a los menores de edad."Hemos realizado más de 300 visitas a instituciones educativas, CDI, fundaciones y todas las instituciones que manejan menores de edad y que en este momento se encuentran de vacaciones, para educar y eliminar los criaderos que allí se puedan encontrar", dijo el funcionario. "Esto es con el fin de disminuir la producción del mosquito que transmite el dengue y así evitar que nuestros niños, que nuestros estudiantes adquieran esa enfermedad dentro de las instituciones educativas", agregó.
El inicio de esta semana estará marcado por fuertes lluvias en la región Caribe, como las que se registraron a lo largo de este puente festivo, cuando inclusive hubo emergencias en el centro del departamento del Atlántico por el desbordamiento de arroyos y restricciones en algunas actividades marítimas en las islas de San Andrés.En las últimas horas el Ideam emitió dos alertas naranjas en la región: una por tiempo lluvioso y otra por fuertes vientos y alto oleaje, pues las proyecciones apuntan a que, además del tránsito de dos ondas tropicales, seguirán las intensas brisas, con velocidades entre los 30 y 46 km/h que provocarán olas de hasta 3,1 metros de altura.Debido a este panorama, las autoridades elevaron bandera amarilla en las playas de la isla de San Andrés, en especial en el sector de la bahía, donde hay algunas restricciones para el desarrollo de actividades turísticas en el mar, como la navegación hacia el acuario y cayos vecinos, buceo, kitesurf, parasailing, jet sky, entre otras."Cuando hay bandera amarilla quiere decir que, por razones de seguridad y bajo esta restricción, está prohibido el embarque y transporte hacia los cayos para adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad en silla de ruedas o que requieran asistencia especial para embarcar y desembarcar", precisó el capitán de corbeta Manuel Sánchez, capitán del puerto de la isla de San Andrés.Igualmente, el Ideam mantiene activas las alertas por posible formación de arroyos en las próximas horas en por lo menos seis poblaciones del Atlántico, a lo que se suma la preocupación en las comunidades aledañas al Canal del Dique por los altos niveles del río Magdalena, los cuales ya alcanzan los 7.09 metros, lo que significa un incremento de tres centímetros en las últimas 24 horas.Vale decir que en Atlántico también se espera que este martes inicie el censo de damnificados para entrega de ayudas en área rural de Luruaco, donde varios arroyos se desbordaron y dejaron bajo el agua a por lo menos 80 familias.
Durante una operación conjunta, unidades de la Armada de Colombia, de forma articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, lograron la interdicción de una lancha tipo Go Fast en las costas de la Alta Guajira que aspiraba a traficar más de tres toneladas de cocaína.“Producto de las constantes labores de control y vigilancia adelantadas por las autoridades en la región, fue posible detectar la presencia de una embarcación sospechosa, lo que permitió el despliegue oportuno de una operación de Fuerzas Especiales Navales”, escribió la institución en un comunicado.“La lancha, de aproximadamente 13 metros de largo y con cuatro motores fuera de borda, al parecer fue abandonada por sus ocupantes al percatarse de la presencia de las autoridades. Durante la inspección realizada fueron encontrados al interior varios bultos con paquetes que, por sus características físicas y empaque, corresponderían a clorhidrato de cocaína”, agregó.La motonave fue movilizada hasta una posición en el mar desde la cual unidades de Guardacostas la remolcaron hacia Riohacha, La Guajira, donde funcionarios de Policía Judicial de la Policía Nacional realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada -PIPH, que dio positivo para 3.204 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Este alijo, en el mercado ilegal, podría costar aproximadamente 153 millones de dólares, representados en más de ocho millones de dosis.En lo corrido del año 2025, la Armada de Colombia ha incautado más de 95 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Caribe, produciendo una afectación superior a los 4.500 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes.“Este resultado refleja la efectividad del trabajo interinstitucional y el alcance de las capacidades operacionales conjuntas, que permiten anticiparse, interceptar y neutralizar las rutas del narcotráfico que intentan utilizar el mar Caribe colombiano como plataforma del crimen transnacional”, finalizaron.
Indignación despertó en el municipio de Aguachica, Cesar, la escena en la que un perro recibió varias puñaladas, al menos siete, a manos del hijo de su dueña antes de ser capturado por las autoridades, quienes conocieron del caso gracias a la comunidad y alcanzaron a recolectar un video de los hechos que hoy se ha hecho viral por las redes sociales.El mismo video, duramente criticado por los usuarios de redes, de acuerdo a lo dicho por las autoridades también será usado como material probatorio por la Fiscalía General de la Nación en las audiencias respectivas.Jessica Sánchez, líder de la Fundación Almas de Pelos, hoy a cargo de la mascota, informó a Blu Radio que están a la espera de varios estudios, algunos de ellos para descartar infecciones, mientras que preocupan las cinco heridas que recibió a la altura del cuello.“Me dicen que continúa en estado crítico y bajo valoración médica constante en la clínica. Por ahora, el cuerpo médico está esperando los resultados de varios exámenes que nos permitirán descartar una posible infección secundaria y evaluar si hubo algún traumatismo en la parte de su columna”, alcanzó a mencionar.Sánchez invitó a los entes departamentales a tomarse esta problemática en serio, puesto que diariamente les son reportados cerca de 10 casos de violencia animal y apenas esta es la primera captura al respecto.“Desafortunadamente acá en Aguachica vivimos esto a diario, mejor dicho este es el pan de cada día. Hay muchísimos casos de violencia contra el maltrato animal. Nosotros llevamos varios años luchando con este tema, creería que nos reportan 10 casos diarios. Lo puedo asegurar. Todos llegan a las páginas oficiales de nuestra fundación”, acotó igualmente. Desde la Fundación Almas de Pelos también anunciaron que lo importante es lograr la recuperación de la mascota y luego definirán si se quedará por completo en su hogar o si será entregado en adopción a nueva familia.
Son más de 60 familias las que hoy se encuentran afectadas en el corregimiento de Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Luruaco, Atlántico, tras lo que fue el desbordamiento de un arroyo por las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas.Así fue confirmado por el concejal de este municipio Libardo Ariza, oriundo de ese sector además, quien apuntó que entre las zonas afectadas se encuentran los barrios Malanga, Villa Alejandra, Los Mangos y Carrizal.“Fuimos afectados por un torrencial aguacero que produjo inundación en muchos barrios, entre estos Los Mangos, que es donde se presenta la situación más crítica; Villa Alejandra, El Cañito, entre otros aledaños al arroyo Sabana”, dijo inicialmente.“La dificultad está en que las personas en este momento tienen sus casas llenas de agua, algunos están clamando auxilio. Pusimos en conocimiento a la alcaldía municipal, quienes hicieron presencia en el corregimiento. Esperamos que nos apoyen con este tema, pues es una situación bastante difícil. Los Mangos, por ejemplo, siempre han sido afectado por las inundaciones. Pronto se cuantifican los daños y después vemos cómo ayudar a los damnificados”, agregó.El mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil para Atlántico y San Andrés, le confirmó a Blu Radio que hicieron presencia en el corregimiento, pero se ha hecho difícil hacer su labor por la llovizna constante y la falta de fluido eléctrico.No obstante, las autoridades confirmaron que en muchas casa hubo pérdidas materiales y están a la espera de tener un reporte concreto de la situación.Las inundaciones no sumaron víctimas fatales, mientras que en Luruaco fue reportada la caída de un árbol sobre una vivienda sin que ninguno de sus propietarios saliera lesionado.Desde la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres ya habían sido alertados sobre la probabilidad de inundaciones en esta zona del Atlántico, aunque hasta el momento no dieron respuesta.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.El primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.