En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Recientemente se desarrolló una nueva sesión de la audiencia de acusación, en el que esta vez la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó ante la juez de conocimiento la nulidad de la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el escándalo por el lote de Aguas Vivas en el barrio El Poblado, sur de la ciudad.La solicitud se realizó en medio de esta audiencia, luego de que otros dos defensores argumentaran deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena.Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.Así como lo había planteado la abogada Astrid Carvajal, Luis Arturo Hernández, defensor del exalcalde Quintero, solicitó, además, que se repita la audiencia de imputación que se había realizado ante el juez de control de garantías, a su criterio por encontrarse “vicios de fondo”."La única decisión jurídicamente válida y respetuosa del debido proceso en el presente caso, señora juez, es declarar la nulidad audiencia de formulación de imputación y ordenar su repetición o, mejor aún, que archive la investigación", sostuvo.Hernández agregó que hay un daño en la imagen de los involucrados en el caso: "Ya etiquetados injustamente de ladrones y que están pagando caro. Esta persecución insensata de la Fiscalía General de la Nación robaron a Medellín. Lo dije y lo repito y termino, señora juez: aquí Medellín no pagó un solo peso por Aguas Vivas".Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a por lo menos a cuatro de los imputados por este caso, expuso las fallas que según él tuvo la fiscal Mena determinando en qué medida habría cometido los delitos cada uno de los señalados y argumentó que este recurso no es una maniobra para dilatar el proceso."La Fiscalía considera que no anular esto sería algo que la beneficiaría. Creo que lo único que estaría haciendo o lo único que estaríamos haciendo, si me permite el plural, su señoría, es prorrogar la crónica de una nulidad anunciada, nulidad además, su señoría, que no se propone como una táctica aleatoria ni más faltaba", advirtió Trespalacios.Vale la pena mencionar que la solicitud de nulidad, que harán también otros dos abogados, pone en pausa el avance hacia el juicio oral. Con todos los elementos, la jueza de conocimiento deberá evaluar si la Fiscalía efectivamente falló en su deber de comunicación o si, por el contrario, los hechos están lo suficientemente claros para continuar con la lectura del escrito de acusación. La fiscal refutó que se estén exponiendo otros elementos, al parecer, personales, en los argumentos que sustentan la nulidad."Le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previsto por la ley y la jurisprudencia, y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada. Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar, este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución", dijo.Tras dos horas de la diligencia, los otros dos abogados defensores que faltan por participar con sus argumentos, indicaron a la jueza no tener suficiente tiempo para hacer sus exposiciones y solicitaron su intervención en las audiencias posteriores.Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados. Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas". En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita.Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso. Según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno. Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.La audiencia continuará el próximo 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, se anuló la fecha del 31 de marzo por ser Semana Santa y se coordinaron dos fechas más los mes de mayo y junio.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de febrero de 2026:Un alcalde local resultó herido en un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, en medio de alteraciones de orden público en Bogotá.Autoridades investigan el secuestro y paseo millonario contra Diana Ospina, de 35 años, quien fue raptada en una discoteca de Bogotá y liberada horas después en la vía a Choachí.El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Cartagena para definir medidas frente a la nueva emergencia económica.Dos vías nacionales permanecen cerradas en Antioquia por derrumbes e inundaciones.La Defensoría del Pueblo pidió a las entidades públicas reforzar la comunicación con las comunidades ante el recrudecimiento de las lluvias.Escuche el programa completo aquí:
El Servicio Nacional de Aprendizaje volvió a mover el mercado laboral con una convocatoria que llama la atención por el lugar donde se desempeñarían las labores y por el salario. Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE), la entidad lanzó el programa TEAM 6.1, iniciativa cuyo nombre se traduce como Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania.El objetivo es claro: conectar el talento nacional con vacantes formales en Alemania, bajo un esquema de migración legal y organizada. La apuesta no es masiva, pero sí busca ser estratégica y enfocarse en perfiles altamente calificados.Perfiles para TEAM 6.1: estas son las vacantesEn esta oportunidad, el programa ofrece cuatro vacantes para profesionales en enfermería que deseen radicarse en Berlín. El perfil requerido incluye:Título profesional en enfermería.Diploma de grado y tarjeta profesional vigente.Mínimo 24 meses de experiencia laboral.Las condiciones contractuales también están definidas:Contrato: término fijo durante el proceso de homologación y luego indefinido.Salario inicial: 2.828 euros brutos mensuales (aproximadamente $12,3 millones).Salario con título homologado: 3.600,40 euros brutos (cerca de $15,6 millones).Jornada: 38,5 horas semanales.Las funciones estarán centradas en el apoyo al cuidado de pacientes, bajo supervisión y en coordinación con equipos médicos alemanes. Entre las tareas se encuentran:Recolección de información clínica.Observación de signos vitales y estado físico y psíquico.Apoyo en la planificación y ejecución de cuidados.Participación en la evaluación de los tratamientos.Cómo aplicar a la convocatoria del SENAEl proceso de postulación se realiza únicamente por medio de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Los pasos son:Registrar la hoja de vida en la plataforma oficial.Postularse a la vacante específica en TEAM 6.1.Cabe señalar que solo pueden aplicar personas que vivan en Colombia. Los preseleccionados serán citados a entrevista presencial en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo de 2026; los resultados serán publicados el 5 de junio.Quienes superen el proceso deberán iniciar formación en idioma alemán antes de su traslado, previsto para 2028. En un contexto donde miles de profesionales buscan mejores oportunidades, esta convocatoria representa una opción formal, estructurada y con respaldo institucional.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
Tres hombres, quienes al parecer huyeron sobre una motocicleta blanca con rumbo desconocido, son los principales sospechosos de la muerte de Ariel David Bonadiez Mercado, joven de 25 años que fue encontrado en las últimas horas en un arroyo del barrio El Edén, ubicado en la localidad Suroccidente de Barranquilla.De acuerdo a los reportes suministrados por las autoridades, la víctima se encontraba dialogando con estas personas pasadas las 6:00 de la tarde, cuando una de ellas sacó un arma y, al parecer, le propinó dos disparos en su cabeza.Bonadiez Mercado perdió la vida al instante en esa zona enmontada de la calle 100 con carrera 30, por lo que la zona debió ser acordonada para el inicio de las respectivas investigaciones y las labores forenses de peritos del CTI de la Fiscalía.Blu Radio conoció que Ariel contaba con una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras que al momento de su atentado se cree que violaba una detención domiciliaria que tenía presente.Además, según reportes de las autoridades la víctima, supuestamente, también era conocida como alias 'El Tatuador', presunto miembro del Clan del Golfo que había sido capturado en una redada contra la banda en medio del llamado ‘Plan Pistola’ que se registró en la región contra los miembros de la institución armada.Hasta el momento solo se sabe que el homicidio podría estar relacionado a un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales.
Bajo la mirada de las autoridades de tránsito y transporte avanza en estos momentos en la región Caribe el plan éxodo para este puente festivo del 21 al 23 de junio, en donde solo en el Atlántico se espera la movilización de al menos 70.000 vehículos.Por ello, el mayor Jairo Pinilla, comandante de la Policía de Tránsito de Barranquilla, declaró a Blu Radio que fueron dispuestas todas las capacidades para evitar emergencias y, sobre todo, retrasos viales.“Comparando con las cifras del año pasado para este mismo periodo, creemos que un aproximado de 70.000 vehículos participarán por los diferentes corredores viales, ingresando y por supuesto saliendo de la ciudad”, dijo inicialmente.“Por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte, obviamente en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Distrito, se tendrá a disposición todo el personal, todas las capacidades, para enfrentarnos a este gran trabajo, del que desde ya empezamos a ver mucho movimiento”, agregó.Hay que decir que debido al atentado contra un peaje en La Guajira, fue activado un dispositivo de seguridad en esa zona así como en los departamentos de Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca antioqueño, estos últimos siendo vigilados por más de 400 soldados del Ejército Nacional.“Durante el próximo puente festivo, soldados de las diferentes unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con efectivos de la Policía Nacional, trabajarán de manera conjunta para brindar condiciones de seguridad a los ciudadanos que transitarán por las vías de los departamentos de Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca antioqueño”, apuntó la autoridad.Los uniformados ejecutarán puestos de control y patrullajes permanentes, con el propósito de garantizar la libre movilidad y proteger tanto a residentes como a turistas durante sus desplazamientos.En el caso del Atlántico solo se anunció una restricción para vehículos de carga superiores a las 3.4 toneladas, quienes no se podrán transportar por la Vía al Mar o la vía Oriental entre la mañana del sábado y el lunes festivo.La Seccional de Tránsito y Transporte contará con un dispositivo instalado en las principales vías del departamento con más de 70 policías, con siete áreas de prevención; así intentando brindar seguridad y corroborar si los conductores a cargo de los automotores tienen o no licencias de conducción.Por otro lado, la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla espera durante estos días la salida de aproximadamente 2.750 vehículos, lo que representa un aumento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos despachos se estarían movilizando a 109.737 pasajeros.
En medio de un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el parque Bosque Encantado, fue capturado un joven de 19 años conocido como “Maycol”, señalado por la comunidad como un reincidente en delitos de hurto bajo distintas modalidades.Según el reporte oficial, la captura se logró gracias a información oportuna que permitió interceptarlo justo después de haber intimidado con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de su bolso.En el procedimiento, los uniformados le incautaron un arma de fuego con cinco cartuchos, un arma cortopunzante y cuatro teléfonos celulares que habría robado.Alias “Maycol” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez para la legalización de su captura y definición de su situación jurídica”, informó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El delincuente sería un ladrón reincidente en la ciudad, según la Policía, con antecedentes de robos cometidos mediante raponazo, amenazas o uso de armas. Su captura se da en el marco del plan institucional “180 días contra el delito”.Durante este 2025, la Policía Metropolitana ha capturado a 372 personas por hurto a personas y ha logrado la recuperación de 938 teléfonos celulares.
Tras la denuncia realizada por Blu Radio, en la que se alertó sobre una obra ilegal en plena orilla de la playa del sector Prodeco, contiguo al Hotel Costa Azul y cerca del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, las autoridades distritales actuaron y realizaron el desmonte de la estructura, que ya presentaba un considerable avance.El operativo fue adelantado por los Vigías del Espacio Público, quienes lograron recuperar 250 metros cuadrados de zona de playa, área protegida donde está prohibido ejecutar proyectos de infraestructura sin los debidos permisos ambientales y la documentación requerida para este tipo de obras.Según confirmaron las autoridades locales, la construcción no solo carecía de licencias urbanísticas y ambientales, sino que además representaba un riesgo de contaminación y afectación a los ecosistemas costeros, al no contar con protocolos de mitigación ambiental.“La construcción estaba en una zona donde está expresamente prohibido levantar este tipo de estructuras. Este operativo no solo protege el espacio público, sino que también evita un impacto ambiental negativo en una franja costera vulnerable”, indicaron fuentes de la administración distrital.Aunque ya se desmontó gran parte de la estructura, las autoridades señalaron que la próxima semana se realizará una segunda intervención para retirar las columnas de concreto y el piso que aún permanece en el terreno. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del responsable del proyecto.El Distrito reiteró que continuará con los operativos para evitar que las playas de Santa Marta sean objeto de invasiones o construcciones ilegales, e hizo un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de irregularidades, que atentan contra el orden ambiental y urbano de la ciudad.
Nuevos detalles se conocen en torno al atentado ocurrido en la madrugada del viernes 20 de junio en la vía que comunica a Maicao con Riohacha, donde fue ubicado un carro bomba junto a la caseta del peaje Alto Pino, cuya detonación destruyó la caseta y dejó a dos trabajadores de la concesión Santa Marta- Paraguachón sin vida. Entre estos, trascendió que los fueron cerca de 13 personas las que habrían participado en este atentado, quienes llegaron al peaje en diferentes vehículos y habrían alertado a los trabajadores en turno para que se retiraran porque iban a detonar unos explosivos. Sin embargo, en medio del poco margen que tuvieron los trabajadores en turno para correr, no tuvieron tiempo de avisar al vigilante Kerry Mercado Araújo y a la cajera Liceth Orozco, para que salieran también, pues estos se encontraban tomando una siesta en una caseta alterna, por lo que ambos murieron en el lugar de los hechos. Ante esto, las autoridades definieron ofrecer, luego de un consejo de seguridad departamental, una recompensa por hasta $150 millones para dar con los responsables del atentado, quienes presuntamente pertenecerían al ELN, teniendo en cuenta que en el lugar del ataque fue dejada una bandera de este grupo guerrillero. Por el momento, la principal hipótesis está orientada a que habría sido una extorsión contra la concesión, sin embargo, no se descarta que tenga que ver con que el próximo 4 de julio cumplirán años de creación.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.