La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 19 de febrero:La comediante Nana Sanabria habló sobre el show 'Estado de GravEdad' que será en marzo. Además, contó una curiosa anécdota con una mujer en silla de ruedas.El libretista y asesor de contenidos Sergio Borja realizó un #TBT sobre las visitas insoportables.
En un movimiento estratégico para garantizar la eficiencia en la dispersión de recursos, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció modificaciones importantes en el calendario de transferencias monetarias para el primer trimestre de 2026. Los ajustes responden principalmente al proceso de adjudicación del nuevo operador bancario que se encargará de llevar los subsidios a los rincones más apartados del país.Colombia Mayor: Ciclo doble para mitigar retrasosLa población de la tercera edad será la primera en recibir atención. Según la entidad, el próximo 27 de febrero iniciará el trámite para las transferencias de Colombia Mayor, las cuales llegarán con una novedad: un ciclo doble de pago.Esta medida busca compensar los tiempos de espera derivados de la transición contractual. Al respecto, Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, explicó la importancia de esta decisión: “Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”.Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿Qué pasará en marzo?Para los millones de hogares que dependen de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, el primer desembolso del año ha sufrido una reprogramación. Según las proyecciones oficiales, la entrega de recursos está prevista para la segunda y tercera semana de marzo.Un punto clave para los beneficiarios es la focalización. Prosperidad Social aclaró que, en aras de la eficiencia administrativa, no habrá ingresos de nuevos hogares durante el primer ciclo de 2026. En su lugar, se utilizará la base de datos del último ciclo de 2025. Los interesados en ingresar al sistema deberán esperar a los ciclos 2 y 5, periodos establecidos para la actualización y entrada de nuevas familias.Situación de Renta Joven y adjudicación de operadoresEl programa Renta Joven presenta un escenario mixto. Los estudiantes y jóvenes que ya se encuentran bancarizados recibirán su incentivo de forma habitual el próximo martes 24 de febrero. No obstante, quienes dependen de la modalidad de giro deberán esperar a que el nuevo operador bancario inicie su ejecución formal.El cronograma de adjudicación se encuentra en una fase crítica. Este jueves 19 de febrero venció el plazo para la presentación de propuestas por parte de las entidades financieras interesadas. Se estima que el proceso de evaluación, selección y puesta en marcha de la nueva operación tome un máximo de cuatro semanas.Prosperidad Social hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar caer en cadenas de desinformación o falsas convocatorias en redes sociales. Las fechas exactas de pago por municipio y los puntos de retiro autorizados se comunicarán exclusivamente a través de los canales oficiales:Sitio Web: prosperidadsocial.gov.coWhatsApp: 318 806 7329Línea Nacional: 01 8000 95 1100Atención en Bogotá: 601 379 1088
Nuevo rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por tarifas de energía, Hidroituango y damnificados por las lluvias en el país. El jefe de Estado insistió en que la hidroeléctrica tiene dos riesgos, uno sísmico y otro climático, y dijo que EPM debe ceñirse a tarifas de energía de la Creg. Sobre el rifirrafeEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizaron un nuevo intercambio público de mensajes en redes sociales sobre la situación de los damnificados en Córdoba, las tarifas de energía y el megaproyecto Hidroituango.En su primer mensaje, Gutiérrez calificó como “absurdo” que el Gobierno nacional rechazara la ayuda internacional para los afectados en Córdoba."Les gusta ver sufrir a la gente", dijo el mandatario.También expresó su molestia señalando que la situación resulta indignante y que “ya nada sorprende.”El presidente Petro respondió refiriéndose al papel de Empresas Públicas de Medellín y al esquema tarifario. Aseguró que, si la empresa hubiera aplicado la fórmula propuesta por el Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las tarifas serían menores y los riesgos en algunas regiones también se reducirían. Además, cuestionó el aumento de tarifas, cuando los embalses estaban llenos."Eso se llama especular, Federico”, dijo el presidente Petro.Ante ello, el jefe de Estado solicitó que la empresa adopte la nueva fórmula tarifaria y mencionó riesgos existentes sobre Hidroituango, incluyendo factores sísmicos y climáticos.En un segundo pronunciamiento, Gutiérrez respondió directamente al presidente y señaló que las tarifas eléctricas en Colombia están definidas por regulación nacional y no por decisiones arbitrarias de alcaldes o empresas. También destacó que Hidroituango aportará cerca del 17 % de la energía firme del país y ha contribuido a evitar racionamientos.Justamente, EPM se pronunció indicando que las descargas de Hidroituango se encuentran en promedio en 1.600 metros cúbicos por segundo, sumando la descarga del caudal turbinado, luego de generar energía por las cuatro unidades de generación y el vertedero por ambos canales. Este es un caudal relativamente bajo en condiciones de lluvias y cercano al caudal medio del río Cauca para esta época, por lo que se considera dentro de las condiciones habituales de operación.“Y vuelve el agua del río a pasar por el vertedero y por la descarga de generación. Tenemos un diseño de la presa y un diseño del vertedero para controlar las crecientes más altas que hemos registrado históricamente. Eso, digamos, que está diseñado para controlar esas crecientes y gestionar esos incrementos súbitos de lluvias que estamos teniendo”, aseguró Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.El alcalde sostuvo que atribuir “especulación” demuestra, según él, desconocimiento del funcionamiento del mercado eléctrico. Finalmente, le pidió al presidente enfocarse en atender a los damnificados en Córdoba y Urabá y concluyó que "desde Medellín lo están haciendo.”En medio de la controversia, EPM informó que el precio de la energía en bolsa se encuentra cerca de mínimos históricos y que la fórmula propuesta no tiene efecto actualmente, ya que el valor ronda los 100 $/kWh y solo se activa si supera los 327 $/kWh. La empresa explicó que el esquema establece ese valor como referencia para ciertas plantas, lo que implica penalizaciones económicas.Según la compañía, estas condiciones desincentivan nuevos proyectos de generación y aumentan el riesgo de desabastecimiento en escenarios críticos. También señaló que no adoptó la fórmula porque la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema y confirmó que analiza el proyecto de Resolución 701 118 publicado por la CREG para comentarios.
La Universidad de La Sabana adquirió un predio que estaba en poder de la SAE y que perteneció al extiendo Cartel de Bogotá liderado por Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido con el alias de ‘Doctor Martelo’, y el ex capo Justo Pastor Perafán. La subasta se cerró en 20.000 millones de pesos y es un predio que queda al lado de las intalaciones del INALDE Business School. Según lo confirma Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos Unisabana, este predio sería utilizado para la ampliación del campus deportivo, contrucción de residencias universitarias o la ampliación de la Clínica Universidad de La Sabana antes llamada Clínica Teletón.“Se firmó la escritura que da por temrinada la negociación con la SAE de la compra vía subasta de este lote que estaba en manos del gobierno hace muchos años. Tenemos varios proyectos como la contrucción de residencias universitarias. Este lote tiene algo muy interesante es que queda unido a otras cinco hectareas que tiene la universidad”.El lote tiene un area total de 30.000 metros cuadrado de las cuales casi 1.400 corresponden a area construida. Cabe recordad que este predio entró en proceso de exctinción de dominió en el 2011 junto con más predios relacionados con las sociedades vinculadas a Mauricio Sierra, predios como locales comerciales, inmuebles y joyas."En la notaria segunda de Chía se suscribió la correspondiente escritura. Este predio fue recuperado en el 2004 cuando fue incautado y en el 2011 salió la sentencia en primera instancia de exticnión de dominio”, conlcuyó Amelia Pérez, directora de la SAE.
En medio del complejo panorama que afronta la atención de pacientes de diferentes EPS en el país, para entidades intervenidas por el Gobierno nacional parece no valer ni siquiera recursos legales interpuestos por los usuarios.Este es el caso de doña Blanca Uribe, una mujer de 92 años de edad que se encuentra internada desde hace más de un mes y medio en el Hospital Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado a la espera de un procedimiento para el cambio de su marcapasos.Las demoras en la atención de la situación llevaron a su hija, Mónica Isabel Restrepo, a interponer una tutela para lograr el procedimiento desde el pasado 23 de enero, pero sin lograr respuesta oportuna por parte de Nueva EPS, aunque el centro hospitalario aseguró que no contaban con el dispositivo para hacer la intervención.Por lo tanto, el proceso legal avanzó hasta un incidente de desacato interpuesto una semana después por parte de la misma accionante donde ni siquiera la justicia logró una respuesta por parte de la EPS tras citar virtualmente a una declaración juramentada tanto al agente interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, como a Carlos Andrés Vasco, su gerente regional, quienes no se conectaron a la diligencia.Todo este tortuoso proceso, en el que incluso doña Blanca requiere la remisión a un hospital con la especialidad de electrofisiología, motivó el falló de las últimas horas de un juzgado penal de Medellín que decidió imponer el arresto por dos días y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes tanto para Galves como para Vasco.El contexto de esta decisión se enmarca en situaciones cada vez más difíciles para usuarios de esta EPS que solo en lo corrido de 2026 han radicado 8.332 quejas y reclamos por la atención, pero también en el momento que atraviesa el hospital público de Envigado.La institución enfrenta una deuda acumulada por más de 140.000 millones de pesos, lo que ha generado desabastecimiento de medicamentos, cierre de camas UCI y retrasos en pagos al personal. Las principales deudoras son Nueva EPS con 51 mil millones de pesos y Savia Salud 39 mil millones.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Gritos de auxilio y dolor dejó la repentina interrupción que seis sicarios realizaron en medio de una encuentro que más de 20 personas, entre las que había familiares y amigos realizaban en el corregimiento La Punta de Los Remedios, en Dibulla, La Guajira, contra quienes dispararon de manera indiscriminada con pistolas y fusiles, para luego darse a la huida en una camioneta hacia la troncal del Caribe.El ataque sicarial, que se produjo sobre las5:00 de la tarde de este domingo, acabó de inmediato con la vida de Gamalier, Iván David, Joenne José y Ubencio, cuatro hombres que tenían entre 24 y 70 años, de quien solo Iván David presentaba anotaciones judiciales, en este caso, por concierto para delinquir y fuga de presos.Según conoció Blu radio, los testigos del ataque identificaron entre los sicarios a un joven conocido con el alias 'Naín', un rostro muy conocido La Guajira, debido a que ha sido uno de los hombres más buscados, por quien se ha ofrecido hasta $100 millones de recompensa por su paradero. Su nombre está directamente relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a que sería un conocido miembro del grupo, quien comparte activamente en redes sociales videos sobre su participación en esta organización criminal, pero el dato más relevante relacionado con 'Naín', es que en abril pasado, había sido suspendida su orden de captura por orden del presidente Gustavo Petro para que este fuera fue parte del "espacio de Conversación sociojurídico" entre dicho grupo y el gobierno, misma mesa de diálogo que fue posteriormente suspendida. Por lo pronto, está por confirmarse si efectivamente 'Naín', quien también es conocido con el alias del 'Menor', habría participado en dicha acción armada, por lo que se esperan las respuestas que, desde el consejo extraordinario de seguridad, surjan, teniendo en cuenta que ya fue enviado un equipo especial de la Dijín para asumir la investigación. Es de recordar que la Defensoría del Pueblo emitió hace un mes una alerta de riesgo extremo para Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, por la disputa que hay en el territorio entre miembros del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, lo que ha generado homicidios, desplazamiento, confinamiento y reclutamiento de menores. Esta, según cifras de Indepaz, es la masacre número 53 del año que se presenta en el país.
Fue ratificada la prisión domiciliaria para Edwin Alberto Cataño, bombero que hace unas semanas arrolló y le quitó la vida a un joven de 19 años, cuando, según el reporte de las autoridades, conducía en estado de embriaguez. La Juez 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Atlántico confirmó la medida de aseguramiento domiciliaria contra Edwin Alberto Cataño Guevara, quien fue señalado como presunto responsable de la muerte del joven de 19 años Juan David Ucrós Cervantes, momentos en los que fue arrollado en el norte de Barranquilla.Había expectativa de cambio de medidaPese a que había expectativa por un posible cambio en la decisión de primera instancia que pudo enviar al bombero hacia un centro carcelario, el abogado de las víctimas, Geraldino León, aseguró que la juez argumentó que la persona procesada no es un delincuente habitual.De hecho, la togada se refirió al caso diciendo que “no se trata de una equivalencia entre la medida y el daño, sino un equilibrio entre la restricción de los derechos del imputado y la consecución del objetivo legítimo de la medida”.Así las cosas, Edwin Alberto Cataño tendrá un dispositivo electrónico en su hogar en medio de su judicialización por homicidio culposo agravado.
Un ataque armado contra un grupo de hombres que departían en el corregimiento de La Punta de los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira, dejó como saldo cuatro personas muertas y tres heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de Riohacha.“Lamentablemente asesinaron a cuatro personas y hay tres heridas. Ya tenemos el control de la zona y estamos buscando a estos delincuentes para ver si logramos capturarlos. Todavía no tenemos certeza, pero sabemos que ese grupo que maneja la actividad delictiva en Dibulla sería el responsable”, dijo en entrevista con Blu Radio el coronel Diego Montaña, comandante de la Policía de La Guajira.Según testigos, un grupo de hombres armados llegó en camionetas y comenzó a disparar de manera indiscriminada con fusiles y pistolas contra las personas que estaban cerca del parque principal del corregimiento de La Punta de los Remedios.“Por orden del director de la Policía, mañana llegará a La Guajira un grupo especial de la Dijín para adelantar la investigación de este suceso”, agregó el coronel Montaña.Las autoridades administrativas de Dibulla han convocado un consejo extraordinario de seguridad para enfrentar esta nueva masacre que rompe la tranquilidad de los habitantes del departamento.Apenas el sábado 30 de agosto, el ministro de Defensa Nacional estuvo en Riohacha liderando un consejo de seguridad, en el que los alcaldes también se refirieron a los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, quienes se disputan el control del macizo montañoso.
Hasta el canal de acceso en cercanías al barrio Las Flores en Barranquilla llegó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para manifestar su profunda solidaridad con la Armada Nacional y los familiares del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena durante labores de alistamiento para la llegada del buque ARC Gloria a Barranquilla.“Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los familiares del joven grumete y con toda la Armada Nacional. Es una noticia que nos llena de tristeza, y desde la Gobernación del Atlántico ofrecemos todo el apoyo necesario en este difícil momento”, expresó el gobernador Verano por medio de un comunicado.Por eso se propició la visita del mandatario departamental a este punto en el que todavía permanece la embarcación para reiterar su respaldo absoluto a las autoridades navales que mantienen activas las labores de búsqueda y rescate.Durante el recorrido, el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y destacó que, por respeto a los protocolos institucionales, el único vocero autorizado para entregar información oficial sobre lo ocurrido es el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Javier Hernando Rubio Barrera.“Las labores de búsqueda continúan sin pausa, mientras el gobernador mantiene una comunicación permanente con las autoridades navales, reiterando el compromiso del departamento del Atlántico con el acompañamiento y apoyo a la Armada Nacional en esta difícil situación”, aseguró la Gobernación.La Institución Naval informó que se dispuso equipo multidisciplinario con el fin de brindar el apoyo a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello y solicita "el apoyo de toda la comunidad marina y ribereña en el ejercicio de búsqueda y rescate que estamos adelantando con toda nuestra energía y capacidad para poder rescatar con vida a nuestro compañero caído al agua".
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Atrapada dentro de su vivienda envuelta en llamas tras la explosión de un cilindro de gas que usaba para la preparación de los alimentos, quedó una mujer de 67 años que perdió la vida la tarde de este jueves en la isla de San Andrés. La víctima es Laura Santana, una mujer raizal que vivía en el sector de San Luis. El coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, indicó que fueron alertados de la emergencia, pero pese a que hubo una reacción inmediata, los funcionarios no pudieron ingresar a la residencia a rescatarla.“Es posiblemente la explosión de un cilindro de gas en el interior de la casa, el cual utilizaban para sus labores domésticas lo que originó el incendio. Llegamos y la reacción fue inmediata. La comunidad se comunicó. Tratamos de acercarnos, pero fue imposible. Nuestros funcionarios no pudieron ingresar a la residencia y lamentablemente se presenta esta situación”, detalló el coronel Totena.Al momento de la conflagración la mujer se encontraba acompañada de una hija que alcanzó a salir a tiempo y resultó ilesa de la explosión, sin embargo, no pudo ayudar a su madre.En el sector, un ciudadano también intentó ingresar a la vivienda, pero las llamas ya la habían rodeado por completo, lo que imposibilitó que hiciera el rescate de su vecina.
En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.Hipótesis de la comunidadEntretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a Blu Radio que esa noche, los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval.El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis.