En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 23 de febrero:La actriz, cantante y bailarina Natalia Bedoya fue invitada este lunes a Bla Bla Blu.La investigadora y periodista de misterio Kelly Torres habló en "Historias que merecen ser contadas" sobre la reina del vudú de Nueva Orleans.
La primera 'Megatoma' de la Fuerza Pública en Cali tuvo lugar en el oriente de la ciudad, específicamente en los barrios Los Naranjos, Alirio Mora, Marroquín 1 y 2. En la comuna 14, con un despliegue de policías, soldados y funcionarios de diferentes entidades.Estas intervenciones en territorio tienen dos objetivos, en primer lugar, contrarrestar los índices de criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad, y segundo prevenir ataques terroristas, logrando reaccionar a tiempo econtrando explosivos u otros artefactos sospechosos."Tenemos más de 200 hombres y mujeres de diferentes especialidades acompañados por el Ejército Nacional, para hacer capturas, control del tráfico de estupefacientes y verificación de antecedentes. Obviamente vamos a impactar la mayoría de barrios acá de la Comuna 14 y todo el oriente de la ciudad", señaló el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.Esta denominada 'Megatoma' fue liderada por el alcalde Alejandro Eder, quien estuvo en las calles acompañando estos recorridos. Ahí aseguró que esta estrategia se adelantará de manera sorpresiva durante el tiempo que Cali lo requiera."Es una presencia muy fuerte, vamos a asegurar sectores que sabemos que han sido muy golpeados por la violencia, por la criminalidad o por el microtráfico. Estos son esfuerzos sostenidos que se van a mantener durante varias semanas, por lo menos hasta que podamos controlar un poco más, la situación de orden público en Cali.", indicó el mandatario.El alcalde Eder aseguró, además, que espera comunicarse con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en los próximos días para definir qué acciones adicionales se pueden implementar para seguir restaurando la seguridad en la ciudad, tras diferentes hechos violentos e intentos de atentados frustrados de las últimas semanas.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Alcaldía de Bogotá confirmó que las capturas contra los responsables del secuestro y robo a Diana Ospina serían inminentes, tras el operativo adelantado por el GAULA de la Policía Metropolitana. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde entregó detalles del caso que mantuvo en vilo a la capital durante más de 40 horas.Según explicó el funcionario, la desaparición de Ospina fue reportada el domingo hacia las 4:00 de la tarde, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda. “Ahí mismo iniciamos la recolección de información y las entrevistas a las personas que tenían datos sobre las últimas horas de ella”, señaló Restrepo.El trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y el GAULA permitió ubicar a la víctima en el borde oriental de Bogotá, en una vía cercana a la salida hacia Choachí, donde fue dejada en libertad tras la presión de las autoridades. “Cerca de las 8:30 o 9 de la noche tuvieron que dejarla en libertad para que se acercara a un CAI donde ella nos pidió que la lleváramos donde su familia porque quería descansar”, detalló el secretario.Investigación avanza y capturas serían próximasUno de los puntos clave abordados en la entrevista fue el avance de la investigación contra la presunta banda que operaría bajo la modalidad de “paseo millonario”, utilizando taxis para interceptar a sus víctimas. Aunque Restrepo evitó confirmar detalles específicos sobre los responsables, fue enfático en que el proceso avanza con celeridad. “Esa información está integrada en la investigación que avanza muy rápidamente y que debemos cuidar con celo para que una vez tengamos las capturas, esas judicializaciones sean efectivas”, afirmó.Ante la pregunta directa sobre si las detenciones serían inminentes, respondió: “Trabajamos en que sea en el menor tiempo posible”.Las autoridades analizan material probatorio, incluidos videos de cámaras de seguridad donde se observan vehículos tipo taxi involucrados en el momento en que Ospina fue abordada frente a su residencia.Secuestro y no hurto: cambio en la tipificación del delitoEl secretario de Seguridad explicó que este tipo de casos ya no son tratados como simples hurtos calificados, sino como secuestro, una decisión adoptada por la administración distrital para endurecer las penas y evitar que los responsables recuperen la libertad fácilmente.De acuerdo con la versión preliminar, la retención de Diana Ospina habría tenido como objetivo despojarla de sus recursos financieros, sin que mediara inicialmente una exigencia de rescate. “La información inicial parece que es el tema de secuestrar a una persona para quitarle los recursos que tiene en sus cuentas”, indicó.Este cambio en la clasificación jurídica ha generado un aumento en las estadísticas de secuestro en Bogotá durante 2025, pero, según el funcionario, no implica necesariamente un incremento real del fenómeno. “Nos hemos sincerado frente a este delito. Antes era tipificado como hurto calificado (…) Por eso hay una variación en la estadística y hay una mayor visibilidad del fenómeno”, explicó.Riesgo en el transporte individual y antecedentesDurante la entrevista también se abordó la posible relación de este caso con otros episodios similares, como el asesinato del profesor Neil Felipe Cuídez, ocurrido bajo circunstancias relacionadas con un presunto paseo millonario.Sin establecer conexiones directas, Restrepo reconoció que existe un patrón delictivo que preocupa a las autoridades. “Existe un riesgo real de que criminales se involucren en la red de transporte individual tipo taxi para aprovechar las vulnerabilidades de ciudadanos en la madrugada y, a partir de eso, secuestrarlos con el fin de quitarles sus pertenencias o sus recursos”, advirtió.El secretario informó que, en lo corrido de la actual administración, cinco estructuras criminales dedicadas a esta modalidad han sido desmanteladas, mientras continúan las investigaciones para identificar a otras bandas.Estado de salud de Diana OspinaEn cuanto a la condición de la víctima, Restrepo señaló que, tras ser liberada, pidió ir directamente a su vivienda para descansar junto a su familia. “Se imaginarán que el tiempo que estuvo en esa situación es estresante. Hoy trabajará con nosotros en brindarnos más información de detalle”, manifestó.La declaración formal ante las autoridades se realizará una vez la afectada se encuentre en condiciones óptimas, con el fin de robustecer el proceso judicial y garantizar que las capturas y posteriores condenas se sostengan en pruebas sólidas.El caso de Diana Ospina vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en Bogotá, particularmente frente al uso de taxis y el fenómeno del paseo millonario. Mientras la ciudadanía exige resultados concretos, la Alcaldía insiste en que el enfoque de judicializar estos hechos como secuestro permitirá “penas robustas que saquen a estos criminales definitivamente de la calle”.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.El primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
La Alcaldía de Galapa, Atlántico, informó por sus redes sociales en las últimas horas que declaró formalmente la Situación de Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta en la urbanización Villa Olímpica, como respuesta a la crisis generada por el desabastecimiento prolongado de agua potable que mantiene afectados a más de 20.000 habitantes de este sector.“La Alcaldía de Galapa informa a la opinión pública que, mediante los Decretos 111 y 112 del 1 de agosto de 2025, se declaró formalmente la Situación de Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta en la urbanización Villa Olímpica, como respuesta a la crisis humanitaria generada por el desabastecimiento prolongado de agua potable que afecta a más de 20.000 habitantes de este sector”, se puede leer en un comunicado publicado.“Esta decisión fue aprobada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tras constatarse una grave vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud pública y la vida digna, provocada por el incumplimiento de las empresas Aguas del Atlántico S.A. E.S.P. y AguaCaribe Colombia S.A.S., responsables del sistema de acueducto y alcantarillado”, agrega la misiva.Las medidas adoptadas permitirán, según la administración, activar un plan de acción específico para la atención, mitigación y rehabilitación de los efectos de la emergencia; ejecutar acciones inmediatas de contratación directa para el suministro de agua potable y otros bienes y servicios esenciales; y coordinar con entidades del orden nacional y organismos de control una respuesta estructural y definitiva.“La administración municipal reitera su compromiso total con la defensa de los derechos de los galaperos, y continuará exigiendo a las empresas prestadoras del servicio, así como a la Superintendencia de Servicios Públicos, acciones claras, contundentes y verificables para conjurar esta problemática y brindar una solución definitiva a la comunidad de Villa Olímpica”, finaliza la administración.El alcalde de Galapa, Fabián Bonett, llegó hasta el punto de la protesta junto con representantes de la Gobernación del Atlántico, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
La Primera División del Ejército Nacional confirmó que los seis militares que resultaron heridos en medio de los combates contra el ELN y el Clan del Golfo en zona rural de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, se encuentran estables y fuera de peligro, y que siguen siendo atendidos en un centro hospitalario de la ciudad de Bucaramanga.Los uniformados, un teniente, un cabo segundo y cuatro soldados profesionales, fueron atacados por el ELN con artefactos explosivos lanzados desde drones."En zona rural de la vereda Pie de Sabana, municipio de Santa Rosa del Sur, un pelotón de nuestras tropas fue atacado con artefactos lanzados desde un sistema UAS (dron). Como resultado, seis militares resultaron levemente heridos. Todos fueron evacuados preventivamente hacia un centro médico en Bucaramanga. De acuerdo con el primer parte médico, ninguno reviste gravedad”, explicó el Brigadier General William Fernando Prieto, comandante de la Primera División del Ejército.Desde el pasado jueves, la Primera División del Ejército anunció una ofensiva militar para desbloquear los corredores de movilidad hacia las zonas rurales de Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan Río Grande y La Marizosa; controlados por el ELN y el Clan del Golfo en un denominado paro armado que mantiene en confinamiento a más de 5.000 habitantes de la zona hace 15 días.“Durante estas maniobras militares se han registrado intensos combates con integrantes de grupos armados organizados que buscan conservar corredores de movilidad, rutas para el narcotráfico y las economías ilícitas, además de adelantar acciones criminales contra la población civil y los miembros de la fuerza pública”, detalló la Primera División en un comunicado.La crisis humanitaria que viven los habitantes de la zona rural de Santa Rosa del Sur, prendió las alarmas de la Procuraduría General de la Nación que hizo un llamado a tomar acciones urgentes para frenar esta emergencia.El Ministerio Público pidió presencia institucional en el territorio, activar el plan de contingencia municipal y desplegar misiones humanitarias con acompañamiento del Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aprovechó en las últimas horas un encuentro con la comunidad para pedirles a los padres de familia que “cuiden y protejan a sus hijos”, como una estrategia para reducir la inseguridad, el tráfico de estupefacientes y las extorsiones, las cuales hoy son perpetradas por población juvenil en su mayoría.Dijo el mandatario barranquillero que la presencia de más jóvenes en las calles se deriva luego en la necesidad de más policías en la capital del Atlántico, en el marco de su discurso en la entrega de un parque para el barrio Los Trupillos.“Cuiden a sus hijos, protejan a sus hijos. Ellos son la planta de ese hogar, si uno no les echa abono, no los cuida, no los abraza, no los quiere, el hijo sale mal. Y Barranquilla se pone mal”, dijo inicialmente.“Entonces queremos más policías, porque hay niños malos en la calle, consumiendo, extorsionando, atracando. Sin embargo, si esa plantica o ese árbol que está en la casa como hijo nuestro, lo abonamos, lo cuidamos, lo podamos, le quitamos la malecita, ese hijo va a salir bueno. Barranquilla necesitará menos policías. ¿O no es así?”, agregó.El alcalde siguió diciendo que es una “dura radiografía, pero si cuidamos a nuestros hijos, a Barranquilla no la detendrá nadie”.Finalmente, Char apuntó que esta debe ser una tarea tanto de la Alcaldía Distrital como de las familias, cuyo trabajo unido puede traer resultados poderosos. “A Barranquilla nada le queda grande, estamos a otro nivel”.El alcalde Alejandro Char también llegó hasta la urbanización Las Gardenias para iniciar la construcción de una doble calzada de 300 metros de longitud y 7,80 metros de ancho cada una, que conectará este sector con la avenida Cordialidad, una de las tantas peticiones de esa comunidad.“Esto significa salida directa del barrio, acceso al transporte público, más seguridad, valorización, desarrollo y calidad de vida para miles de familias. Además, también vamos a instalar redes de acueducto y alcantarillado, construir andenes, bordillos y adecuar el espacio público que su comunidad necesita”, les prometió.
Como Jader Rubén Soto Zúñiga, de 20 años, fue identificado el patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla que en las últimas horas fue asesinado cuando estaba en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de esta ciudad, puntualmente en cercanías a la carrera 8 con calle 57.De acuerdo con lo informado por las autoridades competentes, la víctima se encontraba de descanso al momento de los hechos, mientras que la hipótesis que toma fuerza es la de una supuesta amenaza que había recibido por parte de un pandilla de la zona.Soto Zúñiga, adscrito específicamente a la Policía-Ambiental de la Policía Metropolitana de Barranquilla, alcanzó a ser trasladado con urgencia hasta la Clínica San Ignacio, donde galenos de turno terminaron confirmando su deceso.Allí se determinó que se agravaron sus heridas producto de un disparo en su pecho perpetrado por una escopeta.Los hechos son materia de investigación para las autoridades competentes y los responsables son buscados por el municipio.Otro asesinato en Barranquilla el mismo díaEn la noche de este viernes tuvo lugar otro asesinato, siendo este en el barrio Villa Adela de Soledad, donde sicarios movilizados en una motocicleta acabaron con la vida de Harlant Javier Gonzáles Ariza, momentos en los que estaba en un negocio de comidas rápidas.La víctima, según reportes de la Policía, contaba con dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de falsedad marcaría y hurto.De hecho, había sido capturado hace un par de meses por el primer delito mencionado, lo que provocó la incautación de un carro Kia Picanto en dicho operativo.Los móviles detrás de su muerte aún no han sido revelados por los investigadores de la Sijín que están a cargo del caso.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.