El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
En plena campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, una candidatura ha irrumpido en el debate público colombiano por su origen digital. Se trata de “Gaitana IA”, presentada como la primera aspiración política creada con inteligencia artificial en el país.Detrás del proyecto está Carlos Redondo Rincón, ingeniero mecatrónico de 40 años e integrante del pueblo Zenú del resguardo Reparo-Torrente, en zona rural de Coveñas. En entrevista con BLU Radio, Redondo explicó que la idea nació del modelo de toma de decisiones de su comunidad, basado en la deliberación colectiva. “Las decisiones dentro del resguardo se toman de manera colectiva… el cacique no es esta persona que impone”, afirmó. Según relató, desde hace años buscaba trasladar esa lógica al entorno digital. “Este modelo desde hace rato yo dije, tiene que haber alguna manera de digitalizar este proceso porque me parece demasiado bonito… Aquí todo es colectivo… Esto hay que pasarlo a digital”, sostuvo.La propuesta tomó forma con el desarrollo de una plataforma que, según el candidato, emplea herramientas de trazabilidad como blockchain para organizar debates y construir consensos. “Eso es Gaitana IA: democracia digital participativa al nivel de países nórdicos, pero hecho por nosotros, sin tecno-feudalismo”, aseguró.Aunque en redes sociales Gaitana aparece como un avatar femenino de piel azul y voz con acento extranjero, legalmente quien está inscrito como candidato es Redondo, junto con la antropóloga y socióloga embera katío Alba Rincón, bajo el aval del movimiento ACMIZSAM aprobado por el Consejo Nacional Electoral. El logo del movimiento aparece en el tarjetón con las siglas IA en color azul. La intención inicial de inscribir un movimiento 100 % IA fue rechazada en dos oportunidades. “El CNE lo llama movimiento novedoso… es el primero en Colombia con este término”, explicó.Sobre el funcionamiento de la herramienta, Redondo detalló que cualquier propuesta ciudadana se somete a debate en la plataforma. “Gaitana IA toma esta propuesta, la comparte con toda la comunidad… la IA arma un embudo de datos y arma un consenso. Si el consenso lo admitió, ya pasa a ser un proyecto de ley”, indicó.Uno de los puntos que ha generado controversia es la posible confusión en el electorado. Consultado sobre el riesgo de incurrir en engaño al sufragante, el candidato reconoció que la campaña tuvo una fase inicial de expectativa. “La primera fue la fase del misterio… ha servido para que los videos se viralicen”, afirmó. Según dijo, luego vendrá una etapa de revelación y otra de pedagogía para explicar el modelo. “Ha sido parte de la estrategia de campaña… Tenemos videos de más de un millón de vistas”, añadió.La principal bandera programática es la “soberanía digital comunitaria”, que, en palabras de Redondo, busca que “las mismas comunidades puedan tener sus desarrollos propios sobre semillas, sobre bancas y sobre tecnología propia”. Sobre la apariencia extranjera del avatar, señaló que responde a limitaciones tecnológicas locales. “En Colombia no tenemos tecnología para hacer avatares propios… entonces nos toca utilizar los avatares gringos”, explicó.Si el movimiento logra una curul, quienes se posesionarían en el Congreso serían los candidatos humanos. No obstante, Redondo insiste en que la inteligencia artificial tendría un rol central en la interacción con la ciudadanía. “Tenemos la capacidad tecnológica para que Gaitana interactúe en tiempo real con todos los colombianos, y que podamos poner el Congreso en manos de la gente. Esto es lo principal”, concluyó.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 les ha garantizado a los ciudadanos la libertad de culto. Según el artículo 19 de la carta magna, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional habría fijado un límite a este derecho.La Corte se pronunció sobre la libertad religiosa en el país y dejó claro un detalle que muchos han pasado por alto: considera que ninguna creencia puede ponerse por encima de otra.El alto tribunal estudió una tutela que una mujer interpuso contra un condominio que, de acuerdo con su reclamo, adecuó una capilla común para el culto católico, pese a que todos los residentes aportan para su mantenimiento.De acuerdo con la sentencia T-437 de 2025, la decisión abrió un debate sobre el alcance que deben tener los cultos en espacios compartidos, especialmente frente a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política.Corte puso freno a capillas católicas en conjuntos residencialesEl caso sobre la capilla al interior de un conjunto residencial, que aparentemente estaba destinada solo al uso de prácticas católicas, abrió una disputa amplia, pues la mujer solicitó que el espacio regresara a su uso original o que también fuera empleado para todas las creencias.De ese modo, la Corte señaló que los espacios semiprivados también deben respetar los derechos fundamentales. “Esa medida era innecesaria, pues podían adoptarse alternativas menos restrictivas, como convertir la capilla en un espacio multirreligioso con elementos portátiles o adecuar otra zona común al culto de distintas creencias. También era desproporcionada, pues sacrificaba de manera irrazonable la libertad de cultos de la accionante y de los demás residentes no católicos”, indicó el alto tribunal.El principal inconveniente, según la Corte, es que la creación de este tipo de espacios puede limitar a quienes no comparten la creencia. “Puede ser la limitación de la libertad de cultos de quienes no comparten la misión de la organización o la destinación del bien”.¿Qué pasará con la capilla al interior del conjunto residencial?Ante la tutela, la administración del conjunto tomó la decisión de cubrir las imágenes y los símbolos católicos; sin embargo, la Corte Constitucional lo consideró insuficiente y explicó que esa solución no garantizaba una alternativa digna para quienes no profesan esa fe.Por ello, ordenó convocar a los copropietarios para definir medidas que puedan significar igualdad y libertad religiosa al interior de la propiedad horizontal y proponer alternativas como:Convertir la capilla en un espacio multirreligioso.Usar elementos portátiles según cada culto.Adecuar otra zona común para distintas creencias
Antioquia cuenta con la primera oficina descentralizada del Consejo Nacional Electoral para la acreditación digital de testigos para la elecciones del 2026. Este es el primer centro de servicios de esta índole en el país.El ocho de marzo de este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Colombia en las que se elegirán a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, y el CNE descentraliza sus servicios con el primer Punto de Atención en Antioquia.Este primer y por ahora único Punto de Atención Departamental, operará como centro piloto, apostándole a la innovación tecnológica de cara a las elecciones de este año, poniendo a disposición de la ciudadanía y las agrupaciones políticas en la capital antioqueña, la capacitación sobre la plataforma de acreditación digital de testigos para 2026.La oficina busca optimizar la transparencia y brindar asistencia técnica directa a partidos y observadores en el departamento. El nuevo centro de servicios está ubicado en el barrio Laureles, específicamente en la Transversal 39B # 73 y funcionará durante todo el calendario electoral de este año.Su objetivo es brindar asesoría técnica para el proceso electoral, acreditación y orientación para testigos, observadores y auditores nacionales e internacionales y formación en la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación 2026 optimizando la verificación de identidad en las más de 15.000 mesas de votación.Adicionalmente el CNE presentará este martes 17 de febrero la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica diseñada para robustecer los controles, optimizar la verificación de los procesos y consolidar garantías efectivas para todas las organizaciones políticas en el marco de las elecciones de 2026.La socialización será en el Hotel Marriott de Medellín, y tendrá un componente técnico y pedagógico dirigido a las agrupaciones políticas y a la Fuerza Pública. Esto con el propósito de explicar el funcionamiento del nuevo aplicativo y los protocolos de validación, ya que el sistema incorporará identificación digital mediante códigos QR que serán verificados antes del ingreso a los puestos de votación.
Una alimentación basada en productos ultraprocesados podría estar pasando una factura más alta de lo que muchos imaginan. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida concluye que los adultos que consumen mayores cantidades de este tipo de alimentos tienen un 47% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en Estados Unidos.El análisis, dado a conocer esta semana, se apoyó en datos de 4.787 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE. UU. Los investigadores revisaron registros detallados de al menos un día de ingesta alimentaria por persona, además de antecedentes de eventos como infartos o accidentes cerebrovasculares. Con esa información, calcularon qué proporción del total de calorías diarias provenía de productos ultraprocesados y clasificaron a los participantes según su nivel de consumo.Para garantizar resultados más precisos, el equipo ajustó el análisis considerando variables como edad, sexo, raza, origen étnico, nivel de ingresos y hábito de fumar. Aun tras ponderar estos factores, la asociación entre mayor ingesta de ultraprocesados y riesgo cardiovascular se mantuvo sólida.Entre 2021 y 2023, los estadounidenses que declararon consumir más alimentos de este tipo, incluyendo carnes ahumadas, dulces, galletas, pizzas congeladas, bebidas azucaradas y papas fritas, fueron quienes presentaron las tasas más elevadas de afecciones cardíacas. Estos productos, que actualmente representan cerca del 60% de la dieta promedio en el país, suelen resultar más accesibles económicamente que opciones frescas y nutritivas, lo que complica el panorama de salud pública.Gran parte del problema radica en la composición de estos alimentos. Suelen contener concentraciones elevadas de sodio, azúcares añadidos y grasas poco saludables, componentes que contribuyen al deterioro del sistema cardiovascular. Además, diversos estudios han vinculado su consumo frecuente con daños en la microbiota intestinal, mayor riesgo de cáncer y mortalidad prematura.El doctor Charles Hennekens, profesor de Medicina y Medicina Preventiva y titular de la Cátedra Sir Richard Doll en la institución floridana, subrayó la trascendencia de los hallazgos. Según explicó, los resultados no solo orientan futuras investigaciones, sino que también deberían influir en la práctica clínica y en el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención.A la luz de estas conclusiones, los autores recomendaron a médicos y otros profesionales sanitarios que aconsejen activamente a sus pacientes reducir la ingesta de ultraprocesados. Cambiar patrones alimentarios podría ser una herramienta clave para disminuir la incidencia de enfermedades del corazón.El estudio también se suma a una creciente inquietud en torno al aumento de ciertos tipos de cáncer en adultos jóvenes. En particular, el cáncer colorrectal ha mostrado un incremento preocupante entre personas menores de 50 años. Datos de la Sociedad Americana del Cáncer indican que actualmente casi el doble de jóvenes recibe este diagnóstico en comparación con hace una década.Para este año, se estiman 108.860 nuevos casos de cáncer de colon y 49.990 de cáncer de recto en Estados Unidos. Aunque las causas son múltiples, algunos especialistas apuntan a la dieta rica en ultraprocesados como uno de los factores que podrían estar influyendo en esta tendencia.En conjunto, la evidencia refuerza un mensaje claro: reducir el consumo de productos altamente industrializados no es solo una recomendación nutricional, sino una estrategia potencialmente decisiva para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades graves a largo plazo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
En Barranquilla un turista francés, otro italiano y uno británico que habían llegado a disfrutar de las fiestas del Carnaval, resultaron heridos a bala luego de que delincuentes pasaran disparando contra un negocio en el que ellos se encontraban.El caso que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades, ocurrió hacia las 11 de la noche del domingo, en el barrio Montecristo, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.A esa hora, según el relato de testigos, delincuentes en un automóvil y una motocicleta, pasaron y realizaron varios disparos contra quienes estaban en la tienda y panadería Abastos la Rueda.En el sitio resultaron heridos los jóvenes turistas. Uno de ellos es un ciudadano italiano de 24 años identificado como Teo María Starostenko, quien recibió un disparo al lado derecho de la espalda.El otro herido es Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, herido de dos disparos, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo. La tercera víctima es un joven británico de 23 años identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quién una bala lo rozó en el cuero cabelludo.Los tres extranjeros fueron llevados a la Clínica del Prado de Barranquilla y la General del Norte.El coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. indicó que un grupo especial de la Policía está investigando, al tiempo que invitó a la comunidad a entregar cualquier información: "La Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables o autores. Se invita a la comunidad en general a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523", expresó el oficial. Por el momento, las autoridades no se pronuncian sobre el posible móvil de este ataque a bala que dejó a los turistas heridos. En el lugar de los hechos los policía encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.
El cumbiódromo de la vía 40 se transformó este lunes en una gigantesca pista de baile donde la alegría, la vistosidad y la majestuosidad de las comparsas de fantasía y tradición brillaron con luz propia. Desde las 11:30 de la mañana, miles de barranquilleros y visitantes fueron testigos de un despliegue sin precedentes bajo el concepto “Aquí suenan los picós en las comparsas”, una temática que celebró las sonoridades que han marcado el goce popular y la creatividad del Caribe.Un homenaje a la memoria sonoraEl desfile rindió un tributo especial a los picós, considerados grandes máquinas culturales que han enriquecido la fiesta a través de los años. A lo largo de cinco bloques temáticos, más de cien grupos folclóricos derrocharon creatividad en la vía 40, utilizando, tanto música propia como ritmos foráneos para acompañar sus elaboradas coreografías.La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, quien encabezó el desfile, destacó la relevancia de este homenaje. Unión de culturas y memoria histórica Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de tres tradicionales silleteros de la Feria de las Flores, quienes llegaron directamente desde Medellín para saludar al público barranquillero y demostrar los lazos culturales que unen al país.Asimismo, la Gran Parada de Comparsas dedicó un espacio solemne para honrar la memoria de Carlos Sojo, reconocido investigador y estudioso del Carnaval, cuyo legado continúa inspirando el desarrollo cultural de la fiesta.Con el cierre de este desfile, el Carnaval 2026 demostró una vez más que la calle sigue siendo el gran escenario de la fiesta. La jornada no solo fue una muestra de baile, sino un espacio de desarrollo cultural donde la identidad, la alegría y la vida de Barranquilla resonaron con más fuerza que nunca.
En el parque de la Catedral de Montería permanecen reunidos en un plantón decenas de damnificados que la madrugada de este lunes se levantaron en protesta para rechazar una decisión de la Comisión de Presupuesto del Concejo, que negó el proyecto de acuerdo en el que el alcalde pedía facultades para tomar decisiones rápidas y con menos trámites frente a la atención de la emergencia.Ondeando banderas, alzando pancartas y hasta entonando canciones frente a las instalaciones de la alcaldía y el Concejo, los afectados lanzan críticas contra los concejales que tomaron esta decisión.Los damnificados en Montería denuncian que, tras 10 días de inundaciones, hay decenas de ellos que aún no han recibido ayudas y por eso claman agilidad en la entrega de elementos de primera necesidad."Estamos aquí frente a la alcaldía, ya que los de la margen izquierda no hemos recibido apoyo, no hemos recibido ayudas, no hemos recibido atención médica, no hemos recibido asesorías, nada. Ya llevamos 10 días y el agua está negra, hedionda, por favor, ayúdennos", clamó un afectado.La lideresa Yalenis Mazón también afirma que la emergencia requiere una respuesta inmediata y no trabas administrativas que ralenticen los procesos. Advierte que si no se ejecuta un plan de acción con prontitud, se volcarán a las calles con otra protesta masiva."Nosotros necesitamos que ellos nos den una respuesta o nos digan cuál va a ser el plan de acción, y si no aparece nadie en el Concejo para hablar con nosotros, mañana vamos a hacer una gran marcha en la ciudad de Montería, donde vamos a convocar a toda la comunidad damnificada, a todos los líderes del departamento de Córdoba y las comunidades indígenas para que nos apoyen, porque nosotros merecemos ser escuchados y que se empiece rápidamente un plan de acción", dijo.Los afectados piden que se garantice la entrega de alimentos y medicinas, así como maquinaria amarilla para evacuar el agua que sigue represada en varios sectores.
Pese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba, donde este lunes se esperan lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que el panorama pinta igual para el resto de la semana, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.En el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias en las próximas horas.Además, persiste la alerta por vientos de hasta 40 km/h y olas superiores a los 2 metros de altura en el mar Caribe, sobre todo en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
Los Carnavales de Barranquilla se volvieron a tomar este domingo el Cumbiódromo de la Vía 40 en medio de su Gran Parada de Tradición, el desfile más importante del segundo día de estas fiestas en la capital del Atlántico.Fueron 130 grupos folclóricos los que emocionaron a miles de turistas y barranquilleros que se congregaron en este lugar, teniendo la particularidad de que este año hubo un homenaje en memoria de las directoras fallecidas Ángela Pedroza, Edaida Orozco y Luisa Orozco, esenciales en el desarrollo de una danza tradicional como lo es el paloteo.Hablamos de una de las expresiones guerreras más antiguas y representativas del Carnaval, símbolo de unión, disciplina colectiva y resistencia cultural. “La Gran Parada de Tradición es un acto de respeto y gratitud con quienes han sostenido el Carnaval desde la raíz. El paloteo representa la fuerza colectiva y la memoria viva de la fiesta”, destacó Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.Las danzas desfilaron por la Vía 40 por orden de antigüedad, lideradas por el Paloteo de Gaira y las Pilanderas de Valledupar.“Está muy excelente, muy espectacular. La acogida de la gente ha sido muy bonita, los carnavales muy hermosos. Las comparsas hay que decir que también han sido espectaculares, o sea, es una apropiación de la cultura increíble”, declaró Angélica León, una boyacense que llegó a gozar estas fiestas hasta el Miércoles de Ceniza.“Han sido unos Carnavales maravillosos, extraordinarios. La reina Michelle Char se ha sobrado en todas sus presentaciones, en la lectura de bando, en el desfile de la Batalla de Flores, ahora en la Gran Parada, esas carrozas muy hermosas. Ha estado muy cercana al pueblo, por eso todo ha sido exitoso”, dijo Eugenia María, barranquillera que desde hace 40 años disfruta de cada desfile desde el mismo lugar.Representando la vida y la muerte, los reyes infantiles del Carnaval 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, también saludaron a la gente en la Gran Parada de Tradición.“En la danza del Garabato la vida siempre le gana a la muerte. Me he sentido muy bien sintiendo la tradición de nuestra fiesta”, fueron las palabras de la soberana.Finalmente, el secretario de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, destacó el buen comportamiento de los asistentes y remarcó que se reforzó la seguridad para evitar que el público ingrese a la zona de los bailarines.
Justo cuando Barranquilla disfrutaba de su segundo día de Carnaval, en el que se realizaron tres desfiles en simultáneo, fue reportado un triple homicidio registrado esta tarde en el barrio Carrizal, ubicado en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico.Las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50. Todos, al parecer, cercanos, pues estaban dentro de una vivienda consumiendo drogas y bebidas embriagantes cuando un sicario los abordó caminando por la zona.La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que los fallecidos se dedicaban a la albañilería, oficios varios y mototaxismo, mientras que en la zona donde se perpetró el ataque hay injerencia de la banda Los Costeños, liderada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.El episodio ya es investigado por unidades especiales, las cuales verifican en estos momentos cámaras de seguridad en el sector para encontrar a los responsables. Además, aún no hay una línea clara que pueda conducir a los motivos de este atentado.De hecho, informó la Policía que las víctimas alcanzaron a ser llevadas por la comunidad hasta la Clínica San Ignacio, aunque médicos de turno reportaron que a su ingreso ya no tenían signos vitales.En la mañana de este sábado, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró desplegar un operativo de más de 2.000 uniformados para garantizar la seguridad en Barranquilla durante los Carnavales.“Todo nuestro compromiso está con la seguridad de los ciudadanos; tenemos toda nuestra capacidad volcada para garantizar la tranquilidad de todos durante estas celebraciones”, mencionó.Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.
Presuntos nombramientos irregulares es la conducta en la que habría incurrido la alcaldesa del municipio de Malambo (Atlántico), Yenis Orozco Bonet, y la razón por la que la Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos en contra de esta mandataria.Según el auto emitido por el ente de control, la alcaldesa Orozco nombró y posesionó a la jefa de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Stephanie Andrea Escobar Domínguez; y al jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, César Augusto Cárcamo Altamar, sin que al parecer ninguno de los cuente con los requisitos académicos exigidos.A su vez, la Procuraduría reprochó el supuesto actuar de la jefe de la Oficina de Talento Humano, Eufemia María Salazar Benítez, quien “posiblemente omitió verificar que los candidatos al servicio público cumplieran con la formación superior legalmente establecida para ocupar los cargos para los que fueron elegidos”.Por lo anterior, Salazar Benítez también está siendo investigada y contra ella también se han formulado cargos por parte de la Procuraduría.La Procuraduría recordó que "el estado le exige a quienes ejercen funciones públicas que actúen conforme a lo indicado en la Constitución, la Ley y demás normas previstas” y que “no deben actuar en el ejercicio de sus funciones con omisión, incumplimiento y/o extralimitación, pues su violación los hace responsables ante las autoridades competentes (…)".Con estas conductas los investigados habrían podido incurrir en incumplimiento de sus deberes, faltas calificadas por el Ministerio Público en esta etapa procesal como graves a título de culpa grave.
Este lunes, después de permanecer ocho días hospitalizado por quebrantos de salud, falleció Rómulo Rodado Villa, quien desde el año 2020 se venía desempeñando como gerente de la red pública hospitalaria de Barranquilla.Rodado era médico cirujano, especialista en anestesiología y reanimación y, antes de asumir la gerencia en MiRed IPS, se desempeñó como jefe de Quirófanos y Anestesia, y asesor de Seguridad del Paciente en la mencionada institución.El Distrito de Barranquilla destacó el compromiso de Rodado para “la consolidación de MiRed IPS como una red integral al servicio de la comunidad”.A través de un comunicado, MiRed IPS destacó que Rodado, “durante su gestión, impulsó mejoras fundamentales en la atención en salud, fortaleció el modelo de red e integración público- privada y defendió con firmeza el acceso digno y equitativo a los servicios para toda la ciudadanía”.“Su liderazgo humano y profesional fue clave en la evolución de MiRed IPS como referente de salud de calidad a nivel nacional e internacional, logrando múltiples reconocimientos gracias al trabajo en equipo que siempre promovió”, resaltó la entidad.
En un rastreo financiero, económico y patrimonial, la Fiscalía General de la Nación detectó bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de cocaína a destinos internacionales, propiedades que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos dueños para intentar ocultar su relación con el narcotráfico.La Fiscalía detalló que entre los bienes figuran “28 inmuebles y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos” y cuyo “dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa”.Fue así como, mientras avanza el proceso y con el fin de protegerlas y evitar su circulación en el mercado, el ente acusador impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estas propiedades, ubicadas en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y en Montería (Córdoba).“En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos”, detalló la Fiscalía.
Entre 20 y 25.000 pesos estarían exigiéndoles los extorsionistas a los conductores de buses de Puerto Colombia por cada viaje que realicen entre este municipio del Atlántico y Barranquilla, donde a diario movilizan a miles de trabajadores y estudiantes.Por la situación, las autoridades desarrollaron un consejo extraordinario de seguridad en el que definieron medidas de protección para conductores y pasajeros y evitar que esta extorsión afecte el transporte público, informó el Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leiva.“Dentro de esos compromisos está la disposición de un personal de inteligencia a lo largo y ancho de este recorrido, inclusive también en los buses que prestan este servicio, así como la implementación de una red de apoyo por parte de la empresa Excolcar y la Policía Nacional para que finalmente se le dé la tranquilidad y poder reaccionar de manera oportuna si se llega a necesitar”, indicó.El funcionario sostuvo que están avanzando las investigaciones para dar con los responsables de estas extorsiones a los conductores y que pronto caerán en manos de la justicia.“También establecimos con ellos una mesa de trabajo cada ocho días para poder evaluar los compromisos que tenemos y darles la tranquilidad de que garantizaremos la integridad de cada uno de ellos”, agregó.
La muerte de una joven patrullera que cayó de un quinto piso en Barranquilla podría tener un giro en su investigación tras unos estudios forenses que probarían que su caída fue provocada y no accidental. Blu radio conoció el detalle del informe que deja como principal sospechoso a un oficial de la Policía. La hipótesis de que la patrullera María Alejandra Guerrero, de 22 años, la madrugada del pasado 28 de abril se lanzó del quinto piso de un apartamento en la urbanización Caribe Verde, suroccidente de Barranquilla, donde se encontraba acompañada del subintendente de la Policía Andrés Castro Gómez, podría quedar desvirtuada por un estudio técnico practicado por peritos forenses en coordinación con técnicos del CTI de la Fiscalía.El documento al que tuvo acceso Blu radio, demostraría que, según la trayectoria de la caída de la patrullera, María Alejandra fue empujada por la ventana del apartamento, mientras se encontraba de espaldas, así indicó el abogado Johnny Faber Buitrago, quien lidera la defensa de la familia de la víctima.“Al analizar la caída del punto de vista de la física forense, se establece que no estamos frente a una caída ideal. Lo que se logró observar, de acuerdo a las distancias, a la ubicación del cuerpo, a las heridas que presentaba este, es que nos encontramos frente a una caída parabólica. ¿Qué significa eso? Que necesariamente debió mediar una fuerza externa, es decir, a María Alejandra la expulsaron por la ventana”, explicó el togado.El informe también revela otros elementos que contradicen la hipótesis del suicidio. Uno de ellos tiene que ver con una lesión cortopunzante en la espalda de la patrullera, la cual no puede explicarse con la caída, sumado a lesiones en las muñecas que sugieren supuestas maniobras defensivas.Escena del crimen fue alterada Asimismo, el abogado denunció que la escena fue alterada, pues, un mes después, cuando la Fiscalía fue a realizar una prueba traza, que es la recolección de residuos biológicos, encontraron que las paredes del apartamento fueron estucadas y pintadas, y varias puertas reemplazadas, lo que habría afectado gravemente la preservación de evidencias clave.
Una adolescente de solo 14 años fue asesinada con sevicia en la vía que conduce al corregimiento de Juan Mina, en el kilómetro 5 de la avenida Los Estudiantes. Se trata de Beckerys Ospino Sanz, a quién la propinaron siete disparos, entre ellos dos en rostro, otros en los brazos y la espalda.Testigos contaron a las autoridades que el cuerpo de la adolescente fue arrojado desde un automóvil, por lo que se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector para identificar la placa y dar con quienes iban dentro.El caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, que no descarta que se trate de un feminicidio, pues la menor había recibido amenazas por parte de un hombre con el que sostuvo una relación sentimental.A la víctima le encontraron un teléfono celular, el cual también está siendo analizado por las autoridades en busca de alguna pista que permita dar con el autor del crimen.A pesar de que solo tenía 14 años, la adolescente vivía sola en una habitación que le había arrendado su padre en el barrio Las Nubes, del municipio de Soledad. El día de los hechos, la menor había hablado con su progenitor, a quién le afirmó que ya se iba a dormir, sin embargo, una hora después lo llamaron a decirle que la habían asesinado.