El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
En la madrugada de este miércoles, hacia las 12:25 a. m., la Concesionaria Ruta Bogotá Norte informó que la fuga de gas registrada en la Autopista Norte, en el tramo Chía–Bogotá, fue controlada y que la movilidad en este corredor se encuentra habilitada en ese sentido. De acuerdo con el reporte, personal técnico de la empresa Vanti atendió la emergencia y logró contener la situación, lo que permitió restablecer el tránsito vehicular sobre la autopista sin que se reportaran nuevos incidentes asociados a la red de gas.La concesionaria explicó que, pese a la reapertura, en el punto permanece personal especializado de Vanti adelantando labores de verificación y aseguramiento de la tubería afectada, en coordinación con equipos de obra que trabajan en excavación e instalación de nuevas tuberías para facilitar la evacuación de agua en la zona. Estas tareas se ejecutan bajo protocolos de seguridad para reducir cualquier riesgo de nuevas filtraciones, explosiones o acumulación de gas, escenarios que, según lineamientos de la propia compañía y de las autoridades, exigen controles estrictos cuando se intervienen redes subterráneas.Las autoridades de tránsito y la propia concesionaria recomendaron a los conductores transitar con precaución por el corredor norte, acatar la señalización provisional instalada y seguir las indicaciones del personal ubicado en la vía. El llamado se dirige especialmente a quienes se desplazan en horas de baja visibilidad, como la madrugada y el amanecer, cuando se mantiene maquinaria en operación y hay presencia de operarios en calzada y berma mientras avanzan las obras complementarias derivadas de la emergencia.Calle 209 continúa cerrada por labores técnicasAunque la movilidad fue restablecida sobre la Autopista Norte en sentido Chía–Bogotá, la entrada y salida por la calle 209 continúa cerrada en ambos sentidos. La restricción se mantendrá mientras se completan las labores técnicas sobre el terreno y la infraestructura de servicios públicos en este punto, que forma parte del área de influencia del proyecto de ampliación de la Autopista Norte adjudicado años atrás para mejorar la conexión entre Bogotá y municipios como Chía y Cajicá.Según el reporte de la concesionaria, en el sector se adelantan trabajos de excavación y reemplazo de tubería, tanto para garantizar la evacuación de agua como para blindar la red de gas ante futuras contingencias. En situaciones de este tipo, los protocolos de Vanti y de las autoridades contemplan mantener cierres viales parciales o totales hasta que las pruebas de seguridad confirmen que no existen filtraciones ni concentraciones de gas y que el terreno es estable para el tránsito de vehículos y peatones.bogota.La medida implica desvíos y cambios en los recorridos habituales de quienes usan la calle 209 como acceso y salida de la capital. Por ello, se recomienda a los conductores planear rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento mientras persistan las restricciones, siguiendo también las recomendaciones que habitualmente emite la Secretaría de Movilidad cuando se presentan fugas de gas o cierres por emergencias en corredores troncales de ingreso y salida de Bogotá.bogota.Otro incidente de gas en Álamos Norte, EngativáParalelamente a la emergencia en la Autopista Norte, en el sector de Álamos Norte, en la localidad de Engativá, se presentó otra fuga de gas que también fue controlada por personal especializado. En esta zona residencial se activaron protocolos de seguridad que incluyen cierre de accesos, restricción de tránsito y evacuaciones preventivas en casos de riesgo, procedimientos similares a los aplicados en otras emergencias recientes por fugas de gas en Bogotá.YouTubebogota.Aunque la fuga ya fue contenida, en Álamos Norte se mantienen restricciones de seguridad en una amplia área habitada mientras se concluyen las revisiones de la red, se descarta la presencia de nuevas filtraciones y se certifica la estabilidad de la infraestructura.
El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país andino después de que este martes haya destituido al derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales."Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.Agregó que la elección del nuevo presidente se realizará en pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos vence este martes 17 de febrero, a las 18:00 hora local (23:00 GMT).Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones.Pero al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su sorteo número 3140, uno de los más esperados por miles de apostadores en el país.En esta jornada estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – 17 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 6420 de la serie 312. Este resultado corresponde al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para la verificación de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial, redes sociales o en la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes montos. Estos fueron los números ganadores oficiales:SECO DE $200 MILLONES6361 – Serie 250SECO DE $100 MILLONES1342 – Serie 183SECO DE $50 MILLONES2740 – Serie 0218806 – Serie 176SECO DE $30 MILLONES5169 – Serie 2709563 – Serie 2713351 – Serie 1035771 – Serie 2477745 – Serie 2064533 – Serie 141SECO DE $20 MILLONES0036 – Serie 1817339 – Serie 2495831 – Serie 2142241 – Serie 2281950 – Serie 1420230 – Serie 2225646 – Serie 3099397 – Serie 2064922 – Serie 1744169 – Serie 0259293 – Serie 2415342 – Serie 2898443 – Serie 1691336 – Serie 1414587 – Serie 175SECO DE $10 MILLONES0527 – Serie 3040934 – Serie 2831098 – Serie 0147324 – Serie 1737826 – Serie 0530119 – Serie 1580789 – Serie 2998265 – Serie 1544843 – Serie 0598612 – Serie 1343356 – Serie 2958951 – Serie 1482190 – Serie 2268900 – Serie 2246880 – Serie 0197512 – Serie 0693022 – Serie 2708204 – Serie 1508282 – Serie 2654219 – Serie 310Se recomienda comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con la imagen oficial publicada por la Lotería de la Cruz Roja para confirmar cualquier premio.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.Para el premio mayor y los premios secos, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de haber ganado el premio mayor de $10.000 millones, se deben tener en cuenta los descuentos establecidos por la ley:17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.La recomendación final para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales y revisar con detalle el billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles en el Kremlin al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos."La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Subrayó que "Rusia se ha pronunciado de manera consecuente contra el bloqueo de la isla, al igual que muchos otros países en el mundo"."Tenemos relaciones con Cuba, valoramos altamente estas relaciones. Tenemos intención de seguir desarrollándolas y, por supuesto, continuar proporcionando la ayuda correspondiente a nuestros amigos en estos tiempos difíciles", señaló.Además, descartó que la cooperación entre Moscú y La Habana pueda repercutir en las actuales negociaciones sobre Ucrania con mediación estadounidense, que continúan este miércoles en Ginebra."No creemos que estos sean asuntos relacionados", resaltó, en alusión a la amenaza de imponer aranceles que vertió a finales de enero el presidente de EE.UU., Donald Trump.Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también se reunirá este miércoles con su colega ruso, Serguéi Lavrov, adelantó la portavoz de Exteriores, María Zajárova."Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión exterior sin precedentes tanto económica como coercitiva", señaló en rueda de prensa.Y recordó que la isla vive durante casi setenta años "en condiciones de bloqueo ilegítimo, antihumano, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha visto reforzado después de las acciones militares de Washington en Venezuela el 3 de enero pasado".Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.A su vez, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.El asedio energético ha llevado al Gobierno cubano a poner en marcha un duro plan de contingencia, con servicios mínimos en hospitales, teletrabajo en oficinas y racionamiento extremo en las gasolineras, que está afectando también a grandes empresas extranjeras.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
Bajo preocupación amaneció este jueves 24 de julio la secretaría de salud en Soledad, Atlántico, liderada por el funcionario Edison Barrera, luego de confirmarse el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Juan Domínguez Romero, el único centro de alta complejidad en su zona, y por el que manifiestan que no les llegó una notificación oficial sobre el cese de actividades en la misma.Barrera le exigió a la Gobernación del Atlántico que se apersone del tema para garantizar la viabilidad de los hospitales públicos del departamento y que haya mejor trabajo en equipo para que estos temas no terminen siendo notificados solo vía telefónica.“Lo primero es lamentar la situación y hacer un llamado a la administración del departamento para que garantice el funcionamiento de esta institución históricamente de los soledeños, aunque administrada por la Gobernación. Estamos trabajando precisamente para organizar el tema, todo fuera más fácil de existir una notificación con tiempo para organizar un plan de contingencia, eso evitaría traumatismos”, dijo a Blu Radio.Además, el secretario sostuvo que el cierre implica para ellos un cambio de planes en la remisión de cerca de 60 pacientes que iban a llegar a la institución desde centros asistenciales privados.“Nosotros amanecemos diariamente 60 o 80 pacientes para remitir en las clínicas de alta complejidad del municipio, y ante esta contingencia, pues tendremos que definir cómo actuaremos para garantizar la salud de los soledeños. Quizás toque ubicarlos en clínicas de barranquilla, que no es el deber ser. Ante estas situaciones administrativas quienes se favorecen son las clínicas de la capital del Atlántico”, también apuntó.Para Barrera este es un golpe en salud hacia la banda oriental del Atlántico, a lo que agregó que siempre han estado dispuestos a colaborarle al hospital Juan Domínguez Romero. Ejemplo de ello, aclara, es el fortalecimiento de la seguridad para sus trabajadores, la instalación de alumbrado público en los alrededores y la asignación de trabajadores soledeños cuando tuvieron déficit de talento humano.En el Hospital Juan Domínguez Romero son atendidos entre 2.000 y 3.000 personas mensualmente, según datos de la secretaría de Salud.
A una mesa de trabajo fueron convocados los directivos de la Regional Norte de Medicina Legal en Barranquilla, la cual tuvo lugar en la norte de la ciudad con representantes de la secretaría de salud distrital, la personería y la procuraduría con el fin de pedir explicaciones por la crisis de acumulación de cadáveres, su entrega en alto estado de descomposición y los olores que hoy se emanan desde el sitio afectando a la comunidad aledaña.La cita tuvo como novedad que no se permitió la entrada del veedor Rubén Moreno, presidente de la veeduría ciudadana de Barranquilla y uno de los que ha venido denunciando este tipo de casos.Así también, los directivos presentes salieron del lugar sin dar declaraciones, pese a que Blu Radio conoció que existe la posibilidad de otra mesa de trabajo en la que harán presencia autoridades locales, departamentales y hasta nacionales.Al tiempo del desarrollo de dicho evento, Tatiana Lean, administradora delegada del conjunto +House Los Andes, situado al frente de la sede de Medicina Legal en Barranquilla, denuncia que son múltiples las quejas que llegan a su despacho alegando cansancio por esos malos olores.“Hemos recibido varias quejas de múltiples propietarios que nos manifiestan los malos olores que se están presentando acá en los alrededores del conjunto. Ellos dicen que no pueden tener las ventanas abiertas, pues se siente con frecuencia. Es más, por esas mismas razones hemos llegado hasta Medicina Legal sin obtener respuesta”, dijo inicialmente.“Personalmente tampoco puedo abrir mucho las ventanas porque se me mete el olor. Por las tardes, con estas temperaturas, se siente todavía más. Es algo insoportable”, agregó.Dice además que se acercó hasta la sede para buscar una cita con su directora, pero eso no fue posible. Por otro lado, Cecilia Jiménez, una de las representantes de este conjunto, declara que la solución es trasladar la sede de Medicina Legal de esta localidad.“Creo que la mejor solución que pueden hacer es ir proyectando dónde pueden pasar esa sede de Medicina Legal, porque para nadie es un secreto que este es un barrio residencial. Solo este conjunto tiene nueve años. Hasta ahora todo ha sido pañitos de agua tibia. Tenemos que evolucionar para sacar a esa Medicina Legal a un sitio en donde no haya tantos residentes, gente adulta, niños o hasta personas enfermas”, aportó.Jiménez añadió que es testigo de cómo hasta los trabajadores de dicha sede tienen que taparse la nariz por los fuertes olores.
La crisis sanitaria que los malos olores de la sede de Medicina Legal de Barranquilla destaparon, es una que desde hace un año venía siendo denunciada por el sindicato de trabajadores de la entidad, quienes advertían sobre condiciones de trabajo que estaban colocando en riesgo la salud de los empleados.Solo hasta el pasado 27 de junio, el Ministerio de Trabajo le abrió una averiguación preliminar al Instituto por las condiciones de la morgue, lo que llevó a que el pasado 17 de julio fuera enviada una comisión de la oficina del Trabajo y del sindicato, quienes se habrían sorprendido con lo que encontraron. De acuerdo con Javier Oviedo, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Medicinal Legal, detectaron hacinamiento de cuerpos en el cuarto frío, el cual alberga 80 cuerpos, a pesar de que solo tiene capacidad para 20, los cuales estaban “apilados” y algunos con un acelerado proceso de descomposición. También hallaron proliferación de insectos, especialmente de moscas, lo que, en su conjunto, representan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, "quienes deben ingresar al cuarto frío para realizar la búsqueda del cuerpo y su entrega"."En cualquier momento ese cuarto frío va a fallar o está funcionando sin cumplir con su función y los cadáveres lo que hacen es que se descomponen. Esto va a crear una emergencia sanitaria. En la visita que tuvimos el jueves evidenciábamos mucha mosca. Sí, habían hecho aseo, pero el problema no es ese, el problema son los cuerpos que están ahí, ese una nevera grande. Los cuerpos están unos encima de otro, del piso para arriba", contó en diálogo con Blu Radio. Esta situación fue reportada a la Secretaría de Salud de Barranquilla, a la que le pidieron una visita para determinar lo que estaba sucediendo. Como consecuencia de esto, el Ministerio le dio un plazo de una semana a la sede de Barranquilla de Medicina Legal para que respondan a una serie de requerimientos y se establezca un plan de mejora. Esto, por los riesgos a los que se exponen los trabajadores ante un "riesgo inminente de emergencia sanitaria".
El paro de la comunidad de Curumaní, que reclama mejoras en el servicio eléctrico, afecta a esta hora el tránsito de miles de camiones de carga que van desde el interior del país hacia la zona costera. Se estima que el trancón se extiende por más de 20 kilómetros.La situación se da por un grupo de alrededor de 30 personas que bloqueó desde la mañana del pasado miércoles 23 de julio la vía nacional La Mata – San Roque, a la altura del kilómetro 78, en el perímetro urbano de Curumaní, Cesar, para exigir soluciones inmediatas frente a la intermitencia en el servicio de energía que afecta a gran parte del municipio y que, especialmente en las horas de más calor, cuando el termómetro marca los 39,8 grados de temperatura, se sobrecarga.Ante esto, la empresa Afinia, encargada de prestar el servicio en la región, reconoció los continuos apagones, pero explicaron que estos se estaban dando porque en los últimos días se ha presentado un aumento del 10 % en la demanda de energía, debido al uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros electrodomésticos, por lo que se satura la red y se desconecta.Jorge Rivero, jefe territorial de Afinia en el departamento del Cesar, asegura que es la única solución es que la comunidad disminuya el consumo del servicio, en horas pico, para evitar que se siga interrumpiendo el servicio.Entre tanto, la comunidad señala que las fallas constantes en el suministro eléctrico se han intensificado con la reciente ola de calor que azota al departamento del Cesar. Por lo que piden que sean concertados los cortes, como si se tratara de racionamientos, pues dicen que es imposible controlar que la gente apague los abanicos cuando todos están sudando.Como los manifestantes, habitantes del sector, utilizaron palos y llantas para cerrar el paso en la salida del municipio han generado un represamiento considerable de vehículos, especialmente de carga pesada, lo que ha ocasionado retrasos logísticos y pérdidas para el gremio camionero que transita por esta importante vía del corredor Caribe.
La disputa a sangre y fuego por el control territorial que mantienen 'Los Costeños' y 'Los Pepes' en Barranquilla y su área metropolitana, cobró esta vez la vida de un adolescente de 17 años, que según informó la Policía estaba vinculado a una de las dos estructuras criminales.El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio La Esmeralda. Allí dos hombres armados llegaron disparando contra un grupo de personas que estaban en un sector enmontado. En el sitio perdió la vida el adolescente de 17 años y salieron heridos otros dos hombres identificados como Jesús David Méndez Maldonado, de 30 años y Jerbi Luis Altamar Valdés, de 34.Por este hecho, la Policía atrapó a los presuntos sicarios, a quienes les incautaron dos pistolas que tenían sus proveedores descargados.Uno de estos es un adolescente de apenas 15 años, señalado por la Policía de ser miembro de la banda ‘Los Costeños’. Su presunto cómplice capturado es un joven de 22 años identificado como Octavio Enrique Noriega Ortiz, quién ya estaba siendo buscado por autoridades por el homicidio de otra persona.“Dos presuntos integrantes de ‘los Costeños’ fueron capturados, dentro de estos se encuentra alias ‘Jonás’, quien ya poseía una orden de captura por el delito de homicidio en hechos ocurridos este mismo año en otro sector de la ciudad. En este procedimiento también se produce la incautación de dos armas de fuego las cuales fueron utilizadas para quitarle la vida a un menor de edad y heridas a dos personas más”, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.De acuerdo con información de la Policía, tanto el adolescente asesinado, como los dos adultos heridos formarían parte de la bandas delincuencial ‘Los Pepes’.
"No más engaños. Licencia ambiental ya". Con esta frase, pintada en un amplio lienzo, la comunidad de Juan de Acosta, Atlántico, protesta con bloqueos en la vía al Mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena, para pedir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que firme los permisos para que se puedan construir obras de protección costera que frenen la pérdida de playas. El mar, con cada ola, se adentra más y más a los kioscos y restaurantes que están sobre la playa, lo que afecta la comodidad de los turistas y, por consiguiente, la economía de los comerciantes de la zona, quienes ven reducidos sus ingresos por el inconformismo de los visitantes. Estos dicen estar en crisis, pues en zonas como el balneario de Santa Verónica, prácticamente no hay playa para caminar y disfrutar. César de la Asunción Molina, líder del sector, afirma que mientras la situación es cada vez es más crítica, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no da vía libre a la ejecución de obras de protección costera que podrían mitigar la emergencia, con la intervención, por ejemplo, de espolones, lo que son estructuras de piedras que van desde la playa hasta cierto punto, dentro del mar, para romper las olas y mitigar el avance del mar. "Estamos afectados todos tanto los dueños de negocios como empleados, porque la gente que llega se nos va porque el mar está metido dentro de los kioskos y al gente no tienen donde disfrutar en la arena. La gobernación ya ha hecho todas sus gestiones y ahora falta que se haga la parte desde el gobierno nacional", indicó el líder. Molina asegura que el bloqueo, que inició a las 8:30 de la mañana de este jueves, se mantendrán ahí, sobre la Vía al Mar, hasta que un representante del Gobierno los atienda y les garantice pronta solución a esta problemática.