Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
El Grupo Nutresa aumentó su utilidad neta en un 64,5 % en 2025 en comparación con el año anterior, llegando hasta 1,2 billones de pesos (unos 325 millones de dólares), informó este jueves la compañía en su informe anual de resultados."Los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.El Grupo reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (unos 5.573 millones de dólares), un aumento del 10,7 % en comparación al 2024.Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como el café, que aumentó un 56,6 %, seguido de los chocolates que incrementaron un 50,1 % y las galletas, con un 25,2 % de crecimiento.En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de café, cuyas ventas aumentaron un 29 %, seguido de helados (12 %), galletas (9,3 %) y chocolates (9,2 %), según el comunicado de la empresa.Del total, las ventas en Colombia fueron de 12,3 billones de pesos (unos 3.328 millones de dólares), con un incremento del 9,9 %, y los ingresos internacionales sumaron 8,3 billones de pesos (unos 2.246 millones de dólares), un aumento del 11,9 %, equivalentes al 40,4 % del total.El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustado se situó en 3,45 billones de pesos (unos 933 millones de dólares), con un margen del 16,8 %, según el comunicado.Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en 72 países con un portafolio de 168 marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.La compañía señaló que en 2026 mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y la optimización de costos para fortalecer su competitividad.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Atrapada dentro de su vivienda envuelta en llamas tras la explosión de un cilindro de gas que usaba para la preparación de los alimentos, quedó una mujer de 67 años que perdió la vida la tarde de este jueves en la isla de San Andrés. La víctima es Laura Santana, una mujer raizal que vivía en el sector de San Luis. El coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, indicó que fueron alertados de la emergencia, pero pese a que hubo una reacción inmediata, los funcionarios no pudieron ingresar a la residencia a rescatarla.“Es posiblemente la explosión de un cilindro de gas en el interior de la casa, el cual utilizaban para sus labores domésticas lo que originó el incendio. Llegamos y la reacción fue inmediata. La comunidad se comunicó. Tratamos de acercarnos, pero fue imposible. Nuestros funcionarios no pudieron ingresar a la residencia y lamentablemente se presenta esta situación”, detalló el coronel Totena.Al momento de la conflagración la mujer se encontraba acompañada de una hija que alcanzó a salir a tiempo y resultó ilesa de la explosión, sin embargo, no pudo ayudar a su madre.En el sector, un ciudadano también intentó ingresar a la vivienda, pero las llamas ya la habían rodeado por completo, lo que imposibilitó que hiciera el rescate de su vecina.
En medio del Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en representante del BID en Colombia, Ramiro López-Ghio, anunció que Barranquilla y Bogotá fueron escogidas para se las sedes de la Reunión Anual de la Red de Ciudades del BID en 2026.El anuncio fue celebrado por el alcalde Alejandro Char, quién a su vez indicó que esto es un reconocimiento al desarrollo que ha venido mostrando la ciudad.Agradecerle al BID, entre otras, que nos escogen a Bogotá y a Barranquilla para el próximo año, un evento muy, muy importante y en el marco de este evento, no puede haber una mejor noticia que esa. Agradecerle al BID, no solo por esta escogencia, sino por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de muchos años, mejor dicho, más de una década, apoyándonos en los grandes proyectos que Barranquilla ha realizado", expresó Char.A su turno, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió con el mandatario de los barranquilleros en esta celebración y expresó que está decisión refleja lo que está pasando en las ciudades de Colombia, en dónde se está marcando el ritmo de la transmisión."Como dice Alex, el BID ha sido fundamental para las ciudades en Colombia en el caso de Bogotá, sobre el motor de nuestra transformación en este momento, por ejemplo con la línea 1 del Metro y con la línea 2 del Metro, y esta decisión de hacer el encuentro en la red de ciudades del BID en la red de ciudades más importantes de Latinoamérica, en Bogotá y en Barraquilla, creo que es un mensaje muy importante que refleja lo que está pasando en las ciudades de Colombia, y es como la transformación de Colombia está teniendo en las ciudades el escenario principal".El Encuentro de la Red de Ciudades del BID es un evento en el que se enfocan en el intercambio de conocimientos y experiencias sobre desarrollo urbano sostenible.
Desesperación sienten en estos momentos varios ciudadanos en Barranquilla, debido a la dificultad para sacar las citas de pasaporte, cuyo trámite en la Gobernación del Atlántico está colapsado por un inesperado incremento del 300% en las solicitudes, de las que no hay disponibilidad para este mes ni para los posteriores.De esa manera lo reportaron algunos usuarios en el centro de la ciudad como Erika Álvarez, quien dice que desde la página se les indica que ya se alcanzó el tope de recaudo diario y eso le tiene frenados sus planes.“El panorama es complejo cuando uno se mete a la página, incluso, aquí en la fila también hay gente intentando entrar desde su móvil y no se puede porque siempre está colapsada. Vive caída, no da el ingreso. Realmente necesitamos sacar el pasaporte, las personas quieren que se agilice la situación y que paren los inconvenientes”, dijo inicialmente.A las afueras de la oficina de pasaporte y apostilla hay dos largas filas, de un lado aquellos que no han podido agendar cita y llegaron con la esperanza de hacerlo, y las que la tienen luego de largas horas de espera en la página web, siendo uno de los casos el de Miguel Barraza, quien declaró que pidió permiso en su trabajo para por fin asistir a su cita luego de 19 días de hacer efectivo el pago.“Pagué el 20 de junio y solo hasta hoy fue que me dieron la cita. Ingresaba a las 8:00 de la mañana, no había cita; a las 2:00 de la tarde, tampoco; así duré durante dos semanas hasta que me dieron la cita para dos semanas después”, apuntó.Las implicaciones de esta situación se extiende hasta el comercio alrededor de esta sede, donde vendedores informales dicen aferrarse a Dios para que todo se solucione.“Confío en Dios, pues siempre en mi negocio me va bien. Sin embargo, hay personas que necesitan el servicio y se les está complicando la situación. Por acá llegan cientos de clientes a diario buscando solución y la verdad es que no la encuentran”, culminó.Desde la Gobernación del Atlántico se aseguró que se implementó un plan de contingencia para garantizar la entrega de pasaportes, teniendo en cuenta que las visitas a la página oficial pasaron de un promedio de 3.000 a cerca de 10.000 ingresos.
A eso de las 4:15 de la madrugada de este miércoles 9 de julio se confirmó la muerte de Juan Carlos Peralta Estupiñán, hermano del supuesto líder de la banda Los Costeños, Otón Alfredo Peralta Estupiñán, luego de un atentado que se registró la pasada semana en el barrio La Fe en el municipio de Soledad, Atlántico.Dichos hechos ya habían sumado dos víctimas fatales identificadas como Esperanza Estupiñán, madre de alias ‘Otón’ y Wilderson Enrique Hernández, otro de sus familiares.En este caso particular, la muerte fue confirmada tanto por médicos de turno como por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la cual también especificó que el caso quedó en manos de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, y una unidad del grupo Gaula.Así las cosas, hay que decir que el ahora convertido en un triple homicidio podría estar relacionado a una presunta venganza por el atentado que sufrió el jefe de Los Pepes, Digno Palomino, dentro de la cárcel La Dorada, ubicada en Caldas.La Policía Metropolitana tiene en su poder un video en el que hombres encapuchados, diciendo hacer parte de un supuesto grupo de limpieza llamado “Mano Negra, se atribuyen los hechos según ellos motivados por la muerte de varios comerciantes en el Atlántico, por lo que no descartan otros ataques en los próximos días.Así las cosas, la preocupación en la comunidad pasa por el posible recrudecimiento de esta guerra entre Los Costeños y Los Pepes, la cual inició cerca del 2022 y hasta la fecha suma más de 800 víctimas fatales a su paso.
Barranquilla está a punto de recibir un nuevo crédito por 50 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), según confirmó la misma entidad tras sostener conversaciones hace más de un año con la Alcaldía de esta ciudad.El anuncio lo hizo Alicia Montalvo, gerente de acción climática y biodiversidad positiva del CAF, durante el primer día del Foro de Desarrollo Local que realiza la OCDE en Barranquilla."Internamente, nosotros hemos aprobado habilitar 50 millones de dólares para Barranquilla. Ahora lo que tenemos que ver son las condiciones financieras en las que se otorga este crédito, para qué se va a dedicar y para eso estamos en conversaciones, creemos que van a fructificar en breve", dijo Montalvo.Si bien la CAF no dio fecha sobre cuándo estaría concretado este crédito, en un panel de mandatarios, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dejó ver que esto ocurriría a finales de mes."Muchas gracias a la CAF por ser parte fundamental de todo esto que se viene realizando en Barranquilla, estamos ansiosos de que este 25 de julio nos aprueben esos 50 millones de dólares, que son bien útiles para nosotros", expresó Char en medio de aplausos.Desde la CAF indicaron que lo más importante de esta operación es que "está vinculada a la sostenibilidad y podría ser clave para los proyectos en los que avanza la ciudad, como el ecoparque de Mallorquín y otras iniciativas que tienen que ver con los espacios públicos verdes y el ordenamiento territorial, pues esto es justamente lo que se va a priorizar".Otros proyectos de impacto ambientalEn el panel de biodiverciudades de la OCDE, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró que avanza en sacar adelante la PTAR Canoas para tratar el 100 % de las aguas residuales de la capital del país, pues el 70 % de estas aguas negras llegan así, sin ningún tipo de tratamiento al río Bogotá, situación que se requiere transformar cuanto antes.Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció, a través de un vídeo, que con apoyo de la CAF también espera sacar adelante el Parque Botánico Las Lagunas, para convertir este espacio en el nuevo Central Park de la capital cordobesa. Aseguró que así como la CAF apoyó en la realización de los estudios, confía en que ahora el banco respalde su financiación.
Con el ánimo de fortalecer el servicio de taxis en Barranquilla y en atención a una solicitud que venían realizando desde hace años los conductores de este gremio, el alcalde Alejandro Char anunció que ha sido derogado el decreto 0205 de 2009 y que, por lo tanto, queda eliminada la medida de pico y placa que regía para estos vehículos de transporte público individual en la ciudad.El mandatario sostuvo que la decisión “beneficia a más de 10.500 conductores que tanto han aportado a la economía de Barranquilla”, agradecimiento que les expresó a los taxistas en medio de la firma del nuevo decreto."Por mucho tiempo nos lo pidieron y hoy lo hacemos realidad. Ahora nuestros taxistas podrán seguir trabajando todos los días y continuar sacando a sus familias adelante", expresó Char.De igual manera, el alcalde destacó que mantendrá en este gremio la estrategia Taxi Chévere, un crédito que ofrece el Distrito a los taxistas para el mantenimiento y reparación de sus vehículos, con el fin de mejorar las condiciones técnicas y estéticas del parque automotor.“Nos hemos sentado con los expertos y con ustedes, y hemos determinado que con esa cifra de $8.500.000 usted puede hacer todas esas cosas. Ahí está la plata, no tienen que ir a un pagadiario ni a un gota a gota. Eso es con nosotros, con la Alcaldía. Ese crédito es de ustedes. Úsenlo. Eso mejora el servicio de ustedes a la gente. Yo quiero que les vaya muy bien a ustedes”, aseguró.El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García Guerrero, también destacó que "el taxista es mucho más que un conductor, es anfitrión, es guía, es el primer rostro que representa a Barranquilla ante el mundo", y que por esta razón el AMB trabaja "con compromiso para brindarles herramientas, formación y oportunidades que mejoren su calidad de vida y eleven el estándar del servicio".
En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.