Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes desde la Oficina Oval un arancel global del 10 % sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial."Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10 % a todos los países", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.El republicano agregó que la medida "entrará en vigor casi de inmediato".El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EE. UU.También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.
A través de redes sociales se han vuelto virales los therians, un grupo de personas que se identifican como animales y se alejan de la realidad social al comportarse como ellos, tanto en sus hogares como en lugares públicos, llamando la atención de expertos de salud mental.Pero lo que más ha llamado la curiosidad a los expertos en salud mental ha sido aquellos que realmente consideran que su mundo es igual a la de un animal, como fue un caso que se hizo en viral en México en donde, supuestamente, uno fue a ser atendido por un veterinario. "Le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario a través de su cuenta de TikTok, que menciona que le preocupaba que la persona tenía 38 años, es decir más de 100 en edad animal. Al verificar los datos del "paciente" y notar su edad (en años perros), tomó la decisión de "dormirlo", es decir, practicarle una eutanasía, claramente en un tono humorístico por la situación. Caso que se hizo viral en redes sociales en menos de nada.Si bien esto nunca pasó y el veterinario explicó que lo hizo en broma, aseguró que un especialista no podría atenderlo porque, por lo menos en México, existen leyes que lo prohiben y sería solo para problemas, aún así el caso se hizo viral y llamó la atención de diversos medios internacionales.¿Un problema de salud mental? Esto dicen especialistas sobre los theriansEste fenómeno se ha volvió viral, con mayor presencia en Argentina. Según expertos, estas actitudes sí son un llamado de atención en torno a la salud mental de quien se identifique como un animal, teniendo en cuenta que un 'therian' viene del término griego salvaje. De acuerdo con la Psicología, no es lo mismo aquel que se identifica como uno (identidad símbolica), a diferencia al que se comporta como uno (un caso delirante) lo cual pasa ser un llamado de atención en torno a la salud mental.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
En las últimas horas el departamento de Policía Antioquia aceptó haberse equivocado en los detalles de un operativo que se registró en diciembre del año anterior, cuando en el municipio de Caldas fue capturada una persona que tenía circular azul de Interpol por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.En su momento, la institución indicó que se trataba de Diego Camilo Sinisterra Varela, pero en realidad el capturado fue Luis Felipe Arango Alzate, quien era requerido por la Fiscalía 22 Itinerante de Homicidios de Manizales por los mencionados delitos.La confusión se generó por parte de las autoridades, según argumentó su abogado, Víctor Mosquera Marín, quien explicó que el pasado 7 de diciembre el señor Sinisterra Varela se transportaba en un vehículo camino a una presentación cuando en un retén de la policía la persona que conducía el vehículo en el cual se movilizaba resulta capturada. “Con todo se hace imperativo clarificar que mi representado no tiene una relación personal o de negocios con el implicado siendo su presencia circunstancial”, indicóMosquera.Por su parte, la Policía explicó que tras una revisión detallada de la trazabilidad documental y de los antecedentes judiciales, se estableció que existió una confusión en el proceso de verificación de identidad, razón por la cual la información difundida no correspondía a la realidad en cuanto a la individualización del requerido.“El departamento de policía de Antioquia rectifica de manera expresa y pública que el ciudadano Diego Camilo Sinisterra Varela no es la persona requerida mediante circular azul de Interpol ni registra de captura vigente por los hechos mencionados en la comunicación inicial. La información inicialmente difundida obedeció a un error en la individualización durante el proceso de verificación de antecedentes, situación que fue advertida con posterioridad”, detalló sobre el caso el coronel Luis Muñoz, actual comandante de la Policía Antioquia.Vale la pena mencionar que el hombre víctima de la confusión de las autoridades, es un artista conocido en la Industria Musical como ‘Varela’, quien cuenta con 9.626 oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Es fundador de Mansion Music y una de las figuras más reconocidas de los corridos tumbados en la ciudad de Cali.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
La violencia en todas sus expresiones, tanto en casa como en las calles, mantiene en riesgo latente a las mujeres del Atlántico, donde crece la lista de víctimas, sin un claro mecanismo de protección a la vista.En lo corrido del año, 28 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, de las cuales 22 corresponden a crímenes ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla, donde la más reciente víctima es una joven a la que asesinaron a tiros la madrugada de este miércoles en el municipio de Soledad.Este último asesinato ocurrió en un conjunto residencial del barrio San Antonio, en el interior de un apartamento donde la víctima departía con varias personas hasta que, al parecer, un hombre que se encontraba allí le disparó por razones aún desconocidas.El dueño del apartamento contó a la Policía que él estaba en el baño cuando escuchó los disparos. Aseguró que al salir, encontró a la víctima en el suelo y logró desarmar al hombre que disparó, un presunto miembro de la banda Los Costeños y quien huyó en compañía de otra mujer.En el lugar de los hechos la Policía incautó una pistola calibre 9 mm, con 16 cartuchos y 2 proveedores, así como los celulares de la víctima y del testigo, y el DVR de seguridad del apartamento. Vale anotar que el arma cuenta con documentación vigente, según el reporte inicial de la Policía.La diputada del Atlántico Alejandra Moreno lamentó esta nueva muerte y pidió a las autoridades aumentar sus acciones preventivas para proteger a las mujeres: "Hoy las mujeres en el departamento del Atlántico siguen viviendo inseguras, se enfrentan a ser instrumentalizadas por las bandas criminales, se enfrentan a convertirse en botines de las guerras urbanas y a eso se suma que la violencia intrafamiliar está disparada, una violencia de género que luego termina en feminicidio", advirtió.La diputada sostuvo que desde la Asamblea del Atlántico está “trabajando en un proyecto de ordenanza que busca la prevención de la violencia desde las instituciones educativas, desde los más pequeños, para que de esa manera se comience un cambio” en esta materia.
Cerca de cincuenta árboles caídos, infraestructura eléctrica y del sistema de transporte masivo Transcaribe con graves averías, y decenas de cubiertas y techos levantados, es el saldo que dejó un fuerte vendaval que azotó la ciudad de Cartagena durante la noche de este martes, 24 de junio.Las lluvias y los fuertes vientos, acompañados de tormentas eléctricas, causaron estragos, especialmente en el sur y la zona norte de la ciudad, donde se registraron emergencias en 15 barrios.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena, Daniel Vargas, explicó que se han atendido 42 reportes por árboles caídos y 32 emergencias por voladuras de cubiertas.“Los equipos del Distrito se desplegaron en 15 barrios afectados, incluyendo Alameda, Patio Portal, Providencia y el Coliseo de Combate, garantizando la seguridad de las comunidades y mitigando riesgos asociados a las lluvias. Llegamos primero al sector de Patio Portal de Transcaribe, donde atendimos la caída de varios árboles que obstruían la vía e impedían el tránsito de las personas hacia sus casas. Nuestra prioridad fue despejar el acceso lo más pronto posible para garantizar la movilidad y la seguridad de la comunidad”, puntualizó.La infraestructura de Transcaribe fue una de las más afectadas por el fenómeno natural y, según las directivas del Sistema de Transporte Masivo, hubo daños en el Patio Portal, donde se registró el desprendimiento de varias láminas de la cubierta de las pasarelas y puentes peatonales. Asimismo, en las estaciones Castellana, Líbano, Bodeguita, Cuatro Vientos y Los Ángeles también se desprendieron varias láminas de las pérgolas exteriores, que protegen a los usuarios de la lluvia y el sol.Además, hubo árboles caídos a lo largo del corredor troncal, lo que causó retrasos en la operación y algunas afectaciones en el sistema eléctrico de las estaciones.“El personal técnico del SITM adelanta las labores de recolección de las láminas caídas y de inspección a las que quedaron en pie, para prevenir cualquier incidente que pueda poner en riesgo a los usuarios y a la operación”, informaron.Por su parte, la empresa Afinia dio a conocer que recibió más de 200 reportes de daños en Cartagena y en municipios del norte de Bolívar, como Turbaco -donde varios sectores están sin energía-, Arjona, María La Baja y Mahates.“En Cartagena, específicamente en la zona sur, ya se normalizó el servicio en los sectores alimentados por los siguientes circuitos: Villa Estrella 01, Bayunca 01, Ternera 03, Ternera 05, Ternera 07, Ternera 08, Ternera 09, Ternera 13 y Chambacú 9. Nuestras cuadrillas continúan en terreno, trabajando de forma ininterrumpida, superando dificultades como la caída de árboles, ramas y objetos sobre las redes, que provocaron rupturas en varias líneas”, detallaron.
La violencia contra las mujeres en el Magdalena atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según la defensora de Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, en lo que va del año se ha intensificado una ola de homicidios, feminicidios y casos de violencia intrafamiliar en medio de un escenario de fortalecimiento de estructuras armadas ilegales. “Entre enero y mayo de este año se han registrado 257 homicidios en el Magdalena. De esos, 20 fueron mujeres asesinadas, en su mayoría en zonas urbanas como Santa Marta, Ciénaga y Fundación”, afirmó Vera.La defensora alertó que la cifra representa un incremento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior y que, comparando solo los homicidios de mujeres, el aumento es del 42 %. Agregó que este fenómeno no es aislado, sino parte de un contexto más amplio de violencia basada en género y control social armado.A esto se suman los datos del Observatorio de Feminicidios, que revelan que durante 2024 se reportaron 30 feminicidios y 39 en grado de tentativa en el departamento. Sin embargo, solo en los primeros cinco meses de 2025 ya se contabilizan 21 feminicidios y 29 intentos, lo que representa un avance del 70 % frente al total del año anterior.“El 74 % de las víctimas residían en zonas urbanas, y como consecuencia directa de estos crímenes, al menos 16 niñas y 10 niños han quedado huérfanos”, señaló Vera, quien ha seguido de cerca la situación de violencia estructural contra las mujeres en el Caribe colombiano.También llamó la atención sobre el aumento sostenido de la violencia intrafamiliar. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, entre enero y mayo se han reportado 852 casos en el Magdalena, un 18,5 % más que en el mismo periodo de 2024.“Del total de víctimas, el 79 % son mujeres. Santa Marta concentra el 72 % de los casos reportados. Estamos frente a una emergencia que no está siendo atendida con la urgencia que requiere”, indicó Vera.Ante este panorama, la defensora pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales adoptar un enfoque de género y territorial para atender la crisis, fortalecer los mecanismos de protección y actuar con contundencia frente a los grupos armados que imponen miedo y violencia en los territorios.“El Magdalena no puede seguir normalizando el asesinato de mujeres ni las violencias que se ejercen desde la impunidad y el silencio institucional”, concluyó.
La empresa Air-e Intervenida encontró 12 irregularidades en equipos de medida en un conjunto residencial, ubicado en el norte de Barranquilla.La inspección técnica se realizó en el condominio Alameda Campestre, ubicado en inmediaciones de la calle 98 con la carrera 64. En la revisión fueron detectadas 8 líneas directas en la bornera de medidores y 4 equipos con sellos de la tapa principal con marca de herramienta.Mientras tanto, en inmediaciones de la calle 5B con la carrera 16, en Salgarito, operarios de la compañía encontraron una acometida directa por fuera de la medida. Los técnicos tuvieron que hacer excavaciones para detectar la acometida ilegal, con la cual evadían el pago real del consumo de energía.Para el caso del barrio San Roque, un billar en el sector de la carrera 36 con la calle 37, tenía el servicio directo con medidor. Adicionalmente, en Malambo, la altura de la carrera 5 sur con la calle 3B, una bodega tenía un transformador ilegal y adicionalmente no estaba registrada en el sistema comercial de la compañía.En el barrio Las Flores, un reconocido restaurante y un establecimiento comercial que opera con un cuarto frío tenían líneas directas a las borneras de los medidores.Casos en Magdalena y La GuajiraEn el barrio Ciudad Equidad, en Santa Marta, dentro de un proceso de revisión, los técnicos de la compañía detectaron que una clínica tenía un transformador trifásico conectado de manera directa a la red de la empresa.Por otra parte, en el barrio Alto Prado de Maicao, una estación de servicio tenía el medidor manipulado. Adicionalmente, en este mismo municipio, el motel Clímax tenía una acometida subterránea del poste.
Desde el pasado fin de semana de puente festivo y con fuerza el pasado martes, decenas de barranquilleros han reportado, vía redes sociales, que han sentido fuertes malos olores en el norte y suroccidente de Barranquilla. Muchos residentes especulan que el origen de los malos olores sería de una empresa de alimentos para mascotas ubicada en vía La Cordialidad, mientras que otros aseguran que podría tratarse de olores provenientes de un relleno sanitario ubicado en Juan Mina. La razón de la expansión de dichos olores sería la dirección de los vientos que, por estos días, circulan en la ciudad de Barranquilla, sin embargo, ninguna de estas teorías han sido confirmadas por ninguna entidad ambiental.Blu radio consultó con Barranquilla Verde, autoridad encargada de gestionar y proteger el medio ambiente en la ciudad, y aseguraron que se encuentran investigando el origen de los malos olores. Aseguraron que la patrulla ambiental de Barranquilla Verde ya está en ruta para investigar el origen de los fuertes olores en la ciudad, por lo que todavía no se tiene respuesta definitiva al respecto.Asimismo, dijeron que también están monitoreando la calidad del aire en las diferentes estaciones que tiene la ciudad.Mientras tanto, en la ciudad siguen creciendo las quejas por estos olores que han afectado a los barranquilleros, principalmente, residentes en el norte y suroccidente de la capital del Atlántico.Lea aquí algunas denuncias de los barranquilleros:
Este martes, 48 horas después del cese de actividades de vehículos motocarros en los municipios de Soledad y Malambo por la circulación de panfletos extorsivos, y que amenazan a sus víctimas por no pagar las rentas ilegales que les exigen, se realizó un consejo extraordinario de seguridad en Soledad, donde hizo presencia la Gobernación del Atlántico, entre otras autoridades.Allí, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, presentó ante la alcaldesa Alcira Sandoval los avances del plan de inversiones que se ejecuta con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento.En ese sentido, el funcionario destacó que, para la vigencia 2025, se proyectan inversiones adicionales por $15.000 millones en infraestructura para la Fuerza Pública, así como $20.000 millones en apoyo al Ejército Nacional y $11.000 millones al Comando Aéreo de Combate No. 3.“Estas inversiones ya están ejecutadas y tienen un impacto directo en la capacidad operativa de la Policía Metropolitana que atiende a Soledad. Es un esfuerzo articulado con las instrucciones precisas del señor gobernador para garantizar resultados concretos en materia de seguridad”, aseguró el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.El funcionario explicó que, durante el 2024, se han invertido $20.800 millones en tres ejes fundamentales: infraestructura, movilidad, tecnología y comunicaciones, lo que se traduce en camionetas, motos y nueva infraestructura.Además, la Gobernación del Atlántico confirmó el inicio de las obras de dos nuevos CAI que fortalecerán la presencia institucional en puntos estratégicos del municipio como lo son el sector de la Virgencita y el CAI Soledad 2000, todo con miras a contrarrestar el accionar criminal que está afectando gravemente a los soledeños.Hay que recordar que ante las amenazas extorsivas que, según las autoridades están realizando grupos de delincuencia común, en el municipio de Soledad se determinó establecer un puesto de mando unificado con los motocarristas en la tarde de este martes, así como reforzar los patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército. En Malambo, el otro municipio afectado, se acordó contar con el respaldo de patrullajes aéreos por parte de la Fuerza Aérea.