La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte de una de las leyendas más importantes del género: Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la música latina, a los 75 años. La noticia se conoció luego de que el artista neoyorquino fuera hospitalizado desde el miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York.Si bien durante varios días la información sobre su estado de salud fue reservada, versiones en redes sociales señalaban que el intérprete de “Oh Qué Será” habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente relacionadas con el clima invernal que azota el noreste de Estados Unidos.Ante esto, fue su colega, el panameño Rubén Blades, quien en sus redes envió un mensaje de apoyo por la salud de Colón: “No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recupere su salud rápidamente”, expresó.Rubén Blades envía emotivo mensaje tras muerte de Willie ColónDurante años se habló de una disputa que enfrentó a Willie Colón y Rubén Blades, razón por la cual dejaron de hablarse pese a haber trabajado juntos en varias oportunidades. Aun así, el artista panameño no dudó en despedirse de su colega.A través de su cuenta en X, Blades publicó un mensaje para despedir a quien alguna vez fue su amigo:“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió.Además, mencionó que cuando tenga más calma escribirá sobre Willie y su importancia en el legado musical.¿Por qué se generó la pelea entre Blades y Colón?El origen de la disputa se remonta a 2003, cuando Blades y Colón se reunieron en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, para conmemorar los 25 años del álbum “Siembra”. En esa ocasión, Willie acusó a su colega de no pagarle la suma acordada.Blades explicó que para el evento, producido por los puertorriqueños Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350.000 dólares y que, tras pagar hotel, músicos, pasajes y otros gastos, el restante se dividiría en partes iguales con Colón.Sin embargo, el exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68.000 dólares. Posteriormente, en mayo de 2007, Colón lo demandó alegando que le adeudaba 115.000 dólares por el concierto.Finalmente, en 2013, el Tribunal Federal de San Juan falló a favor de Blades y determinó que la promotora del concierto recibió el dinero de los artistas y lo utilizó para pagar deudas de la empresa sin autorización.
Lo que parecía un puesto de control de rutina se convirtió en un duro golpe contra las mafias del narcotráfico luego de que agentes de la División de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional incautaran más de dos toneladas de marihuana que estaban listas para su comercialización.El mayor Roberto Bautista Escobar dijo a Blu Radio que el operativo se cumplió en el corregimiento de San Juan, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la frontera sur entre Colombia y Ecuador.Los agentes que realizaban un puesto de control hicieron el pare a un automotor tipo furgón en cuyo interior se simulaba el transporte de una carga de mercancías, pero al inspeccionar los más de 399 paquetes que estaban bien cubiertos, las autoridades se sorprendieron al hallar los cerca de 2.092 kilogramos de marihuana, dijo Bautista.Según el oficial, el conductor, quien viajaba solo, guardó silencio y se investiga el destino de la droga, pues por la cercanía a la frontera se podría pensar que el cargamento iba a ser entregado en algún cantón del vecino país de Ecuador.Durante la acción policial, los uniformados capturaron al conductor del furgón e incautaron un celular que, de acuerdo a las primeras informaciones, podría dar pista a los investigadores de la procedencia y el destino que tendrían las dos toneladas de marihuana.Bautista señaló que en lo que va corrido del año son cinco las toneladas de marihuana y cocaína incautadas en operativos aislados, consolidando la ofensiva de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico en esta parte del noroccidente del país.El automotor y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Hay preocupación en el municipio de Briceño por cuenta de respuestas que en las últimas horas ha brindado el Gobierno nacional frente a la protección de Noe Espinosa, el alcalde de la localidad recientemente declarado como objetivo militar por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.Y es que tras haberse conocido y verificado la comunicación del grupo armado, lo que ahora genera inconformidad es el pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fortalecer las medidas del mandatario, al menos con un vehículo blindado.Tras haber hecho el requerimiento, Espinosa recibió respuesta a través de una resolución de la entidad donde se le ratificó solo un chaleco blindado, un vehículo convencional y un escolta, es decir, que se mantuvieron las mismas medidas con las que ya venía contando.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que tras un reciente consejo de seguridad para evaluar la situación se solicitó reforzar la presencia de la fuerza pública en este municipio del Norte del departamento."Debemos blindar al alcalde, tenemos que dar de todas las garantías de seguridad para que a él no le vaya a pasar nada y para que él pueda seguir ejerciendo su función desde el municipio", sostuvo.Por lo pronto, el mandatario local mostró su inconformidad con la decisión, la cual apelará, al tiempo que manifestó que seguirá ejerciendo sus funciones desde la ciudad de Medellín hasta tanto no haya mayores garantías de seguridad.
William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950, más conocido como Willie Colón, fue un músico de salsa y activista social estadounidense de padres puertorriqueños.El reconocido cantante falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años de edad en un centro asistencial en Nueva York, luego de estar hospitalizado desde el 18 del mismo mes, al parecer por complicaciones respiratorias.Colón fue pionero de la salsa y un artista con grandes éxitos en ventas como el Idilio, El gran varón, Gitana, entre otros; siendo una figura clave en la naciente escena musical neoyorquina.El sentido mensaje de la familia de Willie ColónLa triste noticia fue conocida debido a un mensaje de sus familiares en el que expresaron que: “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón".El mensaje prosiguió dando un poco más de detalles sobre la muerte del artista: “Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”. Asimismo, homenajearon su música: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.Por último, pidieron privacidad mientras llevan el luto. “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.Su historia‘El malo del Bronx’, apodo que surgió al inicio de su carrera en 1967, también era poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como 'Calle Luna, Calle Sol', 'Che Che Colé' y 'El día de mi suerte', convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.Con información de EFE.
Hay consternación en autoridades y habitantes del municipio de San Roque tras la confirmación en las últimas horas de la muerte de tres miembros de una misma familia que fueron hallados en el apartamento que residían en zona urbana.Fueron los fuertes olores de los cuerpos ya en estado de descomposición los que alertaron vecinos y que a su vez reportaron a policía, quienes tras la inspección del inmueble encontraron los cuerpos sin vida del padre, un hombre de 37 años; su esposa de 36 y su hijo de tan solo 12 años de edad.Hasta el momento las autoridades han descartado en el caso la injerencia de grupos armados, y la hipótesis que cobra mayor fuerza es la decisión de alguno de los adultos de la familia de atentar contra los demás por problemas económicos.Según información policial, el hombre al parecer tenía deudas superiores a 80 millones de pesos y antecedentes de intento de suicidio el año anterior. Además tenía reseñas por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales, al igual que su pareja por violencia intrafamiliar.El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, lamentó lo ocurrido y detalló que era una familia oriunda del municipio de Bello que había llegado hace un tiempo a esta localidad en el Nordeste de Antioquia."Es una consternación tan increíble para todos y a mí como mandatario, pero también como padre de familia. Decisiones que a veces los adultos tomamos por, no sé, por el desespero, las angustias. Quiero reconfirmar que desde el municipio de San Roque tenemos brindado de manera gratuita todos los canales de salud mental", reiteró.Al tiempo que avanzan las labores de autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, desde la administración municipal reiteraron que están a disposición de todos los habitantes la oferta institucional con programas y herramientas psicosociales y de salud mental.“Hacemos un llamado a quienes estén atravesando situaciones de angustia, tristeza o desesperanza a buscar ayuda oportuna a través de los servicios de salud y canales institucionales disponibles”, se lee en su mensaje.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
La empresa Air-e no solo enfrenta los cobros de las empresas generadoras de energía por deudas que superan los $1.5 billones, sino también por numerosos requerimientos que la Fiscalía le está realizando por posibles sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos. Se trata de una investigación por presunto hurto de alta cuantía se da a partir de una denuncia que interpuso el pasado 25 de abril el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría."Todo indica que el hurto y la apropiación de recursos, que son de los ciudadanos, van a repercutir en un posible apagón y resquebrajamiento de las finanzas de la empresa. Esto puede traducirse en una no prestación del servicio", explicó. En consecuencia con esta denuncia, la Fiscalía ha solicitado documentos como estados financieros correspondientes al periodo de la intervención (septiembre - octubre de 2024), copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención, copia del acuerdo de pago celebrado con Interaseo para el pago de más de $148.000 millones que hacían parte de una deuda que estaba en litigio. "La Fiscalía ya sacó unas ordenes de policía judicial, en el sentido de dar a establecer lo sucedido. Lo que es más grave, lo que más preocupa a la ciudadanía, es que Air-e no entrega información, ni siquiera a los entes de control", señaló el abogado.
El nombramiento de un nuevo agente interventor en la empresa Air-e levantó principal atención en la Procuraduría General de la Nación, ente que informó que seguirá vigilando de manera especial tanto la realidad administrativa de la compañía como sus deudas con el sector energético y de gas.En ese mismo sentido, y junto a la Contraloría General de la República, se elevó una solicitud hasta el Gobierno nacional en el marco de la Mesa de Diálogo sobre la sostenibilidad financiera, cobertura, calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y gas domiciliaria, para implementar soluciones estructurales y una mejor focalización de los llamados subsidios.El ente de control reconoce importantes avances en el giro de los subsidios hechos por el Gobierno a los sectores de energía y gas, y “valoró positivamente el anuncio del ministro de Minas y Energía de ponerse al día, describiendo eso como “un avance significativo para la estabilidad financiera del sector y que garantiza la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales”.Recordemos que el Ministerio Público intervino en la acción de cumplimiento que buscaba gestionar el pago de los subsidios por un valor cercano a los $2.5 billones, los cuales estaban retrasados hasta hace algunos días.En el mismo sentido, la entidad recalcó la importancia de que el proceso de pago se refuerce con medidas de transparencia frente a los saldos adeudados y las etapas asociadas, implementando un tablero de control que le permita a la ciudadanía tener información en tiempo real.Finalmente, solicitó a los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público evitar que esta situación se repita este año, y anunció la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios en relación con los temas de la deuda pública.
Luis Alfredo Polo Cadena, Jhon Jairo Fernández Rodríguez y Dámaso Guerrero Acosta es la identidad de los tres integrantes de la banda Los Neutrales que fueron judicializados por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir en el departamento del Magdalena.El Juzgado 4 Penal del Circuito de Santa Marta ordenó más de dos años de prisión para los procesados y multas que superan los 1.33 salarios mínimos legales vigentes, siendo la sanción de Polo Cadena la más alta tras tener que pagar 5.5 salarios.De acuerdo con el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e Intervenida, Fermín De la Hoz Torrente, seis miembros de la misma banda siguen vinculados al proceso, algunos de ellos con medida de aseguramiento, y podrían enfrentar una condena similar, “dada la contundencia de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación”.Igualmente, siete clientes que contrataron los “servicios” de la banda Los Neutrales, aceptaron los hechos y realizaron una conciliación con la compañía para evitar que el proceso avanzara en su contra.La investigación en contra de la banda Los Neutrales implicó el allanamiento a cinco residencias en los barrios Ciudadela 29 de julio, Parques de Bolívar, Villa Bella y El Pando, entre otros, en el Distrito de Santa Marta, en donde se dieron las capturas de los procesados por manipulación de equipos de medida, instalación de transformadores y otro tipo de prácticas por fuera de la ley.“Gracias a las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, se pudieron detectar conversaciones en donde se identificó la existencia de una estructura criminal bien organizada para promover y ejecutar adulteraciones en los diferentes equipos de Medida con el objetivo de que los usuarios se apropien del servicio de energía. También se identificaron en las conversaciones los usuarios que estaban involucrados en estos hechos”, publicó Air-e.“Luego de estas condenas confiamos que en los más de 600 procesos penales que lleva la empresa, también se produzcan sentidos de fallos condenatorios”, subrayó Fermín De la Hoz.Air-e Intervenida realizará cerca de 40.000 visitas entre los meses de junio, Julio y agosto, con cerca de 130 equipos técnicos en los 3 departamentos donde se ejecutará revisiones a los equipos de medida, especialmente en sectores de actividad comercial, estratos 4,5 y 6 e industrial y multifamiliares.Este es el primer proceso judicial que se concreta en el Magdalena relacionado con el robo de energía, mientras que ya la región Caribe suma dos, siendo el primero de ellos en La Guajira.
Hombres armados ingresaron este jueves a un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas en el barrio La Ceiba, en el suroccidente de Barranquilla, donde robaron las pertenencias de los clientes que en ese momento se encontraban en el lugar.Allí, según el reporte inicial de la Policía, los delincuentes robaron dos celulares y un anillo de oro, y se dieron a la huida, sin embargo, cuando intentaban escapar, uno de los afectados decidió perseguir a los ladrones.En medio de la persecución, los delincuentes abrieron fuego contra la persona que iba tras ellos y de esa manera impactaron a Romario Alberto Heredia Jiménez, de 25 años, quien sufrió una herida en el pecho y murió cuando era atendido en el hospital Nazareth.La Policía fue alertada de inmediato y minutos después una patrulla logró capturar a dos presuntos involucrados en estos hechos, Luis Enrique Maza Flórez, de 25 años, y Víctor Manuel Genes Uribe, de 29.De Maza Flórez se estableció que presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.Mientras que Genes Uribe presenta ocho anotaciones, tres de ellas por homicidio y las demás por concierto para delinquir, lesiones, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.A este par de hombres les incautaron un vehículo taxi y un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos sin percutir.
La fiscal Lucy Laborde terminó su intervención en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, pidiéndole al juez que excluya entre las pruebas de la defensa un dictamen de mendacidad crónica sobre Day Vásquez y daños causados a Petro Burgos y su actual pareja, Laura Ojeda.Según la defensa del hijo mayor del presidente, este dictamen busca analizar la credibilidad de Vásquez, sin embargo, la fiscal consideró que esto constituye una violación a la Ley por posible “discriminación de género”, ya que “produce el estereotipo de que las mujeres son menos creíbles”.Ante esto, la defensa de Nicolás Petro intervino y aseguró que ese dictamen “nada tiene que ver con el género”, mientras que el juez reconoció que el término ‘mendacidad’ “no es una palabra ofensiva” y pidió a la Fiscalía y al abogado defensor no estancarse en este "debate innecesario"; de modo que la audiencia avanzó y, después de varios días de intervención, el ente acusador terminó de nombrar las pruebas que considera que deben ser excluidas del juicio de Nicolás Petro, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Luego, el turno le correspondió al Ministerio Público, quien empezó pidiendo que no sean admitidas como pruebas de la defensa las entrevistas concedidas por el exfiscal Francisco Barbosa y por Day Vásquez a medios de comunicación, ya que estos elementos fueron presentados por el abogado defensor de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo permitido.La representante de la Procuraduría también pide que se rechace como prueba las declaraciones que rindió Laura Ojeda en una audiencia pública, con las cuales la defensa de Nicolás Petro busca impugnar la credibilidad de Day Vásquez. Solicita su rechazo por descubrimiento extemporáneo, es decir, porque la defensa no presentó esta prueba dentro de los tiempos estipulados por Ley.Después de dos consecutivos de audiencia, la diligencia fue suspendida y continuará el próximo 30 de julio a las 8:30 de la mañana.
Un niño de tan solo de 12 años se debate entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos de la ciudad de Cartagena, luego de que recibiera un disparo en la cabeza en inmediaciones de su vivienda en el barrio La Candelaria.El menor, al parecer, fue impactado por una bala perdida que lo alcanzó durante una pelea de pandillas que se registró durante la tarde de este jueves 12 de junio entre las calles Wilfrido Castro y la calle de ‘Los Niño’. Según los habitantes del sector, estas confrontaciones entre los jóvenes son recurrentes cada vez que empiezan las lluvias.El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, confirmó que el menor fue trasladado al Hospital Casa del Niño donde recibe atención médica.“Como Distrito acudimos de manera inmediata a un reporte de una riña en el barrio La Candelaria, donde desafortunadamente resultó herido un menor de edad que en estos momentos se encuentra en la clínica donde se le están prestando todos los primeros auxilios. Queremos hacer un llamado de todo corazón a los padres de familia para que estemos pendientes de nuestros niños y jóvenes para que fomentamos la tolerancia, la sana convivencia, es vital para todos los cartageneros”, aseguró.A su vez, el funcionario detalló que el presunto agresor, un joven de 22 años, fue capturado.“Fue puesto de manera inmediata bajo disposición de las autoridades la persona que causó estas heridas a este menor de edad, el cual próximamente será llevado a la URI Fiscalía para judicializarlo y será judicializada su captura”, explicó Hernández.El Hospital Casa del Niño indicó que el menor ingresó, aproximadamente a las 2:00 de la tarde al centro asistencial, y que su estado es crítico y con pronóstico es reservado.