La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 21 de febrero de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 7945 - Tauro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador:7945Dos últimas cifras:45Tres últimas cifras: 945Signo zodiacal: TauroCómo se juega el Super Astro SolParticipar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores deben seguir estos pasos básicos:Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.También existe la opción de elegir “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquier signo zodiacal.Definir el valor de la apuesta.Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.Esta dinámica permite mayor flexibilidad y ofrece más oportunidades de ganar frente a otros juegos de chance.Cuánto cuesta jugar Super Astro SolEl Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio. Los valores permitidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugadaEs importante realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza la seguridad y legalidad del proceso.Cómo reclamar un premio del Super Astro SolLas personas que resulten ganadoras deben presentar los documentos requeridos en un punto autorizado para recibir el pago. Los requisitos básicos son:Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Documento de identidad original y fotocopia legible.Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita una certificación bancaria reciente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una de las opciones preferidas entre los jugadores que consultan diariamente los resultados del chance en Colombia.
El Radar del sábado 21 de febrero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, habló sobre la entrega de los restos del padre Camilo Torres, a 60 años de su muerte en combate.Macelo Lombardero, director del montaje 'El Holandés Errante', enfatizó en el desarrollo de la obra, su contexto histórico y los elementos literarios que dan forma a la ópera 'El holandés errante', destacando su estructura narrativa y su significado dentro del repertorio lírico.
El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informó que continúan evaluando este caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años, que llegó en la última semana al país proveniente de México.La entidad señaló que en este momento esta persona se encuentra estable, bajo seguimiento médico en aislamiento domiciliario y que se encuentran realizando el monitoreo de control sobre el contacto que pudo tener con otras personas.Es por esto, que el Instituto aún no ha realizado la confirmación oficial de la llegada de este virus al país.El equipo técnico del Instituto Nacional de Salud está siguiendo los protocolos establecidos: análisis de una segunda muestra y otras pruebas complementarias. Estos estudios permitirán determinar la confirmación del caso.Sin embargo, el secretario de salud de Bogotá, Gerson Bermont, por medio de su cuenta de X pidió al Instituto que acelere esta notificación final pues la Secretaría ya había realizado las pruebas correspondientes e hizo la confirmación de este caso desde hace 4 días.Desde el Ministerio hacen un llamado a la prevención y al cuidado, pues el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, por esto, le recuerda a la ciudadanía la disponibilidad de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, en los más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país de forma gratuita.
Una turista estadounidense y un instructor de vuelo libre murieron este sábado tras caer con un ala delta en las aguas de una playa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.El accidente tuvo lugar en la playa de São Conrado, en la parte sur de la capital fluminense, cuando el ala delta se precipitó sobre el mar, cerca de la zona de aterrizaje, según señaló el Cuerpo de Bomberos.El instructor, identificado como Rodolfo Pascoal Ladeira y al parecer con una amplia experiencia en el sector, murió en el lugar del siniestro. La turista norteamericana, identificada como Jenny Colón Rodríguez, fue rescatada con vida en estado grave y trasladada a un hospital de la región, pero falleció poco después.Los motivos del accidente están bajo investigación a la espera de recuperar el ala delta para una evaluación técnica minuciosa, de acuerdo con la directiva del club 'São Conrado de Voo Livre', la empresa encargada del vuelo.Según la investigación preliminar, la turista contrató el vuelo, una actividad popular en la zona y que ofrece impresionantes vistas de Río, la ciudad más turística de Brasil.Sin embargo, testigos citados por medios locales dijeron que hubo un problema con el ala y notaron que el paracaídas de emergencia no se desplegó a tiempo para amortiguar el impacto con el agua.El siniestro movilizó a efectivos y vehículos del Cuerpo de Bomberos, entre ellos helicópteros, motos acuáticas y ambulancias, además de un barco privado que se encontraba cerca de ese punto.La Policía Civil de Río abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), responsable por la fiscalización del espacio aéreo nacional, también participará en las indagaciones.El club 'São Conrado de Voo Livre', que suspendió sus actividades por los próximos tres días, informó que ya recopiló toda la documentación del aparato y que "está trabajando para brindar apoyo a las familias" de las víctimas."Que la memoria de ambos sea un legado de inspiración, y que podamos encontrar fuerzas para seguir volando, soñando y viviendo, incluso en los momentos más difíciles", expresó la asociación en sus redes sociales.
Al menos cuatro policías marroquíes murieron y otros 26 resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado este sábado en las proximidades de Sidi Ifni, en el sur del país.Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando una unidad móvil antidisturbios ocupada por 44 agentes volcó en la carretera mientras se dirigía a la localidad de Agadir, donde los policías debían participar en el operativo de seguridad de un torneo de fútbol.En imágenes compartidas por ciudadanos se puede observar cómo quedó el vehículo tras el impacto. De acuerdo con las mismas fuentes, dos de los 26 heridos se encuentran en estado crítico. Las autoridades marroquíes investigan las causas del accidente.Por ahora no se conocen más detalles; sin embargo, se espera que las autoridades locales revelen más información en las próximas horas.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
La Fiscal Lucy Laborde retomó este jueves la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y en esta nueva jornada arrancó pidiendo la exclusión de varios testimonios argumentando que son inadmisibles por la falta de justificación que realizó la defensa para usarlas en el juicio oral.Entre estos testimonios se encuentran los de Máximo Noriega, Santander Lopesierra, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el empresario Christian Daes, Gabriel Hilsaca, su actual pareja Laura Ojeda entre otros.“Así como el testimonio de Samuel Santander Lopesierra, que carece exactamente de la misma solicitud, y de Raymundo Mauricio Montaño Bohorquez. Respecto del testimonio de Ricardo Roa Barragán, solicita esta delegada que se inadmita por impertinente dada la ausencia de relación con el tema de prueba; toda vez que su señoría nuevamente se pone de presente que en ningún momento se planteó como hecho jurídicamente relevante que el señor Nicolás Petro haya ingresado o no dineros a la campaña presidencial del doctor Petro Urrego”, indicó inicialmente.“Este proceso versa única y exclusivamente sobre el enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos que presuntamente cometió Nicolás Fernando Petro Burgos. Aquí no se está evaluando ni poniendo en juzgamiento la financiación de la campaña presidencial del actual presidente de la República. Luego, cualquier prueba en el sentido de indicar si el acusado cumplía algún rol en esa campaña presidencial, resulta inútil para el presente asunto. No se encuentra correspondencia de esta solicitud con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, ni se manifestó o se sustentó la necesidad de traer esta prueba al juicio oral bajo una necesidad de probar una teoría alterna por parte de la defensa”, agregó.La representante del ente acusador también pidió que no se admitan la solicitud de la defensa de Nicolás Petro de llamar como testigo en el juicio a la exfiscal general encargada Martha Janeth Mancera y el exfiscal del caso Mario Burgos.Dice la Fiscal Laborde dijo que no se debe llamar a la exvicefiscal Mancera pues a su consideración lo que están buscando es hacerle un juicio paralelo a ella, lo que no es el fin del proceso.“Solicito que se inadmita por impertinencia. La defensa en su argumentación de pertinencia indica que requiere a esta testigo, a la doctora Marta Llanes Mancera, para preguntarle sobre la manera en que se conformó el grupo de tareas especiales que adelantó la investigación en contra de Nicolás Petro y para que aclare las supuestas omisiones llevadas a cabo en el proceso penal seguido contra Day Vázquez y su principio de oportunidad. Ellos, según indica la defensa, con el propósito de probar un sesgo institucional y un abuso de poder”, dijo Laborde.La fiscal indicó que contrario a las pretensiones del abogado, lo que busca el juicio es determinar si Nicolás Fernando Petro Burgo se enriqueció, al parecer, ilícitamente como servidor público y adelantó actividades propias de lavado de activos, presuntamente.Por esta razón insiste la fiscalía 3 delegada contra el lavado de activos que con el llamado a la ex vicefiscal general lo que busca el abogado es “usar este juicio para realizar un juicio paralelo a la doctora Marta Llanes Mancera, lo cual es claramente inadmisible en este sistema”.Laborde también pidió que no admita el llamado al fiscal Mario Burgos al considerar que también lo quieren llevar a juicio para acusarlo de haber incurrido en presuntas actuaciones irregulares que no han sido demostradas.
Con quemaduras de tercer grado en la espalda pecho, brazos y piernas permanece una joven de 24 años que en medio de un incendio en su casa en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, se metió al fuego para salvar la vida de sus gemelos de solo dos meses de nacidos y de sus otros dos hijos de 4 y 6 años.La conflagración se habría generado al parecer cuando uno de los niños jugaba con un encendedor y prendió fuego a una colchoneta. Vecinos debieron ayudarla rompiendo puertas y ventanas para que pudieran salir, llevando consigo solo lo que tenían puesto.Candelaria del Carmen Arroyo se encuentra hospitalizada en el paso El Bosque y está a la espera de ser remitida a otro centro de mayor nivel por la profundidad de las quemaduras, mientras que junto a ella también están sus hijos que sufrieron afectaciones por la inhalación de humo. "Ella amaneció un poquito inflamada por las quemadura de tercer grado que tiene. Se quemó el pecho y no puede amamantar a sus bebes, también se quemó parte de un brazo, parte de la pierna, porque ella al ver de que los bebés se podían quemar se tiró la candela y se quemó el pelo, se quemó todo. Gracias a eso salvó a los dos gemelos que nada más inhalaron humo, su niño de 4 años sufrió algunas quemaduras menores y el mayor está en observación por la inhalación de humo", contó Yosi Estaban Grau González, vecino de la joven madre, cuenta lo ocurrido.Vecinos de Candelaria ahora hacen una campaña para recoger ayudas y elementos que necesitan sobre todo para los niños. Leche, pañales, pañitos húmedos y ropa, son algunos de los artículos que requiere con urgencia esta familia.Por lo que han dispuesto una línea de teléfono la 3113073041 para quién quiera solidarizarse con ellos.
En medio de la tormenta financiera que enfrenta la empresa Air-e por la falta de acuerdos con el sector generador, al que le adeuda más de $1.5 billones, la Superintendencia de Servicios Públicos nombró a Nelson Javier Vásquez Torres como nuevo agente interventor, luego de que este se desempeñara en igual función para la empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal. Esto se da tras cumplirse tres meses de que Diana Bustamante asumiera como agente interventora, quien se encargó de lograr acuerdos con las generadoras para que no se suspendiera la entrega de energía, pese a la billonaria deuda que se acumula. Entre tanto, Vásquez Torres es administrador público, especialista en Gerencia Financiera, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos y candidato a Doctor en Ciencias Ambientales. Recientemente estuvo vinculado al Ministerio de Minas y Energía, donde fungió como secretario general. También fue subsecretario de Gestión Corporativa de la Secretaria distrital de Hábitat de Bogotá, entre otros cargos vinculados principalmente a entidades públicas. Este es el cuarto nombramiento que se realiza para la empresa desde su intervención en septiembre de 2024. Primero fue Carlos Diago, luego estuvo Edwin Palma y posteriormente Diana Bustamante. Reacciones en gremios La noticia causó diferentes reacciones en el sector energético, a lo que Camilo Sánchez, presidente de Andesco, cuestionó si esto se trataba más de una decisión política y no técnica. "La situación energética en la Costa Caribe no se resuelve porque se siguen tomando decisiones políticas en lugar de técnicas. Acaban de cambiar nuevamente el agente interventor de Air-e. En menos de un año lo han cambiado cuatro veces. ¡Así no se puede avanzar!", señaló en redes sociales el dirigente gremial. Deuda de Air-e La empresa Air-e presta servicio a cerca de cinco millones de personas entre los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde el alto número de usuarios subnormales genera pérdidas para la compañía que alcanzan hasta los $2 mil millones diarios. Los problemas de flujo de caja han llevado a que se acumule una deuda por más de $1,5 billones con las compañías generadoras, lo que incluso llevó a que la empresa tuviera una alta exposición a la compra de energía en bolsa, pues no tenían suficientes contratos a largo plazo. A partir de la intervención, esta exposición logró reducirse, sin embargo, hay un pasivo acumulado sobre el que aún no hay acuerdos para establecer una ruta de pago.
A través de un acto administrativo, la Dirección General del Instituto Nacional y Penitenciario, Inpec, declaró insubsistente el nombramiento de Dannys Jose Rodríguez como director de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, y quien hace menos de una semana había sido víctima de amenazas por parte del Clan del Golfo en el que le daban 24 horas para salir de la capital del Atlántico antes de atentar contra su familia o contra él.El documento especifica que la decisión se toma en ejercicio de la facultad discrecional de la institución y que contra la presente no habrá apelación o recurso administrativo.Dannys, quien duró aproximadamente dos años en el cargo, mostró su preocupación en Blu Radio diciendo que “ahora se siente más desprotegido que nunca”.“Como funcionario público me tocó hacer la respectiva denuncia ante la fuerza pública y la Fiscalía, también notifiqué la situación tanto al nivel central como regional del Inpec. Me he quedado solo en esta lucha, no he tenido el respaldo suficiente. Hace una semana envié el correo con toda la trazabilidad para elevar la petición hasta la UNP (Unidad Nacional de Protección) y hasta el día de hoy no he recibido llamadas. Estoy totalmente a merced de la delincuencia, más desprotegido que nunca”, dijo inicialmente.Acerca de cómo se ha sentido su familia mencionó: “Bastante nerviosismo. No sabemos cómo manejar esta situación, le toca a uno protegerse. En ese momento me acompañaban algunos funcionarios del Inpec en los desplazamientos, pero no había un esquema de seguridad, tampoco una garantía por parte del Estado, ni de la fuerza pública o de la UNP”.Rodríguez apuntó que “al final se logró lo que quieren los delincuentes”; su salida de la cárcel.“Estábamos haciendo las cosas bien. En el ejercicio de nuestras funciones tomamos decisiones, hacemos mucho control. Denunciamos a los funcionarios que no trabajan bien y teníamos bastante vigilancia en los elementos que entraban, eso conlleva a que surtan amenazas. Nosotros solo queremos sentir el respaldo del Estado”, declaró.De acuerdo a información conocida por Blu Radio, el retiro de Dannys Jose Rodríguez se venía analizando desde hace meses tras unas auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación. A lo que se suma, unos problemas de seguridad al interior del penal derivando en posteriores amenazas de muerte.En los primeros días de junio, el exfuncionario recibió unos mensajes por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, en el que lo amenazan de muerte y lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas.En el texto se puede apreciar cómo un usuario llamado “África” le envía dos párrafos y un video en el que le enseñan múltiples armas y lo intimidan diciéndole que conocen sus movimientos, los de sus hijos y que pronto será declarado objetivo militar.
La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, continuó este miércoles con la intervención de la fiscal Lucy Laborde sobre las pruebas de la defensa que, según su criterio, deben ser rechazadas por el juez.Así, Laborde pidió que se rechace la solicitud de la defensa para acceder al celular de Daysurys Vásquez, "por no ser una petición probatoria, sino una petición de actividad investigativa". Aseguró que "la defensa no puede pretender solicitar la práctica de una actividad investigativa en el marco de la audiencia preparatoria"."El camino legal era haber efectuado esas solicitudes a un juez de control de garantías y traer a la audiencia preparatoria dicha evidencia digital, más aún cuando en este momento los celulares ya fueron devueltos a la señora Daysurys Vásquez", dijo.La fiscal pidió que tampoco se admita como prueba el dictamen pericial psicológico de Daysurys Vásquez, que pretende utilizar la defensa de Nicolás Petro. Dice que no puede efectuarse una valoración psicológica en contra de la voluntad de Vásquez, pues así "atenta contra su intimidad". Afirmó que "es impertinente, ilícita y abiertamente inconstitucional", pues no se puede obligar a un testigo a someterse a un examen psicológico."Es contrario a la dignidad humana, a la dignidad de la señora Daysurys como mujer, como persona y como ciudadana del Estado colombiano", dijo.Finalmente, poco antes de las 4 de la tarde, el juez suspendió la audiencia, atendiendo el llamado de la Fiscalía que pidió continuar este jueves "por razones de seguridad". La fiscal dijo que restaban minutos para que los juzgados de Barranquilla quedarán solos y que era más seguro continuar al día siguiente.Al respecto, el juez respondió que se entendían estos "motivos de seguridad personales" de la fiscal, "con ocasión al ejercicio de sus funciones y de su cargo", y fijó la continuación de la diligencia para este jueves, a partir de las 8:30 de la mañana, cuando Nicolás Petro también podrá seguir compareciendo de manera virtual, también aludiendo a motivos de seguridad.
Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, la Fiscal Lucy Laborde continúa solicitando al juez Hugo Carbonó que se excluyan varias pruebas del proceso en su contra que fueron solicitadas por su abogado Alejandro Carranza.La fiscal insistió que en el proceso se está debatiendo sobre el incrementos patrimonial, al parecer, no justificado de Nicolás Petro y, por ello, pidió al juez no tener en cuenta la declaración de renta de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro. La fiscal consideró que el aporte de este documento al juicio es "impertinente" al tratarse de un documento privado con el que no se puede comprobar la tesis del abogado de la defensa, que insiste en que el exdiputado del Atlántico aumentó su patrimonio con un préstamo de dinero.“Reitero que si lo que la defensa pretendía probar fue que existió un préstamo entre el señor Camilo Burgos Soto y el acusado, en este hecho concreto debió haber sido aprobado a través de los medios documentales pertinentes y no por medio de unas declaraciones de renta que nada prueban”, dijo Laborde.La fiscal también pidió excluir el análisis contable de los ingresos de dinero de Gabriel Hilsaca, hijo del ‘Turco’ Hilsaca, al considerar que esta investigación no busca debatir sobre el dinero que terceros tienen en sus cuentas, sino de Nicolás Petro.La representante del ente acusador reiteró que tampoco se está juzgando el ingreso de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de Nicolás Petro, sino el incremento patrimonial, al parecer, no justificado que este tuvo y las actividades posteriores al presunto ocultamiento de los recursos, propios del delito de lavado de activos.“En todo caso, se reitera que en esta acusación no se está juzgando el ingreso de dineros a la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro Urrego por parte de Nicolás Fernando Petro Burgos. Aquí lo que se debate es el incremento patrimonial no justificado, al parecer, de Nicolás Fernando Petro Burgos y las actividades posteriores al presunto ocultamiento propios del delito de lavado de activos”, enfatizó la fiscal.