Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
Marcela Meléndez asumió esta semana como nueva directora de Fedesarrollo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el centro de pensamiento económico en más de cinco décadas de historia. En su primera entrevista para Mañanas Blu 10:30 tras asumir el cargo, Meléndez dejó clara una de sus principales preocupaciones: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.“Yo creo que no hay manera de que el país se ponga en una senda virtuosa de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad mientras no aborde el tema de seguridad con todas las ramificaciones que tiene”, afirmó.¿Qué relación tiene la seguridad y el crecimiento económico?Para la nueva directora, el problema de orden público no solo es un asunto de defensa o justicia, sino un obstáculo estructural para la economía. Explicó que la inseguridad impacta las finanzas públicas, la inversión privada y la productividad.Por un lado, señaló que los recursos destinados a atender la violencia se desvían de sectores clave como educación, salud e infraestructura. Por otro, advirtió sobre el efecto en las empresas: “El tema de seguridad le pega, no solo por los costos ineficientes que a veces hay que asumir para protegerse (…) sino también porque hay una incertidumbre muy grande sobre cómo se recupera la inversión que uno realiza”.Además, subrayó el impacto social de largo plazo. “Cuando tú has tenido tanta gente golpeada por la violencia y expuesta a un trauma violento, pues esas personas tienen un reto mayor que otras para engancharse en el mercado laboral”, explicó, advirtiendo que esto profundiza la desigualdad en un país ya marcado por brechas estructurales.Orden fiscal y reformas pendientesMeléndez también puso sobre la mesa los retos macroeconómicos inmediatos. Habló de la necesidad de “ordenar la casa desde lo macrofiscal” y de mantener niveles de deuda sostenibles. A su juicio, existe un desbalance entre ingresos y gastos que obligará al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles.En esa línea, fue clara sobre el debate tributario: “Creo que no” es posible que el próximo presidente gobierne sin una reforma tributaria. Más allá de aumentar o reducir impuestos, planteó que el país debe revisar la complejidad del sistema y corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.El salario mínimoEn cuanto al incremento del salario mínimo, señaló que en Colombia no funciona como un verdadero mínimo, pues cerca del 50 % de los trabajadores gana menos que ese valor. Alertó sobre los efectos colaterales de aumentos elevados, especialmente por la indexación del salario mínimo a pensiones, subsidios y vivienda de interés social.“Son grandes preguntas que hay que contestar alrededor de una decisión que no solamente es simbólica”, explicó, insistiendo en la necesidad de analizar las implicaciones fiscales y distributivas.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
Una crisis de salud pública se vive este lunes 23 de febrero en San Pelayo, Córdoba, luego de que un grupo de casi 60 menores recibiera una donación por parte de unos profesores que decidieron realizar una entrega de alimentos a niños afectados por las recientes lluvias que ya dejan a más de 220.000 personas damnificadas en este departamento. Los alimentos fueron entregados durante una actividad realizada en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera, en la tarde del domingo. Como parte del menú fueron incluidos dos huevos cocidos, yuca cocida, queso y mantequilla. Sin embargo, al parecer durante el traslado, estos habrían sufrido alteraciones, lo que llevó a que más de 20 niños resultaran afectados tras su consumo. Al respecto, se está realizando un estudio para establecer una posible Enfermedad Diarreica Aguca, teniendo en cuenta que están presentando un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentación. "La comunidad dice que habría sido el queso, el causante de la intoxicación masiva. Son muchos niños, pero bueno no creemos que haya sido de mala fe", indicó Ivan Conde, un líder de la vereda. Pese a que los primeros 14 menores fueron llevados de urgencia el domingo por la noche, durante la mañana del lunes llegaron otros seis niños más, para un total de 20 menores atendidos. De estos, cuatro ya fueron dados de alta y 16 permanecen estables bajo atención médica.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Para el candidato presidencial Sergio Fajardo las recientes denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de un posible fraude electoral para las elecciones del próximo 8 de marzo, es una manera del mandatario de realizar actividad política, algo que no está permitido para ningún funcionario del Gobierno. "Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre", manifestó el candidato desde Barranquilla. Para el también exalcalde de Medellín no es creíble que haya riesgo de fraude, a lo que agrega que es importante que empiecen a ser aceptados y respetados los resultados de las elecciones. "Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar", explicó.Fajardo fue enfático en señalar que no se debe politizar el debate y que se necesitan líderes que sepa tender puentes y no construir trincheras. ApoyosA propósito de la visita realizada por Fajardo a Barranquilla, este recibió el apoyo del exvicepresidente Gustavo Bell, del expresidente de Promigas Antonio Celia, del exministro de Educación Germán Bula, entre otros. El candidato incluyó en su jornada la visita a varios sectores en los que socializó sus propuestas para acceder a una mejor tarifa de energía.
En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en la ciudad de Cartagena. En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se observa como la mujer es agredida, mientras forcejea con el delincuente para evitar que este se lleve su bolso, en plena vía pública del barrio Loma Fresca en la vía que conduce al Cerro de La Popa.El video, de 24 segundos, que fue grabado por un testigo del hecho, muestra como el delincuente arrastra a la mujer por la calle, e incluso la lanza contra el andén, mientras ella se aferra al bolso sin soltarlo en ningún momento. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, el hombre abandona su cometido, y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba.Tras la difusión del video, el alcalde Dumek Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los dos presuntos responsables, de los que dijo están plenamente identificados.“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias ‘El Tirito’ y alias ‘Douglas’, del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, señaló el mandatario.Habitantes del sector y trabajadores del gremio turístico pidieron que se refuerce la seguridad y los controles policiales en esta zona que se ha convertido de gran atractivo para los visitantes tras la habilitación de una nueva vía al Cerro de La Popa.“La verdad es peligroso transitar a ciertas horas, y hay turistas que prefieren subir o bajar caminando y se exponen a este tipo de situaciones que son muy recurrentes”, dijo a BLU Radio un taxista que se dedicada a transportar turistas a este sector.Entretanto, el alcalde Turbay afirmó que se continuará “afianzando el trabajo articulado con la fuerza pública para mejorar los niveles de tranquilidad y convivencia en la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes”.Asimismo las autoridades distritales informaron que cualquier información sobre estos presuntos atracadores será atendida, bajo reserva absoluta, a través de los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena.Vea el video aquí:
Basta con que caigan las lluvia primeras gotas de lluvia en el suroccidente de Barranquilla para que se avive la zozobra entre la comunidad del barrio Las Malvinas, donde decenas de casas se pueden venirse abajo en cualquier momento por la socavación que está provocando el arroyo Don Juan.El arroyo está canalizado, pero quienes habitan a sus alrededores afirman que la corriente es tan caudalosa que no solo se desborda del canal, sino que en cada aguacero arremete contra las viviendas, al punto que algunas casas ya han perdido las paredes del patio y de sus habitaciones.Aristalco Berrío, habitante de la zona, cuenta que es tal la zozobra que, a muchos de sus vecinos, les ha tocado abandonar sus casas para evitar que les paredes les caigan encima y resulten víctimas de una tragedia."Apenas las lluvias están empezando y ya eso se está socavando. Cada día, cada vez que llueve, eso se empieza a socavar y a socavar", dice con angustia."Desde que empieza a caer la primera gotita, ya uno está con la mano en el corazón y reza para que no llueva, porque ese arroyo pasa fuerte y se lleva lo poco o mucho que uno tiene, lo más grande que uno ha conseguido con todo su sudor, no es posible que venga el arroyo y se lo lleve así", manifiesta.Agrega que hace años esperan una intervención de la Alcaldía de Barranquilla para que mitigue el riesgo en esta zona de la ciudad, sin que hasta el momento les hayan brindado alguna solución.
De las palabras a los golpes trascendió la discusión entre los hermanos Jair Franco y Kevin Javier Ávila León, en el municipio de Soledad, Atlántico, donde ambos protagonizaron una riña que dejó a uno muerto y al otro capturado.Según la información preliminar que ha recaudado la Policía, el asesinato se produjo en la casa en la que los hermanos convivían en el barrio Villa Estadio, donde ambos habían estado compartiendo unos tragos hasta que, ya estando en estado de embriaguez, se enfrentaron de manera violenta.Aunque se desconoce los motivos que desató la riña, lo que sí han podido establecer las autoridades es que Jair Franco, de 45 años, terminó con un herida en el pecho que le habría causado su hermano con un cuchillo.La víctima fue trasladada a la clínica Los Almendros, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por la gravedad de la herida. Mientras que el señalado agresor, Kevin Javier, de 44 años, fue capturado por la Policía.Se conoció, además, que los implicados en la riña son primos de un patrullero integrante de la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien en el momento de los hechos realizaba el tercer turno, por lo que fue relevado del servicio y entregó el armamento.La Policía Metropolitana informó que el grupo de talento humano ahora brinda acompañamiento psicológico al patrullero y se inició el trámite para otorgarle permiso por calamidad familiar.Vale anotar que la víctima mortal de este fratricidio tenía anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales, de este año, y por violencia intrafamiliar, del 2017.Entretanto, el agresor, Kevin Javier, tiene anotaciones judiciales por lesiones personales, de 2022, y por inasistencia alimentaria, de 2010.
Luego del aplazamiento por el fallecimiento de un familiar cercano del juez Hugo Carbonó, en la mañana de este lunes 19 de mayo se retomarán las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, las cuales se celebrarán de manera presencial en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.En esta oportunidad, fueron apartados los días del 19 al 22 de mayo para intentar terminar con esta etapa preparatoria de una vez por todas, siendo el turno de solicitudes de pruebas para la defensa del hijo del presidente. Son horas las que restan para poder hacer un preacuerdo con la Fiscalía antes de que los testigos sean citados para el juicio, mientras que estas audiencias se verán avivadas por la reciente solicitud del abogado Alejandro Carranza de suspender el principio de oportunidad del ente acusador con Daysuris Vásquez, en una carta remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.De la misma forma, Blu Radio conoció que Carranza podría pedir explicaciones acerca de un dinero aproximado a los 500 millones de pesos que la expareja de Nicolás Petro, al parecer, tuvo en su poder y del que hasta la fecha no se han tenido registros.Recordemos que en la reciente diligencia fueron requeridos un carro Mercedes Benz obtenido con recursos ilegales, ya en manos de la Fiscalía, y que no sea llevado a juicio las declaraciones dadas por Nicolás Petro bajo un intento de colaboración.
Como Marcos Antonio Guevara Jusayu, de 21 años de edad, fue identificado en las últimas horas el joven que fue capturado en el barrio El Manantial de Riohacha, en el departamento de La Guajira, por incendiar una casa en la que minutos antes había llegado, según él, pidiendo $2.000 pesos para consumir drogas.De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho sucedió a la altura de la calle 14K con la carrera 27, del barrio mencionado, en horas de la tarde de este sábado 17 de mayo.Al parecer, la persona se molestó cuando fue negada su solicitud y aprovechó una desatención de los dueños del domicilio para entrar. Buscando cosas, encontró un bolso y empezó a guardar ropa de uno de los residentes, mientras que al salir utilizó una mechera para prender fuego a las sabanas que estaban en uno de los cuartos con la intención de distraer a la comunidad y borrar sus huellas.Sin embargo, gracias a la rápida reacción tanto de la Policía, comunidad como bomberos, se logró apaciguar las llamas y encontrar al responsable metros más adelante, portando un bolso marrón que en su interior tenía dos pares de zapatos, camisas y pantalones que no era de su propiedad.“Yo tengo un problema de drogas y antes de meterme yo le pedí 2.000 a la esposa, era para eso. Utilicé una mechera”, fueron las palabras que mencionó Guevara Jusayu cuando la Policía lo salvó de ser golpeado por la comunidad.La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las llamas fueron controladas por los bomberos.
Luego de dos días de que Dayana Jassir De La Hoz fuera condenada por el homicidio del entonces director de la Regional Norte de Medicina Legal, Eduardo Pinto, después de una sentencia de segunda instancia que revocó el fallo que la declaraba inocente, se confirmó que será buscada en Barranquilla para que cumpla con la misma. Tras una mesa técnica de trabajo adelantada por la Policía y la Fiscalía, el operativo para encontrarla quedó a cargo de agentes del CTI.Las autoridades no han estipulado una recompensa para recibir información, sin embargo Blu Radio conoció que se espera que esta semana sea localizada para que cumpla su condena de 57 años y 6 meses de prisión, ya sea en su residencia o en su lugar de trabajo. Al tiempo de esta operación, el magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez ordenó iniciar una investigación contra la jueza que en primera instancia había declarado inocente a Dayana Jassir, de quien dijo que había “testimonios contundentes para declararla como determinadora del crimen".Jassir fue hallada "como determinadora de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado", es decir que según el magistrado, fue la autora intelectual del asesinato de su entonces pareja sentimental.Vale decir que, pese a la decisión que tomó esta semana el magistrado ponente, será la Corte la encargada de dar la decisión final frente a la culpabilidad o inocencia de la esposa de quien era el director de la regional norte de Medicina Legal.
Desde las 8:00 de la mañana se abrieron las urnas en el municipio de La Jagua del Pilar en La Guajira, donde en estas elecciones atípicas se busca escoger un nuevo alcalde tras la sentencia que destituyó al mandatario José Amiro Morón Núñez por doble militancia, luego de apoyar públicamente a Wilmer Torres Nieves, quien era de un colectivo diferente al suyo.La Registraduría Nacional informó que son 4.473 los ciudadanos habilitados para votar en los dos puestos de votación instalados, uno en la cabecera municipal y otro en el corregimiento El Plan, integrados por 12 mesas. De dichos votantes, 2.073 son mujeres y 2.400 son hombres.De igual manera, 88 jurados de votación (72 titulares y 16 remanentes) fueron designados para prestar su servicio durante el desarrollo de esta jornada democrática.Antes de iniciar, la secretaría de Gobierno Municipal, Jaleidis Morón Pinto, envió un mensaje de tranquilidad diciendo que hay más de 300 policías dispuestos para garantizar la seguridad.“Contamos con la presencia de más de 300 uniformados entre Ejército Nacional y Policía para garantizar que este proceso electoral se lleve a feliz término. Confiamos en que todas las instituciones se han desplazado para el municipio con el fin de que esta fiesta se lleve con la transparencia que requiere”, dijo inicialmente.“La comunidad debe estar tranquila de que toda la institucionalidad está aquí para garantizar un proceso transparente”, añadió.La jornada electoral se realizará con base en el Decreto 0166 del 18 de marzo de 2025, expedido por el gobernador de La Guajira, así como al tiempo hay elecciones atípicas en Coyaima (Tolima) y Oiba (Santander).