Enterrados y cubiertos por troncos de madera fueron encontrados la mañana de este lunes los cuerpos de dos mujeres, cuyo avanzado estado de descomposición llevó a que se presentara una fuerte emisión de olor fétido, lo que sacó a la luz lo que otros querían ocultar.Precisamente, fueron los habitantes de una invasión cercana los que llegaron hasta con palas al sitio a tratar de encontrar la causa del fuerte olor, advirtiendo con sorpresa el hallazgo de estos dos cuerpos, lo que llevó a que de inmediato notificaran a las autoridades del hecho.Posteriormente, un equipo del CTI de la Fiscalía y de Medicina Legal se encargó de la exhumación y traslado de los restos para establecer identidades; sin embargo, no fue entregada mayor información del tema.Si bien las autoridades no entregan detalles sobre el asunto, vale la pena recordar que el área metropolitana de Barranquilla suma decenas de casos de mujeres desaparecidas en el último año, entre las que se encuentran Dayana Ochoa, de 40 años, y su hija Lucía, de 10 años. O incluso el de Isamar Algarín, de quien hace casi dos años se desconoce su paradero.Mujeres víctimas de la violenciaColectivos feministas advierten que la violencia que azota al territorio también tiene que analizarse y abordarse con un enfoque de género, pues cada vez son más las mujeres víctimas de toda clase de enfrentamientos.Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres, afirma que por parte de las autoridades se requiere "una verdadera articulación, que se pongan la camiseta, que bajen los programas al territorio, en especial aquellos que ya han sido caracterizados como vulnerables y donde también han caído mujeres por balas perdidas"."Yo creo que todo es un conjunto que hay que intervenir, que hay que hacer un acompañamiento psicosocial, como lo venimos diciendo, esto es un problema estructural, histórico y un compromiso de agenda y de voluntad política", dijo Pareja.
Visiblemente alterado y por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, un estudiante de séptimo grado atacó a puñetazos a su profesor de sociales en plena clase y hasta utilizó su lapicero como arma para agredir en el rostro al maestro.La agresión se produjo en uno de los salones de la Institución Educativa Distrital Olaya, en Barranquilla, donde los mismos compañeros de clases grabaron el momento en que el estudiante se levanta de su pupitre y se va en contra del profesor, quien tras recibir los golpes solo intenta apartarse para no seguir siendo maltratado.Varios estudiantes, ante la situación, intercedieron para separar al alumno del maestro e intentar tranquilizar a su compañero, sin embargo, el profesor ya había sufrido lesiones en el rostro, por las que debió ser trasladado a un centro asistencial.Adeba se pronuncióJosé Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, indicó que este hecho no solo requiere una sanción disciplinaria al estudiante, sino una intervención urgente de las autoridades."Antes de aplicarse el manual de convivencia como tal, yo creo que sería urgente el llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia y a la misma Secretaría de Educación para que realicen una intervención en el entorno de este joven. Si tomamos los correctivos que solamente tiene la escuela y no hacemos una intervención, sería como mandar un delincuente a la calle", dijo el docente.Podrían cancelarle la matrículaPara este lunes fueron citados los acudientes del estudiante agresor y este martes habrá una reunión del Comité de Convivencia de la institución para tomar medidas al respecto, teniendo en cuenta que la conducta del alumno es tipificada como grave y podría acarrear hasta la cancelación de la matrícula al joven.
En su propia habitación fue asesinada a puñal María de los Reyes Herrera Ospino, una mujer de 61 años que residía en el sector de Altos del Río, en Barranquilla.El crimen ocurrió hacia las 11 de la mañana de este domingo, al parecer, en medio de un ataque con arma blanca que habría sido perpetrado por parte de su pareja sentimental.La sospecha en contra de este hombre surge a raíz de una discusión que la pareja habría sostenido en horas de la madrugada. Además, familiares de la víctima sostienen que la última vez que vieron con vida a María de los Reyes, ella se encontraba con él y este abandonó la casa justo después del asesinato.De esta manera, María de los Reyes se convirtió en la primera víctima de feminicidio en el Atlántico, aunque aún se espera la tipificación del crimen ocurrido la semana pasada en Baranoa contra otra mujer, quien habría sido víctima de un ataque sicarial ordenado por una exparejaDesde el Movimiento Amplio de Mujeres, en cabeza de la psicóloga Ruth Pareja, afirman que estos casos evidencian la falta de articulación de las autoridades para prevenir estas muertes y garantizar la justicia ante los crímenes de mujeres."La situación de las mujeres en el Atlántico merece toda la mirada a nivel nacional, pero también merece todo ese acompañamiento de la justicia. Tenemos muchas brechas en esto de la judicialización del victimario, porque la Policía en ocasiones hace lo pertinente y captura, pero también vemos que a los próximos días quedan en libertad", reclamó Pareja.
Una cifra encendió las alertas en el Magdalena a pocos días de las elecciones: la presencia del Clan del Golfo en el departamento habría aumentado en un 653 % desde 2021.La advertencia fue hecha por la gobernadora Margarita Guerra durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Santa Marta, donde presentó la cartografía del riesgo electoral en el territorio.Según lo expuesto por la mandataria, el incremento en el número de hombres vinculados a esa estructura armada ilegal obliga a reforzar la presencia institucional en varios municipios priorizados antes de la jornada del próximo domingo 8 de marzo.Los territorios señalados con mayor nivel de atención son Ciénaga, Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Nueva Granada, Santa Ana, San Zenón, Remolino, Pivijay, Salamina, El Piñón y Zapayán, donde se reporta presencia del Clan del Golfo.“En las elecciones pasadas se presentaron alertas en 12 municipios, donde hubo constreñimiento al elector, prohibiciones y temor. Con base en este mapa, desde la institucionalidad hemos trabajado en las Comisiones de Seguimiento Electoral con el fin de que estos hechos no se repitan y les brindemos a los magdalenenses una elección tranquila”, aseguró Guerra ante representantes del orden nacional y departamental.La Gobernación insistió en que el objetivo es prevenir cualquier forma de presión o alteración del orden público que pueda afectar la participación ciudadana y pidió acciones coordinadas para garantizar unas elecciones con plenas garantías en el Magdalena.
En Bogotá la empresa encargada de suministrar el servicio de agua y alcantarillado es el Acueducto (EAAB) y por dicho servicio cobra el consumo de manera bimestral. La factura detalla los metros cúbicos que fueron consumidos durante el periodo facturado.No obstante, personas inescrupulosas, alteran los contadores o hacen conexiones ilegales para no pagar el consumo real. Esto ocurrió en una localidad de la ciudad, luego de varios operativos en los que la Policía Nacional y funcionarios del Acueducto descubrieron un sistema por el cuál un lavadero de carros hurtó más de $66 millones.Descubren sistema ilegal de hurto de agua en BogotáDurante enero y febrero la Policía y la empresa llevaron a cabo más de 719 inspecciones técnicas en 19 localidades de Bogotá y el municipio de Soacha para combatir el fraude y las conexiones irregulares al sistema de acueducto.Como resultado, el Acueducto gestionó y facturó 103.016 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $942 millones. Un volumen que permitiría abastecer durante un mes a 9.365 familias de estrato 3.En uno de los establecimientos donde funcionaba un lavadero de carros fue descubierto un sistema ilegal que alteraba el contador del agua para registrar menos metros cúbicos, conocido como Bypass, “mecanismo que desviaba el agua antes de su ingreso al medidor para impedir su registro”.La inspección permitió establecer la apropiación irregular de 8.171 metros cúbicos de agua, valorados en más de $66 millones.Por lo anterior, la Policía hizo el sellamiento del lugar ubicado en la localidad de Kennedy y el representante legal del negocio fue capturado. Ahora, deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.Además de la sanción al lavadero de carros, el Acueducto indicó que radicó más de 60 denuncias ante la Fiscalía por defraudación de fluidos. “En estos procesos se encuentran comprometidos 163.209 metros cúbicos adicionales, avaluados en aproximadamente $1.680 millones”, agregó la empresa.La compañía recordó que el fraude a los servicios públicos afecta la sostenibilidad del sistema, lo que puede causar el aumento de costos operativos y pone en riesgo el abastecimiento del agua para el resto de la ciudadanía que sí cumple con sus pagos.Por lo cual, la empresa indicó a los usuarios denunciar si ven irregularidades a través de la Acualínea 116 o del correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.
Las autoridades de salud reportaron seis casos confirmados de tosferina, tres de ellos en menores de edad, en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, Santander, donde desde hace más de un mes se han venido presentando síntomas respiratorios persistentes, principalmente en niños y lactantes.De acuerdo con líderes locales y denunciantes, los contagios han aumentado progresivamente, pero el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido limitado. El alcalde Luis Felipe Rivera explicó que las cifras podrían ser mayores a las oficialmente registradas.“Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”, señaló el mandatario.Además, persisten barreras culturales dentro del territorio que dificultan la aplicación de biológicos.Habitantes del sector han manifestado preocupación por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la escasa información oficial sobre el alcance del brote; además, no existe un cerco epidemiológico efectivo y si podría haber subregistro de pacientes.La tosferina es una infección respiratoria que puede generar complicaciones graves en menores de edad, por lo que las autoridades buscan reforzar la atención médica y establecer acuerdos con la comunidad para prevenir nuevos contagios.Desde la administración municipal reiteraron el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para acompañar las acciones en territorio y evitar que la situación se agrave.
En la antesala de la jornada electoral del 8 de marzo, una alerta de inteligencia militar encendió las alarmas en el suroccidente del Tolima. En cercanías de la vía rural que comunica a Rovira con Roncesvalles, soldados del Ejército localizaron un campo minado improvisado que, de haber sido activado, habría puesto en riesgo a campesinos, viajeros y uniformados desplegados para garantizar la seguridad en las votaciones.El hallazgo ocurrió en la vereda El Real, jurisdicción de Rovira, donde tropas del Batallón de Infantería N.° 18 coronel Jaime Rooke, adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, detectaron múltiples artefactos explosivos improvisados. Eran 43 dispositivos listos para ser activados.La operación, apoyada por binomios caninos antiexplosivos y labores de inteligencia, permitió ubicar los explosivos, acordonar la zona y ejecutar su destrucción controlada, evitando una tragedia en el corredor vial que conecta con Roncesvalles.De acuerdo con información militar, los artefactos habrían sido instalados por el grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, con el propósito de atacar a la Fuerza Pública y alterar la tranquilidad de la población en plena coyuntura electoral.El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, relató que la neutralización de esta acción terrorista fue posible gracias al trabajo coordinado entre Ejército y Policía del Tolima. “Las tropas lograron la ubicación y destrucción de 43 artefactos explosivos improvisados que pretendían afectar a la Fuerza Pública y a la población civil. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de todos los habitantes del territorio”, señaló el oficial.El alto oficial también informó que, en una operación paralela, tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General José Domingo Caicedo localizaron en Natagaima una caneca con letras alusivas al ELN. Tras la verificación técnica, se estableció que no contenía explosivos y que podría tratarse de una maniobra distractora asociada a bandas delincuenciales y redes de microtráfico.Desde la Sexta Brigada se rechazó la fabricación e instalación de estos artefactos, al considerar que constituyen una amenaza directa contra la población civil y violan los derechos humanos. La institución anunció que presentará denuncias ante organismos nacionales e internacionales defensores de DD. HH.En medio de este panorama, las autoridades departamentales aseguraron que, tras varios consejos de seguridad, no existen amenazas concretas contra la jornada electoral. Los 46 municipios del Tolima cuentan con presencia militar y policial para garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Es de recordar que el municipio de Flandes pertenece al circuito judicial de Cundinamarca.La destrucción de los 43 explosivos no solo evitó un posible atentado, también envía un mensaje sobre la persistencia de riesgos en corredores rurales estratégicos y el desafío de blindar el territorio en momentos clave para la democracia.
Una adolescente de 16 años resultó herida con arma de fuego tras un ataque cometido por hombres que se hacían pasar por domiciliarios en el barrio Campo Madrid, en Bucaramanga.El hecho ocurrió hacia las 11:10 de la noche del sábado, cuando la menor se encontraba junto a su hermana en el sector conocido como las escaleras, esperando un pedido a domicilio. Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta, con prendas alusivas a entregas de comidas rápidas, descendieron de la motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego y disparó contra la joven.Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron a un centro asistencial, psteriormente fue remitida al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.La Policía Metropolitana inició operativos de búsqueda y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los atacantes y esclarecer los móviles del caso, por ahora nose descarta un ajuste de cuentas e intolerancia.Este hecho se suma a otros ocurridos durante el fin de semana en la ciudad, el primero ocurrió la noche de este viernes en el parque La Corona, en inmediaciones del barrio La Ceiba, donde donde hombres en motocicleta llegaron al parque donde se jugaba un partido de voleybol y dispararon contra los presentes.El ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico. Y el tercer hecho una mujer de 50 años, quién fue asesinada en otro sector de la capital santandereana, en el barrio Estoraques. Un sicario llegó hasta el barrio donde vivía Alejandrina Gaona Lizarazo quién era ama de casa y le disparó más de 9 veces, hasta acabar con su vida. Las autoridades investigan estos tres casos pues todos son violencia desmedida contra la mujer y menores de edad en diferentes zonas.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Ministerio de Salud confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia."Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.La ministra de Salud y Deportes, Marcela flores, confirmó horas después el deceso de otras dos personas. Hasta este viernes, la unidad de Bomberos había reportado 15 personas fallecidas y otras desaparecidas.La Fiscalía señaló que en el lugar del accidente "también se desarrollaron procedimientos forenses con estricto apego a los protocolos científicos, incluyendo la toma de muestras biológicas y recolección de evidencias".Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas resguardan todo el perímetro del lugar del hecho, dentro del cual aún hay restos de cuerpos que deben ser levantados por las autoridades pertinentes, revelaron autoridades policiales.El director nacional de la unidad de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que hay además 29 personas heridas, 22 civiles que están hospitalizados y siete militares que eran parte de la tripulación del avión.El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó movilizar "de manera inmediata" equipos forenses de todo el país y unidades móviles del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hacia la ciudad de El Alto para que se realice el procesamiento legal y forense de las víctimas.El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado que 50 personas fueron detenidas después de haber descubiertas portando paquetes de billetes.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.
Desoladas estuvieron este sábado las calles del municipio de El Carmen de Bolívar, en Bolívar, debido a las amenazas en un panfleto difundido por las redes sociales, en el que la banda Los Patriotas del Dique, al parecer, declaraba como objetivo militar a toda persona que estuviera en la calle o abriera su negocio después de las 7:00 de la noche este fin de semana.“Comunicado a la opinión pública de El Carmen de Bolívar, corregimientos y sus veredas. Primero se le informa a todo el comercio que el día de mañana, sábado, y el día domingo, no queremos ningún establecimiento de comercio abierto al público a partir de las 7:00 de la noche. Billares, discotecas, estaderos, bares, restaurantes, puestos de comida rápida, etc. El que no acate esta orden será declarado objetivo militar. Segundo, no queremos a ninguna persona en las calles estos dos días a partir de las 7:30 de la noche. Solo se permitirá la circulación de personas o vehículos que transporten personas con urgencias de salud; personas o vehículos que se sorprendan circulando estos dos días después de este horario, no respondemos”, se puede leer.Aunque hubo una respuesta inmediata de la Policía, en la que indicaron que adelantan investigaciones para dar con los responsables y que no se trataría de un mensaje de esta estructura, sino de perfiles de redes ya identificados, la ciudadanía prefirió obedecer y cerrar las puertas de sus casas desde temprano.Las autoridades destacaron que tienen todas las capacidades institucionales desplegadas y que, solo en los últimos siete días, ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo han sido capturados.“Nuestros equipos de inteligencia e investigación criminal han logrado identificar varios perfiles en redes sociales desde donde se estarían difundiendo estos mensajes intimidatorios. Este hallazgo desvirtúa el proceder propio de una estructura criminal consolidada y reconocida, lo que permitiría inferir que se trataría de actores individuales que buscan generar zozobra y desinformación, y no de una modalidad estructurada dentro del accionar criminal de organizaciones al margen de la ley”, escribió la institución armada en un comunicado.“De manera articulada con la Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina, se mantienen todas las capacidades institucionales desplegadas en el territorio, desarrollando planes de control, prevención y acompañamiento comunitario, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los carmeros”, agregaron.“Invitamos a la ciudadanía a no dar crédito a este tipo de publicaciones y a abstenerse de replicar información sin verificar su autenticidad por los canales oficiales. Asimismo, extendemos un mensaje de tranquilidad al sector comercio y a la comunidad en general para que continúen desarrollando sus actividades con normalidad, reiterando que todas las capacidades institucionales han sido destinadas para acompañarlos y reafirmar la seguridad y la confianza en el municipio”, finalizaron.
Hay buenas noticias desde Córdoba, pues la hidroeléctrica Urrá informó que se redujeron las descargas al río Sinú gracias a la disminución de lluvias en la cuenca alta. En otras palabras, el embalse no está copado en su capacidad y cada vez es menos el agua que llega al afluente y posteriormente a las poblaciones afectadas.Siendo las 11:00 de la mañana de este domingo, sólo están siendo descargados 532 metros cúbicos por segundo, en comparación con los 700 m³/s que se realizan normalmente para temporadas de lluvias.Por eso, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, describió la noticia como alentadora y confirmó la llegada para este lunes de una segunda retroexcavadora anfibia para el drenaje y limpieza de los barrios afectados.“Hay unos barrios que todavía están inundados, que son los puntos más bajos o más cercanos a la zona de protección del humedal. Ejemplo de ello son las calles del barrio Vallejo, Poblado o El Dorado. Estamos tratando rápidamente de desaguar con bombas que hemos llevado a cada uno de estos sectores. En la Comuna 2 sistema de alcantarillado y el agua se metió. Estamos haciendo limpieza”, dijo a los medios de comunicación.Dice el alcalde Kerguelén que cada descenso de las aguas los acerca a la recuperación y que seguirán trabajando hasta que cada familia vuelva a la normalidad.Elecciones legislativas En contrarreloj trabajan funcionarios de la Registraduría Nacional para garantizar las elecciones legislativas y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo en Córdoba, debido a que gran parte de este departamento sigue sufriendo por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias.Así las cosas, se tomó la decisión de trasladar 18 puestos de votación en Montería y en los municipios de Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta, luego de una evaluación exhaustiva de condiciones de acceso, seguridad y operatividad en estos lugares.En la mayoría de los sitios escogidos había afectaciones o, en su defecto, presencia de damnificados al ser utilizados como albergues. Del mismo modo, dos puntos tenían problemas de infraestructura no relacionados con el frente frío, lo que ponía en peligro a los votantes.En el caso de Montería, inicialmente se había previsto el traslado de un mayor número de puestos (22), no obstante, tras la disminución de los niveles de agua y una nueva verificación técnica, se estableció que varios de ellos cuentan actualmente con condiciones adecuadas para el proceso electoral.
Las alarmas siguen encendidas en el Cesar, más específicamente en su municipio de Río de Oro, tras lo que fueron los hostigamientos a la estación policial de este lugar. Desde las 3:00 de la tarde de este domingo se realizarán los actos fúnebres del patrullero Jorge Luis Taborda, víctima fatal de dichos hechos y cuyo cuerpo reposará en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar.Sin embargo, para el alcalde de Rio de Oro, Arnoldo Osorio, es de mucha preocupación que los ataques del ELN sucedieron a solo una semana de las elecciones legislativas, por lo que declara que necesitarán un aumento de policías para abarcar toda su jurisdicción.“Teníamos ahí en la estación de Policía a 16 agentes que ya trabajaban y nos habían aumentado a 30. Se solicitó más apoyo por todo, ya que Río de Oro es un pueblo muy extenso. Hablamos de 600 km cuadrados de extensión. Tenemos 12 corregimientos, bastantes territorios por cubrir en el tema de seguridad para las elecciones. Le hice la recomendación a las autoridades nacionales y departamentales, para que por favor nos ayudaran para que este evento democrático se pueda realizar en tranquilidad”, declaró a Blu Radio.No es la primera vez que la estación de Policía de Río de Oro es víctima de hostigamientos, por lo que aún está en su etapa de reconstrucción. Mientras eso termina, esperan la articulación con la Gobernación del Cesar para la instalación de cámaras de seguridad en el territorio.A una semana de la jornada electoral, desde la Alcaldía municipal se ordenó ley seca este fin de semana, así como prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero hombre o el porte de armas de fuego.“Nuestro mensaje al Gobierno Nacional y departamental es que, por favor, miren a Río de Oro; aunque quede en este rinconcito del Cesar, también somos un pueblo colombiano que merece vivir tranquilo o en paz. Somos la puerta del Catatumbo. Por eso, queremos urgente que se sienten a dialogar, encuentren una solución de inmediato. Ya no es justo que tantas personas hayan perdido la vida”, finalizó el mandatario.
Como Armando Eneys Buelvas Camargo fue identificado el hombre de 29 años que fue asesinado en la noche de este viernes por sicarios en un parque del barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo, Atlántico.La víctima estaba atendiendo su puesto de comidas rápidas callejero, ubicado en una cancha conocida como 'Los Chopas', carrera 3 Sur con calle 4b de la municipalidad mencionada, cuando le disparó un sujeto que caminaba por el sitio y luego huyó al montarse en un motocarro.El episodio causó particular alarma en la zona, debido a que en ese mismo barrio estaba a punto de iniciar el cierre de campaña política de uno de los militantes del partido Liberal. “Uy, lo mataron”, “Corre, corre, corre” son algunas de las palabras que se escucharon en un video de redes sociales que evidencia cuándo ocurren los disparos.Cabe destacar que el ataque no está relacionado con el evento político, aunque ocurrió a muy pocos metros. Del mismo modo, a la hora de los disparos, el candidato a la Cámara de Representantes, Cesar Barrera, no había llegado al punto por compromisos en otros barrios del área metropolitana de Barranquilla.“La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que sí se registró el fallecimiento de una persona en el municipio de Malambo; sin embargo, es importante aclarar que este hecho no guarda relación alguna con reuniones o cierres de campaña política, como erróneamente se ha difundido en redes sociales. La información que circula vinculando el suceso con un evento político es inexacta y genera desinformación en un contexto sensible para la comunidad”, se puede leer en un comunicado de la institución armada.“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La Policía Metropolitana mantiene presencia operativa en Malambo y el área metropolitana, garantizando la seguridad y tranquilidad ciudadana”. agregan.Hasta el momento no se descarta que los hechos estén relacionados con un presunto caso de extorsión, debido a que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños, específicamente de su mando alias 08 ó Carlitos Orejas.
La propuesta de tomar el control desde la Alcaldía de Barranquilla del aeropuerto Ernesto Cortissoz recibió el respaldo este fin de semana del gobernador Eduardo Verano, quien por sus redes sociales indicó que están a tiempo de hacer de este lugar “un motivo de orgullo y no de vergüenza”.El mandatario escribió que desde la Gobernación de este departamento están listos para unirse y sacar adelante al aeropuerto, hasta llevarlo —dice él— a la altura de la gran transformación que viven el Atlántico y su capital.Del mismo modo, argumentó que es necesario un avance en la remodelación de este sitio para atraer más turismo, inversión y negocios.“La llegada de visitantes a nuestro territorio debe ser tan digna como lo que hoy somos. Barranquilla y el Atlántico se consolidan como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Y para atraer más turismo, inversión y negocios, el Cortissoz debe ser un símbolo de bienvenida, eficiencia y comodidad”, se puede leer en su plataforma de X.Por su parte, la respuesta de Aerocivil fue con datos, ya que defienden un avance en el fortalecimiento y la modernización de esta terminal con inversiones que, basado en sus datos, rodean los 198.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.“Desde el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de la operación pública y administración a cargo de la Aeronáutica Civil, se han presupuestado recursos significativos para asegurar el adecuado funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de esta terminal aérea, fundamental para la conectividad nacional e internacional”, introducen.“Para el periodo 2024–2026 se han destinado los siguientes recursos: Funcionamiento (2024–2026): $29.000 millones. Mantenimiento y operación 2024: $22.300 millones. Mantenimiento y operación 2025: $48.200 millones. Mantenimiento y operación 2026: $44.000 millones. Mejoramiento lado aire y lado tierra: $54.524.533.447”, agregan.Así las cosas, sigue en el aire la posibilidad de que el aeropuerto Ernesto Cortissoz cambie de administrador o, por lo menos, sea operado de forma mixta, tal como lo propuso recientemente la Alcaldía de Barranquilla.
Escondido en una vivienda del área metropolitana de Barranquilla se encontraba Carlos Daniel Morales Mejía, alias 'Carlos Muleta', señalado cabecilla de la banda Los Costeños que fue capturado en las últimas horas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa y extorsión.El operativo se dio una semana después del consejo de seguridad, con presencia de los ministerio de Defensa e Interior, en el que se anunció una recompensa contra este hombre de hasta 140 millones de pesos, debido a que sería hombre de confianza de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor' y líder de un brazo armado de aproximadamente 400 hombres dedicados a la extorsión, el sicariato, el microtráfico y otros delitos.Durante el procedimiento a este cabecilla con una trayectoria criminal de 13 años le fueron incautados dos equipos móviles.Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz de Barranquilla, así como del homicidio en grado de tentativa contra Leonel Alonso Correa Ramos, el 2 de septiembre de 2024.Según los organismos de seguridad, actualmente se registra una disputa interna dentro del GDO ‘Los Costeños’, situación que habría desatado una serie de homicidios recientes en el área metropolitana.El gobernador del Atlántico afirmó que este resultado demuestra que la ofensiva institucional contra el crimen organizado avanza con determinación.“Hace una semana anunciamos, junto al Ministerio de Defensa, una recompensa para dar con los cabecillas que tienen azotados a nuestros municipios. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que esa estrategia comienza a dar resultados concretos. En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad y no vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones”, señaló el mandatario.El gobernador también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso avance con celeridad y rigor.“Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones. La ciudadanía necesita que estos delincuentes permanezcan tras las rejas y que se envíe un mensaje claro: en el Atlántico no hay espacio para el crimen organizado”, puntualizó.
Con rumbo hacia diferentes centros asistenciales están los al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional que resultaron heridos, luego de un ataque con drones cargados de explosivos que se perpetró contra la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar.El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Hugo Alejandro López Barreto, fue el encargado de confirmar que este atentado sería responsabilidad del grupo armado ELN, en lo que catalogó como un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.El alto mando militar especificó que el traslado de las personas se está logrando gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, agregando que no permitirá que acciones terroristas alteren su misión.“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió en sus redes sociales. “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”, se puede leer también en un comunicado de la institución. Además, se sostendrá la ofensiva contra la estructura armada para “recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”.Recordemos que este mismo grupo armado ilegal había anunciado el pasado 23 de febrero un supuesto cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado emitido en su tiempo, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.
Tras la alerta roja emitida por el aumento en los niveles del río Cauca, crece la preocupación en La Mojana bolivarense ante los inminentes riesgos de nuevas emergencias por inundaciones.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó a través de su cuenta en X que actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca —una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja— que podrían generar aumentos importantes en los niveles de caños, ciénagas y otros cuerpos de agua conectados en la zona.Las principales alertas se presentan en los municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Montecristo.“Queremos hacer un llamado a que estén muy atentos en los municipios de La Mojana bolivarense, en especial San Jacinto del Cauca, Achí, Montecristo y comunidades ribereñas aledañas al cauce del río Cauca, ante el rompimiento de Caregato. Recibimos la alerta roja del Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana y del Ideam; por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades competentes”, indicó el mandatario.Asimismo, el director de Gestión del Riesgo de Bolívar, Daniel Vargas, aseguró que también hay alertas en los municipios del Magdalena Medio por el aumento del río Magdalena.“Seguiremos monitoreando y articulando con todos los municipios para brindar tranquilidad y apoyo constante a todos ellos. También nos dirigimos al sur de Bolívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio que esté muy atento a los niveles del río Magdalena, ya que también se están presentando altos niveles en este”.
Desde el Atlántico surgieron varios interrogantes luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de declarar día cívico el próximo martes 18 de marzo, fecha en la que el Senado discutirá si hunde la reforma laboral.El presidente de Colombia ha dicho que ese día comienza la consulta popular y que espera salir a las calles para encabezar la manifestación.En esa línea, el gremio de micros, pequeñas y medianas empresas reconoce que el mandatario está en todo su derecho de hacerlo, sin embargo se cuestionan si este es un buen momento para eso o si por el contrario es una pérdida de tiempo.Rosmery Quintero, presidenta del Observatorio Nacional de la Mipyme de Acopi, aseguró que el país lo que “merece realmente es que el presidente con sus ministros le dedique el tiempo a implementar políticas públicas, programas y mejor acompañamiento y no desperdiciar el tiempo como se pretende en esos enfrentamientos”.“El presidente puede declarar el martes como día cívico y puede ser el inicio de la gran consulta popular. No obstante, la pregunta que corresponde es: ¿el país tiene precisamente las condiciones para desperdiciar el tiempo? o ¿esa es la forma de relacionarse con una institucionalidad como lo es la rama legislativa?”, declaró a Blu Radio.Quintero agregó que “el diálogo todavía seguirá siendo importante”, pero que “el país sí merece mucha más responsabilidad frente a las decisiones y las maneras como se manejan”.¿Qué es un día cívico en Colombia? De acuerdo con la Presidencia de la República, un día cívico en Colombia, es un día laboral ordinario que se declara en circunstancias especiales o de emergencia en el país.Aunque no es un día festivo, tiene un significado simbólico importante y se establece para permitir que los ciudadanos puedan llevar a cabo actividades específicas relacionadas con el motivo de la declaración.El decreto de un día cívico en Colombia puede deberse a una variedad de circunstancias, como eventos nacionales significativos, emergencias, celebraciones de gran relevancia o conmemoraciones históricas.
De la peor manera posible terminó en Barranquilla la búsqueda de Deisy Duarte de Piñeiro, una mujer de 73 años que desapareció el pasado 11 de enero, cuando salió de su casa en el barrio San José y de quien solo se volvió a saber en las últimas horas por cuenta de un reporte de Medicina Legal, el cual confirmó que su cuerpo fue el mismo que hallaron flotando en el río Magdalena hace casi dos meses.El cuerpo de Deisy, quien padecía Alzheimer, fue hallado a la altura del barrio Siape el viernes 17 de enero y, según los resultados forenses, su muerte se habría producido el martes 14 de enero, es decir, tres días después de su desaparición.Al ser notificados sobre el hallazgo y la posibilidad de que se tratara de su madre, los tres hijos de Deisy acudieron el 23 de enero a Medicina Legal para practicarse pruebas de ADN, los cuales fueron determinantes para establecer semanas después que sí era ella la mujer fallecida.Sin embargo, entre su familia solo hay más preguntas que respuestas sobre qué le pudo haber ocurrido a Deisy, como lo manifiesta su hijo, David Piñeiro.“Tenemos muchas inquietudes de lo que pasó. ¿Cómo fue que una persona que sale de su casa en San José el sábado 11 termina muerta?, hay una causa probable y esa es la de ahogamiento. Sin embargo, una fecha probable de muerte es el día martes después de su desaparición. Ahora mismo estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para la recuperación del cuerpo”, declaró con notoria tristeza.Los familiares de Deisy Duartehabían emprendido una búsqueda por toda la ciudad para poder encontrarla, incluso, exhibieron pancartas con su rostro en los desfiles del Carnaval para ubicarla, hasta que Medicina Legal confirmó sus sospechas y dio a conocer la noticia de la muerte de la mujer.
Estiven de Jesús Luna de Moya, conocido con los alias de ‘27’ o ‘Peluca’, cayó en un megaoperativo realizado por la Policía en el Valle del Cauca y en el que incluso participaron autoridades del Reino Unido para dar con la captura de este hombre, catalogado como uno delincuentes de más alta peligrosidad en el Caribe, al presuntamente dirigir las operaciones de narcotráfico y otras actuaciones criminales de la organización ‘Los Costeños’.Las investigaciones señalan a ‘27’ como el hombre que tenía enlace directo con Jorge Eliécer Díaz Collazos, el máximo líder de ‘Los Costeños’ conocido con el alias de ‘Castor’. Este último ha estado recluido en cárceles de máxima seguridad del país desde 2022 y, a partir de entonces, habría puesto al hoy capturado a dirigir la organización en el territorio.Luna de Moya se había convertido “en un objetivo de alto valor” para las autoridades regionales y nacionales, tanto así que en Barranquilla figuraba en el cartel de los más buscados y ofrecían hasta 40 millones de pesos de recompensa, a cambio de información que permitiera dar con su paradero y capturarlo.Alias ‘27’ habría ayudado a consolidar a la organización de ‘Los Costeños’ como una de las estructuras criminales más violentas en la región Caribe, liderando actividades de narcotráfico, sicariatos y extorsiones en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.Así las cosas, deberá responder por los delitos de homicidio tentado, porte ilegal de armas y extorsión agravada.
En un evento catalogado como un hito en la reivindicación de los derechos territoriales indígenas, el presidente Gustavo Petro hizo entrega de más de 1.000 hectáreas al resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada. La ceremonia se realizó en el resguardo conocido como Gunmaku, corregimiento de Buenos Aires, Aracataca, donde se dieron cita más de 1.000 personas, entre líderes indígenas, funcionarios del Gobierno y miembros de la comunidad.El predio beneficiará a 627 personas de 100 familias arhuacas, marcando un paso significativo en la ampliación del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, quienes han reclamado durante décadas la restitución de sus tierras.“Este es un acto de justicia histórica para los pueblos indígenas que han custodiado la Sierra Nevada durante siglos", afirmó el presidente Petro durante su intervención, destacando la importancia de esta entrega como parte de una deuda histórica del Estado con los pueblos ancestrales.De acuerdo con datos de presidencia, se trata de la primera vez en 12 años que el Gobierno nacional entrega tierras a las comunidades indígenas del Magdalena. La medida responde a un compromiso asumido por el presidente hace menos de seis meses, cuando ordenó, a través de la Agencia Nacional de Tierras, la compra de predios en la Sierra Nevada con el propósito de fortalecer la autonomía de los arhuacos.El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, resaltó el significado de este proceso. “Hoy damos un paso fundamental en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esta entrega no es solo simbólica, sino una acción concreta para fortalecer su soberanía y su relación con el territorio”.La restitución de estas tierras también está enmarcada en la protección de la Línea Negra, un territorio sagrado para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Este reconocimiento permitirá a las comunidades mantener sus prácticas ancestrales y garantizar la libre circulación por los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, esenciales para la conservación de su cosmovisión.Desde la ANT en el Caribe, Patricia Caicedo, asesora de la entidad, enfatizó el impacto de la entrega. “Este no es solo un reconocimiento territorial, sino una garantía de que los pueblos indígenas podrán seguir protegiendo la Sierra Nevada, que es su hogar y un ecosistema vital para el país. Esto es un hecho histórico que hoy se logra gracias al Gobierno del Cambio”.De esta maneta la Agencia Nacional de Tierra anunció que continúa avanzando con las entregas de predios a campesinos e indígenas en el Magdalena, uno de los departamentos que más restituciones se han hecho en el país.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le salió al paso a las afirmaciones del gremio de empresarios sobre el riesgo de un apagón en el país y afirmó que estos son puras especulaciones de las que se ha venido hablando desde el 2022, sin que hasta ahora haya ocurrido.Le puede interesar: En este sentido, invitó al gremio empresarial a no insistir en el tema y aseguró que Colombia tiene energía suficiente para garantizar que no se registre un racionamiento. “Y dejar de especular alrededor de esa palabra con la que nos han asustado hace 2 años, diciendo que va a haber apagón y que falta energía. Aquí hay energía suficiente y por fortuna este año el clima también nos ha ayudado”, afirmó.Palma dijo que, en el año 2025, estando él como agente interventor de la empresa Air-e, lograron cerrar la contratación de energía de manera directa y se espera que la gestión continúe con la llegada de Diana Bustamante al cargo.Las declaraciones fueron dadas desde Barranquilla, donde estuvo este viernes realizando la formalización laboral de 426 trabajadores de Air-e Intervenida.El espacio fue aprovechado por el ministro para convocar a los trabajadores de esta empresa a que sean parte activa en la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la consulta Popular y para que apoyen las movilizaciones del Gobierno en respaldo a la reforma laboral.Por último, el MinMinas lamentó el asesinato de un minero en el Nordeste Antioqueño en días pasados e indicó que ya firmó la resolución que convoca la mesa social minera por la paz en esa región del país.
Poco a poco se puede ver cómo en Barranquilla está subiendo el número de policías en las calles, sin embargo, esta presencia de las autoridades no ha detenido el actuar delictivo, pues en lo que va del año se presentó un incremento en las denuncias por los flagelos de la extorsión y el hurto a personas.Le puede interesar: Hablando exclusivamente del primero, el 2025 lleva una racha de 125 denuncias, un 23% mayor a las 124 que se registraron a la fecha el año anterior, caracterizadas en modalidades como el atentado a establecimientos o la entrega de panfletos.No obstante, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Edwin Urrego, explicó que este incremento se justifica en las acciones de la institución que han motivado a los comerciantes a denunciar.“Tenemos un ligero incremento en la extorsión debido a varios factores, uno de ellos es que nosotros hemos venido intensificando las campañas de prevención. Creo que eso ha sido esencial para que las personas confíen en la institucionalidad y empiecen a denunciar más este delito que normalmente tiene un subregistro. Una cosa es la denuncia y otra es que por temor las personas no informan a las autoridades”, expresó el comandante.El panorama es quizás más grave en el hurto a persona, donde el incremento es del 171%, pasando de 851 robos en 2024 a 2.309 en lo que va del calendario.Yuscady Padilla, vecina del barrio Las Estrellas, ubicado en la localidad Suroccidente de Barranquilla, pidió también la intervención de la Alcaldía Distrital.“Aumentaron exageradamente los hurtos a diario, sobre todo por la falta de iluminación. Hay que prestarle atención a las zonas enmontadas que son foco de estas actividades delictivas. Solicitamos mayor presencia de las autoridades, así como el apoyo de la Alcaldía”, sostuvo.Hay que destacar que, en el hurto, tres de sus modalidades han reducido sus registros, siendo estas el hurto a comercio en un 57%, el hurto a automotores en un 23% y a motocicletas en un 6%.El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Edwin Urrego, también apuntó que están en un proceso articulado con la Fiscalía para reaccionar más rápido al momento en el que se hace la denuncia de las extorsiones.